Page 1 of 6
1 2 3 6

Participar de verdad

Por:

La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social…

La educación es un derecho irrenunciable: toda persona tiene el derecho intrínseco de desarrollar el conjunto de sus capacidades, y por ende es acreedora al apoyo sistemático; es destinataria de las obligaciones del Estado para ejercer a cabalidad ese “derecho a desarrollarse sin obstáculos, sin discriminación ni exclusión”. Si a ello le agregamos que niñas y niños son titulares con eminencia, con urgencia y con prioridad, el derecho a la educación debería ser uno de los más estudiados y defendidos, en la práctica y en los tribunales.

Niñas y niños requieren de educación más que los demás, pues –aunque es un derecho universal– se encuentran en especial vulnerabilidad si no son acompañados, y si no tienen a disposición los medios adecuados y suficientes para su crecimiento físico, emocional e intelectual, para que no se frustre su potencial para el discernimiento ético, la creatividad, la socialidad. El “interés superior de la niñez”, consagrado en la Constitución y pieza inexcusable de las responsabilidades de México como Estado parte de las convenciones internacionales, cuenta en la educación como nunca. La educación es la diferencia entre una vida digna y plena, o la sujeción emocional o política, la fragilidad, la imposibilidad de perseguir el propio proyecto de vida y caer en ser usados como medios para la voluntad de alguien más. En la educación no sólo nos jugamos el bienestar futuro, sino la autodeterminación presente de la joven generación.

Desde Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, interpusimos una demanda de amparo contra la Ley General de Educación (LGE) señalando elementos de inconstitucionalidad en la reforma –apresurada y por aplanadora legislativa– que se hizo de esta ley general; lo que correspondía era hacer concretos elementos presentes en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, pero siendo una ley derivada, contradice su fuente. Tras más de dos años, el juicio recorrió todas las instancias, y fue llevado a la consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los puntos relevantes que litigamos tienen que ver con el hecho de que los artículos de la LGE vigente no atienden a los criterios de consulta a pueblos y comunidades indígenas, a personas con discapacidad y a los propios niñas y niños, además de cuestionar que no se hicieran puntuales los deberes de transparencia y que quede confuso que la responsabilidad de la infraestructura es de los funcionarios, no de las familias.

En la sesión de ayer, con una votación dividida 4 a 1, la sentencia no nos dio la razón. El asunto no fue ‘sobreseído’, es decir, se reconoció que legítimamente desde la sociedad civil podamos cuestionar la constitucionalidad de las leyes generales. La sentencia sentará de todos modos antecedentes valiosos de interpretación, por ejemplo, aclarando que la infraestructura es deber de las autoridades, y que la participación debe estar en la orientación de las inversiones, y no cargar con la definición técnica por parte de los comités de cada escuela. También se reconoce que no hubo propiamente consulta con los parámetros debidos… esa omisión es grave, y empobrece la ley, haciéndola excluyente en sus efectos pero también en su punto de partida mismo.

Muchas lecciones: que recurrir al Poder Judicial, aunque golpeado y por momentos amenazado desde la soberbia del Ejecutivo, es un contrapeso democrático que todas y todos debemos sostener. Que el Legislativo que se pliega al mandatario en turno desmerece su papel de representación popular, y acaba restringiendo derechos de aquellos a quienes juró defender. Que la verdadera participación debe ser permanente y desde la definición; es triste ver que después de más de 14 meses, autoridades educativas, de repente inspiradas por la visibilidad en época electoral y no por auténtico compromiso, ahora apresuran la apertura de planteles que antes –con negación cerril– dejaron caer; no probaron formas intermedias de presencia, y ahora quieren imponer un esquema “mitad y mitad, y viernes para los que van más rezagados” que es detestable en lo pedagógico y riesgoso en lo epidemiológico. No creen en la participación que no sea “les pedimos ayuda para financiar”; veloces para querer compensar lo que no cuidaron y lentos para dialogar y entender las críticas, para atender las propuestas estudiadas, para no poner las cosas en tono electoral y con operadores territoriales. La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social. La participación de maestras y maestros está, con mucho, limitada a esperar con agobio que se reestablezcan las páginas web en las que deben capturar sus datos de calificaciones, o de aspiraciones a promoción. Ya es hora de exigir, con más fuerza, participar de verdad.

Fuente: https://profelandia.com/participar-de-verdad/

Comparte este contenido:

PISA, como equipo

Por: David Calderón

La participación de México en PISA se libró de morir por inanición y por incuria, gracias a la vigilancia de la sociedad civil y a la insistencia de los medios de comunicación…

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) tendrá su siguiente edición en 2022; participarán 87 países –37 miembros de la OCDE y otros 50 más– para tener un referente en los aprendizajes que pueden desplegar y aplicar los alumnos de 15 años cumplidos, en pensamiento científico, comprensión lectora y habilidades matemáticas.

Un año antes del gran operativo nacional es importante ejecutar la ‘prueba de campo’: un proceso de piloteo que permite identificar y resolver aspectos que garanticen las condiciones de confiabilidad. Se revisan costos y tiempos en la logística; que lleguen en tiempo y forma las computadoras que se usan (la evaluación se resuelve en pantalla); que los tiempos de respuesta de los cuestionarios estén bien calculados… incluso sirve para revisar que la redacción de los ejercicios sea adecuada para las y los jóvenes diversos que en 2022 serán los evaluados.

Se encendió la alarma en días pasados cuando se hizo público el retraso y la falta de comunicación de las autoridades educativas mexicanas sobre el avance en el pilotaje. En los titulares quedó plasmado “se suspende”, “se cancela”. Con más sensatez, la misma OCDE afirmó que no había ninguna comunicación que indicara la supuesta salida, pero invitaba a reconocer el valor de la prueba para México.

En paralelo, un colectivo de organizaciones de sociedad civil, encabezado por los representantes en el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitió un posicionamiento ponderando el valor de PISA como uno de los elementos que permite confirmar avances en el mandato del artículo tercero constitucional, al respecto de propiciar el máximo logro de aprendizaje, y emplazó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a confirmar “…que México estará listo a participar en el operativo de PISA en 2022 y que hay un compromiso de plena transparencia para el fondeo, ejecución y difusión social de los resultados”.

Cuestionado en su conferencia matutina, el 3 de mayo el presidente afirmó que no tenía porqué no continuar… “si me van a preguntar: ‘¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza?’, digo: Sí”. El vocero de la administración, Jesús Ramírez, afirmó en un tuit: “La Prueba PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia…”. En el curso del día, la SEP y la MEJOREDU reiteraron la afirmación de que PISA va.

La participación de México en PISA se libró de morir por inanición y por incuria, gracias a la vigilancia de la sociedad civil y a la insistencia de los medios de comunicación. En todo este episodio se evidenció la falta de coordinación entre SEP y Mejoredu, así como la malquerencia ideológica y la falta de compromiso de esta última para hacer un trabajo sistemático con las evaluaciones internacionales, lo que ya cobró la retirada injustificada, unilateral y opaca de nuestro país de ERCE, la evaluación latinoamericana coordinada por UNESCO.

Pero, ¿hay dinero para esto? ¿Es costoso? Las respuestas son: no es muy costoso; y sí hay dinero. Al Presupuesto de Egresos de la Federación le recortaron en muchos rubros, pero en la bolsa E003, etiquetada “Evaluaciones de la calidad de la educación” hay 110 millones de pesos, casi tres veces lo que cuesta PISA, y eso sin tocar los 313 millones asignados a Mejoredu.

Quedó claro también que la acción de la sociedad civil es crucial para que los instrumentos de diagnóstico puedan servir para ajustar las intervenciones pedagógicas, que los resultados se vinculen al contexto y se ponga foco en lo que permite superar la inequidad y la exclusión. Que identifiquemos dónde estamos no es “más presión” –como refiere, en el colmo del adultocentrismo y la justificación, la Mejoredu– sino que, tras la pandemia, marca la responsabilidad para atender con urgencia las lagunas y desajustes que implicó el recurrir a la limitada educación a distancia. Bien señaló la secretaria Gómez que PISA favorece la reflexión y ajuste que pueden hacer las y los maestros como educadores para apoyar mejor a sus estudiantes.

La transparencia y rendición de cuentas, la posibilidad de reorganizar el currículum, la gestión y los métodos no se sacan del aire; se apoyan en la evidencia. PISA no debe ser ni la única ni la principal pieza para saber qué nos pasó en el oscuro túnel de 14 meses y contando de escuelas cerradas. Pero prescindir de su diagnóstico sería irresponsable. Más: son profundamente conservadoras la opacidad y falta de datos, pues favorecen que permanezcan la injusticia y la desigualdad.

Más por la deriva de los hechos que por plena voluntad de los involucrados, PISA 2022 se hará; ahora vale la pena que todos le sumemos, desde el presidente hasta Mejoredu, la prensa y la sociedad civil, la SEP y los docentes. Acá vamos a estar todos; mejor esforzarse en que PISA resulte trabajo de equipo.

Fuente: https://profelandia.com/pisa-como-equipo/

Comparte este contenido:

Híbrido, no doble

Por: David Calderón

Aprender es un derecho. Pasaba en la escuela –para algunos bien, para muchos en formas imperfectas, precarias y repetitivas– y con el tiempo dejamos de preocuparnos que pasara en otros ambientes: en clases extra, en actividades comunitarias, que la tele y la web ofrecieran algo más que entretenimiento, que la propia familia y comunidad local se asumieran deliberadamente como espacios de aprendizaje, que en la calle se aprendiera convivencia y responsabilidad cívica y no majadería, desconfianza e inseguridad.

En México le acabamos cargando a la escuela toda la garantía del derecho; además, arrastrando con la carga de captura, la neoalianza entre la cúpula sindical oportunista –o de dos, la disciplinada de traje y la indisciplinada de marcha– y la camarilla en el poder. Ya teníamos poco, pobre y, para fastidiarla, se le bajó el switch de sopetón. Cuando las escuelas cerraron sus puertas, medida sensata y obligada, nos metimos en un brete mayúsculo, en una crisis de derechos humanos sin precedentes. Sin ese espacio y tiempo compartido, sin el arreglo de “escuela con tu maestra, tus pares y todos los días”, la vida de niñas y niños mexicanos se ha empobrecido dramáticamente en estos ya 14 meses del apagón.

Por supuesto, se han producido aprendizajes no escolares muy valiosos –acuerdos de convivencia, hábitos de autocuidado, las historias de la abuela, aprender a cocinar, bailar, juegos de mesa y de ingenio, travesuras inéditas; se lidió también con temple y buen ánimo para sobrellevar las disparejas sesiones de Aprende en Casa; incluso, en toda clase de iniciativas creativas y a contrapelo de la rigidez de las autoridades, hubo aprendizajes disruptivos en las visitas de los maestros a los hogares, en actividades en plazas y parajes al aire libre, en actividades semiclandestinas en el plantel mismo, que no estaba oficialmente abierto, pero al cual las y los estudiantes llegaron.

Vamos ahora perfilándonos a las aperturas graduales, y se tiene que clarificar qué es un modelo híbrido. ‘Híbrido’ se refiere en concreto a que no es posible ni deseable en este momento –y así será por meses, si no es que por enteros ciclos escolares por venir– ‘regresar a como estábamos’. Híbrido quiere decir que se combinan sabiamente actividades en presencia y actividades a distancia. Se armonizan y se corresponden dos medios, dos series de instrumentos, dos ambientes, pero en una única estrategia: no es hacer dos cosas, sino una sola –propiciar el aprendizaje– para un mismo grupo, buscando resultados equivalentes y significativos.

No se pueden tener jornadas escolares con todos los alumnos inscritos del plantel, ni con todos los asignados a cada aula, acudiendo todo el día y todos los días. Hay que escalonar, hay que pautar el uso de los espacios, hay que establecer horarios y calendarios diferenciados. Ni todos juntos a la vez, ni en el mismo lugar. Si se hacen verdaderos protocolos de regreso a actividades presenciales, entonces se verá que para un jardín de niños el esquema mejor puede ser AA-P-BB: establecer dos secciones del grupo original de cada grado, recibir lunes y martes a la primera sección, dejar el miércoles para limpieza y que se disipe la carga viral, y recibir después jueves y viernes a la segunda sección. En secundaria, la pauta por el riesgo puede ser de mayor dispersión, sólo seis alumnos por grado, de manera que cada estudiante va sólo una vez por semana al plantel. En media superior, podría ser incluso algunas asignaturas con casi todo a distancia, mientras otras en talleres concentrados de una semana entera… hay que ser inteligentes y creativos para estar seguros.

Con repetir el estribillo ‘verde, vacunas, voluntario’, sólo se está posponiendo una pregunta: ¿Cómo le va a hacer cada profesor, con seis alumnos en presencia y veinte a distancia? ¿Clase con transmisión live por Facebook para los que están en casa? Puede ser, algunos temas se prestan. Otros aprendizajes requieren que la teoría se trabaje con aprendizaje autónomo en casa, y que la práctica y ejercitación, el debate con compañeros o las exposiciones de trabajos o proyectos, sean la parte presencial. Pero eso requiere una planeación distinta a la que están habituados los maestros. Requiere de un currículum esencial y abreviado, que la SEP ya tiene trabajado, pero que duerme hasta que vuelvan de gira los funcionarios.

Modelo híbrido no debe significar trabajar doble, tener dos horarios –jornada en plantel y noche/madrugada respondiendo WhatsApp y revisando correos. Es algo mejor y más sólido, que no le pasa la carga de la nivelación a los maestros, ni deja a los alumnos abandonados otra vez a merced de Aprende en Casa. Tenemos pedagogos, MEJOREDU, la experiencia de UNICEF y UNESCO, lo que trabajamos en sociedad civil, lo que ya han probado algunos estados. Híbrido, no doble, es el trabajo que ya hay que hacer.

Fuente: profelandia

Comparte este contenido:

Campeche primero

Por: David Calderón

Ya comenzó. El primer sistema estatal en reiniciar “clases” en México, con más de 200 jornadas sin presencia, después de un año y un mes de cierre, es Campeche. El arranque es cuidado y modesto: 132 escuelas en las zonas rurales, en municipios que llevan meses sin contagios, una población potencial a atender de un poco más de cinco mil estudiantes, quienes comparados con los 160 mil de todo el estado, o con los más de 25 millones potenciales de todo el país, son apenas una minúscula muestra. De hecho, no fueron los cinco mil; en cada plantel sólo acudieron cuatro, seis estudiantes por grado, dada la condición escalonada y voluntaria del regreso.

Así debe ser un programa piloto: controlado, en dimensiones que no desborden la capacidad de corrección, y con la atención que permita ajustar y confirmar lo que se hizo y se hace bien, a la vez que superar y limitar aquello que todavía no.

Pero se rompió la inercia. Se zanjó el miedo. Se comenzó, muy a destiempo y muy acotado, algo que debió prepararse y ejecutarse mucho antes y para muchos más.

Lo importante es que el ejemplo arrastra. La experiencia siempre golea al argumento en contra; como explican los filósofos de la ciencia, los hechos irremediablemente vencen a las teorías. Es eso precisamente lo que está detrás de la voluntariedad del regreso: cada familia debe reservarse el mejor juicio de si la escuela cumple con las condiciones para sentirse seguros para enviar a hijas e hijos a estas jornadas acotadas, y si los temas de trayecto y la propia condición de salud de los miembros de la familia son las esperables para sumarse a las actividades presenciales.

Campeche fue el primer estado con apertura, y con eso se coloca a la cabeza. No está, en sentido estricto, solitario este estado del sur como sistema que tenga algo más que ofrecer, en lugar de atenerse a las restricciones de Aprende en Casa, y a las instrucciones de la SEP federal.

Tenemos ya a Jalisco desde el año pasado con sus asesorías y sus grupos de seguimiento académico; a Coahuila con las acciones de Cerrando Fuerte y a Sonora, Sinaloa, Yucatán, Chiapas con actividades semi-oficiales, a San Luis Potosí capital e, inspiradora al máximo, a la Primaria Indígena Gustavo Díaz Ordaz que, contradiciendo el ominoso nombre, está plenamente en funciones en Oaxaca. Y eso sin contar con los montones de historias de maestras y maestros que no se amilanaron; todos aquello que –sin apoyo oficial y a veces arriesgando mala reacción de sus superiores por el desafío– mantuvieron algún tipo de presencialidad en parques, kioscos y remansos de río, en visitas domiciliarias y en actividades en la escuela casi clandestinas.

Campeche es uno de los alumnos aplicados en el conjunto de las 32 entidades; el anterior secretario, Ricardo Medina, y el actual, Ricardo Koh, han impulsado alternativas creativas, ordenado procesos, transparentado datos. Con razón, cuando vino sólo el empujón federal de “abran ya, como sea”, las autoridades campechanas se resistieron, conscientes de que era imprescindible revisar la infraestructura, diseñar el escalonamiento, comenzar en forma focalizada y priorizada. Fue muy sabio, porque se negaron a ser experimento sin apoyo ni garantías, mientras que a Chiapas seguían sin tocarle ni con el pétalo de una exigencia, por la malcriada sección sindical de la Coordinadora, que se siente intocable y se saben de fácil apoyo ideológico de parte del presidente.

El asunto es que las imágenes hablan bien: filtro a la entrada con toma de temperatura, cubrebocas adecuados, mascarillas de acrílico, distancia en la fila de ingreso, distancia en los salones, pocos alumnos. El asunto es ahora monitorear con detalle, que los protocolos se socialicen, que se reconozca la importancia de la plena colaboración entre sectores –salud, bienestar, educación–, entre niveles –municipal, estatal, federal–, y sobre todo el involucramiento de las familias. La enorme mayoría de estudiantes no va a volver antes de agosto a los planteles. Campeche, que ha sido primero, merece ser monitoreado y apoyado para que todos aprendamos cómo sí se puede tener #PresenciaYa.

Fuente: https://profelandia.com/campeche-primero/

Comparte este contenido:

¿Y después de las vacunas? Parte II

 David Calderón

La semana pasada comenté que no bastaba con aplicar las vacunas contra el Covid-19 a las y los docentes, lo que en sí es meritorio e imprescindible, para considerar entonces que todo está listo para una reapertura. Más rápido que el proverbial hablador que cae, ahora se ensombrece el panorama con la saturación hospitalaria en algunas zonas del país y la vuelta de Campeche a semáforo amarillo.

La propuesta para un modelo híbrido que combine actividades en presencia y en distancia cobra mayor actualidad que nunca. Lo primero es esperar que el ritmo de contagio ceda pronto y sobre todo que no se pause la administración de vacunas al personal escolar del estado designado como “pionero”.

En el artículo precedente afirmé que un modelo híbrido tiene pasos clave y mencioné cuatro: 1. Diagnóstico de salud, vacunación y previsión de sustituciones para docentes; 2. Articulación entre los centros escolares y los centros de salud, y difusión extensa del manual para montar el operativo de filtro escolar; 3. Redirigir fondos de La Escuela es Nuestra y otras partidas para que sea el Estado, y no las familias, quien costee la compra y distribución de materiales de protección y sanitización para la comunidad escolar, y 4. Diagnóstico y atención a la infraestructura del plantel para asegurar suministro de agua, ventilación y distribución de lugares con sana distancia para las actividades presenciales.

El punto 5: Verificar las rutas, horarios y “fricción” de contagio en ida y vuelta del plantel a hogares. Además de los cuidados en casa y en la escuela, cada comunidad escolar, con la asistencia y apoyo de las autoridades, debe analizar cómo evitar que el “caminito a la escuela” sea un pesado factor de riesgo. Quienes toman transporte público son estudiantes, muchas veces acompañados por un adulto, que podrían estar más expuestos, así que escalonar las llegadas, ver alternativas de camino, evitar aglomeraciones en las banquetas aledañas, propiciar “burbujas” (que un equipo de estudiantes más o menos vecinos sean quienes llegan y están en uno de los turnos designados) es una gran recomendación. 6. Hacer un ejercicio de definición colectiva entre el Consejo Técnico Escolar y la Asamblea de las familias para que se aterricen soluciones adecuadas; la apertura será un proceso sólido y sustentable si es participativo y no impuesto desde arriba y desde afuera. 7. Instalar Comisiones –con docentes y familias– de Sanidad (encargada del filtro y la verificación de salud y saneamiento), de Conectividad (para evaluar qué hay y qué se necesita para las actividades no presenciales y vía digital) y de Desarrollo Socioemocional, que puedan atender ese aspecto, realmente clave para que el reinicio sea un alivio, y prevenir y atender las situaciones para que no escalen fenómenos como el temor, desánimo, estrés tóxico o las dificultades de conducta que implica el reajuste a retomar algunos tiempos presenciales después de un largo encierro.

Los últimos tres puntos de recomendación: 8. Realizar un confiable y cuidadoso diagnóstico socioemocional, para que cada titular de grupo sepa cómo conducirse y volver a crear la confianza y naturalidad de la convivencia serena y empática, y también aplicar un diagnóstico del logro de aprendizaje –ya tiene la SEP un trabajo muy sólido a partir de la “evaluación diagnóstica” que se diseñó para que en quinto año PLANEA no fuese para la estadística estatal y nacional, sino para que las y los docentes pudiesen ajustar su intervención pedagógica– para concentrarse no en el temario, que ha quedado hace mucho rebasado como referente en esta emergencia, sino en los aprendizajes clave y las competencias básicas. Se trata de identificar lo que, como riqueza, niñas y niños aprendieron en su casa, lo que mantuvieron como continuidad de aprendizajes gracias al contacto con el libro de texto, la programación televisiva y los ejercicios encargados a distancia, así como las lagunas y barreras con las que se topan en ese momento presente de fin o inicio de ciclo escolar. Sólo con este diagnóstico personalizado se puede aspirar a revertir en el mediano plazo la exclusión y la inequidad que se produjo y se produce por el diferencial en cada hogar para aprovechar oportunidades de aprender. Sólo con un diagnóstico personalizado, individual, se puede hacer un plan, grupo por grupo de escuela por escuela, que no sea simulado o superficial y que de verdad permita la recuperación, el reforzamiento y la nivelación en el desarrollo de cada estudiante.

9. Diseñar el esquema de presencialidad cada trimestre. En efecto, es una mala fantasía y condena a posponerse indefinidamente, “reiniciar clases”. Hay que volver, pero no a lo mismo. El primer trimestre puede ser una pauta de uno o dos días por semana de actividades presenciales, y posteriormente aumentar la frecuencia. Pero eso no se puede ni adivinar ni improvisar. Se requiere diseñar una auténtica “calculadora de riesgo” que permita a cada plantel fijar el modelo más adecuado de escalonar la presencia en la escuela y de combinarla con las actividades a distancia. No nos confundamos: no es el tema sólo el regreso a clases, sino qué clase de regreso. Los países se hunden en el recontagio, alternando ciclos de apertura y cierre accidentados, si no consideraron esa gradualidad. En México vamos atrasados; salvo experiencias localizadas de Jalisco, Coahuila, Chiapas, no hay casi nada documentado sobre “presencialidad intermedia”, las formas de ir avanzando de tutorías presenciales individuales y voluntarias a algo más consistente pero una apertura indiscriminada a toda la población escolar. El punto 10: Articulación del sistema escolar con los servicios sociales para búsqueda y canalización. Para remontar la ausencia que comienza a cristalizarse en abandono, todos tenemos que tatuarnos la consigna “que no nos falte ninguna/o”. Pero la escuela y sus docentes no pueden llevar toda la carga de reconectar y reactivar a los estudiantes que ya no se inscribieron o de los que no se sabe desde agosto, cuando inició este ciclo, o en el corte de evaluación trimestral en noviembre, o después de pasar la pausa de fin de año. . Se requiere del DIF, Salud, Bienestar y las procuradurías para buscar a los que apenas se nos fueron.

Diez puntos, pero una larga conversación, necesaria, para que volver a la escuela no sea sólo nostalgia fallida.

Fuente:  https://profelandia.com/y-despues-de-las-vacunas-parte-ii/

Comparte este contenido:

¿Y después de las vacunas? (Parte I)

 David Calderón

La llegada de las vacunas –aún a cuentagotas en nuestro país, dados los números totales de su población– es una buena noticia. Debemos celebrar el esfuerzo de científicos y administradores para hacer factible uno de los elementos cruciales de avance para contener la pandemia.

No hay que pensar que con la vacuna se adquiere un “seguro de inmunidad” que relaje las medidas de responsabilidad personales: usar el cubrebocas sigue siendo estrictamente necesario, lo mismo que mantener la distancia y sanitizar rigurosamente el entorno, aun habiendo recibido la inyección.

Ya con el gran salto adelante que significan las vacunas y que se comiencen a aplicar a las y los docentes, así como a todo el personal de apoyo, corre ahora el tiempo para prepararse adecuadamente a un modelo híbrido.

¿En qué consiste un modelo híbrido? Es un método educativo que combina formatos a distancia con presenciales, para mejorar las oportunidades y experiencias de aprendizaje. Puede adoptar muchas variantes; típicamente, consistía en clases presenciales con un poco de actividades a distancia, o preparación individual previa a las sesiones en el aula. La propuesta sensata y adecuada para nuestra realidad actual es invertir el esquema: una mayor proporción de actividades a distancia, con encuentros presenciales puntuales entre docentes y alumnos: programar unas sesiones personalizadas, otras en pequeños grupos y algunas, muy pocas, plenarias.

No sobra indicar “cómo no”: lo que no se debe hacer. No abrir las aulas por mero decreto, por imposición autoritaria, sin consultar a la comunidad escolar. No se pueden abrir de golpe todas y cada una de las escuelas de un estado, ni siquiera de un mismo municipio, sólo con el dato del semáforo. No deben acudir la totalidad de las y los estudiantes de un plantel, y la simplonada de “mitad y mitad” no aplica para todos los casos, ni siquiera para la mayoría. El escalonamiento adecuado a cada plantel –quién asiste a qué jornada escolar– no se puede establecer desde un escritorio en la capital del país, ni siquiera desde la capital de cada estado, sin considerar detenidamente de qué realidad en sus hogares están partiendo cada niña y niño, y quién los acompaña en el trayecto a la escuela, y los factores de riesgo epidemiológico en el transporte y el entorno inmediato que es el espacio aledaño a la escuela.

Entonces, ¿cómo sí? ¿Cómo sí se puede hacer el necesario plan de contingencia para el retorno? Aquí va una propuesta de diez puntos, para ir discutiendo abiertamente, socialmente, sin que se quede en los pasillos de las secretarías de Educación, sin transparencia ni participación. Van los primeros cuatro, y en un artículo subsiguiente referiré otros seis.

Uno: hacer un diagnóstico actualizado de la salud y las condiciones de comorbilidad de docentes (edad, padecimientos respiratorios, hipertensión, diabetes, etc.); asegurar la vacunación universal del personal de las escuelas, y tener resuelta la previsión de sustitución de los agentes educativos, es decir, saber que si una profesora no va a estar frente a grupo, por su condición de salud, su titularidad no se diluya sino que sea articulada a través de la orientación y asesoría a otra “figura educativa”, la o el agente quien será la persona frente a grupo (que pudieran ser normalistas de los últimos semestres, asesores técnicos, figuras de INEA o CONAFE, voluntarios, becarios de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, todos con la debida preparación previa, y sin duda, acelerada).

Dos: asegurar la articulación entre cada Centro Educativo y el de Salud más cercano, con protocolos claros y previos para derivación de un caso sospechoso y sobre todo para la capacitación conjunta de familias y maestros, con la distribución del Manual de Filtro Sanitario en Escuelas que han venido trabajando la SEP y el Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia.

Tres: comprar y distribuir materiales de limpieza y detección, de la calidad necesaria, en el volumen requerido y la transparencia exigible: enseres de limpieza, líquidos desinfectantes, cubrebocas para personal y para la sustitución de los que traigan las y los estudiantes, termómetros, oxímetros… acá es donde se verá si “La Escuela es Nuestra” lleva puntualmente fondos a donde se requiere, y no es simplemente un mecanismo de dádivas para la fidelización territorial.

Cuatro: verificar las condiciones en cada plantel, con la participación activa de la comunidad. Por supuesto que nunca sobra el apoyo y la corresponsabilidad; lo que no se vale es transferir a las ya de por sí empobrecidas familias lo que debe salir de las finanzas públicas, para que haya agua corriente asegurada, lavamanos y sanitarios suficientes, el cálculo de presencia simultánea con sana distancia, cuidando no sólo los centímetros entre pupitres sino la ventilación, la responsabilidad de cada estudiante de sanitizar su lugar, el uso de pasillos, auditorios y techumbres para sesiones que eviten espacios cerrados.

Esta propuesta continuará…

Fuente: https://profelandia.com/y-despues-de-las-vacunas-parte-i/

Comparte este contenido:

Vacunas y docentes

 David Calderón

Para priorizar la distribución de recursos escasos, hay siempre el riesgo de ofuscarse por preferencias personales y por experiencias previas. Saliendo del grosero ‘para mí y los míos, y que el mundo se hunda’, o del prejuicioso ‘hay que darle a los que se porten bien’ (lo que eso signifique, que en general coincide con ‘hay que darle a los que prefiero porque se parecen a mí, porque me apoyan, me van a traer apoyo, dinero o satisfacciones’), siempre hay que estar alertas con respecto de esos criterios de cómo se forma la fila. Para las vacunas que nos inmunicen ante el Covid-19, el asunto merece examen y decisión sólida, justa.

Una sociedad que asuma plenamente los derechos humanos debe partir de la igual titularidad para las vacunas, en la equidad basada en la diversidad de condición. Vamos por partes: todas y todas debemos ser en principio candidatos a un beneficio, y en esa universalidad debe prevenirse y desterrarse toda tentación de discriminar en forma evidente o sutil. Todos nos la merecemos. No debe excluirse de la fila por arbitrariedad de pertenencia ni por el poder adquisitivo, por la condición de salud, género, discapacidad, estatus migratorio. Ello implica también denunciar como brutal e inhumano adelantar a mis recomendados, pues cambiar la secuencia aumenta el riesgo en forma injustificada.

Ya entonces partiendo de que todas y todos somos candidatos, entonces sí se establece válidamente un ordenamiento sucesivo, una calendarización logística, tomando en serio la diversidad, con dos criterios: mayor necesidad y mayor operatividad para el bienestar general.

El primero se refiere a que a la cabeza de la fila va quien más lo necesita por sí, por estar como está en el momento presente. Si a la señora A y la señora B les puede tocar en el mismo momento el contagio, pero los efectos previsibles para B pueden ser más devastadores o irremediables, entonces le toca primero a la señora B. Y por ello sin duda, en el calendario de administración de la vacuna para Covid-19, van primero los adultos mayores, las poblaciones callejeras y en confinamiento forzado, las personas con determinadas condiciones de salud que agravarían si no son inmunizados a la brevedad.

El segundo se refiere a que igualmente a la cabeza de la fila va el personal de salud de primera respuesta –justo quienes atienden ya a los pacientes con graves cuadros de Covid-19, médicas, enfermeras, laboratoristas, las y los paramédicos, los inmunizadores– e inmediatamente después todos los demás agentes de salud, pues la sobrecarga del sistema hospitalario y de cuidados ya los pone en condiciones de tratar personas que además del evidente malestar por el cual acuden a la atención pueden ser portadores, y para ello necesitan estar protegidos con la inmunización.

Toda esta larga introducción sirve para llegar al punto clave: las y los docentes deben ser colocados en “mayor operatividad para el bienestar general” y por lo tanto deben en todo México ya estar programados para recibir la vacuna en las próximas semanas.

En muchas naciones del mundo, de Israel a Estonia, de Uruguay al Reino Unido, se ha definido que maestras y maestros deban ser vacunados ya. El 12 de enero, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, definieron que todos los miembros del personal escolar –incluyendo intendentes, choferes de autobús escolar, personal de cocina y por supuesto todos los proveedores públicos y privados de atención a la primera infancia– son frontline essential workers, en la categoría 1b, y les toca la administración de vacuna para Covid sólo detrás de los adultos mayores en instalaciones de cuidado de larga estancia y de los trabajadores del sector salud.

En nuestro país, el secretario del SNTE, un día antes, “…reconoció la disposición y sensibilidad del gobierno federal de considerar a los docentes como grupo prioritario en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y considerar esta enfermedad como riesgo de trabajo, una vez que se regrese a las clases presenciales”. Como parte de su invitación-presión para que se abran las aulas, el presidente de la República ha dicho que propone al gobierno de Campeche federal vacunar a 20 mil maestros de esa entidad, y trabajadores en las escuelas para que, ya con su segunda dosis, en la tercera semana de febrero comiencen clases.

Lo que falta en la felicitación anticipada y en la propuesta apresurada es certeza. No hay protocolo, no hay pieza normativa que le dé firmeza. No hay que hacer de la vacuna la pieza de cambio para ir al aula, justamente porque se puede revertir en “mejor no voy a vacunarme, entonces”. La vacuna debe ser para todas y todos los docentes, de todos los niveles, de escuela pública y privada. Si hay un factor de salud que llevará a prever una sustitución al maestro para alguna de las formas escalonadas de presencia, eso debe ponerse después. Debe ser auténtico cuidado y aprecio por el aporte a niñas y niños. No chantaje ni vaguedades: que se ponga en protocolo público y nacional la prioridad de vacuna a maestras y maestros; es de elemental congruencia.

Fuente: https://profelandia.com/vacunas-y-docentes/

Comparte este contenido:
Page 1 of 6
1 2 3 6