Por: Antonio J. Mora

El mundo de la pornografía infantil deja cifras tan alarmantes como la de que cada siete minutos se muestra en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales. Así lo denuncia Internet Watch Foundation (IWF), un organismo que vela para que los contenidos que circulan en la Red sean adecuados y que el año pasado eliminó 78.589 páginas web de todo el mundo que ofrecían este tipo de imágenes. Las nuevas tecnologías han creado un entorno que facilita el acceso, producción y distribución de esta pornografía y que hace imposible calcular el número de portales que muestran estos abusos, como señalan los expertos. Desde 1996, IWF ha borrado más de 250.000 páginas con contenido pedófilo. “En cada fotografía, en cada vídeo, hay una agresión sexual, una violencia ejercida y una violación de los derechos de los niños y las niñas”, señala la responsable de Programas de Unicef Comité Español, Blanca Carazo.

La opacidad reina en esta oscura cara de Internet. Se estima que el número de imágenes de abusos sexuales infantiles asciende a millones y que el número de víctimas sea de decenas de miles en todo el mundo, según el informe La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales de esta agencia de la ONU. Del contenido analizado y eliminado por IWF en 2017, se desprende que el 43% de las víctimas tiene entre 11 y 15 años y que el 55% tiene 10 años o menos. También deja ver que en el 33% de los casos hubo violación o tortura. Como también denuncia la ONG End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), “cada vez más los niños y niñas tienen menos edad y las imágenes son más gráficas y violentas”. “Hemos encontrado vídeos en los que las víctimas eran bebés de un año, imágenes que hasta para nosotros eran duras de ver”, relata, por su parte, el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, José Félix Romero. El agente explica que estudian cada detalle de las imágenes incautadas en cada operación para poder identificar y localizar a agresores y víctimas. “Desde la lata de refresco que aparece en la mesa del fondo hasta la alfombra que hay en el suelo. Cualquier dato nos puede ayudar”, añade.

Tal y como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, los expertos apuntan que la pobreza y el subdesarrollo son factores que propician que los menores se vean sometidos a trata, prostitución, pornografía… “Desde un punto de vista global, son niños y niñas en una situación de vulnerabilidad especial, proceden de familias desestructuradas en las que sus progenitores están separados, se cuenta con escasos recursos, hay problemas de alcoholismo… Son familias que no suponen el lugar protector que necesitan”, explica Blanca Carazo antes de señalar que, en muchos casos, son los propios familiares o personas de su entorno los que están implicados en la explotación del menor, ya sea sexual o laboral.

En este sentido, un informe de 2017 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodoc) señalaba que 21 millones de personas son víctimas de explotación laboral y sexual. “En los últimos años, en Filipinas y en República Dominicana se está produciendo un repunte de casos, hay más pornografía infantil elaborada en estos países”, señala la responsable de Unicef. En República Dominicana, el Gobierno comenzó a perseguir este delito en 2015. “Antes solo investigaba si se solicitaba desde Interpol o el FBI”, explica el representante adjunto de Unicef en este país, Eduardo Gallardo, quien señala que desde 2016 se han detenido a 41 pedófilos, dos por producción de material. “En estos últimos casos, las víctimas eran niñas, de por medio había una red de trata que las llevaba hasta estos puntos con engaños y la promesa de que le pagarían a sus familias”, explica Gallardo, quien resalta el problema de la explotación sexual de menores en general, principalmente, en las zonas turísticas. “Hay familias que ven en sus hijas una posibilidad fácil de ingresos. Para un turista 100 dólares no son nada, para ellos una fortuna”, continúa.

La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional que se amplió con la irrupción de las nuevas tecnologías, tal y como señala el catedrático de Derecho penal, Fermín Morales, en su artículo Pornografía infantil e Internet. En este lado de la Red los delincuentes buscan nuevas tecnologías que garanticen su anonimato y sacien su voracidad.

El consumo de material pedófilo puede ser mediante los ya tradicionales sistemas de intercambio de archivos como Kazaa o Ares, en la deep web o internet profunda, foros privados de acceso restringido, sistemas de almacenamiento compartido en la nube o, más recientemente, aplicaciones como WhatsApp, Skype, Facebook o Telegraph. “En estas aplicaciones, se crean grupos cerrados en los que sus miembros van subiendo contenido pornográfico. Y, al igual que en el resto de plataformas, si no compartes imágenes o vídeos no te aceptan”, explica el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, quien recuerda que una de las últimas investigaciones comenzó a raíz de una denuncia ciudadana que alertaba de que se estaba publicitando pornografía infantil en un grupo de una plataforma de mensajería instantánea. Esta operación culminó el 9 de noviembre con la detención de 11 personas y el bloqueo de más de 6.000 cuentas. “Las investigaciones, que pueden durar hasta seis meses, se inician por denuncias de este tipo, la cooperación internacional o la vigilancia que realizamos”, explica el responsable. “En Granada, se inició una operación después de que una persona se encontrara un móvil con imágenes de abuso infantil”, agrega.

Dentro de estas nuevas herramientas, los expertos señalan el aumento del uso y los riesgos de las videoconferencias o vídeos en streaming. “El acceso al consumo de vídeo en directo es cada vez más fácil y habitual, basta con tener un móvil. Hay organizaciones que, de forma oculta, ofrecen este tipo de servicios por webcam con menores. El principal problema es que apenas dejan rastro. Suceden cuando suceden y, salvo que el pedófilo los grabe, no se almacenan, no se pueden rastrear, son comunicaciones efímeras… Este método está siendo utilizado para explotar a niños y niñas en Filipinas, donde el acceso a Internet es fluido incluso en zonas pobres”, explica el director de la asociación para el uso seguro de la Red Pantallas Amigas, Jorge Flores.

Otro informe titulado Trends in Online Child Sexual Exploitation: Examining the Distribution of Captures of Live-streamed Child Sexual Abuse de IWF identificó más de dos mil imágenes y vídeos de abusos sexuales infantiles transmitidos en directo. El estudio arrojó que el 98% de las imágenes encontradas era de niños menores de 13 años e, incluso, que la víctima más joven tenía solo tres años. “Los niños se encontraban en entornos comunes, como sus dormitorios o un baño. Ningún adulto aparece por lo que suponemos que se les ordenó abusar de sí mismos y transmitirlo en vivo”, señala la CEO de IWF, Susie Hargreaves. “La mayoría de los vídeos fue grabado por delincuentes, quienes vieron el abuso transmitido en vivo y luego lo distribuyeron. Los niños no son conscientes de que se estaba haciendo una grabación”, añade la responsable del informe, Sarah Smith.

Ese fácil acceso a las nuevas tecnologías ensancha un mundo ya de por sí voluminoso. “Su democratización y la falta de información hace que el abanico de víctimas se abra”, señala Carazo antes de resaltar la necesidad de formar a los pequeños en su buen uso y a los progenitores en la vigilancia. “Hay casos que surgen a raíz de la denuncia de los padres al descubrir en el teléfono de sus hijos que han enviado o recibido imágenes de este tipo”, explica Romero, quien apostilla que algunos menores siguen sin ver los riesgos que corren cuando se les explica. “Hemos encontrado vídeos en Youtube de niños de siete años bailando sexualmente y los padres ni lo sabían”, añade el agente antes de recordar prácticas como el grooming, en las que los pedófilos buscan atraer al menor a través de engaños en las redes sociales. “Incluso, venimos observando cómo intentan contactar con ellos a través de los chats que ofrecen algunos videojuegos”, matiza.

A nuevas vías de consumo se suman nuevas herramientas para permanecer en el anonimato. Así, IWF viene detectando desde 2011 el uso de técnicas de enmascaramiento para ocultar este contenido y que solo puedan encontrarlo los pedófilos. En 2016, IWF detectó 1.572 web que utilizaban este método, lo que supone un 112% más que el año anterior. En 2013, solo se encontraron 353 sitios. Pero pese a estos mecanismos, la cifra de detenidos por estos hechos no deja de crecer año tras año. Sin cifras globales, en España, el año pasado fueron arrestados 399 personas, ocho más que el anterior, según datos del Ministerio del Interior. De estos, 32 eran mujeres, frente a las 14 pedófilas de 2016. “Es imposible establecer un perfil del pedófilo, la mayoría son hombres, pero no se puede hacer distinción ni por formación, ni edad… Hay personas de todos los niveles culturales y pertenecientes a diferentes sectores laborales”, explica el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, quien añade que el material incautado en las operaciones es destruido. “El borrado no garantiza que no se pueda recuperar en un futuro dichos archivos”, señala el agente. “En el caso de las páginas web, cuando están alojados fuera de España se solicita al país que las borre, pero eso lleva su tiempo. También ocurre que la mayoría está normalmente alojada en países en los que la legislación no es como la española o la europea y, por lo tanto, es difícil que las quiten”, reconoce.

Ante este panorama, expertos como Carazo hacen hincapié en la necesidad de homogeneizar la legislación y favorecer la colaboración entre países para perseguir a los pedófilos. “Estas directrices ya se recogen en el protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño”, apunta. En concreto, en su artículo 10. “Se debe promover la cooperación internacional entre las autoridades nacionales e internacionales y las organizaciones no gubernamentales […] para ayudar a estos niños”, se lee.

Por ello, Fermín Morales recuerda que la Convención señala la mayoría de edad en los 18 años, mientras que en países como Australia, la legislación sobre pornografía infantil conceptualiza al niño como menor de 16 años. También en algunas jurisdicciones de EE. UU., los menores de a partir de 15 años pueden consentir mantener relaciones sexuales con un adulto, pero este no puede elaborar, producir, distribuir y ni siquiera poseer una filmación. “Desde nuestra organización hemos hecho un llamamiento para que Bruselas revise el nuevo reglamento de e-Privacy por su limitación en la lucha contra esta actividad. Los derechos del menor siempre deben prevalecer”, señala Jorge Flores. “La Convención deja claro que los Gobiernos, las instituciones y las familias tienen la obligación de proteger a los niños y a las niñas de todo tipo de abusos” añade Carazo. Las víctimas de pornografía infantil, como en otros casos de explotación, necesitan una atención psicológica ya que se llegan a sentir culpables de lo ocurrido y tienen miedo a que vuelva a ocurrir. También necesitan ser educados para que sepan decir ‘no”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/11/15/planeta_futuro/1542292342_375507.html