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FELGTB solicita a relatores de Naciones Unidas que insten al Gobierno de España a garantizar los derechos trans

Por: Tercera Información

A través de cartas enviadas este viernes a la relatora especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas y al experto independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género de Naciones Unidas.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), entidad reconocida con el estatus de entidad consultora del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), se ha dirigido este viernes a personas relatoras y expertas de Naciones Unidas para solicitarles que expresen “su análisis, valoración y recomendaciones” al Gobierno de España en relación a cómo garantizar los derechos de las personas trans, especialmente, el derecho de autodeterminación y la despatologización.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha redactado sendas cartas dirigidas la relatora especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas, Tlaleng Mofokeng y al experto independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, para pedirles su intervención y trasladarles la preocupación del colectivo.

“Nos preocupa ver cómo en el debate público sobre los derechos trans se están trasladando mensajes que señalan a las personas trans y que relacionan sus derechos con una amenaza para el resto de la población”.

Sangil asegura que “nos preocupa, asimismo, el desconocimiento de la realidad trans que se está manifestando en el debate público y que esta falta de contacto con la realidad de estas personas merme la voluntad de garantizar los derechos de la parte más vulnerable del colectivo LGTBI. “Esto no puede traducirse en un estancamiento legislativo en nuestro país, que siga permitiendo e incluso amparando la discriminación y el sufrimiento de las personas trans en todos los ámbitos de su vida”, declara la presidenta.

Así, FELGTB, la mayor entidad LGTBI de España, ha pedido la intervención de la ONU en favor de los derechos humanos trans para que anime al Gobierno de España a que apruebe una legislación que garantice el derecho de autodeterminación, tal y como promueven, por otra parte, organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud y tal y como ya han hecho más de un tercio de los países de la UE.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/06/02/2021/felgtb-solicita-a-relatores-de-naciones-unidas-que-insten-al-gobierno-de-espana-a-garantizar-los-derechos-trans/

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Reunión de organismos de derechos humanos por las niñas argentinas asesinadas en Paraguay

Organismos de derechos humanos se reunieron con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, para exigir medidas de investigación por Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las niñas argentinas de 11 años asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paraguayo en septiembre. Los organismos también manifestaron su preocupación por la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo, prima de las dos menores.

“La desaparición de una niña de 14 años en un país vecino, en una zona militarizada, y la completa falta respuestas por parte de Paraguay es de preocupación para todo el movimiento de derechos humanos”, aseguró en diálogo con Página/12 Camila Barretto Maia, coordinadora del Área Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presente en el encuentro.

Además del CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas participaron de la reunión y coincidieron en señalar que los hechos acontecidos en Paraguay “recuerdan las peores prácticas de los gobiernos autoritarios del pasado en América latina”.

Las autoridades de Cancillería y de la embajada argentina en Paraguay presentes en la mesa de diálogo manifestaron la preocupación del gobierno y aseguraron estar trabajando desde se conoció la noticia del asesinato de las niñas. “La reunión fue positiva y creemos que el gobierno argentino está actuando como corresponde al exigir que se tomen medidas para la verdad y justicia por este crimen”, aseguró Barreto Maia al respecto.

En el encuentro también se exigió que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) revise la autopsia de Lilian Mariana y María Carmen. “Consideramos que ayudaría a destrabar este conflicto. Es una institución cuyo trabajo es reconocido a nivel regional por el rol que tuvo en la identificación de víctimas de las dictaduras del Cono Sur”, planteó Barreto Maia desde el CELS.

Durante la reunión también se destacó la reciente declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien le exigió a las autoridades de Paraguay “buscar de forma inmediata a la niña desaparecida” y al presidente Mario Abdo Benítez que “determine por qué no se realizó un examen forense completo” y se destruyeron pruebas importantes tras la muerte de las dos menores argentinas.

Según los informes de la oficina de Bachelet, el pasado dos de septiembre Carmen Elizabeth Oviedo presenció un operativo de la FTC contra miembros del Ejército Popular Paraguayo (EPP), en la región de Yby Yaú, al norte de Asunción. En ese mismo operativo fueron asesinadas sus primas Lilian y María Carmen. Carmen, en tanto, está desaparecida desde principios de diciembre.

Apenas unas horas después de los hechos, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se dirigió al lugar del crimen y habló de “un operativo exitoso en contra del EPP”. Luego, los medios y las autoridades locales confirmaron que las personas asesinadas eran Lilian y María Carmen, quienes vivían con su abuela en Misiones.

“Este caso tampoco es algo aislado, sino que lo que revela es un proceso de militarización de la zona norte de Paraguay que arrancó en 2013 y ha sido muy efectivo para crear un discurso estigmatizante del movimiento campesino”, manifestó Barreto Maia. Para la coordinadora del CELS, ese accionar incrementó los niveles de violencia en el campo y “generó graves violaciones a los derechos humanos como son las ejecuciones y desapariciones de esas niñas”.

Página/12

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La Biblioteca de la Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos sobre inclusión de personas con discapacidad en el contexto educativo

En la Anáhuac contamos con el Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo desarrollar y coordinar políticas, prácticas y una cultura que garanticen la plena inclusión de las personas con discapacidad en la Comunidad Universitaria.

En ese sentido, y con el objetivo de difundir conocimiento, la Biblioteca de la Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos de universidades, organismos e instituciones sobre inclusión de personas con discapacidad en el contexto educativo.

Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directores

En este artículo se analizan las estrategias que diseñan e implementan directores de bachilleratos públicos en México para promover servicios educativos inclusivos a jóvenes con alguna discapacidad.

 

Utilizando como marco analítico la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, elaborada por la Unesco y adoptada por las autoridades educativas mexicanas para el periodo 2012-2018, se examinan 76 testimonios de directores recabados a través de una encuesta en línea.

 

Los hallazgos muestran que estos recurren a una gama diversa de estrategias para fomentar una educación inclusiva; sin embargo, también es evidente que no disponen de los recursos necesarios para hacerlo cabalmente, pues las dependencias públicas a cargo de la política educativa no han transitado del reconocimiento del derecho a una educación inclusiva a la puesta en marcha de sistemas de financiamiento y acompañamiento que garanticen ese derecho en la práctica.

 

Con la finalidad de conocer de primera mano las actividades que realizan los directores/as de la educación media superior, así como los contextos donde ejercen sus labores y sus necesidades de capacitación, un equipo de investigadoras (en el que participó la autora de este artículo, Ivania de la Cruz Orozco) realizó un estudio exploratorio en 2017 con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 

A partir de datos provenientes de una encuesta a directores/as de educación media superior de escuelas públicas en México, se analizan dos aspectos de la inclusión educativa en sus establecimientos escolares: los estudiantes que, según los directores/as escolares, no se benefician de la educación inclusiva (en este caso, los estudiantes con alguna discapacidad) y las estrategias usadas por las figuras directivas para brindar a estos estudiantes el acceso a una educación inclusiva.

 

El primer tema hace referencia a cómo los directores/as definen y describen los eventos y situaciones que ameritan intervenciones para promover una educación inclusiva. El segundo refiere cómo el personal directivo de educación media superior implementa u opera estrategias de inclusión.

 

Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directores

Si bien en México se han hecho ajustes legales que reconocen el derecho a una educación inclusiva, independientemente de consideraciones físicas y sociales de los individuos, el discurso aún no se materializa en las escuelas. El análisis de testimonios de directores/as que trabajan con personas con discapacidad revela que el personal escolar reconoce su obligación de brindarles servicios educativos y desarrolla estrategias para garantizarles el derecho a la educación. Sin embargo, los directores/as aclaran también que no cuentan con las habilidades, conocimientos ni recursos para atender las necesidades y asegurar oportunidades educativas para todos.

*De La Cruz Orozco, I. (2020). Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directoresSinéctica, 54, 1–15. https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2020)0054-008

Más información:
Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad
Lic. Gloria Castañeda Fuertes
gloria.castaneda@anahuac.mx
Tel.: (55) 5627 0210 ext. 8329

Dirección de Biblioteca
Coordinación de Vinculación
Lic. Nancy Beatriz Medellín
nancy.medellin@anahuac.mx

Fuente: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Educacion-inclusiva-en-nivel-medio-superior-analisis-desde-directores

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Save the Children, sobre los menores refugiados en Bosnia: «Duermen a la intemperie y se cobijan en edificios vacíos»

La organización Save the Children ha alertado este jueves de la situación en la que se encuentran decenas de niños y adolescentes refugiados en Bosnia y Herzegovina, donde «duermen a la intemperie» y buscan «cobijo en edificios vacíos y residencias privadas» donde no cuentan con «supervisión adulta» alguna.

En un comunicado, la ONG ha indicado que unos 50 menores se encuentran actualmente viviendo en la calle «sin ningún tipo de apoyo ni protección», lo que pone en peligro su salud y su bienestar en pleno invierno.

Se estima que hay unas 2.500 personas migrantes y refugiadas distribuidas en todo el país, quienes carecen de un «alojamiento adecuado», tal y como ha denunciado Save the Children, que ha manifestado que hay unos 500 niños refugiados no acompañados en varios albergues del país, además de otros 450 que sí viajan con sus familias.

Tras el cierre de dos grandes campamentos en 2020, el número de lugares de alojamiento para migrantes y refugiados a disminuido «drásticamente» en el país. En el documento, la ONG ha lamentado que a medida que las temperaturas han caído y los casos de coronavirus siguen aumentando, «se ha podido observar a niños pasando el día y la noche al aire libre, con acceso limitado a alimentos, agua, saneamiento y sin acceso a servicios de protección, salud, asilo o educación».

Así, ha instado a que se garantice que cuentan «urgentemente» con un lugar seguro y adecuado en el que alojarse, así como acceso al sistema de protección para menores. «He estado durmiendo de okupa durante dos meses, comiendo alimentos que obtuve de organizaciones o personas de la calle. Hace demasiado frío para permanecer en edificios como este. Hacemos fuego, pero luego no se puede respirar por el humo», ha explicado un adolescente de 17 años a Save the Children en la ciudad de Bihac.

En este sentido, la ONG ha advertido que muchos niños y adolescentes se muestran reacios a salir de la región bosnia de Una-Sana para refugiarse en otras áreas debido a que quieren permanecer cerca de la frontera con la UE y no dejar a los grupos con los que viajan.

Por ello, ha pedido el registro y protección de los niños y adolescentes refugiados que viven en la calle, especialmente dado a que Bosnia y Herzegovina «se encuentra en la ruta hacia las zonas fronterizas de Europa occidental», lo que ha convertido a la región en un «punto de acceso» para los migrantes.

La directora general de Save the Children en Bosnia y Herzegovina, Andrea Zeravcic, ha condenado y lamentado la situación: «Los niños no deberían pasar el invierno sin un techo, no deberían arriesgar sus vidas y su salud bebiendo agua de los ríos, congelados a bajas temperaturas o haciendo fogatas con basura para mantenerse calientes».

Asimismo, ha afirmado que es fundamental que «se garantice el acceso a la protección, la salud y otros servicios clave». «Es su derecho humano, pero, además, en el contexto de la epidemia de COVID-19, también se trata de un problema de salud pública», ha zanjado.

Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-save-the-children-menores-refugiados-bosnia-duermen-intemperie-cobijan-edificios-vacios-20210128180701.html

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En Zimbabue hay libertad de expresión, pero no libertad después de usarla

Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.

Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.

Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.

Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.

Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.

Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.

Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.

Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.

Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.

Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.

Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.

Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.

Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.

Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.

“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.

La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.

Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.

«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.

A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.

«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.

«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.

«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.

La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.

En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.

Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.

La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.

«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).

La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa,  en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.

«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.

A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit,  naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.

Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.

«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.

Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».

Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.

«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.

«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.

Fuente: https://rebelion.org/en-zimbabue-hay-libertad-de-expresion-pero-no-libertad-despues-de-usarla/

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Vacunas y docentes

 David Calderón

Para priorizar la distribución de recursos escasos, hay siempre el riesgo de ofuscarse por preferencias personales y por experiencias previas. Saliendo del grosero ‘para mí y los míos, y que el mundo se hunda’, o del prejuicioso ‘hay que darle a los que se porten bien’ (lo que eso signifique, que en general coincide con ‘hay que darle a los que prefiero porque se parecen a mí, porque me apoyan, me van a traer apoyo, dinero o satisfacciones’), siempre hay que estar alertas con respecto de esos criterios de cómo se forma la fila. Para las vacunas que nos inmunicen ante el Covid-19, el asunto merece examen y decisión sólida, justa.

Una sociedad que asuma plenamente los derechos humanos debe partir de la igual titularidad para las vacunas, en la equidad basada en la diversidad de condición. Vamos por partes: todas y todas debemos ser en principio candidatos a un beneficio, y en esa universalidad debe prevenirse y desterrarse toda tentación de discriminar en forma evidente o sutil. Todos nos la merecemos. No debe excluirse de la fila por arbitrariedad de pertenencia ni por el poder adquisitivo, por la condición de salud, género, discapacidad, estatus migratorio. Ello implica también denunciar como brutal e inhumano adelantar a mis recomendados, pues cambiar la secuencia aumenta el riesgo en forma injustificada.

Ya entonces partiendo de que todas y todos somos candidatos, entonces sí se establece válidamente un ordenamiento sucesivo, una calendarización logística, tomando en serio la diversidad, con dos criterios: mayor necesidad y mayor operatividad para el bienestar general.

El primero se refiere a que a la cabeza de la fila va quien más lo necesita por sí, por estar como está en el momento presente. Si a la señora A y la señora B les puede tocar en el mismo momento el contagio, pero los efectos previsibles para B pueden ser más devastadores o irremediables, entonces le toca primero a la señora B. Y por ello sin duda, en el calendario de administración de la vacuna para Covid-19, van primero los adultos mayores, las poblaciones callejeras y en confinamiento forzado, las personas con determinadas condiciones de salud que agravarían si no son inmunizados a la brevedad.

El segundo se refiere a que igualmente a la cabeza de la fila va el personal de salud de primera respuesta –justo quienes atienden ya a los pacientes con graves cuadros de Covid-19, médicas, enfermeras, laboratoristas, las y los paramédicos, los inmunizadores– e inmediatamente después todos los demás agentes de salud, pues la sobrecarga del sistema hospitalario y de cuidados ya los pone en condiciones de tratar personas que además del evidente malestar por el cual acuden a la atención pueden ser portadores, y para ello necesitan estar protegidos con la inmunización.

Toda esta larga introducción sirve para llegar al punto clave: las y los docentes deben ser colocados en “mayor operatividad para el bienestar general” y por lo tanto deben en todo México ya estar programados para recibir la vacuna en las próximas semanas.

En muchas naciones del mundo, de Israel a Estonia, de Uruguay al Reino Unido, se ha definido que maestras y maestros deban ser vacunados ya. El 12 de enero, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, definieron que todos los miembros del personal escolar –incluyendo intendentes, choferes de autobús escolar, personal de cocina y por supuesto todos los proveedores públicos y privados de atención a la primera infancia– son frontline essential workers, en la categoría 1b, y les toca la administración de vacuna para Covid sólo detrás de los adultos mayores en instalaciones de cuidado de larga estancia y de los trabajadores del sector salud.

En nuestro país, el secretario del SNTE, un día antes, “…reconoció la disposición y sensibilidad del gobierno federal de considerar a los docentes como grupo prioritario en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y considerar esta enfermedad como riesgo de trabajo, una vez que se regrese a las clases presenciales”. Como parte de su invitación-presión para que se abran las aulas, el presidente de la República ha dicho que propone al gobierno de Campeche federal vacunar a 20 mil maestros de esa entidad, y trabajadores en las escuelas para que, ya con su segunda dosis, en la tercera semana de febrero comiencen clases.

Lo que falta en la felicitación anticipada y en la propuesta apresurada es certeza. No hay protocolo, no hay pieza normativa que le dé firmeza. No hay que hacer de la vacuna la pieza de cambio para ir al aula, justamente porque se puede revertir en “mejor no voy a vacunarme, entonces”. La vacuna debe ser para todas y todos los docentes, de todos los niveles, de escuela pública y privada. Si hay un factor de salud que llevará a prever una sustitución al maestro para alguna de las formas escalonadas de presencia, eso debe ponerse después. Debe ser auténtico cuidado y aprecio por el aporte a niñas y niños. No chantaje ni vaguedades: que se ponga en protocolo público y nacional la prioridad de vacuna a maestras y maestros; es de elemental congruencia.

Fuente: https://profelandia.com/vacunas-y-docentes/

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Denuncian amenazas contra comunidad indígena en Colombia

América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.

La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.

«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.

Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.

La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html

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