Derechos de la niñez

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2023, niñez y juventud

Tahira Vargas García

Por: Tahira Vargas García

El desconocimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud genera círculos de violencia en la familia, los centros educativos, la vecindad y toda la sociedad.

La niñez, adolescencia y juventud en nuestro país sufre todo tipo de violaciones a sus derechos desde distintos espacios.  A pesar de ello, nuestra juventud está construyendo sus propios espacios de expresión y demanda políticas dedicadas tanto a la niñez como a la juventud.

El desconocimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud genera círculos de violencia en la familia, los centros educativos, la vecindad y toda la sociedad.

Junto al desconocimiento se presenta un gran miedo en estos ámbitos a ofrecer libertad y responsabilidad a estos grupos poblacionales por la errónea concepción de la disciplina y la autoridad sustentada en la imposición no en la comprensión, responsabilidad y diálogo.

Tanto en el hogar, en la calle, en las instituciones y centros educativos se educa con represión, con sanciones permanentes en donde el “no” o las prohibiciones son los mensajes principales. Las prohibiciones generan rebeldía, violencia e irresponsabilidad social.

Nuestras nuevas generaciones urgen de políticas focalizadas fundamentadas en su realidad social y cultural, sus necesidades y expectativas.

Ofrecer libertad sobre el manejo de su cuerpo, su afectividad y su interacción social a la niñez, adolescencia y juventud supone formar personas responsables de sí mismas y frente a su entorno natural y social.

La población adulta tiene miedo a ello porque confunde libertad con libertinaje y le niega así la toma de conciencia de sus derechos a las nuevas generaciones. Afectando con ello su empoderamiento con relación a su: cuerpo, sus expectativas futuras y su vida cotidiana. Ofrecerle libertad acompañada de responsabilidad y empoderamiento no los convierte en delincuentes ni en promiscuos sexualmente sino en personas comprometidas con su proyecto de vida y con la sociedad.

El creciente acceso a nuevas tecnologías, redes sociales e internet favorece a que nuestra niñez, adolescencia y juventud tenga acceso a información y conocimientos que no se ofrecen en espacios educativos y que los actualiza. Pero el uso continuo y descontrolado puede aislarlos y fortalecer el individualismo presente en nuestra sociedad, así como el consumismo.

Los espacios de interacción social entre pares desde la creación artística y cultural pueden contrarrestar este aislamiento e individualismo ofreciendo una perspectiva de colectividad y cohesión social necesaria para procesos identitarios en las nuevas generaciones.

La atención a la niñez, adolescencia y juventud propiciando en cada localidad, municipio y provincia su desarrollo cultural, artístico y empoderamiento desde el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos debe ser una prioridad en nuestra sociedad.

Nuestras nuevas generaciones urgen de políticas focalizadas fundamentadas en su realidad social y cultural, sus necesidades y expectativas. Cada campo, barrio y pueblo tiene una población emergente que requiere miradas a su realidad desprovista de la perspectiva adultocéntrica.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/2023-ninez-y-juventud-9148493.html

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Niñez y consumo de alcohol

Tahira Vargas García

Por: Tahira Vargas García

El alcohol para la población adolescente estudiada es parte de la diversión y no está sujeta a sanciones.

El consumo de alcohol está legalmente prohibido para la población infantil y adolescente.  Esta disposición no se cumple a cabalidad en muchas familias, comunidades y establecimientos.

Estudios cualitativos realizados con población infantil y adolescente en distintas comunidades pobres tanto urbanas como rurales muestran la permisividad existente en el consumo y venta de alcohol a niños, niñas y adolescentes, aun cuando se reconoce su impacto dañino en la salud de niñez y adolescencia.

Padres, madres y personas adultas entrevistadas en las comunidades rurales y urbano-marginales niegan que les ofrezcan alcohol a sus hijos e hijas. Esta información entra en contradicción con la que ofrecen  sus hijos e hijas. Estos/as reconocen que los primeros “tragos” y bebidas fueron ofrecidos por sus padres-madres-familiares.

 “Fui a bailar al colmado de mi papá y duré como una hora bailando. Un día bebí romo, mucho romo y me dolía la barriga” (niño de 11 años)

 ”Yo he tomaó “vipe” y ron con mi papá y un amigo”. (niña de 12 años) 

“Mi hermana compra ron y yo bebo”. (niña de 11 años)

 El alcohol para la población adolescente estudiada es parte de la diversión y no está sujeta a sanciones. Algunas de las causas que identificamos de que el “alcohol” tenga una presencia significativa en población infantil y adolescente son:

  • Ausencia de restricciones  del acceso a estas bebidas para niños, niñas y adolescentes.
  • Inducción al alcohol por personas adultas y familiares en una lógica de “probar” o de simplemente darle “un traguito”
  • Débil conciencia sobre los graves daños del alcohol las condiciones de salud física, mental, psicológica de niños, niñas y adolescentes
  • El consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes es percibido por padres y madres como efímero y superficial no reconocen en estos hábitos posibles adicciones a la sustancia ni riesgos para la integridad física de sus hijos e hijas.
  • Presencia de pauta cultural de vínculo estrecho entre consumo de alcohol y diversión
  • Vinculos estrechos entre machismo y consumo de alcohol genera que muchos hombres fomenten que sus hijos consuman alcohol desde la niñez y adolescencia.
  • Peso de la aceptación en grupos de pares somete a niños y adolescentes (sobre todo sexo masculino) a la presión social del consumo para ser aceptados.

No solo la familia tiene permisividad hacia el consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes es toda la sociedad. La protección de la niñez y la adolescencia en el consumo de alcohol desde políticas públicas y campañas es débil, no se identifica como una violación de derechos a la niñez ni una situación de riesgo que debe ser abordada en su protección.

Las adicciones únicamente se “problematizan” en nuestra sociedad desde las drogas ilícitas  (marihuana, cocaína, crack, heroína).  El consumo de drogas ilícitas en nuestro país inicia con las “licitas” como las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas no solo inician, siguen formando parte de la diversidad de mezclas de sustancias adictivas (alcohol-marihuana-tabaco-crack) que generan graves daños a la salud y a la vida de nuestra niñez y adolescencia.

Las familias y centros educativos no cuentan con herramientas para ofrecer orientación, acompañamiento y prevención. La prevención del consumo de alcohol es débil desde los distintos ámbitos y las prohibiciones de compra y consumo en lugres públicos son vulneradas continuamente sin consecuencias.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente: https://acento.com.do/opinion/ninez-y-consumo-de-alcohol-9044960.html

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Debida diligencia para la protección de la niñez

Elisabeth de Puig

Por: Elisabeth De Puig 

Hacer respetar los derechos del niño es una inversión esencial para un futuro sostenible;  es una garantía para el desarrollo de un entorno  empresarial estable e inclusivo.

Dentro del marco del mes para la prevención del abuso infantilSave the Children y la Unión Europea hicieron especial énfasis en la protección de los derechos humanos desde las empresas, en una actividad que tuvo como eje central la presentación de la periodista española Cristina Rodríguez y un panel de expertos integrado por varias personalidades.    

La debida diligencia para la protección de la niñez va más allá de la filantropía y de la responsabilidad social empresarial. Es un concepto que implica un cambio de enfoque frente a los Derechos Humanos e integra una perspectiva de corresponsabilidad innovadora donde la empresa asume el rol protagónico. 

A partir de este criterio el compromiso social debe ser incluido en la estrategia de las empresas de forma transversal. De esta manera no es un anexo y pasa a ser el epicentro de sus quehaceres desde un punto de vista de participación y generación de valor compartido. 

Esta visión se inscribe dentro de los lineamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que llama a las compañías a incorporar diez principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, para contribuir a hacer avanzar los objetivos sociales y la implementación de los ODS.

Ya desde antes de la pandemia, como lo subrayó Cristina Rodríguez en su intervención, en algunos foros de alto nivel se hablaba de cambio del modelo económico. En 2019, la llamada Business Roundtable, organización que reúne las 180 empresas más poderosas de Estados Unidos, firmaban y hacían público, por primera vez, un manifiesto donde expresaban que el accionista no podía seguir siendo el único centro de gravedad. Los clientes, los empleados, los proveedores y las comunidades también deberían entrar a formar parte de la ecuación. 

La pandemia debería confortar este cambio de paradigma que se venía vislumbrando. El momento muy especial que atraviesa la humanidad puede abrir las puertas a varias oportunidades. Ha puesto el dedo sobre la interconexión de todos los seres humanos y la vulnerabilidad individual, comunitaria, nacional y planetaria fruto de la pandemia.

Ojalá el sufrimiento global sirva de punto de partida para que las empresas  sean parte de la solución a los desafíos sociales y ambientales. La recuperación socio económica es la oportunidad de replantearse la sostenibilidad ambiental, así como asumir la necesidad de una sociedad más inclusiva e igualitaria, protectora de los derechos humanos.

Hacer respetar los derechos del niño es una inversión esencial para un futuro sostenible; es una garantía para el desarrollo de un entorno empresarial estable e inclusivo. Beneficia no solamente a la sociedad y a los niños sino también a la misma empresa. Los consumidores de hoy, cada día mas empoderados e informados, no aceptan cualquier tipo de conducta por parte de la empresa y pueden dejar de comprar marcas y productos. 

Diez principios identifican las acciones empresariales que contribuyen al respeto de los derechos del niño: respetar y promover los derechos del niño; contribuir a la erradicación del trabajo infantil; proporcionar trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores; asegurar la protección y seguridad de los niños en sus actividades e instalaciones; garantizar que sus productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promueven los derechos del niño; utilizar marketing y publicidad que apoyen y respeten los derechos del niño; respetar y promover los derechos del niño en relación con el medio ambiente y la adquisición y el uso de tierras asi como en las disposiciones de seguridad; ayudar a proteger los niños afectados por situaciones de emergencia y reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos del niño. 

Así, desde el Ministerio de Trabajo se está preparando un sello de No trabajo Infantil que una vez terminado formará parte de la cadena de valor de los productos merecedores de este reconocimiento, quienes podrán encontrar mejores oportunidades en los mercados internacionales, donde hay una mayor sensibilidad por este tema.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/debida-diligencia-para-la-proteccion-de-la-ninez-8935783.html

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2021: Urgencias y prioridades en la agenda de Primera Infancia mexicana

Noticias

Ante la crisis sin precedentes urge la reactivación de manera inmediata de servicios esenciales centrados en la niñez como son la aplicación del esquema de vacunación, los servicios básicos de salud, los programas de nutrición, el registro de nacimientos, los programas de cuidado y de educación inicial.

Existen escasos antecedentes en la historia contemporánea de la humanidad de fenómenos que hayan moldeado de manera tan dramática la vida en sociedad como lo es la irrupción en 2020 de la pandemia causada por el coronavirus. Los impactos negativos de la emergencia global en la salud pública, la economía, la política, la educación, la convivencia, la seguridad, en síntesis, en el bienestar social son todavía insospechados y en consecuencia el futuro es presa creciente de la incertidumbre, miedo y desconfianza.

Bastan dos hechos para ilustrar la magnitud de la tragedia que ha representado la pandemia en nuestro país. El primero, de acuerdo a las cifras oficiales más recientes y en contraste con el escenario catastrófico previsto, desafortunadamente han fallecido más de 150 mil personas por COVID-19, lo que la convierte ya en la primera causa de mortalidad, superando las defunciones por enfermedades del corazón.1 El segundo es la crisis económica más severa en las últimas décadas, pues también de acuerdo a la información oficial, en 2020 la economía mexicana registró una caída del 8% en el Producto Interno Bruto.2

Ante este nefasto escenario, las afectaciones directas e indirectas de la pandemia al desarrollo adecuado de la infancia, en muchos sentidos se encuentran invisibilizadas, pese a que es la población que mayores estragos experimenta en el corto y largo plazo por sus consecuencias y la coloca en mayor desventaja en el disfrute efectivo de sus derechos, explicado en parte, por la idea errónea de que el virus no afecta o lo hace en menor medida que en otros grupos poblacionales.

Sin embargo, las amenazas que enfrenta la infancia además de las infecciones por COVID-19, son la interrupción de servicios públicos esenciales como son las intervenciones en materia de educación, atención básica a la salud, inmunización, nutrición y protección; además del incremento en la pobreza y la desigualdad por la recesión económica que ha afectado a millones de familias por la pérdida de empleos e ingresos.

De acuerdo a un estudio reciente de UNICEF las consecuencias sociales, económicas y de salud por el COVID son devastadoras en las niñas y niños, las cuales se han traducido ya en una crisis de escala mundial que amenaza la viabilidad de toda una generación: una tercera parte de los 140 países analizados registraron una reducción de al menos un 10% en la cobertura de una serie de servicios de salud como las vacunaciones, la atención ambulatoria de las enfermedades infecciosas infantiles y la salud materna; la cobertura de los servicios de nutrición para mujeres y niños ha registrado una disminución del 40% en 135 países.

Además, cerca del 30% de los estudiantes de todo el mundo no disponen de la tecnología necesaria para acceder a la educación a distancia desde su hogar, siendo los más afectados los niños en edad preescolar: 2 de cada 3 no pueden acceder a esta opción educativa. La pandemia de COVID-19 también está desencadenando una grave crisis en el aprendizaje y la atención de los niños en primera infancia, al menos 40 millones de niños de todo el mundo han dejado de recibir atención y educación por el cierre de los centros de educación temprana y las guarderías infantiles.

Finalmente, se estima que, a nivel mundial, el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimensional –sin acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua– se ha disparado en un 15%, es decir ha sumado a 150 millones de niños.3

Ante esta crisis sin precedentes y que implica riesgos de vulneración sistemática de derechos de la niñez, la urgencia de la agenda de primera infancia que deben abordarse para el 2021 en nuestro país es la reactivación de manera inmediata de servicios esenciales centrados en la niñez como son la aplicación del esquema de vacunación, los servicios básicos de salud, los programas de nutrición, el registro de nacimientos, los programas de cuidado y de educación inicial, por mencionar algunos.

Postergar la reactivación de estos servicios significa arribar a un escenario sin precedentes para la primera infancia: el resurgimiento de enfermedades previamente controladas por la aplicación de vacunas y el incremento de la mortalidad infantil; un deterioro severo en la salud de la niñez ante la limitada detección y tratamiento de afecciones; un retroceso en la prevalencia de desnutrición crónica infantil; mantener invisibilizados y excluidos a cientos de miles de niñas y niños al limitarse su derecho de identidad; así como la pérdida de oportunidades irrepetibles de aprendizaje para alcanzar su pleno potencial.

En este sentido, la reactivación necesariamente debe considerar la atención extraordinaria de los cientos de miles de niñas y niños que no pudieron acceder a dichos servicios durante el 2020 y que suman al rezago histórico previo a la emergencia del mundo COVID, además de los correspondientes a la operación ordinaria de los mismos. De no hacerse, los costos de toda índole para la sociedad en su conjunto serán altísimos y la aspiración de un país más próspero, sano, justo y seguro quedará sepultada por décadas.

Lo anterior, sin duda entraña un reto de primer orden, ante la esperanza que implica que nuestro país haya iniciado la implementación de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y haciendo votos para que sea un éxito en términos de cobertura universal, de logística y blindada de apetitos electorales, se prevé de acuerdo a lo anunciado por la autoridad sanitaria, que en este 2021 los esfuerzos gubernamentales estarán monopolizados por la aplicación paulatina de vacunas, lo que conllevaría el riesgo en postergar aún más la atención de los problemas asociados a la primera infancia.

Por ello, es imprescindible que el gobierno, alinee la prioridad de la vacunación contra el COVID y el interés superior de la niñez, pues de ninguna manera son excluyentes; de no hacerlo el riesgo de perder el potencial de una generación es demasiado alto. Una vía que se advierte para que ello ocurra es avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la cual señala el rumbo y los mecanismos para la promoción, protección y garantía integral de los derechos de la primera infancia. Es tiempo de actuar y dejar atrás la simulación, las excusas y la tibieza: el presente y futuro de la primera infancia lo exige.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/2021-urgencias-y-prioridades-en-la-agenda-de-primera-infancia/

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La inocencia interrumpida

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.

Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.

Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.

A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.

Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.

Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.

Fuente: https://rebelion.org/la-inocencia-interrumpida/

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¿Es una prioridad estatal el cumplimiento de los derechos de la niñez?

Entrevistas

Por: Zaira Navas.

La Convención sobre Derechos del Niño (CDN) es el instrumento internacional más ratificado en el mundo, con su aprobación los Estados se comprometieron a adoptar «todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean apropiadas», para cumplir, garantizar y proteger los derechos de la infancia.

Desde 2009, El Salvador mostró avances importantes –los cuales han sido reconocidos por el Comité de los Derechos del Niño en su más reciente informe– aprobando una legislación especializada en la materia, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA), que reconoce a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos; creó el Sistema Nacional de Protección Integral, compuesto por las instituciones garantes de cumplirlos, prestar servicios y brindar protección, entre estas, se instaló una jurisdicción especializada; se creó el CONNA, como máxima autoridad y rector de la política pública de niñez y adolescencia; se reorientó la función del ISNA, que pasó a ser la institución gubernamental encargada de desarrollar programas de atención y se incorporó a las entidades de atención –antes conocidas como ONG y/u Hogares de acogimiento– como corresponsables y miembros de la Red de Atención Compartida (RAC).

Los avances más destacados de estos años son la Política Nacional de Protección Integral de Niñez y la Adolescencia; la instalación del sistema de justicia que responde a amenazas y vulneraciones a los derechos de esta población; la instalación por el CONNA de 16 Juntas de Protección y el funcionamiento de más de 148 Comités Locales de Derechos.

Un elemento novedoso que incorpora la LEPINA es el rol de las organizaciones de la sociedad civil (RAC) como contraloras de las políticas públicas y del funcionamiento de la institucionalidad estatal; su participación en los organismos de toma de decisión de las instituciones del Sistema es determinante para asegurar la transparencia y el contrapeso social en la priorización de las políticas y programas para la niñez y la adolescencia.

Además, su papel es indispensable para asegurar el funcionamiento efectivo del Sistema de Protección, que esencialmente depende del lugar que ocupe este tema en la agenda económica y social del Gobierno. Así como, en atender los desafíos expuestos recientemente por el Comité de los Derechos del Niño, al recomendar que se adopten medidas urgentes para asegurar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños –y niñas– afectados por las maras, la violencia de género y la explotación y los abusos sexuales, la salud de los adolescentes, el nivel de vida y la educación.

El Comité expresó su preocupación por la escasa atención prestada a las causas estructurales de la violencia, que se pone de manifiesto en los limitados recursos asignados a las medidas de prevención y rehabilitación contenidas en las políticas nacionales, y la prevalencia de un enfoque represivo de la seguridad.

En este marco, ha recomendado al Estado que asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la aplicación de la LEPINA y el funcionamiento del Sistema de Protección; que establezca un proceso de elaboración de presupuesto que incorpore la perspectiva de los derechos del niño, en particular, aumentar las asignaciones presupuestarias para la salud y la educación, definir partidas presupuestarias para la niñez en situaciones de pobreza, violencia o migración; así como de las instituciones que trabajan directamente en su protección.

A partir de este breve recuento, preguntémonos ¿son estas las prioridades definidas en las actuales políticas públicas?, ¿se ha destinado los recursos suficientes para garantizar el funcionamiento efectivo del Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia?, ¿está fortalecida la sociedad civil para ejercer la contraloría social que le corresponde? Al respondernos a estas y otras interrogantes, podremos identificar si el cumplimiento de los derechos de la infancia es la prioridad del Estado Salvadoreño.

Fuente de la entrevista: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Es-una-prioridad-estatal-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-la-ninez-20191120-0791.html

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Perú: Alistan acciones contra la violencia hacia los menores

Noticias

América del Sur/ Perú/ 23.09.2019/ Fuente: www.elperuano.pe.

80% de niños y adolescentes ha sido alguna vez víctima de violencia física o psicológica.

La violencia contra los niños y adolescentes es un espiral que muchas veces se inicia en el hogar con un jalón de orejas. La mayoría de adultos se niega a reconocer que se trata de una forma de maltrato, pues en nuestra sociedad se ha “normalizado” estos actos llamándolos “corrección”.

Se calcula que en nuestro país más del 80% de menores de edad ha sido alguna vez víctima de violencia física o psicológica en sus hogares o escuelas. Una cifra preocupante que arrojó la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del Perú (INEI, 2013 y 2015). (Ver infografía)

“Estas cifras son alarmantes y muestran la realidad de lo que niños, niñas y adolescentes viven de manera cotidiana. El Perú ha tenido muchos avances en relación con los derechos de la niñez. Sin embargo, las cifras que presenta son inaceptables y este es un tema de cambio cultural, de hacerlo socialmente reprochable”, señaló la representante de Unicef en el Perú, Ana de Mendoza.

Unicef explica que la normalización de la violencia es tal que es considerada una práctica válida para corregir, controlar o mostrar poder sobre los menores. Por ello, padres y cuidadores ejercen violencia sin ser cuestionados, considerando que resulta necesaria para “educar”.

“Estas falsas creencias se han transmitido y perpetuado de generación en generación, pues las personas que han sido víctimas de violencia están más propensas a ejercer violencia más adelante en sus vidas. De esta forma, se va alimentando el círculo vicioso de la violencia y su enquistamiento en la sociedad peruana”, advierte Unicef.

Plan de acción

Ante esta realidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la participación del Ministerio de Educación y Unicef Perú, inició la elaboración del Plan de Acción para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 2020-2030.

La titular del Mimp, Gloria Montenegro, y su par de Educación, Flor Pablo, se reunieron la semana pasada, junto con la representante de Unicef en el Perú, para definir una hoja de ruta que servirá para poner en marcha el mencionado plan.

También están convocados representantes del sector público que trabajan en la prevención y respuesta de la violencia hacia la niñez, así como funcionarios encargados de la planificación y presupuesto público. Asimismo, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de las agencias de cooperación internacional y del sector privado.

El objetivo es que a partir del próximo año se implemente una serie de acciones definidas en el plan para erradicar el maltrato a niños y adolescentes en nuestro país con miras al bicentenario.

Compromiso asumido

Desde el 2018, el Estado peruano forma parte de la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, junto con diversos países, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Unicef considera que el Perú es uno de los países pioneros para poner en marcha esta tarea.

Asimismo, desde el 2014, el Perú también ha formado parte del estudio Multipaís sobre los Determinantes de la Violencia a la Niñez (EDV), el cual en los últimos años ha generado un cúmulo de información basada en investigaciones sobre cuáles son los aspectos que desencadenan y favorecen la violencia en un contexto como el peruano. Esta información busca contribuir con las estrategias del país para la eliminación de la violencia en el contexto de la escuela y la familia.

Reportes

El 64% de las niñas y las adolescentes reportaron una convivencia constante con la violencia, en el caso de los niños y adolescentes varones lo hizo el 36%.

Solo el 13% de niñas y niños y 6% de adolescentes considera que los maestros tienen derecho a maltratar a los estudiantes.

Más del 35% de adolescentes experimentaron, alguna vez, una o más formas de violencia sexual con o sin contacto

Fuente de la noticia: http://www.elperuano.pe/noticia-alistan-acciones-contra-violencia-hacia-menores-83636.aspx

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