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Kenia: Una plataforma educativa permitirá formar a profesores en campos de refugiados

Una plataforma educativa permitirá formar a profesores en campos de refugiados

La Institución Educativa SEK, a través de la Fundación Universidad Camilo José Cela, ha creado EachTeach, una plataforma educativa para formar a profesores en contextos vulnerables como campos de refugiados. El objetivo del proyecto es llegar a 150 profesores a finales de 2021.

El primer piloto se ejecutará en Kakuma (Kenia), uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde sólo el 64% de los profesores de primaria y el 50% de secundaria tienen la formación mínima requerida.
Sumados a la falta de capacitación, se encuentran los desafíos que enfrentan los maestros allí: hacinamiento, diferentes idiomas, materiales limitados de enseñanza y aprendizaje, falta de muebles y desigualdades.

La iniciativa EachTeach busca impulsar una «economía circular» del conocimiento y que cada profesor pueda personalizar su experiencia de aprendizaje al nivel y ritmo deseado. Así, podrá ir adquiriendo certificaciones incrementales, al mismo tiempo que podrá crear su propio contenido.

La plataforma es accesible desde dispositivos móviles y opera en modalidad online y offline, algo fundamental en contextos de baja penetración de Internet, como es el caso del campo de refugiados de Kakuma.

EachTeach fue impulsado por la presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia, en 2019, a través de la Fundación UCJC con la colaboración de la Fundación Mujeres por África, ACNUR y la Embajada de España, cuando se movilizó a un equipo de profesores de la UCJC para poder analizar y evaluar las necesidades y recursos de los docentes en Kakuma.

Las conclusiones mostraron una enorme falta de recursos materiales y humanos, así como la concienciación de los encuestados en el papel transformador de la educación en sus contextos sociales y la alta penetración masiva de teléfonos móviles.

La Fundación UCJC realizó entrevistas a decenas de profesores para seleccionar finalmente a tres mujeres para formar parte del proyecto piloto: dos procedían de Sudán del Sur y una, del Congo. Todas ellas fueron becadas para estudiar y vivir en el Campus de Villafranca de la UCJC, donde participaron en un programa teórico-práctico con el que se formaron en nuevas metodologías de enseñanza y tecnología en la educación.

La institución Camilo José Cela recuerda que la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluye aumentar la oferta de maestros calificados para 2030.

Entre las áreas con datos, Asia Central tiene la mayor proporción de maestros capacitados mientras que en el África Subsahariana, el 64% de los profesores de primaria y el 50% de los profesores de secundaria tienen la formación mínima requerida.

Fuente: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-plataforma-educativa-permitira-formar-profesores-campos-refugiados-20201005174121.html

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Tailandia: “Estudiantes malos” tailandeses protestan contra abusos en escuela y piden renuncia del ministro de Educación

Asia/Tailandia/Octubre 2020/https://es.globalvoices.org/

Los manifestantes fueron a cinco escuelas y al Ministerio de Educación

Este artículo editado es de Prachatai, página de noticias independiente de Tailandia. Se ha editado y vuelto a publicar en Global Voices como parte de un acuerdo de asociación de contenidos. 

El grupo activista estudiantil Bad Student (Estudiante Malo) organizó una serie de protestas el 2 de octubre en varias escuelas secundarias en Bangkok para protestar contra los abusos y el maltrato hacía los estudiantes. Tras esto, el grupo se dirigió hacía el Ministerio de Educación para pedir la dimisión del ministro, Nataphol Teepsuwan.

Los manifestantes condujeron un camión y desplegaron carteles mientras visitaban cinco escuelas a lo largo de la tarde: Samsenwittayalai, Triam Udom Suksa, eConvento de San José y Wat Rajabopit han sido objeto de denuncias que alegan que los profesores abusaron y acosaron a los estudiantes.

Los estudiantes enviaron cartas a los directores de cada escuela en las que exigen acabar con el uso de violencia en su contra. Además, colocaron pancartas con detalles de los abusos ocurridos en las escuelas, como incidentes en los que los maestros golpearon a los estudiantes o rompieron los tirantes de los sujetadores de las estudiantes por violaciones del código de vestimenta.

Los estudiantes colgaron carteles frente a la escuela Wat Rajabopiy que decían “Los profesores de esta escuela aún golpean a los estudiantes”. Foto y pie de foto de Prachatai. Utilizada con autorización.

En la escuela secundaria Samsenwittayalai, los administradores cerraron las puertas para evitar que los estudiantes se unieran a las protestas. Mientras tanto, la Escuela del Convento de San José canceló todas sus clases por la tarde antes de la protesta. Además, los administradores tocaron con megáfonos el himno de la escuela en un intento de sofocar los discursos. Por su parte, los estudiantes comenzaron a cantarlo como parte de la protesta.

Wat Rajabopit, representante de los estudiantes de la escuela secundaria, también mencionó que la Policía trató de impedirles que organizaran la protesta, pues la escuela está a menos de 150 metros del Grand Palace, donde las reuniones públicas no están permitidas en virtud de la Ley de Asamblea Pública, y que además la protesta bloquearía el tráfico.

A las 17:45 horas, los manifestantes llegaron al Ministerio de Educación bajo una fuerte lluvia que comenzó temprano por la tarde y aparcaron su camión justo en frente del edificio. Según se informa, el ministro Nataphol estaba en otra provincia, por lo que el secretario permanente Karun Sakulpradit se reunió con los manifestantes.

Luego, los organizadores leyeron la carta de dimisión que escribieron para el ministro Nataphol por la mala gestión de sus funciones como ministro de Educación, por su incapacidad para poner fin a las violaciones de derechos humanos contra los estudiantes en las escuelas y por su participación en la protesta del Comité Popular de Reforma Democrática (CPRD).

El CPRD lideró grandes manifestaciones en 2013 y 2014 y se opuso a la celebraciones de elecciones. En cambio, presionaron al nombramiento de un “Consejo Popular” no elegido, lo que muchos creen que es contrario a los principios democráticos.

Laponpat Wangpaisit (derecha), representante del grupo Bad Student, habla con el secretario permanente, Karun Sakulpradit (izquierda). Foto y pie de foto de Prachatai. Utilizada con autoruzación.

Debido a la fuerte lluvia, los manifestantes se trasladaron al interior del Ministerio, donde cantaron el himno nacional mientras hacían el ya popular saludo de los tres dedos de “Los juegos del hambre”, que ahora se ve en la mayoría de las protestas antigubernamentales en Tailandia. Además lanzaron un montón de cartas de dimisión en los escalones frente al edificio del Ministerio.

Laponpat Wangpaisit, miembro del grupo Bad Student, dijo al secretario permanente de Educación que están pidiendo lo mismo que pidieron hace un mes: el fin del acoso hacía los estudiantes, la derogación de normas obsoletas y una reforma educacional, junto con las demandas hechas por los estudiantes de varias escuelas que, según Laponpat, el Ministerio aún no ha ejecutoadp pese a sus promesas.

Laponpat dijo que el caso de abuso de la escuela Sarasas [donde se grabó a un profesor mientras abusaba físicamente de un niño de la guardería] es solo uno entre miles y preguntó por qué no es posible comenzar a hacer que las escuelas sean seguras ahora. Laponpat dijo:

La cuestión es que esas cosas ocurrieron, pero no tendría ni idea si los estudiantes no se expresaran. Le hablo como representante del ministro Nataphol, porque creo que ya se debe hacer algo, no solo hacer promesas, y al final estas cosas siguen sucediendo y no son menos frecuentes.

16.40 horas: estudiantes de la escuela Wat Rajabopit han colgado carteles frente la escuela en previsión de una protesta del grupo de activistas estudiantiles Bad Student.
———–
17.45 horas: manifestantes llegaron al Ministerio de Educación. Laponpat Wangpaisit, miembro del grupo, habló con Nathapol Teepsuwan de los problemas que los estudiantes han estado enfrentando. ¿Qué está pasando en Tailandia?

Un funcionario del ministerio dio esta respuesta como informaron los medios: “Recibimos la petición de los estudiantes e investigaremos”.

Una estudiante de décimo año de la escuela Samsenwittayalai que participó en las protestas dijo a Prachatai que los problemas que enfrentan los estudiantes en su escuela incluyen reglas de corte de pelo que violan los derechos de los estudiantes, un plan de estudios que no se ajusta a las necesidades de los estudiantes y profesores que abusan de los estudiantes, algo que la sociedad considera normal.

Contó que una vez un profesor la agarró por el pelo y la hizo correr alrededor del campo porque su pelo era demasiado largo y tenía flequillo. Esta estudiante dijo que estuvo en dos protestas y que su familia la apoya, pues no les parece justo que los jóvenes vean violados sus derechos en la escuela. Sin embargo, dijo que muchas otras familias no son como la suya pues tiene amigos que participaron en las protestas que fueron repudiados por sus propias familias. Añadió:

Es comprensible que algunos hogares no entiendan. Muchos son así. Sin embargo, estoy feliz de que mis padres estén abiertos a escuchar los problemas de mi generación y los míos, y no se basen solo en su propia opinión. Es más, quiero que también que otros padres puedan pensar así. Siento compasión por otros de mi generación, otros que enfrentan el mismo destino, cuyas escuelas violan sus derechos y a quienes además hieren sus sentimientos en casa.

Otra estudiante de la misma escuela que participó en la protesta dijo que ha sido castigada por violar las normas de vestimenta y del corte de pelo, además de enfrentarse a otros tipos de abusos en la escuela. Cuando participó en una clase de derecho se dio cuenta de que lo que le habían hecho era ilegal y conoció sus propios derechos. Además, dijo que su familia la apoya porque ven que los problemas que enfrenta son problemas desde hace mucho tiempo. Añadió:

(En clase), hablamos sobre las violaciones de derechos humanos, sobre sociedad y política. Estábamos debatiendo porque sabemos ya cuáles son los problemas, así que hablamos para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, aún no la encontramos, pues somos los oprimidos y no podemos hacerles nada.

Fuente e imagen tomadas de: https://es.globalvoices.org/2020/10/21/estudiantes-malos-tailandeses-protestan-contra-abusos-en-escuela-y-piden-renuncia-del-ministro-de-educacion/

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México: CIDH, ONU, defensores y comunidades exigen reconocer derechos indígenas y detener megaproyectos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas y defensores de organizaciones indígenas y campesinas exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y el respeto a sus territorios, durante el foro internacional «La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México».

En el foro virtual, convocado por la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA), la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que la entrega de concesiones para instalar megaproyectos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos «suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas».

De igual forma, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, manifestó su preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan los derechos de los pueblos indígenas, así como enfatizó que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos.

Por su parte, Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) y defensora Me’Phaa de Guerrero, llamó al Congreso estatal a que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios.

Finalmente, el integrante del Colectivo Maya de los Chénes, Jorge Oziel Pech, exigió desde la ALDEA que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

A continuación el comunicado completo:

Con la participación de pueblos, comunidades indígenas y distinguidas autoridades internacionales, la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA) llevó a cabo el Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”. Desde la voz de los pueblos de la Aldea, la organización Flor y Canto ofreció una ceremonia de bienvenida a los participantes y una ofrenda para sus buenos trabajos y el éxito de esta nueva Alianza que aglutina a comunidades y organizaciones indígenas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que esta Alianza busca que “las voces y los corazones de los pueblos indígenas de México lleguen aún más lejos”, para ser escuchadas y respetadas por los gobiernos y traducida en cambios en políticas y leyes concretas, ya que durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos colectivos de las comunidades. Inspirado en el rito inaugural, pidió fortaleza a la Madre Tierra para que brinde luz a los pueblos por lograr su autodeterminación y autonomía y el respeto de la integridad de sus territorios. Exhortó al Estado mexicano a mantener un canal de diálogo respetuoso con los pueblos de esta Alianza para el avance de las reformas pendientes.

Por su parte, la Comisionada, Antonia Urrejola, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. Asimismo, recordó los señalamientos por actos de criminalización de defensores y defensoras indígenas en la defensa de su territorio y la falta de una “perspectiva cultural” y de un “acceso efectivo a la justicia”. Describió cómo el derecho a la libre determinación se ha ido profundizando a lo largo de los años en el sistema interamericano de Derechos Humanos, generando una obligación de los Estados a respetarlo y garantizarlo, e hizo un llamado al Estado mexicano a llevar a cabo un diálogo intercultural efectivo con los pueblos y comunidades. Informó, como nota relevante, que la CIDH estará desarrollando un informe especial sobre el tema de libre determinación para 2021, con el objetivo de dotar este derecho fundamental con mejores herramientas de protección y defensa. Por último, comentó que la Relatoría a su cargo tiene como propósito dar asistencia técnica al Estado mexicano para que la Reforma Constitucional impulsada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se apegue a los estándares internacionales. Por su parte, Efraín Avilés, Vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, expresó que a pesar de todo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad estos son violados y sus sistemas propios son criminalizados, al grado que actualmente tres defensores de su comunidad están encarcelados. En este sentido, pidió a legisladores y al gobierno pasar del discurso a la acción y aprobar la Reforma Constitucional pendiente para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como “sujetos de derechos público”, con la participación activa de los pueblos y que se tome en cuenta la agenda de 10 puntos 1desde la ALDEA.2

Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), mujer y defensora indígena Me’Phaa de Guerrero, hizo un recuento histórico de los logros del sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace 25 años. Habló de su lucha como mujer indígena para ejercer posiciones de mando en una organización tradicionalmente masculina. Resaltó que aunque se encuentra amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana y aporta paz y seguridad a sus comunidades, los integrantes de la CRAC-PC, han sido criminalizada por el Estado. Por ello, exigió al Congreso estatal que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución del estado de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios. Desde los Valles Centrales de Oaxaca, el Presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Andrés Odilón, y la secretaria de la Red, Dolores Cruz, manifestaron que luego de 4 años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber logrado firmar un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua como pueblos, para preservarla y su acceso colectivo para subsistencia. “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”. Plantearon que “ahora que se ha mandatado al Congreso emitir una Ley de Consulta, lo importante, es garantizar nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, así como nuestro derecho a definir nuestras prioridades de desarrollo”. De igual manera, exigieron que la actual Legislatura cumpla su obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas que incorpore los derechos de los pueblos indígenas.

Por parte, del pueblo Maya, Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chénes, destacó el proceso de defensa del territorio maya frente a la agroindustria transgénica de Monsanto. Explicó cómo, a pesar de obtener una sentencia de la SCJN en 2015 en la que se ordenó una consulta sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, el proceso de consulta ha sido violatorio de todos los parámetros internacionales, y que el actual gobierno no hizo más que replicar las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una consulta a modo. Resaltó la grave situación de las comunidades indígenas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulnerando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó que las demandas expresadas por las comunidades coinciden con las diversas recomendaciones de la Relatoría. En particular, en el último informe sobre México su predecesora, Victoria Tauli-Corpuz, señalaba como pendiente la necesidad de adecuar la legislación en materia de industrias extractivas, aguas, en materia agraria con apego a los derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos indígenas, que históricamente han vivido en condiciones de marginación y discriminación. También, se pronunció por la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas. Por último, el nuevo representante de la OACNUDH para México, Guillermo Fernández- Maldonado, comentó que se han emitido múltiplesrecomendaciones al Estado Mexicano desde las Relatorías especiales sobre pueblos indígenas, de Agua, de Defensores, así como de los Comités de Derechos Humanos, de las que el Estado debe dar cuenta de su cumplimiento. Comentó que, si bien existen grupos de intereses económicos y políticos que ven a los pueblos y comunidades como obstáculo por lo que emplean la violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo al servicio público.Consideró que es papel también de su gestión y en coordinación con los demás mecanismos internacionales brindar y proporcionar asistencia técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen.

Desde la ALDEA seguiremos trabajando para construir estrategias colectivas que sumen a fortalecer el marco jurídico para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, luchando por el reconocimiento y garantía de derechos colectivos en la legislación mexicana y ante el actual Gobierno. El Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”, puede verse completo aquí.

#HacemosALDEA

Datos de contacto:

Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Serapaz 55 54049045 l comunicación@serapaz.org.mx

Mariana Gurrola Y. Comunicación Fundar 5540136188 | marianag@fundar.org.mx

1 https://www.facebook.com/FundarMexico/photos/basw.AboaAWiK-2JE9-0JMw5fBvfR8uskEcZ3XwQ19RAOACD22RDX0rYiOR4F_kVLHxDxOe0q7209sddNCQLFTABNBgPoZXXkHjM1g51MZeEHCdgGHmRrGhawhoxgs7xBfeKWWBG-WzHeWOfJaqcZ51lepwKM.3076937969083149.1190236801370487.10220631173942121.10220631175182152.10220631175262154.10220631174142126/3076937969083149/?type=1&theater

2 https://serapaz.org.mx/alianza-por-la-libre-determinacion-y-la-autonomia-aldea/?fbclid=IwAR2bmqB78Ow1N3drzO94GW50AO5pbJduiOMSVvIkI6qz-ohcFtprDcVFm8w

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cidh-onu-defensores-y-comunidades-exigen-reconocer-derechos-indigenas-y-detener-megaproyectos/

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Visibilizar a víctimas LGTBI del conflicto es el inicio de la reparación: Colombia Diversa

Fue entregado un informe a la Comisión de la Verdad con relatos de personas que sufrieron la violencia en distintos territorios.

Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa que defiende los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), aseguró que ya fue presentado un informe ante la Comisión de la Verdad con relatos de víctimas del conflicto armado pertenecientes a esta población, en el que se evidencia que hubo discriminación.

Sánchez dijo que no se trata de hechos aislados en medio de la situación de violencia que ha vivido el país por décadas y buscan que se visualice esa problemática y se implementen acciones en pro de las personas afectadas y discriminadas, como el primer paso de su reparación.

Asimismo, la directora afirmó que este fue un ejercicio bastante complejo teniendo en cuenta que las historias se tratan sobre vulneraciones y sexualidad, por lo que hay temor en quienes cuentan sus propias vivencias de violencia.

«Había casos de trabajos forzados para corregir la feminidad en los hombres, hubo violencia sexual, por supuesto, hubo control de los cuerpos, de los horarios, de las relaciones de pareja. Hubo también desplazamiento, homicidios», dijo.

«Se comparten muchas de las formas de violencia contra otras poblaciones en el conflicto: las mujeres, la población afro, los campesinos, pero en general el patrón es la discriminación. Lo que queremos poner como motivación de esa violación de los DD.HH. es la discriminación«, añadió.

Sánchez indicó que «primero, fueron todos los actores armados, tanto paramilitares como Ejército y guerrillas. Hay diferencias regionales; por ejemplo, en dónde hay más narcotráfico o control social y político de la guerrilla. Esto genera actos distintos».

Adujo, además, que una buena forma de reparar a las víctimas de la violencia, quienes hacen parte de esa población. Es que se conozca qué pasó en el conflicto y por qué se dieron los hechos de esa forma.

«Este informe es significativo justamente porque las víctimas en primer lugar quieren que los victimarios les digan qué paso y por qué pasó esto. Ese sería el primer acto de reparación y reconciliación», afirmó.

«Hay sanciones para quienes no digan la verdad y esperamos que la JEP también reconozca ese patrón o incluso pudiese pensarse en un caso nacional de violencia contra todas las formas de la sexualidad, incluida la violencia sexual contra las mujeres y la violencia reproductiva«, sentenció.

Finalmente, la directora de Colombia Diversa aseguró que se deben dar avances en cuanto a la visibilización de esas víctimas del conflicto armado, ya que se debe dar un enfoque diferencial porque los enfoques de la violencia fueron distintos.

Fuente: https://www.rcnradio.com/colombia/visibilizar-victimas-lgtbi-del-conflicto-es-el-inicio-de-la-reparacion-colombia-diversa

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El derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas

Sabina Itzel Hermida Carri

Participación en la mesa de diálogo “Alcances y limitaciones sobre la creación de disposiciones legislativas en materia de salud mental.” / Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH

 

“Nada sobre nosotros sin nosotros” es un lema potente reducido a palabras vacías y buenas intenciones.

Soy una persona con trastornos mentales, que no busca maquillar su condición detrás del discurso políticamente correcto; soy usuaria de la psiquiatría y agradezco parte de mi bienestar a los fármacos que tomo desde hace años, acompañados de otros tratamientos.

Me manifiesto abiertamente en contra de las narrativas y discursos que romantizan los trastornos mentales, niegan las diferencias y buscan imponer la idea de que absolutamente todos podemos ser “funcionales”.

Considero un grave error la satanización del enfoque médico para la atención de las personas con discapacidad y minimizar el impacto de los trastornos mentales en nuestra vida, la de nuestras familias y la de la comunidad.

En México, hablar de derechos humanos, inclusión y consulta a las personas con discapacidad es un discurso de moda y una herramienta para la imposición y la violación de esos derechos humanos fundamentales que se pregona defender.

¿Recuerdan alguna ley, disposición, tratado, normativa o reglamento qué haya sido consultado de manera amplia, transparente, nacional y accesible con todos y todas las personas con discapacidad en nuestro país?

NO EXISTE.

La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue impuesta sin tomar en cuenta la opinión de todas y todos, se trata de un tratado internacional vinculante, realizado y pensado para personas funcionales; es decir: inclusión que excluye, que impone y que se asume como verdad absoluta. No está clara cuál fue la participación de todo el colectivo en el planteamiento de dicho tratado, mucho menos si se trata de indígenas con discapacidad quienes históricamente han sido minimizados en sus opiniones.

Considero que la principal limitación para la creación de disposiciones legislativas en materia de salud mental (y en cualquier otra materia), son los espacios de decisión coptados, las consultas “a modo”, la manipulación del enfoque de derechos humanos y el desconocimiento y descalificación de las opiniones, sentires y realidades disidentes que vivimos, enfrentamos y construimos muchos y muchas personas con discapacidad.

Aunque el Artículo 4, Numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General N° 7 del Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, establecen el derecho a la consulta y pretenden aclarar todo lo relativo a nuestra participación en la toma de decisiones; se nos sigue sometiendo al criterio y voluntad de unas cuantas organizaciones poderosas que se asumen y son asumidas como representantes de todos; es decir: interdicción legitimada por quienes deberían velar por el ejercicio de nuestros derechos.

Esto quiere decir que toda la legislación que nos afecta directa e indirectamente tendría que ser derogada o invalidada; ejemplo claro de lo arriba mencionado es la Reforma Educativa 2019 y sus Leyes Secundarias, las cuales fueron legisladas, aprobadas e implementadas sin consultarnos.

 

Es interesante analizar por qué la reciente iniciativa de Ley General de Salud Mental causó tanta inconformidad mientras se dejó pasar muchas reformas y leyes igualmente violatorias de nuestros derechos; de igual manera es digno de analizar las acciones de muchos colectivos defensores de derechos humanos que han apoyado legislaciones que les benefician, aunque no hayan sido consultadas.

Legislar para unos cuantos, sus intereses, sus ideologías, sus negocios y sus agendas particulares es una práctica profundamente arraigada; la ley es violada sistemáticamente con la complicidad de instituciones como la CNDH, CONADIS, CONAPRED, COPRED y otras que trabajan, actúan y recomiendan “a modo”, ignorando y omitiendo violaciones de derechos cuando “la presión social no es suficiente” y cuando “no conviene a los intereses de los poderosos”; incluso los espacios de expresión como este, se realizan únicamente si hay suficiente raiting.

Es decir: si el agravio a tus derechos no causa ruido mediático, tu queja se perderá en los archivos institucionales y morirás esperando apoyo o respuesta alguna.

La realización de consultas amplias, transparentes, nacionales y accesibles está lejos de ser una realidad; si no somos representados por alguna organización de la élite de la discapacidad, nuestra opinión no vale; si la opinión se contrapone con el discurso oficial o el discurso de alguno de esos grupos, tampoco vale.

Necesario aclarar que todos y todas las personas con discapacidad tenemos derechos a opinar y a participar activamente en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de legislaciones que beneficien a todas y todos; no reproducir los discursos oficiales y románticos, no es pretexto para no tomarnos en cuenta; la ley es para todos ¿Acaso queremos otra Reforma Educativa? 

“Ninguna política nacional o internacional está por encima del derecho a la dignidad humana”.

 Colectivo Educación Especial Hoy

https://www.facebook.com/EducacionEspecialHoy

educacion.especial.hoy@gmail.com

Fuente:  https://www.educacionfutura.org/el-derecho-de-las-personas-con-discapacidad-a-ser-consultadas/

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Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”

Por: Giorgio Trucchi

Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.

Notas

[1] https://bit.ly/2SV8gTW

[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Fuente: https://rebelion.org/honduras-ante-el-epu-con-los-pies-hinchados/

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Los niños vuelven al colegio en Yemen, en escuelas en ruinas

Asia/Yemén/Octubre 2020/https://www.swissinfo.ch/

La escuela Al Wehdah, cerca de la ciudad de Taiz (suroeste de Yemen), recibe a sus alumnos al inicio del año escolar con paredes pulverizadas por los bombardeos, techos destrozados y vigas que se tambalean, en un país devastado tras seis años de guerra.

No hay puertas, ni ventanas, ni mesas. Los niños se conforman con viejos cuadernos para asistir a las clases que valientes maestros dictan bajo techos de hormigón que corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento.

Ali Sultan, padre de un alumno, muestra a la AFP una pared en la que se lee en color rojo «peligro de minas». Esta escuela, destruida en parte por un bombardeo en 2016, se encuentra en medio de un campo minado que ha sido limpiado para permitir el regreso de los alumnos de manera gradual.

«Tuvimos que tomar una decisión difícil: o los dejábamos en casa o tomábamos el riesgo de hacerlos estudiar bajo los escombros», asegura Sultan.

«Pasamos momentos muy difíciles», remarca el padre del alumno haciendo referencia a los combates que tuvieron lugar en esta gran ciudad entre las fuerzas oficialistas y los rebeldes hutíes, que no dudan en disparar contra cualquier objetivo para responder a los ataques.

 

Según el director de Educación de toda la provincia de Taiz, Abdel Wasseh Chaddad, solamente en la capital homónima «al menos 47 escuelas fueron destruidas totalmente en los combates».

– «Peligro de derrumbe» –

Chaddad se refiere también a la difícil decisión que debió tomar.

Asegura haber sido obligado a cerrar las escuelas destruidas y a dirigir a los estudiantes hacia los lugares donde pudieran recibirlos, incluso si eso implicaba que algunos de ellos tuvieran que hacer varios kilómetros para llegar allí.

Sin tener un pizarrón, Jamila al Wafi escribe el tema de la clase en lápiz sobre una viga de soporte. Los alumnos, sentados en el suelo, escuchan con atención y escriben en sus cuadernos.

Terminada la lección, bajan del aula, ubicada en el primer piso, utilizando un techo colapsado que hace las veces de escalera.

«Tenemos 500 alumnos», asegura a la AFP Wafi, vestida de negro con el rostro cubierto por un niqab, aclarando que niños y niñas asisten a clases por separado.

«Pedimos al mundo entero y a los empresarios que salven esta escuela que puede derrumbarse en cualquier momento», implora.

En el patio, los niños y las niñas se alinean en silencio mientras esperan para ingresar a las aulas o hacer deporte.

– «¿Una generación perdida?» –

En todo Yemen, más de 2.500 escuelas quedaron sin funcionamiento en 2019 según la ONU, de las cuales dos tercios fueron dañadas por los ataques, un 27% cerradas y un 7% son utilizadas por el ejército o como refugios para personas sin hogar.

Dos de los siete millones de niños yemeníes en edad escolar no están escolarizados, según la misma fuente.

La guerra en Yemen enfrenta a los rebeldes hutíes, cercanos a Irán –que controlan Saná– y gran parte del norte del país- con el gobierno, apoyado militarmente por una coalición liderada por Arabia Saudita.

El conflicto se ha cobrado decenas de miles de vidas, en su mayoría civiles, según oenegés internacionales y ha provocado lo que la ONU ha descrito como la peor crisis humanitaria del mundo.

Alrededor de 3,3 millones de personas han tenido que partir y más de 24 millones –más del 80% de la población– necesitan asistencia, según la ONU.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/los-ni%C3%B1os-vuelven-al-colegio-en-yemen–en-escuelas-en-ruinas/46087338

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