España vulnera las obligaciones educativas con menores discapacitados

España recibió en 2011 una reprimenda en el Informe Derechos Humanos y Discapacidad, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para Naciones Unidas: estaba enviando a niños a Educación Especial en contra de la decisión de sus padres, práctica que debía ser erradicada. Seis años después, se sigue haciendo. En 2017 habrá nuevo examen. Volverá a suspender.

«En la mayoría de Comunidades Autónomas, la escolarización es establecida por equipos de orientación, los padres pueden opinar, pero los técnicos deciden», explica a bez.es Inés de Aráoz, asesora jurídica de la organización Plena Inclusión. Esto, añade, es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de naciones Unidas, que establece el derecho a una educación inclusiva.

Si los padres no están de acuerdo, pueden interponer un recurso administrativo. Como lo más probable es que no les den la razón, si quieren seguir reclamando, deben plantear una demanda contencioso-administrativa. En caso de que la Justicia sí les dé la razón, habrán pasado, como mínimo, tres años. Un tiempo esencial perdido para el desarrollo de un niño con discapacidad.

En 2015, el comité sobre derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas emitió un comentario apelando al derecho a una educación inclusiva. Y un año antes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitía otro comentario en el mismo sentido.

El Comité de la ONU señala que la Convención «prohíbe la exclusión de las personas con discapacidad del sistema general de educación, incluyendo cualquier disposición legislativa o reglamentaria que limiten su inclusión sobre la base de su deficiencia o su ‘grado’, como por ejemplo, condicionando su inclusión ‘en función del potencial de la persona’, o alegando una carga desproporcionada para evadir así la obligación de realizar los ajustes razonables».

Los tratados internacionales y la Constitución están por encima de las leyes orgánicas, por lo que ante un caso de conflicto, como es este, deben prevalecer los tratados internacionales, explica De Aráoz, puntualizando que la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales lo establece claramente.

Según las últimas cifras oficiales disponibles (2014-2015), el 80,2% de los alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad están integrados en centros ordinarios: queda un 19,8%, 34.349 alumnos, en centros educativos especiales.

Padres descontentos

Entre los casos más llamativos de niños que son escolarizados, en contra de la opinión de sus padres, en educación especial, están los que tienen trastornos del espectro autista (TEA) -una serie muy heterógenea de trastornos, muchas veces indeterminados, que requieren de atención temprana y cambian con el tiempo-.

«Los colegios de educación especial valen para los padres que quieran llevar a sus hijos allí porque creen que es lo mejor, pero que eso no condicione la educación de quienes no quieren esa opción, y mucho menos que sea la excusa para no poner los recursos donde deben estar. El derecho es a una educación inclusiva», dijo a bez.es Marina Prieto, presidenta de la madrileña asociación ProTGD, que lucha por los derechos de niños con TEA (sinónimo de TGD, trastornos generalizados del desarrollo).

Desde la Comunidad de Madrid no respondieron preguntas específicas en este sentido de bez.es, aunque señalaron que han incrementado los centros, los profesores, los especialistas en logopedia y pedagogía terapéutica, los integradores, que han puesto más aulas TEA (brindan educación individualizada a niños de aulas ordinarias) y han llevado el ratio a 5 alumnos por aula TEA como marca la ley (antes se sobrepasaba a menudo). «Y seguiremos incrementando», sostienen.

Sin embargo, no se renuncia a la educación especial, muchas veces en contra de la opinión paterna.

«La educación especial, como la religiosa o la que separa al alumnado por género, es un modelo educativo arcaico y va en contra de lo que se firmó en la Convención. Y es indignante que la Administración educativa, que tiene que proveer de recursos, defienda esta modalidad, y más aún que la catalogue de inclusiva», agregó Prieto, en referencia a declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken.

Tomás Marcos, diputado en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, declaró a bez.es que el aumento numérico de recursos del gobierno regional se realiza a costa de la libre elección de centro. «Han abierto nuevas aulas, pero hacen un reordenamiento sui generis, como ahora hay plazas, te obligan a tomar el centro que ellos te asignan, forzando a niños a cambiar de colegio, incluso separándolos de sus hermanos», explica.

Ruth Vidriales, de Autismo España, dijo a bez.es que «hay que avanzar hacia la inclusión porque es un derecho, pero antes de debatir si se termina con la educación especial, hay que ver cómo se ponen los recursos y se reconfigura el sistema, porque hoy muchos centros ordinarios no están preparados para hacerse cargo de niños con necesidades educativas especiales (NEE), especialmente en el paso a la secundaria».

Y sí cree que la opinión de las familias debería ser determinante al momento de ubicar al niño en un tipo de escolarización. «Los técnicos valoran rápido, en un contexto artificial y sin las condiciones adecuadas para que el niño demuestre sus condiciones ni su potencial».

«Hay que centrarse más en las oportunidades y en las posibilidades y menos en la dificultad», explica. Lo mismo que dice el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, según el cual «la educación de las personas con discapacidad a menudo se centra en un enfoque del déficit, en su deficiencia real o aparente (…) [pero] los estados parte deben apoyar la creación de oportunidades de construir las fortalezas y talentos únicos de cada persona con discapacidad».

En ese sentido, Vidriales traza un paralelismo con la salud: una persona es informada sobre posibles tratamientos para un problema, y decide a cuál de ellos someterse (o a sus hijos). En este caso, según ella, debería seguirse el mismo principio, que en muchas comunidades, no se sigue.

Diferencias entre Comunidades Autónomas

Andalucía: Los padres no tienen opción a decidir. Pueden mostrar disconformidad, en cuyo caso la inspección analiza la cuestión.

Baleares: Suele primar la opinión de los padres.

Canarias: Prevalece el criterio de las autoridades regionales.

Cataluña: Hasta ahora deciden los técnicos, e inspección tiene la última palabra, y la mayoría de las veces en las cuales la familia no estaba de acuerdo era por discrepancia sobre el tipo de escolarización. Sin embargo, en los próximos meses se comenzará a aplicar un decreto de sistema educativo inclusivo está aprobado y se están haciendo los últimos trámites. Algunos de los puntos más relevantes son: los equipos dejaran de dictaminar y solamente orientarán; las decisiones de la familias tendrán más peso; y todos los niños deberán ser escolarizados en inclusiva y solamente si los padres lo desean podrán pedir educación especial. Se prevé que en los centros de educación especial solamente asistan aquellos niños con discapacidades graves.

Castilla – La Mancha: En última instancia, el dictamen de escolarización decide. Habitualmente la opinión de los padres es tenida en cuenta, pero no es definitiva.

Castilla y León: El equipo de orientación realiza una propuesta de escolarización, los padres firman un anexo con la opinión familiar con su conformidad o disconformidad. Todo se envía a las direcciones provinciales de educación y se decide el mejor centro teniendo en cuenta las plazas vacantes. Si no hay acuerdo con los padres, se suele llamar a la familia para hablar con ella más en profundidad y luego se toma la decisión.

Madrid: Se acepta la opinión de los padres en algunos casos en primaria, en secundaria no.

Melilla: El criterio mayoritario es el del propio centro o el de la inspección, no el de los padres. La mayoría de los padres dicen a Plena Inclusión que no se les informa de las opciones que tienen para escolarizar a sus hijos, y en secundaria mucho menos.

Murcia: Eligen los padres, pero una vez el niño se ha incorporado al recurso seleccionado, si los profesionales consideran que no es el adecuado, por mucho que la familia diga lo contrario, acaba en el recurso recomendado por el equipo.

Valencia: Prima el criterio profesional

Tres sistemas

Integración: Centro ordinario con pocos apoyos -algunas horas a la semana de PT y AL- pero no se adapta el colegio al niño, sino al revés. No son extraños los fracasos escolares.

Inclusión: El colegio se adapta a las necesidades del niño, se flexibiliza el currículo para crear la inclusión.

Educación especial: Segrega a niños con discapacidad de aquellos que no la tienen