Derechos Humanos

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Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”

Noticias

Por: Giorgio Trucchi

Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.

Notas

[1] https://bit.ly/2SV8gTW

[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Fuente: https://rebelion.org/honduras-ante-el-epu-con-los-pies-hinchados/

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Los niños vuelven al colegio en Yemen, en escuelas en ruinas

Noticias

Asia/Yemén/Octubre 2020/https://www.swissinfo.ch/

La escuela Al Wehdah, cerca de la ciudad de Taiz (suroeste de Yemen), recibe a sus alumnos al inicio del año escolar con paredes pulverizadas por los bombardeos, techos destrozados y vigas que se tambalean, en un país devastado tras seis años de guerra.

No hay puertas, ni ventanas, ni mesas. Los niños se conforman con viejos cuadernos para asistir a las clases que valientes maestros dictan bajo techos de hormigón que corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento.

Ali Sultan, padre de un alumno, muestra a la AFP una pared en la que se lee en color rojo «peligro de minas». Esta escuela, destruida en parte por un bombardeo en 2016, se encuentra en medio de un campo minado que ha sido limpiado para permitir el regreso de los alumnos de manera gradual.

«Tuvimos que tomar una decisión difícil: o los dejábamos en casa o tomábamos el riesgo de hacerlos estudiar bajo los escombros», asegura Sultan.

«Pasamos momentos muy difíciles», remarca el padre del alumno haciendo referencia a los combates que tuvieron lugar en esta gran ciudad entre las fuerzas oficialistas y los rebeldes hutíes, que no dudan en disparar contra cualquier objetivo para responder a los ataques.

 

Según el director de Educación de toda la provincia de Taiz, Abdel Wasseh Chaddad, solamente en la capital homónima «al menos 47 escuelas fueron destruidas totalmente en los combates».

– «Peligro de derrumbe» –

Chaddad se refiere también a la difícil decisión que debió tomar.

Asegura haber sido obligado a cerrar las escuelas destruidas y a dirigir a los estudiantes hacia los lugares donde pudieran recibirlos, incluso si eso implicaba que algunos de ellos tuvieran que hacer varios kilómetros para llegar allí.

Sin tener un pizarrón, Jamila al Wafi escribe el tema de la clase en lápiz sobre una viga de soporte. Los alumnos, sentados en el suelo, escuchan con atención y escriben en sus cuadernos.

Terminada la lección, bajan del aula, ubicada en el primer piso, utilizando un techo colapsado que hace las veces de escalera.

«Tenemos 500 alumnos», asegura a la AFP Wafi, vestida de negro con el rostro cubierto por un niqab, aclarando que niños y niñas asisten a clases por separado.

«Pedimos al mundo entero y a los empresarios que salven esta escuela que puede derrumbarse en cualquier momento», implora.

En el patio, los niños y las niñas se alinean en silencio mientras esperan para ingresar a las aulas o hacer deporte.

– «¿Una generación perdida?» –

En todo Yemen, más de 2.500 escuelas quedaron sin funcionamiento en 2019 según la ONU, de las cuales dos tercios fueron dañadas por los ataques, un 27% cerradas y un 7% son utilizadas por el ejército o como refugios para personas sin hogar.

Dos de los siete millones de niños yemeníes en edad escolar no están escolarizados, según la misma fuente.

La guerra en Yemen enfrenta a los rebeldes hutíes, cercanos a Irán –que controlan Saná– y gran parte del norte del país- con el gobierno, apoyado militarmente por una coalición liderada por Arabia Saudita.

El conflicto se ha cobrado decenas de miles de vidas, en su mayoría civiles, según oenegés internacionales y ha provocado lo que la ONU ha descrito como la peor crisis humanitaria del mundo.

Alrededor de 3,3 millones de personas han tenido que partir y más de 24 millones –más del 80% de la población– necesitan asistencia, según la ONU.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/los-ni%C3%B1os-vuelven-al-colegio-en-yemen–en-escuelas-en-ruinas/46087338

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Exigen frenar la ola de la violencia contra líderes indígenas en Costa Rica

Noticias

La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.

Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.

En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.

Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.

País marcado por la impunidad

El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.

Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.

En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.

Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.

Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.

El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez

Basta de impunidad

Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.

Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.

El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.

“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.

Foto: Costa Rica Ilustra

Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas

  • En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas.  El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
  • Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país.  Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!

Lista de organizaciones que apoyan la declaración

  1. Agora Association, Turkey
  2. AIDA Americas
  3. Arraigo ONG, Costa Rica
  4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
  6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
  9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
  10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
  11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
  12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
  13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
  14. Corporación La Caleta, Chile
  15. Culture Hack Labs
  16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
  17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
  18. Environmental Justice Foundation (EJF)
  19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
  20. Forest Peoples Programme (FPP)
  21. Front Line Defenders (FLD)
  22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
  24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
  25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
  27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
  28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
  29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
  30. Legal Resources Centre
  31. Londres 38, Chile
  32. National Alliance of People’s Movements of India
  33. New Wind Association, Finland
  34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
  35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
  36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
  37. Open Briefing
  38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
  39. Project HEARD
  40. Protection International Mesoamérica
  41. Public Association “Dignity”
  42. Rainforest Fund
  43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
  45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
  46. Success Capital

     * Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad

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La protesta es un derecho que no debe prohibirse ni limitarse

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

El 14 de noviembre del año de 1152 A.C, ocurrió una protesta civil reconocida como la primera huelga de la historia (ngenespañol.com; otras fuentes datan el año 1166), contra el reinado de Ramsés III. Sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los reyes y se movilizaron ante el faraón gritando que tenían hambre y sed, que no tenían vestidos, ni pescado, ni legumbres. En 1886 más de 350.000 trabajadores en las calles de Haymarket (Estados Unidos) convocados por la Federación del Trabajo denunciaron las jornadas de trabajo de 14 horas y reclamaron por salarios y bienestar. Allí por primera vez ocurrió un final con disturbios, luego que un “desconocido” arrojara una bomba matando un policía, lo que degeneró en una masacre con resultado de 38 obreros asesinados con las armas del estado, más un centenar lesionados y el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales al año siguiente, según el dictamen de un cuestionado proceso judicial.

      En enero de 1905 obreros y campesinos unidos con la clase media rusa protestaron contra el imperio del Zar Nicolás II, hubo tomas de tierras y actos de desobediencia que terminaron con una marcha pacífica que derivo en el “domingo sangriento” provocado con las armas del estado, lo que apresuró la capitulación del Zar (semana.com, 2015). Del final del siglo XX se destacan las huelgas asociadas a líderes, Walesa en Polonia en 1980, le creo fisuras al gobierno comunista de entonces y lo llevó a la firma de un acuerdo para el reconocimiento de derechos consagrados en las convenciones de la OIT y; Lula Da Silva, con los obreros metalúrgicos reclamó por sueldos y garantías, fueron protestas duramente reprimidas con las armas del estado, pero la capacidad organizativa triunfó con la creación del partido de los trabajadores (PT) que en las urnas convirtió a Lula en presidente.

       La protesta es una facultad de la sociedad y la huelga un derecho de los trabajadores, ambos insertos en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la que los ricos y poderosos se reservaron la propiedad y los excluidos del poder la rebelión, civil para demandar garantías y armada para acabar la tiranía. La huelga y la protesta social llegaron mezcladas en 1948 a la declaración universal de derechos humanos y cumplen la misión de indicar el grado de respeto y responsabilidad del estado con los derechos humanos, pero a la vez ponen en evidencia la fortaleza de las instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público contra sus ciudadanos (manifestación pacífica, civiles DDHH, 2014).

       Protesta y huelga son constitutivas de la libertad y están amparadas por estándares internacionales tales como que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica o que la protesta no requiere autorización previa por ser expresión de inconformidad, insatisfacción, indignidad o resistencia ante políticas o conductas de los poderes públicos que afectan derechos. Son prácticas de restricción indebidas por parte del estado la prohibición, imposición de obstáculos, exigencia de requisitos innecesarios, penalizar o enmarcar en delitos de terrorismo o desestabilización, como también expedir leyes para dificultarla, tipificarla como delito, interferirla, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes o presumir de antemano su carácter desfavorable o descalificarlas como actos de desorden público o justificar una respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. Prohibirlas es ilegitimo e ilegal, incluso inmoral. Por eso es reiterativo pero necesario repetir mil veces, que los derechos son de los pueblos y la obligación de ofrecerles garantías, respetarlos y hacerlos respetar es del estado sin perder su neutralidad.

       En Colombia la protesta esta consignada en el art. 37 de la constitución, que la reconoce como un medio legitimo para la defensa, construcción y reivindicación de derechos. En ella se integran derechos de reunión, asociación, expresión y movilización y la huelga derechos laborales, a la vida, la dignidad y el bienestar. Protesta y huelga son parte de históricas conquistas sociales y aunque sean afectadas con disturbios ocasionados por “desconocidos” e intervenidas con «brutalidad aprendida”, son una herramienta de dialogo, un punto de llegada luego de haber agotado otras vías de solución.  En ningún disturbio esta permitida la fuerza utilizada en la guerra contra enemigos en combate y si ocurre debe ser juzgada a la luz de los derechos humanos y donde hay conflicto armado con las reglas del DIH, que implican la no prescripción de los delitos cometidos con las armas del estado.

       Para la OIT la huelga y la protesta son medios legítimos fundamentales de los que dispone la ciudadanía para promocionar y defender sus intereses económicos, sociales o culturales.  “La encuesta Global de la CSI 2013, reveló que más del 90% de los ciudadanos defiende los derechos y el 99% de los ciudadanos apoya el derecho a la huelga para defender mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad” (ituc-csi.org) y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 suscrito y firmado sin reservas por Colombia el 29 de octubre de 1969, obliga al estado y al gobierno a respetar y hacer respetar los derechos allí consignados y lo conmina a establecer mecanismos para su protección y garantía y a no privar al pueblo de sus medios de subsistencia.

      Las ultimas protestas sociales y la del próximo 21 de octubre de 2020, reclaman del estado y del gobierno garantías para proteger y realizar los derechos humanos y en especial el derecho a vivir, a no ser asesinados, a un nivel de vida adecuado con alimento, vivienda, agua, salud, educación, empleo, seguridad, paz y dignidad y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pretender reglamentar, condicionar, sujetar o “exterminarla” degenera el orden democrático. Las demandas –cada una en su contexto- son similares a las que enfrentó el Faraón Ramsés III, hace 1800 años y por lo que se conoce, sin ocurrir en democracia, la permitió sin censura ni uso de las armas de su reino para disolverla, ni de amenazas para disuadirla. Las huelgas y protestas son una ganancia común, son garantías de convivencia humana para vivir con derechos, están amparadas en la carta internacional de derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y pretender prohibirlas o limitarlas, sería irracional, ilegal e ilegitimo.

P.D. Resulta “inconcebible” la incitación al odio e inequívoca afectación de la salud mental en época de pandemia, la aparición de grandes vallas en defensa de “Uribe Libre”, con letreros como: “No permitamos que el comunismo y la izquierda se tomen el estado”. Cada letra incita a otro rio de sangre…

Fuente: Rebelión

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México: Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

Noticias

Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.

Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

De igual forma, acusaron que los defensores de Asmac han sido objeto de campañas de desprestigio y descalificación de su trayectoria.

Las constantes agresiones y amenazas en contra de la comunidad rarámuri provocó la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de la población.

Sin embargo, las hostilidades continúan contra los pobladores de Choréachi, por lo que los activistas exigieron a las autoridades frenar las agresiones, sancionar a los responsables de la violencia y el despojo territorial y acelerar la resolución del conflicto.

Con información de La Jornada

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-amenazas-agresiones-y-desplazamiento-forzado-contra-raramuris-que-reclaman-sus-tierras/

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México: Eliminación de fideicomisos vulneraría a víctimas, personas defensoras y periodistas: Espacio OSC

Noticias
Redacción de Desinformémonos

La aprobación del dictamen que desaparecería 109 fondos y fideicomisos públicos vulneraría «a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo, dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos», alertó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicaron que dentro del paquete de fondos a desaparecer se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. «Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México», añadieron.

Las organizaciones y activistas firmaron un pronunciamiento en el que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a desistir en la eliminación de los fideicomisos y a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones.

A continuación el comunicado completo:

El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.

Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de  violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que hoy, 1 de octubre se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara. Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. La eliminación implicaría:

  • Incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.
  • Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo.
  • Eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.
  • Vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas.

Además, es necesario señalar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin.

Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen

Rechazamos que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Personas víctimas, defensoras derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil firmantes

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil: 

Alberto Athié.
Amnistía Internacional México.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).
Borde Político.
Casa del Migrante Saltillo.
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Feminismos Descoloniales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Chinampa Voces del Mundo.
CIESAS.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia en el Estado de Guanajuato
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Data Cívica.
Desaparecidos Justos A.C. Queretaro
Documenta desde Abajo.
Elementa DDHH.
Familiares en Búsqueda María Herrera.
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
Frontera con Justocia A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Grupo de Investigaciones en Antropologia Social y Forense.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Impunidad Cero.
Inclusión Ciudadana A.C.
Instituto de Ecología A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Melel Xojobal A.C.
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C
Nancy Camacho Díaz.
Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Observatorio Designaciones Públicas.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM).
Red de Enlaces Nacionales.
Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Red en Defensa de la Democracia .
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México.
Revista Espejo.
Ruta Cívica.

Fuente: https://desinformemonos.org/eliminacion-de-fideicomisos-vulneraria-a-victimas-personas-defensoras-y-periodistas-espacio-osc/

Imagen: Yuri Cortez/Agence France-Presse — Getty Images

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Entrevista con Filippo Grandi: «Educación para los refugiados, una inversión que vale la pena para el mundo”

Noticias

Filippo Grandi es el undécimo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cargo que ejerce desde el 1 de enero de 2016, tras dedicarse al trabajo humanitario y de refugiados durante más de 30 años. Su mandato de cinco años al frente de Acnur, concluye el 31 de diciembre de este año.

Este es un extracto de la entrevista realizada a Grandi por personal del fondo Educación No Puede Esperar, también conocido por su nombre en inglés Education Cannot Wait y su sigla ECW. Se trata de un fondo mundial multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  destinado a promover el acceso a la enseñanza de los millones de niños y adolescentes que viven en medio de crisis, conflictos, desastres naturales y brotes de enfermedades.

EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR (ECW): Como agencia de las Naciones Unidas, con el mandato de su Asamblea General de brindar protección internacional y buscar soluciones para los refugiados, ¿podría explicar la importancia general de la educación para los niños refugiados como un componente de protección y soluciones?

FILIPPO GRANDI: La escuela es a menudo una de las primeras cosas que las familias de refugiados preguntan después de ser desplazadas. Deseosos de recuperar un sentido de normalidad y dignidad después del trauma del desarraigo, también están muy comprometidos con el futuro de sus hijos.

Muchos niños y jóvenes son desplazados varias veces antes de cruzar una frontera y convertirse en refugiados. Para estos niños, la escuela es el primer lugar donde comienzan a recuperar el sentido de rutina, seguridad, amistad e incluso paz.

La educación juega un papel clave, tanto para garantizar la protección de los niños y los jóvenes como para ayudar a las familias y los niños a concentrarse en reconstruir sus vidas y regresar a muchas de las actividades con las que normalmente se habrían comprometido antes del desplazamiento.

Como ha demostrado el reciente Informe sobre la educación 2020 de Acnur, aunque ha habido algo de éxito en el acceso a la educación primaria, este se ha ralentizado. Las tasas brutas de matriculación muestran que 77% de los niños refugiados están matriculados en la educación primaria, pero esta cifra se reduce drásticamente a 31% en el nivel secundario.

Las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada. Dado que la evidencia global muestra la naturaleza protectora significativa de la educación secundaria para las niñas, este es un aspecto clave del trabajo para Acnur y socios como Educación No Puede Esperar.

Juntos, estamos solicitando que la matriculación de refugiados en la educación en todos los grados se lleve a nivel global para permitir que los millones de niños y jóvenes de todo el mundo que se han visto obligados a huir de sus hogares construyan un futuro mejor para ellos, sus familias y sus comunidades.

Si se les permite aprender, desarrollarse y prosperar, los niños crecerán para contribuir a las sociedades que los acogen, pero también a sus países de origen cuando la paz les permita regresar. La educación es una de las formas más importantes de resolver las crisis mundiales.

ECW: Usted es miembro desde hace mucho tiempo del comité directivo de alto nivel de la Educación No Puede Esperar. Como sabe, la institución tiene por objeto garantizar que los niños puedan continuar su educación en tiempos de emergencias y crisis prolongadas. ¿Podría explicar las necesidades especiales de los niños refugiados durante las emergencias y las crisis prolongadas, y ¿cómo cree que Educación No Puede Esperar contribuye a satisfacer esos derechos y necesidades?

FP: El Pacto Mundial para los Refugiados exige medidas para permitir que los niños y jóvenes regresen al aprendizaje dentro de los tres meses posteriores al desplazamiento. Este objetivo destaca el importante papel que desempeña la educación, tanto formal como informal, para ayudar a los niños a reanudar sus actividades normales.

Los niños pueden tener un sentido de pertenencia con sus compañeros en las aulas, la oportunidad de jugar y participar en actividades recreativas y recibir información que podría salvarles la vida sobre temas relacionados con la salud, la higiene y la seguridad. Las escuelas también brindan acceso a servicios de apoyo, como programas de orientación y alimentación escolar.

Preparar a los niños refugiados para que ingresen a los sistemas educativos nacionales de las comunidades de acogida es fundamental y requiere trabajar en estrecha colaboración con los Ministerios de Educación para eliminar las barreras administrativas y de políticas a la matriculación escolar.

También implica garantizar que los niños tengan las destrezas y habilidades necesarias para prosperar una vez que estén inscritos en las escuelas. Las clases de aprendizaje de idiomas, especialmente cuando el idioma de enseñanza es diferente, los programas de actualización y la educación acelerada apoyan la inscripción de los niños en la escuela y la capacidad de aprender de manera efectiva.

También es importante brindar información y asistencia esencial para ayudar a las familias a superar algunas de las barreras prácticas para la inscripción escolar. El apoyo psicosocial también es fundamental para los niños que han sufrido el trauma del desplazamiento y que necesitan ayuda para adaptarse a nuevas situaciones y entornos.

El apoyo brindado por Educación No Puede Esperar permite a las agencias y organizaciones garantizar que los servicios se brinden después del inicio de una emergencia para abordar las necesidades inmediatas que se han destacado anteriormente, enfocándose tanto en las necesidades de protección como en las de educación y trabajando para garantizar que los niños estén preparados para ser incluidos en programas de educación formal.

Educación No Puede Esperar también ha desempeñado un papel fundamental al pedir a los donantes que inviertan en educación durante y después de las emergencias para asegurar que las necesidades educativas de los niños puedan satisfacerse durante las crisis humanitarias, como lo demuestra el aumento de la inversión en educación en situaciones de emergencia durante los últimos cuatro años.

ECW: Un número significativo de promesas hechas por países y otras partes interesadas en el Foro Mundial sobre los Refugiados 2019 se centró en la educación, incluidas las promesas individuales y conjuntas hechas por Educación No Puede Esperar que destacan las inversiones de varios años para aumentar las oportunidades en la educación secundaria para los niños refugiados y en el trabajo con otros fondos globales para apoyar una educación de calidad para los refugiados.¿Qué brechas existen en la financiación de la educación de los refugiados a nivel mundial y dónde pueden ayudar mejor los donantes, incluidos los países, la sociedad civil y las empresas privadas?

FG: Si bien la financiación para la educación en situaciones de emergencia se quintuplicó entre 2015 y 2019, la educación generalmente solo recibe entre dos y cinco  por ciento del presupuesto total de los llamamientos humanitarios. A medida que pasamos de situaciones de emergencia a crisis prolongadas, existe el riesgo de que el gasto en educación reciba un grado cada vez menor de prioridad, lo que dificulta apoyar a los gobiernos anfitriones para que continúen brindando servicios educativos durante un período prolongado.

Las brechas de financiamiento en la educación significan que a menudo es difícil garantizar que los niños y jóvenes completen un ciclo completo de educación, pasando de la educación primaria a la secundaria y la terciaria. Las cifras globales muestran que hay una caída significativa en la inscripción entre la educación primaria y secundaria y que solo el 3 por ciento de los jóvenes refugiados están matriculados en programas de educación terciaria.

Las brechas de financiamiento también significan que quienes más lo necesitan, incluidos los niños de hogares encabezados por mujeres o niños y los que tienen discapacidades, no reciben el apoyo especializado que se requiere para disfrutar plenamente de su derecho a la educación.

El compromiso conjunto en el Foro Mundial sobre Refugiados de Educación No Puede Esperar, el Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en términos de garantizar que los sistemas se fortalezcan y apoyen para que los refugiados y otras poblaciones vulnerables tengan un acceso continuo a la educación.

ECW: Educación No Puede Esperar ha dedicado su segunda ronda de inversiones de Primera Respuesta de Emergencia por covid-19 para situaciones de refugiados en todo el mundo. ¿Podría explicar algunas de las emergencias clave en términos de educación de refugiados para Acnur y la diferencia que hará la respuesta de emergencia de Educación No Puede Esperar para covid-19?

FG: El cierre de escuelas en todo el mundo significó efectivamente que 90 por ciento de los niños refugiados que estaban inscritos en escuelas y programas educativos no pudieran continuar recibiendo una educación.

Como se encuentran en algunas de las áreas más remotas de los países o tienen recursos limitados en el hogar, no pudieron beneficiarse plenamente de los programas de aprendizaje a distancia, y en el hogar y corren un grave riesgo de quedarse más rezagados académicamente. Este riesgo es aún más grave para las adolescentes, donde se estima que 50 por ciento de las jóvenes que estaban en la escuela corren el riesgo de no regresar una vez que se reanuden las clases.

El cierre de las escuelas también significa que muchos de los servicios de apoyo integral mencionados anteriormente (distribución de alimentos, apoyo psicosocial y actividades recreativas y programas de apoyo al aprendizaje) se vieron interrumpidos.

Las familias que han perdido sus medios de subsistencia como resultado de la pandemia experimentan una mayor presión económica y pueden dar menos prioridad a gastar los escasos recursos que tienen en la educación para garantizar que se satisfagan sus necesidades más básicas.

Todos estos factores contribuyen a aumentar los riesgos de protección durante los períodos de cierre de escuelas, dejando el futuro educativo de muchos niños refugiados colgando de un hilo.

Mantener la educación en marcha durante una pandemia requiere ingenio, innovación, invención y colaboración. La financiación de Educación No Puede Esperar para la respuesta a la  covid-19 desempeñará un papel clave en la mitigación de estos riesgos, al encontrar formas de garantizar que los estudiantes puedan continuar aprendiendo durante el cierre de las escuelas, difundiendo información a las familias de refugiados sobre los procedimientos de reapertura y los protocolos de seguridad que se implementarán, capacitando a los maestros para adaptarse a la pandemia, proporcionando materiales adicionales a los estudiantes, implementando campañas de regreso a la escuela y haciendo las mejoras indispensables en las instalaciones de agua y saneamiento en estas instituciones. Muchas de estas actividades ya se han iniciado con el generoso apoyo de Educación No Puede Esperar.

ECW: Acnur y ECW también han coordinado estrechamente con los gobiernos anfitriones, los actores humanitarios y de desarrollo el fomento de inversiones de recuperación de varios años, como el Plan de Respuesta Educativa para Refugiados y Comunidades de Acogida en Uganda. ¿Cómo ve este fortalecimiento de la educación para los refugiados y las comunidades de acogida en el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo?

FG: El tema del informe de Acnur de 2020 es «Unirnos para la educación de los refugiados». Este foco realmente refleja el Pacto Mundial sobre Refugiados, que aboga por un enfoque de “toda la sociedad” para garantizar que se aborden las necesidades de los refugiados y las comunidades de acogida. Esto significa que una serie de partes interesadas tienen un papel que desempeñar en la realización de los objetivos del Pacto.

La presencia de un plan claro y un conjunto de objetivos para apoyar el acceso a la educación ayuda a definir roles y áreas de contribución para una amplia gama de partes interesadas. Es fundamental que existan nexos entre los planes de respuesta humanitaria y para refugiados, los planes de resiliencia plurianuales y los planes de desarrollo del sector a más largo plazo.

El apoyo de Educación No Puede Esperar a la programación educativa inmediatamente después del inicio de una emergencia y la asistencia a más largo plazo proporcionada a través de los programas de resiliencia plurianuales desempeñan un papel fundamental para cerrar la brecha entre la financiación humanitaria y la financiación del desarrollo.

La inclusión de refugiados en los sistemas educativos del país de acogida significa que los donantes y otros actores deben trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos para aumentar la capacidad de estos sistemas de incorporar más estudiantes, desarrollar las habilidades de los maestros para responder a las necesidades de los alumnos y garantizar que los niños puedan progresar a través de diferentes niveles educativos.

ECW: ¿Habría algún comentario final que le gustaría hacer a la audiencia de ECW en todo el mundo sobre la importancia de la educación de los niños refugiados en situaciones de emergencia?

FG: La inversión en educación para los refugiados es esencial para garantizar que no se pierda la creatividad y el potencial de los jóvenes en regiones afectadas por conflictos y crisis.

Durante la pandemia de covid-19, los estudiantes refugiados han desempeñado un papel fundamental en sus comunidades trabajando en primera línea como trabajadores de la salud, fabricando mascarillas y jabón para distribuirlos a quienes lo necesitan, ofreciendo asesoramiento y difundiendo información sobre salud e higiene y creando programas para la instrucción de los estudiantes más jóvenes. Su impulso, iniciativa y pasión se habrían perdido sin una inversión temprana en su educación.

La educación para los refugiados es una inversión que vale la pena para toda la comunidad y para el mundo. También es un derecho fundamental para todos los niños que se afirma en la Convención de Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este derecho también debe respetarse en situaciones de emergencia en las que pedimos a los actores mundiales que se centren no solo en el acceso, sino también en la calidad de la educación y la capacidad de los niños para aprender, lo que los llevará a un futuro más brillante y digno.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/09/educacion-los-refugiados-una-inversion-vale-la-pena-mundo/

 

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