Este 11 de diciembre, por primera vez en la historia de Bolivia, el Registro Civil emitió una resolución que permite que se reconozca la unión civil de dos hombres, luego de que el pasado julio un tribunal anulara una resolución que rechazaba la certificación.
Es un paso histórico en un país cuya Constitución no reconoce las uniones entre parejas del mismo sexo.
Guido Montano, un empresario de 48 años, y David Aruquipa, un abogado de 45, quienes llevan once años como pareja, lograron este viernes que su unión civil sea registrada por el Servicio de Registro Cívico (Sereci).
«Eso para nosotros ha sido muy importante porque si bien marca un precedente para el reconocimiento de la unión civil, si bien es en esta primera instancia muy enfocada en nosotros dos, marca un precedente para que pueda lucharse ahora para que esto sea un derecho ampliado a toda la población», destacó Aruquipa, quien, junto a su compañero sentimental, recibió la noticia de la aprobación el jueves, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La pelea legal de ambos dio sus primeros frutos el pasado julio cuando un fallo de la Sala Constitucional Segunda en La Paz les dio la razón, al anular una resolución administrativa del Sereci que rechazaba su solicitud para obtener la certificación oficial de unión libre.
Ambos argumentaron con éxito que la prohibición violaba los estándares internacionales de derechos humanos y constituía una discriminación bajo la ley boliviana.
En ese momento, el Sereci se negó a cumplir el fallo y envió el asunto a consulta al Tribunal Constitucional. Pero el juzgado emitió una nueva orden en la que le pidió responder a su dictamen en diez días. El plazo venció el pasado 9 de diciembre y fue así como el Sereci emitió una resolución oficial este viernes con la que autoriza la unión.
La decisión a favor de esta pareja marca un hito ya que la Constitución de la nación y el Código de Familia actualmente solo reconocen el matrimonio entre una pareja heterosexual.
Esperanzas de matrimonio igualitario en Bolivia
Con esta decisión, la comunidad LGBTI espera allanar el camino para una revisión de las leyes matrimoniales del país.
La pareja comentó que el pronunciamiento que los beneficia debería generar jurisprudencia para que otras uniones del mismo sexo sean reconocidas en Bolivia.
«Para nosotros es una felicidad, pero es una felicidad a medias porque solamente se nos reconoce a nosotros. La lucha es unir las fuerzas con toda la colectividad LGBTI para que esto sea un derecho ya consagrado para toda la población», dijo Aruquipa.
La decisión fue celebrada por la comunidad de LGTBI de Bolivia y organismos internacionales. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida como un gran paso para la igualdad ante la ley en el territorio boliviano.
“Buenas noticias: luego de un difícil pleito jurídico, Bolivia reconoce por primera vez la unión libre de una pareja del mismo sexo”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
Aunque aún está pendiente la respuesta del Tribunal Constitucional, el Servicio de Registro Cívico pidió al Tribunal Supremo Electoral, del que depende, que indique las aplicaciones informáticas para concretarlo.
La pareja también espera el pronunciamiento del Gobierno boliviano, pues una vez que el Tribunal Constitucional responda, se darían «las pautas para que la legislación cambie y esto depende de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo», dijo el activista.
“La lucha sigue, lo que hemos logrado es marcar un hito histórico y jurisprudencia, pero hay que continuar”, concluyó Aruquipa.
La primera contribución ha de ser que cada ciudadano respete y cumpla las leyes. Es fácil celebrar apresamientos y demandar prisa para que apresen a otros; mientras en mi pequeño mundo voy infringiendo las leyes; voy erosionando la justicia con una práctica distante de la ética y que lesiona el desarrollo de la sociedad dominicana.
La República Dominicana ha padecido históricamente el rigor de la injusticia; ha sufrido las consecuencias del servilismo de funcionarios de la justicia a favor de gobernantes o de personas, grupos o familias de alta posición económica. La época colonial, las sucesivas dictaduras que registra la historia dominicana hasta los gobiernos que han surgido en el marco de lo que hemos llamado democracia, presentan múltiples ejemplos de hechos que se apartan de la justicia y se colocan aun más lejos de los valores del respeto a los derechos de las personas y del cuidado de los bienes del Estado Dominicano. La distancia de una justicia sana, robusta; y, sobre todo, al servicio de la sociedad es enorme. Y, tanto los afiliados a los partidos como los fieles de las iglesias, en tiempos atrás y recientes, olvidan que tienen razón, voluntad y capacidad de decisión. Por ello se entregan al dictamen de sus líderes. Se niegan a concederse a sí mismos la libertad de pensar y de actuar, por encima de los deseos de otros. Se resisten a asumirse como sujetos capaces de tomar posición ante los hechos que afectan a la colectividad y que, al mismo tiempo, los destruyen como personas, al violentar sus derechos y su integridad.
Pero parece que los tiempos están cambiando y ya no es aceptable repetir las prácticas y las políticas que acomodan la justicia a los que tienen más poder económico, poder político o poder religioso. Estos tres poderes han utilizado la justicia a su antojo. Estamos frente a nuevas prácticas culturales; pues la mayor parte de la sociedad entiende que la justicia ha de romper el círculo de la corrupción y la cultura de la impunidad. La sociedad está muy atenta a las acciones de las nuevas autoridades judiciales. Confía en que, por fin, en nuestro país, la justicia va a proceder conforme a lo que indican las leyes, en coherencia con los dictados de la Constitución de la República. Solo pensar que esto va a ser posible, trae tranquilidad al pueblo. Pero no podemos considerar a los representantes de la Procuraduría General de la República como los sustitutos del Mesías Salvador. No. Estas personas están sencillamente cumpliendo las funciones que se les han asignado dentro de la esfera del Poder Judicial. Son mortales que están trabajando arduamente y necesitan el concurso, el apoyo de la población para que sus responsabilidades se puedan llevar a cabo. No realizan nada extraordinario. Cumplen con su deber y esto se aplica a todos los ciudadanos. Hemos de ser responsables de los cargos y de las funciones que asumimos.
La primera contribución ha de ser que cada ciudadano respete y cumpla las leyes. Es fácil celebrar apresamientos y demandar prisa para que apresen a otros; mientras en mi pequeño mundo voy infringiendo las leyes; voy erosionando la justicia con una práctica distante de la ética y que lesiona el desarrollo de la sociedad dominicana.
El Sistema Educativo Dominicano y, de forma especial, las instituciones de Educación Superior han de trabajar para que la educación que se ofrece en el país posibilite el desarrollo de actitudes y prácticas favorables al comportamiento personal y social justo. La Academia ha de reforzar, tanto de estudiantes como de los docentes, la formación, la investigación y la producción en la perspectiva de la justicia. Pedro Poveda exhorta a las personas a que se comprometan con un mundo y una educación cada vez más justa; y, por esto, le dice a cada ciudadano “estima la justicia tanto como la vida”. Aspiro a que en ningún dominicano disminuya el hambre de justicia. Una justicia para todos, sin distinción de ningún tipo; una justicia sistémica, generadora de una cultura de paz y de estabilidad personal y social.
Tras la Segunda Guerra Mundial y para evitar que un conflicto de este calado volviera a repetirse, líderes de todo el mundo se sentaron a negociar y redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La carta magna de la humanidad, que recoge los derechos que tienen todas las personas en el mundo sin distinción alguna de sexo, nacionalidad o clase social, fue aprobada el 10 de diciembre de 1948.
Las mujeres fueron minoría en este proceso de elaboración. Eso sí, las aportaciones de Eleanor Roosvelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino o Bodil Begtrup garantizaron que el texto fuera universal y que se incluyeran los derechos de las mujeres en una norma que ponía en valor las libertades y la dignidad humana. Gracias a ellas el mundo es más justo e igualitario.
Eleanor Roosevelt. Foto ONU
Eleanor Roosvelt, la fuerza impulsora
La escritora y ex primera dama estadounidense jugó un papel fundamental en la elaboración y aprobación del texto. Fue activista, firme defensora de los derechos humanos y pionera del movimiento feminista. Pero antes de eso, Eleanor participó en la Liga de las Mujeres Votantes, en la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y en la División de Mujeres del Partido Demócrata.
En 1946 fue nombrada delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ocupar este cargo. Fue presidenta del Comité encargado de la redacción de esta Declaración. En sus memorias relata que trabajó día y noche durante dos años analizando y debatiendo palabra por palabra el texto al que ella bautizó como “La carta magna de la humanidad”.
Esta Declaración iba a ser denominada “de los Derechos del Hombre”, pero Eleanor Roosevelt, consideró que el término excluía a las mujeres y logró que se titulara “de los Derechos Humanos”.
Hansa Mehta. Foto ONU
Hansa Mehta, por una declaración universal
Esta activista, educadora social, escritora y política defendió que el texto incluyera un lenguaje inclusivo. De hecho, a ella se atribuye el logro de cambiar en el artículo 1, la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales«.
Hansa Mehta fue una gran defensora de los derechos de las mujeres en la India. A ella se le atribuye la aprobación de la ley que abolió el matrimonio infantil. En 1946 presidió la organización All India Women’s Conference, fundada para promover la educación de las mujeres y niñas. Dos años más tarde fue nombrada delegada de la India en la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Bodil Begtrup. Foto ONU
Bodil Begtrup, la importancia del lenguaje
También sobre la importancia del lenguaje incidió la activista danesa Bodil Begtrup al conseguir que se cambiara el “todos los hombres” por “toda persona” o “todos” a la hora de referirse en el texto a las personas titulares de los derechos.
Bodil propuso también incluir los derechos de las minorías en el artículo 26 sobre el derecho a la educación, pero finalmente sus ideas no fueron tenidas en cuenta.
En 1946 fue una de las principales promotoras de la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Además, de 1946 a 1949 fue presidenta del Consejo de Mujeres de Dinamarca.
Minerva Bernardino. Foto ONU
Minerva Bernardino, la lucha por la igualdad
Varios hitos son los que se le atribuyen a esta diplomática dominicana y defensora de los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe. A Minerva se le debe la inclusión de “la igualdad entre hombres y mujeres” en el preámbulo de la Declaración. Además, sus aportaciones fueron esenciales para no olvidar en la Carta de las Naciones Unidas la mención de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual.
Por otro lado, Minerva recogió la voz del continente latinoamericano en el documento y luchó por la incorporación de la idea de que los derechos humanos no hacen «distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión«.
Marie-Hélène Lefaucheux. Foto ONU
Marie-Hélène Lefaucheux y la no discriminación sexual
A esta activista francesa debemos agradecer la mención a la no discriminación sexual, clave en la lucha por la igualdad, en el artículo 2 de la Declaración:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Marie-Hélène fue una de las principales activistas de derechos humanos en Francia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra entró a formar parte de la delegación francesa ante la ONU y ayudó a fundar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de esta institución, de la que fue presidenta desde 1948 a 1953.
Evdokia Uralova. Foto ONU
Evdokia Uralova y la igualdad salarial
También en el artículo 2 Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, junto con Fryderyka Kalinowska y Elizavieta Popova, hizo hincapié en los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos:
No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Pero, sin duda, la mayor lucha de Evdokia fue por la igualdad de salarios para mujeres y hombres por el mismo trabajo. Un derecho, que gracias a ella, se incluye en el artículo 23:
Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. (…) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Evdokia, defensora de los derechos de las mujeres, política y profesora de historia, fue la relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947.
Begum Shaista. Foto ONU
Begum Shaista y la igualdad de derechos en el matrimonio
En su legado está la incorporación del artículo 16 que versa sobre la igualdad de derechos en el matrimonio con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil y forzado:
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
Esta política y diplomática de Pakistán fue delegada de la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de la ONU. Examinó el proyecto de la Declaración durante más de 80 reuniones.
Lakshmi Menon. Foto ONU
Lakshmi Menon y la universalidad de los derechos
Delegada de la India ante al Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en 1948, defendió la universalidad de los derechos humanos en oposición al “relativismo colonial”. Esta última propuesta negaba derechos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Lakshmi defendía que si las mujeres y las personas sometidas a esta dominación colonial no se mencionaban de una forma expresa en el texto, no se podrían considerar representadas en la expresión “toda persona”.
Además, Lakshmitrabajó para que la Declaración incluyera la no discriminación basada en el sexo a lo largo de todo el documento. También apoyó que el preámbulo del mismo incluyera la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” como defendía Minerva Bernardino.
Un imborrable legado
Desde entonces continúa la lucha por el reconocimiento de las mujeres como grupo social determinado y la vulneración de los derechos humanos por razón de género. Para que la violencia y la persecución de género –desde la mutilación genital femenina hasta el matrimonio infantil– sean razones claras para el derecho de asilo y refugio. Para que en los conflictos armados la sexualidad no sea motivo de extorsión y las mujeres usadas como botín de guerra. Para acabar contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Para avanzar en los derechos económicos sociales y culturales y en la igualdad en todas sus vertientes.
Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para quienes luchan por defender sus derechos. En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales. Desde 2018 al menos 30 maestros sindicalistas han sido asesinados. Organizaciones internacionales alertan sobre la incapacidad del Gobierno colombiano para contener la crisis.
El fin de semana del 21 de noviembre dos maestros sindicados fueron asesinados en Colombia: Douglas Cortés Mosquera y Byron Revelo Insuasty. Desde 2018, al menos 30 maestros sindicalizados han sido asesinados, y muchos más amenazados y obligados a desplazarse de su territorio.
Justice For Colombia (JFC), organización birtánico-irlandesa que aboga por los derechos humanos, pide al presidente del país, Iván Duque, que garantice la seguridad de todos los sindicalistas.
Las muertes y amenazas son «particularmente alarmantes dada la incapacidad del Gobierno para contener la espiral de crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los exguerrilleros de las FARC-EP se enfrentan a terribles niveles de violencia», advierten en un comunicado.
Asesinatos de docentes en Colombia
Los asesinatos de Cortés Mosquera y Revelo Insuasty sucedieron días después de que docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizaran huelgas nacionales por mejoras en la financiación y las condiciones del sistema educativo público, así como la protección de los derechos humanos.
Además, ambos fueron muertos casi un mes después de que Diógenes Orjuela, presidente de la mayor confederación sindical del país (la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), y varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fecode fueran amenazados a muerte.El cuerpo del docente Byron Revelo Insuasty fue encontrado en una morgue en Tumaco, departamento de Nariño (al suroeste de Bogotá), el domingo 22 de noviembre. Según información de JFC, nueve días antes, había sido secuestrado mientras se dirigía a las elecciones sindicales. Byron era miembro del Sindicato de Magisterio de Nariño y del partido político Colombia Humana.
These are the two teacher trade unionists killed at the weekend, Douglas Cortés Mosquera and Byron Revelo Insuasty.
Teacher union @fecode says at least 30 teachers have been killed since 2018, with many more threatened.@IvanDuque must ensure the safety of all trade unionists. pic.twitter.com/2USUr1Ri5n
Ese mismo día, el sindicalista docente Douglas Cortés Mosquera, que pertenecía al Sindicato de Maestros de Risaralda, fue asesinado en La Virginia, al oeste de Bogotá. Según JFC, también era conocido localmente como artista.
Romelio Ramos Cuetia
30/11/2020
Suárez, Cauca.
Con Romelio van 261 líderes y defensores de DDHH asesinados en el 2020.
Esto viene siendo advertido, no sólo por las organizaciones sociales del Cauca, sino tambien por la Defensoría del Pueblo en las AT 033-19 y AT 026-18. pic.twitter.com/H1774FiLF1
Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.
El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.
“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.
Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.
En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.
La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.
La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.
En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.
Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.
Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.
Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.
Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.
También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.
“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.
Mundo/11-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com
Salvajismo 3.0
En los ya famosos Black Friday, las empresas de la “nueva economía” digital multiplican sus ya pingües negocios. Coincidiendo con uno de ellos, Amnistía Internacional emitió un informe en que denuncia la persecución sindical en Amazon, una de las compañías símbolo de uno de los sectores más desregulados y de mayor crecimiento en el planeta. Daniel Gatti
Unos pocos días antes habían circulado documentos internos de la firma dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según el listado de súper millonarios elaborado regularmente por la revista Forbes, que desnudaban las mismas prácticas.
El informe de AI está centrado en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero no es muy difícil deducir que en otras regiones del mundo el panorama debe ser el mismo o peor.
“La forma de actuar en los países investigados muestra una cultura corporativa que puede ser extensible a otros”, dijo al diario barcelonés La VanguardiaCecilia Denis, integrante de filial de Greenpeace España, y destacó que sindicatos de diferentes naciones de la UE presentaron denuncias contra Amazon por violaciones a la libertad sindical ante la Comisión Europea.
La empresa, dice el informe, “socava los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente, incluso a través de una vigilancia exhaustiva” del personal.
Quienes trabajan para ella “están corriendo grandes riesgos en materia de salud y seguridad desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, pero su capacidad de denunciar y negociar colectivamente está sometida a presiones por parte del gigante del comercio electrónico minorista”, agrega el documento.
Y recuerda que “el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, a tener unas condiciones laborales seguras y a que se respete su derecho a la privacidad”.
Riesgos y alarmas
En sus informes anuales de 2018 y 2019 Amazon consideró a los sindicatos como un factor de riesgo y alentaba a sus cuadros medios a advertir a las direcciones empresariales sobre “cualquier señal de alarma” que diera cuenta de actividades gremiales. Ergo, que delataran a los sindicalistas.
La pandemia de Covid 19 le ha originado a Amazon, como a las otras grandes transnacionales de la economía digital (Google, Apple, Facebook, Microsoft, agrupadas bajo el acrónimo de GAFAM), un crecimiento exponencial de sus ganancias.
Solo entre julio y septiembre sus ingresos acumulados aumentaron en 19 por ciento y sus ganancias en casi 14, mientras su volumen de negocios llegó a poco menos de 228.500 millones de dólares, 18,9 por ciento más que lo facturado en el mismo período de 2019, y su beneficio neto trepó en 31,5 por ciento, a alrededor de 29.000 millones de dólares (escudodigital.com, 30 de octubre de 2020).
La fortuna personal de Bezos ronda hoy los 200.000 millones de dólares, y ha crecido y crecido bajo la Covid 19.
Esos nuevos hombres de negro
Bezos es de esos grandes multimillonarios que proclama que a ellos no se les puede aumentar los impuestos porque “generan riqueza con sus inversiones”.
Dice por ejemplo que gracias a su imperio “ha dado trabajo a muchos miles de trabajadores” y aduce que durante la pandemia contrató a más de 175.000 personas.
Pero en qué condiciones: la precariedad como divisa, en todos los planos, desde el salarial a la protección social.
La publicación digital Motherboard reveló la semana pasada documentación del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Amazon que prueba que la empresa contrató a la famosa agencia Pinkerton para espiar a líderes sindicales de sus almacenes en Europa: rastrear sus movimientos, cuándo, dónde y con quiénes se reúnen, conocer sus estrategias.
También espiaron a organizaciones ecologistas, a grupos de defensa de los derechos humanos, a abogados.
El informe de Motherboard menciona específicamente a Polonia como escenario de esas prácticas, pero la publicación digital española eldiario.es dice que son también habituales en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia.
A fines del siglo XIX agentes de Pinkerton actuaron como rompehuelgas, como guardias armados de empresas y en esas funciones reprimieron a trabajadores. Fueron responsables, por ejemplo, de la muerte de una docena de obreros siderúrgicos en 1892 en Estados Unidos.
Los detectives de Pinkerton ya no son aquellos hombres de negro que “trabajaban para la ley” en el Oeste estadounidense y que popularizaron los westerns. Ahora forman parte del grupo Securitas y muchos de ellos son híper formados analistas de datos.
El Centro de Seguridad Global de Amazon está basado en Seattle, sede central de la transnacional, y en él trabajan también ex analistas militares del ejército de Estados Unidos.
En España, dice Motherboard, la empresa tiene abierto un proceso de selección de “antiguos líderes militares” para convertirlos en directores de operaciones de inteligencia que comprenden la infiltración en páginas de Facebook, la investigación a líderes sindicales y el seguimiento a sus contactos, la creación de falsos perfiles en las redes sociales.
Otro bonito ejemplo de lo que algunos investigadores llaman “capitalismo de vigilancia” y del que los GAFAM serían la encarnación por excelencia.
El nuevo sistema de justicia penal no evita la impunidad para casos de violencia contra las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, donde este 2020 se registraron 5 asesinatos de niñas indígenas y 19 muertes violentas de mujeres, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su XXVI informe anual “Como una noche sin estrellas”, presentado el pasado 7 de diciembre.
“México, vive momentos terribles de violencia contra mujeres y niñas. Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido una tarea difícil. En las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres es grave, por su triple condición: por ser mujeres, pobres e indígenas” detalló Tlachinollan.
De acuerdo con la organización, entre febrero y octubre de 2020 se registraron 19 casos de muertes violentas de mujeres; Tlachinollan actualmente acompaña 7 casos de feminicidios. Durante este período, también se registraron 6 casos de mujeres desaparecidas, 5 casos de niñas indígenas asesinadas, así como 14 casos de agresiones sexuales, la mayoría contra niñas de 9 a 16 años de edad.
A pesar de que desde 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las indígenas de la Montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo, “el difícil camino de las víctimas violentadas para acceder a la justicia a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que viven las mujeres; dilatan las investigaciones, maltratan, discriminan y no les creen- Su palabra y testimonio no cuentan”, observó Tlachinollan.
La organización documentó este 2020 que la primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. “Se creía que con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, pues son falencias estructurales no tienen que ver con el modelo procesal penal”, se detalló en el informe.
Pese a la exigencia de las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas en la región, persiste falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de las y los agentes investigadores, personal de psicología que desconoce el tema y maltrata a las víctimas, sobrecarga laboral y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación, es una constante, lo que debilita la obtención de condenas y sanciones para las personas responsables.
A esto se suma, de acuerdo con Tlachinollan, que las mujeres indígenas en Guerrero enfrentan situaciones de marginación y de exclusión social. “La crueldad con la que han acabado con la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes claros en el interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es obedecer sin más. Cualquier osadía se paga con la vida”, señaló.
En su informe, Tlachinollan también documentó distintas violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron este 2020 contra personas defensoras, como Teodomira Rosales, así como contra periodistas (tres asesinados este año) y familiares de víctimas, como las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014.
De acuerdo con lo documentado, al contexto de la pandemia, que retrasó los servicios de atención para la población en Guerrero, en especial para las víctimas, se sumó un incremento en asesinatos y “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales en la región. “En nuestra entidad es donde se han fragmentado más los grupos del crimen organizado, al grado que ahora hay un escenario cada vez más diverso de células rivales, involucradas en un espectro más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas”, denunció la organización.
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