Derechos Humanos

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España vulnera las obligaciones educativas con menores discapacitados

Noticias

España/19 de Junio de 2017/Bez

Las personas con discapacidad no deben ser educadas en escuelas especiales, sino en el sistema general. Se llama inclusión y lo dice la ONU. Lo consagra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado al que adhiere España y que en el país tiene rango de norma más alto que una ley orgánica. Pero en todas las regiones priman las opiniones de las autoridades y se suceden los casos de niños enviados a educación especial aún contra la opinión de los padres.

España recibió en 2011 una reprimenda en el Informe Derechos Humanos y Discapacidad, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para Naciones Unidas: estaba enviando a niños a Educación Especial en contra de la decisión de sus padres, práctica que debía ser erradicada. Seis años después, se sigue haciendo. En 2017 habrá nuevo examen. Volverá a suspender.

En la mayoría de Comunidades Autónomas, la escolarización es establecida por equipos de orientación, los padres pueden opinar, pero los técnicos deciden

Inés de Aráoz

Plena Inclusión

«En la mayoría de Comunidades Autónomas, la escolarización es establecida por equipos de orientación, los padres pueden opinar, pero los técnicos deciden», explica a bez.es Inés de Aráoz, asesora jurídica de la organización Plena Inclusión. Esto, añade, es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de naciones Unidas, que establece el derecho a una educación inclusiva.

Si los padres no están de acuerdo, pueden interponer un recurso administrativo. Como lo más probable es que no les den la razón, si quieren seguir reclamando, deben plantear una demanda contencioso-administrativa. En caso de que la Justicia sí les dé la razón, habrán pasado, como mínimo, tres años. Un tiempo esencial perdido para el desarrollo de un niño con discapacidad.

En 2015, el comité sobre derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas emitió un comentario apelando al derecho a una educación inclusiva. Y un año antes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitía otro comentario en el mismo sentido.

El Comité de la ONU señala que la Convención «prohíbe la exclusión de las personas con discapacidad del sistema general de educación, incluyendo cualquier disposición legislativa o reglamentaria que limiten su inclusión sobre la base de su deficiencia o su ‘grado’, como por ejemplo, condicionando su inclusión ‘en función del potencial de la persona’, o alegando una carga desproporcionada para evadir así la obligación de realizar los ajustes razonables».

Los tratados internacionales y la Constitución están por encima de las leyes orgánicas, por lo que ante un caso de conflicto, como es este, deben prevalecer los tratados internacionales, explica De Aráoz, puntualizando que la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales lo establece claramente.

Según las últimas cifras oficiales disponibles (2014-2015), el 80,2% de los alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad están integrados en centros ordinarios: queda un 19,8%, 34.349 alumnos, en centros educativos especiales.

Padres descontentos

Entre los casos más llamativos de niños que son escolarizados, en contra de la opinión de sus padres, en educación especial, están los que tienen trastornos del espectro autista (TEA) -una serie muy heterógenea de trastornos, muchas veces indeterminados, que requieren de atención temprana y cambian con el tiempo-.

La educación especial puede existir para los padres que la elijan, como la religiosa o la que separa al alumnado por género, pero es un modelo educativo arcaico y va en contra de lo que se firmó en la Convención

Marina Prieto

Asociación ProTGD

«Los colegios de educación especial valen para los padres que quieran llevar a sus hijos allí porque creen que es lo mejor, pero que eso no condicione la educación de quienes no quieren esa opción, y mucho menos que sea la excusa para no poner los recursos donde deben estar. El derecho es a una educación inclusiva», dijo a bez.es Marina Prieto, presidenta de la madrileña asociación ProTGD, que lucha por los derechos de niños con TEA (sinónimo de TGD, trastornos generalizados del desarrollo).

Desde la Comunidad de Madrid no respondieron preguntas específicas en este sentido de bez.es, aunque señalaron que han incrementado los centros, los profesores, los especialistas en logopedia y pedagogía terapéutica, los integradores, que han puesto más aulas TEA (brindan educación individualizada a niños de aulas ordinarias) y han llevado el ratio a 5 alumnos por aula TEA como marca la ley (antes se sobrepasaba a menudo). «Y seguiremos incrementando», sostienen.

Sin embargo, no se renuncia a la educación especial, muchas veces en contra de la opinión paterna.

«La educación especial, como la religiosa o la que separa al alumnado por género, es un modelo educativo arcaico y va en contra de lo que se firmó en la Convención. Y es indignante que la Administración educativa, que tiene que proveer de recursos, defienda esta modalidad, y más aún que la catalogue de inclusiva», agregó Prieto, en referencia a declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken.

Tomás Marcos, diputado en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, declaró a bez.es que el aumento numérico de recursos del gobierno regional se realiza a costa de la libre elección de centro. «Han abierto nuevas aulas, pero hacen un reordenamiento sui generis, como ahora hay plazas, te obligan a tomar el centro que ellos te asignan, forzando a niños a cambiar de colegio, incluso separándolos de sus hermanos», explica.

La educación especial actual no es inclusiva, aunque haya algunos centros que sí puedan tener una orientación a la inclusión

Ruth Vidriales

Autismo España

Ruth Vidriales, de Autismo España, dijo a bez.es que «hay que avanzar hacia la inclusión porque es un derecho, pero antes de debatir si se termina con la educación especial, hay que ver cómo se ponen los recursos y se reconfigura el sistema, porque hoy muchos centros ordinarios no están preparados para hacerse cargo de niños con necesidades educativas especiales (NEE), especialmente en el paso a la secundaria».

Y sí cree que la opinión de las familias debería ser determinante al momento de ubicar al niño en un tipo de escolarización. «Los técnicos valoran rápido, en un contexto artificial y sin las condiciones adecuadas para que el niño demuestre sus condiciones ni su potencial».

«Hay que centrarse más en las oportunidades y en las posibilidades y menos en la dificultad», explica. Lo mismo que dice el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, según el cual «la educación de las personas con discapacidad a menudo se centra en un enfoque del déficit, en su deficiencia real o aparente (…) [pero] los estados parte deben apoyar la creación de oportunidades de construir las fortalezas y talentos únicos de cada persona con discapacidad».

En ese sentido, Vidriales traza un paralelismo con la salud: una persona es informada sobre posibles tratamientos para un problema, y decide a cuál de ellos someterse (o a sus hijos). En este caso, según ella, debería seguirse el mismo principio, que en muchas comunidades, no se sigue.

Diferencias entre Comunidades Autónomas

Andalucía: Los padres no tienen opción a decidir. Pueden mostrar disconformidad, en cuyo caso la inspección analiza la cuestión.

Baleares: Suele primar la opinión de los padres.

Canarias: Prevalece el criterio de las autoridades regionales.

Cataluña: Hasta ahora deciden los técnicos, e inspección tiene la última palabra, y la mayoría de las veces en las cuales la familia no estaba de acuerdo era por discrepancia sobre el tipo de escolarización. Sin embargo, en los próximos meses se comenzará a aplicar un decreto de sistema educativo inclusivo está aprobado y se están haciendo los últimos trámites. Algunos de los puntos más relevantes son: los equipos dejaran de dictaminar y solamente orientarán; las decisiones de la familias tendrán más peso; y todos los niños deberán ser escolarizados en inclusiva y solamente si los padres lo desean podrán pedir educación especial. Se prevé que en los centros de educación especial solamente asistan aquellos niños con discapacidades graves.

Castilla – La Mancha: En última instancia, el dictamen de escolarización decide. Habitualmente la opinión de los padres es tenida en cuenta, pero no es definitiva.

Castilla y León: El equipo de orientación realiza una propuesta de escolarización, los padres firman un anexo con la opinión familiar con su conformidad o disconformidad. Todo se envía a las direcciones provinciales de educación y se decide el mejor centro teniendo en cuenta las plazas vacantes. Si no hay acuerdo con los padres, se suele llamar a la familia para hablar con ella más en profundidad y luego se toma la decisión.

Madrid: Se acepta la opinión de los padres en algunos casos en primaria, en secundaria no.

Melilla: El criterio mayoritario es el del propio centro o el de la inspección, no el de los padres. La mayoría de los padres dicen a Plena Inclusión que no se les informa de las opciones que tienen para escolarizar a sus hijos, y en secundaria mucho menos.

Murcia: Eligen los padres, pero una vez el niño se ha incorporado al recurso seleccionado, si los profesionales consideran que no es el adecuado, por mucho que la familia diga lo contrario, acaba en el recurso recomendado por el equipo.

Valencia: Prima el criterio profesional

Tres sistemas

Integración: Centro ordinario con pocos apoyos -algunas horas a la semana de PT y AL- pero no se adapta el colegio al niño, sino al revés. No son extraños los fracasos escolares.

Inclusión: El colegio se adapta a las necesidades del niño, se flexibiliza el currículo para crear la inclusión.

Educación especial: Segrega a niños con discapacidad de aquellos que no la tienen

Inercias burocráticas que perjudican a los niños

La situación de abandono de niños con discapacidad queda patente en el caso de Melisa Tuya, periodista con dos hijos, uno de ellos con autismo, y autora del libro Tener un hijo con autismo. Ese niño con autismo, Jaime, estaba escolarizado en un colegio ordinario junto a su hermana, pero ante la falta de medios, a los profesionales del colegio se les hacía difícil atenderlo, por lo que fue «invitada» a enviar a su hijo a Educación Especial. «Eran muy voluntariosos, pero Jaime necesita una persona pendiente de él, por lo que ‘me invitaron’ a irme, y tenía sentido, porque él iba a estar mejor atendido», explica a bez.es. Entiende al colegio y pone las responsabilidades en la administración. «Debería haber una inclusión verdadera, pues incluso los propios colegios de educación especial muchas veces tampoco están preparados», explica Melisa, quien apoya la tesis de que no se respeta la libertad de elección de colegios. «No la hay: te toca el colegio que ellos dicen. Jaime ha pasado por tres colegios en sus 10 años de vida, y justamente estos niños necesitan mucha estabilidad por su dificultad para adaptarse a los cambios», señala.

«Sería incluso más eficiente y económico contratar profesionales para los niños con necesidades especiales en colegios ordinarios en lugar de mantener colegios de educación especial, así se aprovecharían mejor los recursos… pero desmontar un sistema y cambiar las inercias burocráticas es muy difícil», sentencia.

Fuente: http://www.bez.es/4142294/Espana-incumple-compromiso-educacion-inclusiva-ninos-discapacidad.html

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México: Derecho a la educación, por una sociedad igualitaria

Noticias

México/19 de Junio de 2017/La Jornada

En sesión ordinaria, diputados de la LXI legislatura aprobaron por unanimidad que jóvenes y niños migrantes deportados de los Estados Unidos por las políticas xenófobas de Donald Trump, podrán continuar sus estudios gracias a las reformas hechas a la Ley de educación, producto de una iniciativa del diputado del Partido Nueva Alianza, Marbellino Burgos Narváez.

Burgos Narváez, presidente de la comisión de educación, recordó que los llamados dreamers tendrán garantizado sus derechos fundamentales, como la educación, mediante la aprobación de dicha Ley. Las autoridades educativas e instituciones deberán reconocer sus estudios, simplificar procedimientos y garantizar el acceso a la educación a quienes no cuenten con documentos académicos o identidad, suprimiendo la obligatoriedad de presentar actas de nacimiento o certificados.

«El derecho a la educación ha sido, es y será el mejor medio para encontrar la igualdad en la sociedad, por lo que reconozco a los integrantes de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología por fortalecer esta propuesta», añadió.

El marco legal aprobado se ocupa de las personas desplazadas, refugiadas o asiladas que requieren movilidad, toda vez que si la Constitución consagra el derecho a la educación y la ley secundaria lo refrenda.

Respeto a personas discapacidad

El diputado priísta Evelio Dzib Peraza anunció la adhesión de la propuesta presentada por el diputado Elías Lixa Abimerhi el pasado 8 de junio ante el pleno del Congreso local.

“Nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo derivado de la recomendación número 09/2017 realizada por la Comisión de Derechos Humanos, en la que se exhorta a los 106 ayuntamientos y al titular del Poder Ejecutivo a que faciliten la accesibilidad a las personas con discapacidad en entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público”, dijo.

La obligación de los gobiernos, señaló Dzib Peraza, es vigilar que no se incurra en la vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser humano.

Lixa Abimerhi celebró la adhesión a su propuesta, que si bien fue modificada, mantiene su esencia: el respeto a las personas que sufren de alguna discapacidad.

Fuente: https://www.lajornadamaya.mx/2017-06-15/Derecho-a-la-educacion–por-una-sociedad-igualitaria
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Africa: Make Girls’ Access to Education a Reality

Allafrica

Por: Allafrica

Resultado de imagen para Africa: Make Girls' Access to Education a Reality

Millions of pregnant and married adolescent girls across many African countries are being denied their education because of discriminatory policies and practices, Human Rights Watch said today, on the Day of the African Child. More than 49 million girls are out of primary and secondary school in sub-Saharan Africa, with 31 million of them out of secondary education, undermining their rights and limiting their opportunities.

Early marriage and teenage pregnancy are significant factors. In sub-Saharan Africa, 40 percent of girls marry before age 18, and African countries account for 15 of the 20 countries with the highest rates of child marriage globally. The region also has the world’s highest prevalence of adolescent pregnancies. In 14 sub-Saharan countries, between 30 and 51 percent of girls give birth before they are 18. Cultural or religious beliefs often stigmatize unmarried, pregnant girls, with the result that many pregnant girls are forced into early marriages.

«The African continent has one of the world’s highest rates of adolescent pregnancy, but many governments insist on tackling this social and public health challenge by punishing girls and jeopardizing their future,» said Elin Martínez, children’s rights researcher at Human Rights Watch. «Governments should focus on helping girls prevent unintended pregnancies and support their efforts to stay in school.»

Although most sub-Saharan African countries have made commitments to guarantee compulsory primary and lower-secondary education for all children, many exclude or expel pregnant girls and young mothers from school.

Tanzania and Sierra Leone are among the sub-Saharan African countries that have harmful policies and practices that discriminate against pregnant and married girls, Human Rights Watch research shows. In Tanzania, Human Rights Watch found that school officials conduct pregnancy tests and expel pregnant students. Nineteen-year-old Rita, from northern Tanzania, said she was expelled when she became pregnant at age 17. «Teachers found out I was pregnant,» she said. «I found out that no student is allowed to stay in school if they are pregnant … I didn’t have the information [sexual education] about pregnancies and what would happen.»

Some countries, including Cameroon, South Africa, and Zambia, have adopted «re-entry» policies so that adolescent mothers can return to school after giving birth. However, even if governments have these policies, school officials often fail to carry them out adequately or at all. Young mothers frequently lack support to re-enroll due to school fees and related costs, limited support from their families, stigma in school, and a lack of affordable childcare and related early childhood services.

Many adolescent girls become pregnant because they lack the information needed to make informed decisions about their sexuality, family planning, and their reproductive health, while others are coerced into sex and require protection and access to health services and support. According to the United Nations, 80 percent of women ages 15 to 24 who have HIV globally live in sub-Saharan Africa and across the continent, and girls aged 15 to 19 are five times more likely to be infected with HIV than boys.

Sexuality and reproduction are often not included in the national school curricula. In a handful of countries where they are included in HIV awareness or «life skills» programs or subjects, teachers are frequently unwilling to teach these subjects because of the sexual and reproductive health content, or due to constraints on teaching time and resources.

All African governments have made a commitment to the UN Sustainable Development Goals to guarantee gender equality and universal access to free primary and secondary education for all children by 2030. The African Union has recognized the importance of ending child marriage, understanding that it is a major impediment to regional development and prosperity, and of eliminating all forms of gender-based violence and discrimination.

 African governments should guarantee that girls have equal access to free quality primary and secondary education and support to stay in school, Human Rights Watch said. Governments should reverse harmful policies and practices that stigmatize girls, including forced pregnancy testing and regulations that allow for the expulsion of pregnant or married girls. Governments should also adopt laws that clearly set 18 as the minimum marriage age for boys and girls.

They should also adopt clear guidelines that instruct schools to re-enroll young mothers, provide support services in schools, and ensure that young mothers have access to early childhood services. Governments should also ensure that all children have access to age-appropriate, comprehensive sexuality, and reproductive education. Where possible, school-based services should be connected to youth-friendly health services to ensure that adolescents receive impartial, nonjudgmental information.

«Governments have the prime responsibility to ensure that girls access free primary and secondary education, without facing stigma and discrimination,» said Martínez. «All governments should scrap policies that exclude pregnant or married girls, and put in place special measures to ensure that all adolescent girls can go to school.»

In Girls’ Own Words

Malawi

In Malawi, roughly half of all girls marry before age 18. Between 2010 and 2013, 27,612 girls in primary and 4,053 girls in secondary schools dropped out due to marriage. During the same period, another 14,051 primary school girls and 5,597 secondary school girls dropped out because they were pregnant.

Girls told Human Rights Watch that marriage interrupted or ended their education, and with it their dreams to be doctors, teachers, or lawyers. Many said that they could not return to school after marriage because of lack of money to pay school fees, childcare, flexible school programs or adult classes, and the need to do household chores. Others said that their husbands or in-laws would not allow them to stay in school.

Kabwila N., 17, said she left school in standard eight at age 15 because of poverty. She said she could not go back to school because she felt ashamed about her pregnancy: «I would not want to go back to school because I started having sex with my boyfriend while at school. I am not fit to go back.»

South Sudan

In South Sudan, 52 percent of girls marry before their 18th birthday. According to UNESCO, over 1.3 million primary-school-age children are out of school, and the country has the world’s lowest secondary school enrollment rate, at four percent.

Mary K., of Yambio County, said: «My father refused me to go to school. He said it is a waste of money to educate a girl. He said marriage will bring me respect in the community. Now I have grown up and I know that this is not true. I cannot get work to support my children and I see girls who have some education can get jobs.»

Anyier D., 18, said that her uncles forced her to leave school at 14 in 2008 to marry an old man she did not know: «I would wish to return to school even if I have children. People think that I am happy but I am not because I don’t have an education. I don’t have something of my own and I am only cleaning offices. If I had gone to secondary school, I would get a good job.»

Tanzania

In Tanzania, fewer than a third of girls who complete primary schooling complete lower-secondary school, and over 15,000 girls drop out annually due to pregnancy. Human Rights Watch found that in some cases adolescent girls dropped out of lower-secondary school due to sexual exploitation and violence by teachers.

Joyce, 17, from Shinyanga, said: «There are teachers who engage in sexual affairs with students – I know many [girls] it has happened to … If a student refuses, she is punished … I feel bad … even if you report the matter it won’t be taken seriously. It makes us feel unsafe. Three girls dropped out because of teachers and sex in 2015.»

Fuente: http://allafrica.com/stories/201706160843.html

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Educación inclusiva: un instrumento clave en la búsqueda de una sociedad mejor

Fundación Universia

Por: Universia

Porque la educación inclusiva y de calidad es un derecho, te invitamos a que conozcas sus principios y una guía de buenas prácticas a partir la realización de diferentes proyectos.

La educación inclusiva es una poderosa herramienta para combatir la exclusión social. Según la UNESCO, este tipo de educación se basa en el derecho que tienen los alumnos de recibir una educación que atienda sus necesidades básicas de aprendizaje y mejore sus vidas.

Se apoya sobre la base del principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de educación diferentes, y que es responsabilidad de aquellos que diseñan los sistemas educativos en funcionamiento contemplar y dar respuesta esta realidad compuesta por un amplio espectro de necesidades.

En este sentido, hablamos de una educación integradora cuando se trabaja en desarrollar el potencial de cada persona bajo el convencimiento de que todo niño o niña es capaz de aprender cuando se le da las herramientas y las oportunidades necesarias para hacerlo. Esto implica una planificación que estructure y dinamice este tipo de aprendizaje, algo que lamentablemente está faltando, opinó en 2015 el Vicepresidente del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires (GEeeBA), Pablo Crespo, a Infobae.

En materia de discapacidad, según datos publicados por Infobae en 2015, son aproximadamente siete mil los alumnos que asisten a establecimientos educativos de Educación Especial públicos o privados en la Ciudad de Buenos Aires; y según comentaron a este medio, desde el GEeeBA consideran que “todas las instituciones involucradas con la educación en el país deberían involucrarse y crear un paradigma educativo más inclusivo”.

 Principios de la educación inclusiva

Según el portal inclusióneducativa.org, que representa a más de 200 federaciones de un total de 115 países intentando ser la voz de personas con discapacidad y sus familias, los principios en los cuales se apoya la educación inclusiva son:

1. Todos los niño/as pueden aprender

2. Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus escuelas locales

3. Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar

4. Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados

5. Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus necesidades

6. Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación

7. Todos los niño/as participan de actividades co-curriculares y extra curriculares

8. Todos los niño/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y la comunidad.

Una manera de analizar por dónde empezar a trabajar en materia de inclusión puede ser a partir de sus diferencias con el enfoque tradicional. Para ello, el portal inclusioneducativa.org elaboró el siguiente cuadro:

Buenas prácticas en Educación Inclusiva

La organización sin fines de lucro, Save The Children, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), elaboró una guía de buenas prácticas para la educación inclusiva que recopila y difunde, entre otras cosas, los trabajos realizados en diversos centros educativos españoles en la búsqueda por mejorar la inclusión de niños, niñas y jóvenes en diferentes contextos y ámbitos educativo. Este documento contiene ejemplos de buenas prácticas aplicadas por una gran cantidad de proyectos, donde se detalla cuál era el objetivo específico para cada caso y el tiempo que se necesitó para su ejecución.

Educar en la diversidad

Con el objetivo de respuesta a una necesidad existente en todos los países del MERCOSUR vinculada con las dificultades de los docentes para atender la diversidad de necesidades educativas de los alumnos, especialmente en el caso de las escuelas que integraban niños y niñas con necesidades educativas especiales, los países miembros con la cooperación técnica de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, UNESCO/Santiago elaboraron el proyecto “Educar en la diversidad en los países del MERCOSUR”. Se trata de un material donde se ofrecen variadas estrategias de aprendizaje para ayudar a los docentes a reflexionar y desarrollar sus prácticas a partir del enfoque de la educación inclusiva. Éstas pueden utilizarse tanto para la enseñanza de los niños como de los adultos. Está compuesto por los siguientes cuatro módulos: educar en la diversidad, el enfoque de la educación inclusiva, ¿Qué entendemos por una escuela inclusiva?, “El aula como contexto de desarrollo y aprendizaje”. A continuación, podrás descargar el material.

 

Animados a la diversidad

Por último. compartimos el cortometraje sobre orientación sexual e identidad de género para promover la educación inclusiva, titulado «Animados a la diversidad», que fue dirigido por la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina.

Fuente: http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2017/06/16/1153452/educacion-inclusiva-instrumento-clave-busqueda-sociedad-mejor.html

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Implementará Venezuela programa de atención a jóvenes desocupados

Noticias

América del sur/Venezuela/17 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina

El gobierno de Venezuela implementará un programa de atención a 100 mil jóvenes desocupados, que pretende su incorporación a labores educativas y de producción.
El presidente Nicolás Maduro anunció anoche que los primeros 40 incorporados al denominado programa Chamba Juvenil, serán jóvenes capturados por los cuerpos de seguridad en las acciones terroristas organizadas por la oposición para desestabilizar el país.

Una vez detenidos esos jóvenes demostraron arrepentimiento y colaboraron con información para identificar a sus jefes y sobre nuevos planes de la derecha para continuar su campaña fascista en el país, indicó el mandatario.

Aun cuando advirtió que quienes cometieron crímenes serán sometidos a la justicia, significó que es necesaria una alternativa de inclusión social para ‘muchachos’, que pueden ser manipulados por su condición social, apuntó.

Maduro conminó a involucrarse con el proyecto al Laboratorio de paz, una asociación sin fines de lucro que investiga y promociona sobre la organización social y los derechos humanos para una cultura pacifista, la desmilitarización y la resolución no violenta de los conflictos.

También destacó que al programa Chamba Juvenil no solo tendrán acceso esos 100 mil jóvenes, sino también todos los venezolanos que deseen ser integrados a la educación y al ámbito laboral.

Dicho proyecto social forma parte de las acciones del gobierno para la protección de los niños y jóvenes venezolanos ante el uso que hace la derecha de estos como carne de cañón en sus manifestaciones callejeras.

Con ese objetivo, Maduro envió recientemente al papa Francisco una carta para solicitar su mediación con vistas a que la derecha deje de esa práctica.

También responsabilizó al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y al diputado del partido opositor Primero Justicia, Miguel Pizarro, de los actos criminales que hasta el momento dejaron un saldo de más de 70 personas fallecidas, miles de heridos y afectaciones a la economía del país.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93471&SEO=implementara-venezuela-programa-de-atencion-a-jovenes-desocupados
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Estados Unidos: Desigualdades raciales y falta de fondos en educación preocupan a padres de niños latinos y afroamericanos

Noticias

Estados Unidos/15 junio 2017/Fuente:el-observador

Las percepciones de los padres sobre las disparidades raciales en la escuela, siguen siendo fuertes a la hora de evaluar el éxito del sistema educativo estadounidense en la formación de niños afroamericanos y latinos. Así lo revela la segunda encuesta “La Nueva Mayoría en el Sistema Educativo” publicada por el Fondo Educativo de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCEF en inglés).

La encuesta explora cómo los padres de familia ven el impacto del sistema de educación federal en el progreso de sus hijos “sobre quienes tienen altas expectativas de formación y para quienes esperan un fuerte rigor académico”, dijo Wade Henderson, presidente y director ejecutivo del LCEF en una teleconferencia organizada por New America Media a finales de mayo.

Entre los hallazgos más importantes de la encuesta está el hecho de que existe un abrumador sentimiento de desigualdad racial en el financiamiento escolar. No hay suficiente presupuesto para educar a niños latinos y afroamericanos en las escuelas públicas donde ellos componen la inmensa mayoría. Los padres y miembros de familia de estudiantes cuyos maestros son, en su mayoría, blancos están más propensos a creer que las escuelas “no hacen un esfuerzo suficiente” para educar a sus hijos.

Destacan la falencia de maestros bien equipados y con formación de alta calidad, que traten justamente a sus estudiantes, y que les faciliten oportunidades para tomar clases que los reten en sus propios conocimientos.

“Los estados no han respondido lo suficiente a las necesidades de estos padres y las políticas federales tampoco reflejan lo que ellos necesitan para la educación de sus hijos”, agregó Wanderson.

La encuesta se conoce en momentos en que a nivel estatal se están preparando los planes educativos para cumplir con el Every Student Success Act (ESSA), la ley antecedida por la política No Child Left Behind desarrollada a través de serios esfuerzos bipartidistas durante el gobierno de Barack Obama. Aprobada en 2015, la ESSA permite a los estados una mayor flexibilidad para adaptar las estrategias de educación de acuerdo a la población a la que sirven.

“Los estados deben informar cómo gastan el dinero que reciben para el rubro educativo y en quién, de acuerdo con las regulaciones federales”, dijo por su parte Liz King, directora de políticas educativas de LCEF. “Hay que abrir los los procesos de toma de decisiones a las familias de raza negra y latina”, añadió.

La encuesta se realizó telefónicamente por la firma Anzalone Liszt Grove Research a 1200 padres de niños latinos y afroamericanos en todo el país, quienes están vigorosamente involucrados en la crianza de sus hijos de edades entre 5 y 18 años. El 30% de los participantes latinos fueron entrevistados en español.

Matt Hogan, socio de la firma reconoció que muy pocos de los padres encuestados estaban familiarizados con ESSA. Pero en comparación con la encuesta del año pasado, sí hay un aumento en la creencia de que el racismo en el sistema educativo está teniendo un impacto negativo en la vida de sus hijos. “El 42% de los padres afroamericanos entrevistados piensa que sus hijos no reciben una educación tan buena como la de los estudiantes blancos por prejuicio racial o racismo”, agregó Hogan.

Entre los latinos esa cifra es menor, 28% y en general, las actitudes con respecto al sistema educativo han mejorado entre los padres y familias hispanas. Aunque ellos reconocen las desigualdades raciales, el 75% cree que las escuelas públicas estadounidenses hacen un buen trabajo en preparar a los estudiantes para el éxito en el futuro. Una escasa mayoría (52%) cree que la educación que los estudiantes latinos reciben en el país es tan buena como la que reciben los estudiantes blancos. Este porcentaje aumenta si los padres latinos no asistieron a escuelas en Estados Unidos.

Recordando que recientemente se celebró el 63 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Brown v. la Junta de educación, que terminó con la segregación de las escuelas en Estados Unidos, los expertos esperan que los resultados de la encuesta no solo permitan construir mejores políticas públicas y asignación de recursos, sino coaliciones para lograr metas educativas federales. Más aún en medio de los recortes que ha prometido la nueva administración de Donald Trump y los planes en los que la diversidad en la educación no parece prioritaria.

“Hay que corregir la inequidad institucional”, agregó Wanderson. “No importa si es Betsy DeVos en la posición de Secretaria de Educación, o alguien más. El estándar de responsabilidad por la participación federal sigue siendo el mismo y esperamos que esta administración cumpla con sus obligaciones”, puntualizó.

Fuente: http://el-observador.com/2017/06/14/desigualdades-raciales-y-falta-de-fondos-en-educacion-preocupan-a-padres-de-ninos-latinos-y-afroamericanos/

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OMS: Uno de cada seis ancianos sufre algún tipo de abuso

Noticias

15 junio 2017/Fuente: Telesur

La OMS advirtió que cualquier tipo de abuso a personas mayores puede tener un impacto sobre su salud y bienestar, como dolor, depresión, estrés y ansiedad.

Al menos una de cada seis personas mayores ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato, ya sea psicológico, físico o financiero, una cifra más elevada de lo estimado previamente y que se prevé aumentará a medida que haya más ancianos en el mundo, aseguró este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a un estudio realizado por la OMS y publicado en la revista Lancet Global Health, casi el 16 por ciento de las personas de 60 años o más ha sufrido abusos psicológicos, financieros (6,8 por ciento), de abandono (4,2 por ciento), físicos (2,6 por ciento) o sexuales (0,9 por ciento).

«El abuso a personas mayores está aumentando, esto tiene graves consecuencias individuales y sociales.Tenemos que hacer mucho más para prevenir y responder a la creciente frecuencia de las diferentes formas de abuso», dijo en un comunicado la asesora sénior en materia de salud del Departamento de Envejecimiento y Ciclo de Vida de la OMS, Alana Officer.

Officer lamentó que pese a la frecuencia y las graves consecuencias para la salud, el abuso de personas mayores sigue siendo uno de los tipos de violencia menos investigados en encuestas nacionales y uno de los menos mencionados en planes nacionales de prevención de la violencia.

A su vez, recordó que cualquier tipo de abusos a personas mayores puede tener un impacto sobre su salud y bienestar, como dolor, depresión, estrés y ansiedad.

La OMS sostuvo que si la proporción del abuso y maltrato a ancianos permanece, el número de afectados incrementará rápidamente debido al envejecimiento de la población y alcanzará los 320 millones de víctimas en 2050.

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/OMS-Uno-de-cada-seis-ancianos-sufre-algun-tipo-de-abuso-20170614-0049.html

 

 

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