Concentración de los maestros, trabajadores y pensionados por salarios dignos, en las inmediaciones de la Iglesia San Vicente de Paul – Cumaná
Desde el lunes 08 de enero de 2024, luego del periodo vacacional decembrino, en Venezuela se espera poder dar inicio al segundo lapso para quienes están cursando estudios en Educación Inicial, Básica, Media y Media Técnica, así como la continuidad de formación en las carreras universitarias. Sin embargo, el retorno se encuentra difuso ante el llamado a movilizaciones y protestas nacional por parte de la base magisterial teniendo en cuenta la delicada situación económica que viven las y los trabajadores activos, jubilados, pensionados y el resto de la administración pública, quienes cerraron el 2023 con 441 jornadas de reclamos con exigencia de derechos laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)1 y sin respuesta por parte del Estado Patrono, situación que viene aconteciendo desde el 15 de marzo de 2022, fecha del último incremento decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, donde estableció para ese entonces un sueldo mensual de 130 bs que equivalía a 30 dólares acompañado de un discurso prometedor de la recuperación gradual del poder adquisitivo.
A pesar que a inicio del año el presidente y voceros del gobierno2 han informado que “la economía de Venezuela creció en el 2023 un 4.5% como lo pronosticó la Cepal”, hoy se han acumulado más de 650 días sin mejoras significativas, por el contrario, el salario mínimo para jubilados y pensionados se ubica en 3,62 dólares mensuales, mientras que, para trabajadores activos oscila entre 5, 12 y 40 dólares dependiendo de la ubicación en la tabla de pagos por conceptos de mejoramiento profesional o de clasificación.
Todo esto ha ocurrido en medio de un contexto inflacionario en el que los precios siguen aumentando tanto en bolívares como en divisas, lo que frustra aún más al trabajador(a) que ve cómo a diario puede cumplir menos con la posibilidad de alimentarse, vestirse, comprar medicamentos, realizar higiene mental o esparcimiento como parte de una vida saludable.
Por tanto, con una agenda de levantamiento de voz, este martes 09 de enero, las y los trabajadores de escuelas públicas volvieron a las calles en exigencia de demandas económicas, la firma de un nuevo contrato colectivo para sustituir el que está vencido desde hace cuatro años, pago de deudas pendientes, restitución del HCM, eliminación del instructivo Onapre, mejores condiciones laborales y el rechazo a una bonificación que no tiene repercusión en pasivos laborales al carecer del carácter salarial afectando a más de 4 millones trabajadores de la administración pública.
Agitando pancartas con consignas como «¡Maduro, hasta cuándo corrupción!, No al salario de hambre, no a pensiones de muerte!» y «¡Salarios y pensiones indexados a la canasta básica!», maestros activos y jubilados marcharon en rechazo a la «bonificación» de los salarios y el deterioro de la educación.
Profesores de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos” salieron a las calles de San Juan de los Morros para sumarse al reclamo de la reivindicación salarial ante canasta básica una calculada en $520 por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Para el 10, 11 y 12 del mes presente, el magisterio barinés decretó paro de 72 horas, mientras que el 15 de enero, fecha en la que conmemora el Día del Maestro, sigue el llamado a continuar en todo el territorio nacional con la agenda de reclamos y lucha para recuperar la calidad de vida de las personas que conforman todos los gremios. También se estima que se dé a conocer la ruta de acciones a posterior.
«La docencia se vive o no es docencia; aunque desde luego, es totalmente respetable quienes en su momento hayan tomado la decisión de no continuar el camino, porque en el camino, hay que decirlo, también se nos va la vida y no regresa.»
La tan nombrada y mal llamada “revalorización del magisterio”, simple y llanamente no ha llegado. De hecho, estas tres sencillas palabras, han sido empleadas sin ton ni son por cuanto político y/o funcionario de gobierno haya querido. No es para menos, se sabe que, en los trabajadores de la educación, se encuentra una fuerza muy poderosa que representa un buen botín político. Tratar de conquistarlos endulzándoles el oído, ha sido una práctica reiterada que se ha hecho visible una vez que se acercan las elecciones presidenciales o de los gobiernos estatales y municipales, pero también, sin excusa ni pretexto, cada que se acerca el 15 de mayo, fecha en la que en nuestro país se festeja con bombo y platillo a las maestras y maestros.
Curiosamente, sobre esta última fecha, desde el pulpito presidencial o gubernamental, año con año se pronuncian los mismos discursos, las mismas palabras, las mismas cantaletas: ¡Vendrán mejoras salariales!, ¡El maestro frente a grupo es lo más importante!, ¡Por fin se ha revalorizado a las maestras y maestros de México!, ¡Antes no se les daba el trato que ahora se les da porque hoy somos un buen gobierno, con sentido humano! Y luego, para no perder la costumbre, los homenajes, los reconocimientos, las fiestas, los bailes, las comilonas, todo gestionado por un Sindicato; claro, porque su prioridad tal y como se lee en sus estatutos, es “defender los derechos laborales y profesionales de sus agremiados”. ¡Vaya cinismo!, ¡vaya simulación!
Y es simulación porque en realidad, ni los salarios han mejorado y mucho menos se han defendido los derechos laborales y profesionales del magisterio. Sí, esa es una realidad que está ahí, es evidente, es visible; desafortunadamente no siempre se expresa como tendría que expresarse porque, de hacerlo, podría ser considerado un acto revolucionario y, por obvias razones, la fuerza del estado-gobierno y de su subordinado, el sindicato, actuarían para acallar los reclamos. ¿Qué puede esperarse en un país donde la corrupción y la impunidad reinan a cabalidad y sin miramientos?, ¿qué puede esperarse en un país donde el sistema educativo está cooptado por algunas autoridades educativas que, cual virreyes, imponen su autoridad más allá de los mandatan las leyes y/o reglamentos?, ¿qué puede esperarse en un país donde un sindicato es bueno para dos cosas: para nada y para nada?
Yo creo que la docencia es una de las profesiones más bellas.
A lo largo de mi vida he conocido todo tipo de maestras y maestros; indiscutiblemente, todas y todos han dejado huella, porque precisamente dejar huella, es una de las tantas posibilidades que brinda este maravilloso encuentro entre dos o más mundos. En absoluto podría catalogarlos como buenos y malos, tal y como alguien intentó hacerlo hace unos años a partir de ser idóneo o no idóneo; desde luego, una práctica “clasificatoria y discriminatoria” que en nuestros días no ha desaparecido, aunque allá y por acullá se diga lo contrario. No, en absoluto podría hacerlo.
Pienso que con la llegada de esa bendita “calidad educativa”, y todo en lo que en su nombre se ha cometido, la docencia ha dejado de tener el sabor de antes. Obviamente este, el de la “calidad”, podría ser uno de los tantos factores que han influido en ello, porque tengo claro que el mundo y la sociedad ha cambiado considerablemente en los últimos treinta años; sin embargo, hoy por hoy, pareciera ser que cumplir con un cúmulo de indicadores y estándares en razón de esa calidad y excelencia educativa es, por así decirlo, lo más importante.
¿Qué importan las sesiones o clases si lo que se debe entregar es el informe que pidió de un día para otro el supervisor porque así se lo solicitaron de la SEP?, ¿qué importa si en los estudiantes se observan un cúmulo de conductas que derivan de sentidos problemas en casa o de familia si lo relevante es acabar los contenidos porque ya viene el examen de diagnóstico o de zona?, ¿qué importa que los alumnos no hayan asimilado adecuadamente el proceso de escritura y lectura si lo relevante es que todos se promuevan al siguiente grado?, ¿qué importa si el padre o madre de familia jamás se haya acercado a la escuela si lo relevante es que el niño lleve en su boleta nueves y dieces porque de lo contrario podría tener problemas la maestra o maestro?, ¿qué importa todo el estrés, ansiedad, depresión o cualquier enfermedad del profesorado si lo relevante es que asista a la escuela porque de no hacerlo sería sancionado por su autoridad inmediata superior?, ¿qué importa si un trabajador de la educación no se presenta en unas semanas si lo relevante es que cumpla ciertas funciones sindicales porque es “ahijado” de alguien del sindicato?, etcétera, etcétera, etcétera.
Y aún con ello, sigo creyendo que la docencia es una de las profesiones más bellas; porque la docencia: o se vive intensa o apasionadamente dentro del salón de clases, con los alumnos, o no es docencia.
Fiestas, bailes, comilonas y falsas promesas salariales y profesionales seguirán existiendo. Así es la hipocresía en un mundo donde las verdades suelen convertirse en el enemigo. Afortunadamente, ninguno de estos conceptos se compara con un ¡Gracias maestra o maestro!; sí, un gracias que muy pocas veces suele expresarse pero que no puede imaginarse lo que significa en el alma de quien lo escucha.
Tristemente, leí con atención muchos comentarios que encontré en las redes sociales, específicamente en la página de Facebook “Cosas de profes oficial”, cuando ésta publicó un mensaje anónimo que a la letra decía: “Hola buen día, puede publicar de manera anónima por favor. ¿A qué se han dedicado los profes que han renunciado a su plaza? Estoy pensando seriamente en renunciar a mis horas de secundaria, el desgaste es demasiado y el sueldo es muy poco. Sumando a que diario tengo que gastar en gasolina. O también la pregunta, ¿ustedes han pensado en renunciar? Yo sí, esto es muy desgastante y las condiciones para los maestros no mejoran”.
¿A cuántos docentes, a lo largo de su carrera, no les habrá pasado por su mente renunciar? Sería atrevido hacer una aseveración de mi parte en este texto; sin embargo, a título personal podría decir que, por mi mente, en varias ocasiones se ha asomado esta idea, sobre todo en los últimos años por muchas de las razones que puede leer en los comentarios de la publicación que refiero; sin embargo, creo que lo ha mantenido viva o encendida la llama, y por lo cual aquí sigo, ha sido justamente descubrir cada día las maravillas que solo puede darte una profesión tan noble como ésta, claro, las enormes potencialidades que puedes ver en tus alumnas y alumnos; el aprender de ellas y ellos, el reflexionar y repensar mi actuar y quehacer en la escuela, el darme cuenta que las experiencias compartidas en un salón de clases son tan especiales que no las cambiaría por una fiesta, un efímero reconocimiento y, mucho menos, por un puesto.
Sí, la docencia se vive o no es docencia; aunque desde luego, es totalmente respetable quienes en su momento hayan tomado la decisión de no continuar el camino, porque en el camino, hay que decirlo, también se nos va la vida y no regresa.
Urge una respuesta activa frente a los intentos de la derecha de avasallar derechos laborales.
Hace 133 años el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, reunido en París, declaró el 1° de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Chicago. El 1º de mayo de 1886, a iniciativa de la Federación Americana del Trabajo, se convoca a una huelga destinada a lograr el reconocimiento de la jornada de ocho horas a partir de ese día. El 4 de mayo se movilizan 20.000 trabajadores en la plaza Haymarket de Chicago. La policía dispara contra la multitud, matando e hiriendo a numerosos obreros. Una bomba ocasiona la muerte de un policía. Se inicia un proceso penal contra 31 dirigentes sindicales y como resultado el tribunal condena a muerte a cinco, a prisión perpetua a otros dos, y a uno a quince años de trabajos forzados. Nunca se probó en el juicio que fueran culpables. Como suele ocurrir en los procesos políticos promovidos por las clases dominantes –en la línea de lo que hoy se llama lawfare– poco importaba que lo fueran o no. El objetivo del proceso era escarmentar a los trabajadores en lucha. El 11 de noviembre de 1887 se cumple la sentencia y los militantes anarquistas August Spies, Adolph Fischer, George Engel, Albert Parsons y Louis Lingg son ahorcados.
Luego de la primera celebración del 1° de Mayo de 1890 a través de multitudinarios actos en Buenos Aires y Rosario, los trabajadores debieron enfrentar la feroz represión policial. El 1° de Mayo de 1909, el jefe de policía Ramón Falcón ordena atacar el acto anarquista de Plaza Lorea, provocando 14 muertos y 80 heridos. Como consecuencia de estos crímenes, se unen las diversas tendencias (socialistas y anarquistas) y durante más de una semana se paralizan todas las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Meses después, Falcón muere por una bomba arrojada por Simón Radowitzky.
La Liga Patriótica, una de las primeras organizaciones de ultraderecha en nuestro país, fue creada por el político de extracción radical Manuel Carlés. Se ocupaba de contratar rompehuelgas, premiar a quienes no se incorporaban a los sindicatos, organizar provocaciones y atentados, participando activamente en la represión y muerte de trabajadores durante la Semana Trágica de 1919.
La continuidad de la lucha de los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales hizo posible que los objetivos planteados por los mártires de Chicago se cumplieran parcialmente durante el siglo XX.
Uno de los capítulos heroicos de la lucha de la clase trabajadora fue la huelga de los peones rurales de la Patagonia en 1921, que reclamaban salarios dignos, jornada limitada de trabajo, el derecho a la organización sindical, higiene y seguridad en el trabajo. La huelga concluye con la masacre de miles de peones y la mayor parte de sus dirigentes, realizada por el Ejército Argentino a las órdenes del teniente coronel Héctor Varela, enviado por el Presidente Hipólito Yrigoyen.
Durante varias décadas, la ley 11.544 de 1929 (sobre las ocho horas diarias y 48 semanales de trabajo) sólo tuvo aplicación en la actividad industrial, comercial y financiera. Los trabajadores rurales fueron excluidos de ella. La primera ley dictada en beneficio de los mismos es el Estatuto del Peón de Campo, sancionado por decreto 28.169 del 8 de octubre de 1944, impulsado por el entonces coronel Juan Domingo Perón, que les garantiza el derecho al salario y condiciones dignas de trabajo, la jornada limitada, los descansos obligatorios, alojamiento, vivienda y alimentación en condiciones de higiene adecuadas, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica, vacaciones pagas e indemnización por despido. El Régimen del Trabajo Agrario de la dictadura significó un claro retroceso a épocas pretéritas.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26.727 de 2011 deroga el regresivo Régimen del Trabajo Agrario con el que la dictadura había reemplazado en 1980 al Estatuto del Peón, y crea una nueva regulación del trabajo rural que –entre otros beneficios– reconoce a los trabajadores una jornada laboral de ocho horas diarias y 44 semanales.
Los proyectos antagónicos
En artículos anteriores nos referimos a la brutal ofensiva de los grupos económicos y la derecha contra las luchas colectivas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. A ello se agregan las amenazas de sancionar una “reforma laboral” –en el supuesto de ganar las elecciones– que implicaría liquidar el Derecho del Trabajo existente y un retroceso a las condiciones socio-laborales de comienzos del siglo XX.
Con matices y formas de estilo diferentes, se sumó a estas ideas Antonio Aracre, ex directivo de Syngenta, días después de ser designado jefe de asesores del Presidente Alberto Fernández, proponiendo “una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo”, y llamando a “flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo formal o precarizado puedan incorporarse más fácil al mundo laboral”. En síntesis: para que exista regularidad en la registración, es necesario que los nuevos “favorecidos” accedan a un régimen de trabajo flexibilizado, con menos derechos.
A dos meses y medio de ser designado, Aracre renunció a su cargo con el fin de “desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados”, cuando fue él mismo quien generó y/o incentivó dicha “intranquilidad” con rumores tales como una posible devaluación, desdoblamiento cambiario y hasta la posibilidad de renuncia de Sergio Massa.
Los hechos demuestran que los representantes del gran capital no incurren en contradicciones, y que así como plantean la necesidad de una reforma laboral regresiva, también son partidarios de una fuerte devaluación y de la eliminación de cualquier tipo de control de cambios.
Los legisladores de Juntos por el Cambio no sólo han presentado proyectos de supresión de las indemnizaciones por despido arbitrario sino de criminalización de las medidas de acción sindical.
Los proyectos presentados por los diputados del Frente de Todos Claudia Ormaechea –secretaría de género e igualdad de la Asociación Bancaria– y Hugo Yasky –secretario general de la CTA de los Trabajadores– que plantean la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción salarial, el primero a seis horas diarias o 36 semanales, y el segundo ocho horas diarias o 40 semanales, tanto en el ámbito público como el privado, ni siquiera han sido tratados en el Congreso de la Nación.
La reducción de la jornada, sin reducción salarial, constituye una necesidad social impostergable a fin de crear más puestos de trabajo, distribuir el trabajo de forma más homogénea entre la población, reduciendo el malestar asociado al desempleo, a las largas jornadas y al escaso o nulo control de los trabajadores sobre el tiempo de trabajo.
No obstante el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 11.544, el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad de las empresas, la jornada máxima de trabajo en nuestro país sigue siendo la misma. El tiempo efectivamente trabajado suele ser mayor, uno de los más extensos del mundo. Estamos muy por encima de los promedios anuales de los países más desarrollados, como consecuencia de la generalización de los turnos rotativos, de los turnos de 12 horas en determinadas actividades, las horas extras, el desconocimiento de los descansos diarios y semanales, entre otros factores.
La resistencia de las clases dominantes a cualquier reducción de la jornada laboral ha sido sistemática y permanente. Ningún convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente al tiempo de trabajo posterior a los Convenios 1 y 30 han sido ratificados por nuestro país. El Convenio 47 (de 1935) sobre las 40 horas semanales tampoco fue ratificado.
La Recomendación 116 sobre Reducción de la Duración del Trabajo, aprobado en 1962 por la Conferencia General de la OIT, no ha merecido ninguna atención por parte de los sucesivos gobiernos de nuestro país. Cabe destacar que dicha Recomendación –que hace referencia en su Preámbulo a la semana de 40 horas como “una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario”– determina: “a) que la duración normal del trabajo debería reducirse progresivamente, cuando sea apropiado, con el objeto de alcanzar la norma social indicada en el Convenio 47, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo” [1].
El carácter autoritario del neoliberalismo
El oligopolio mediático más importante del país, el que participa con mayor entusiasmo en esta campaña contra la clase trabajadora, acaba de materializar la violencia simbólica que despliega habitualmente mediante el despido de al menos 48 trabajadores. Cuatro años antes, en 2019, el grupo Clarín había despedido a otros 65. Se negó durante casi dos días a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme a la cual debió retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, reincorporándose a los despedidos y cesando las medidas de fuerza. No permitieron el reingreso de los despedidos a las instalaciones del multimedio, por lo que se realizaron asambleas y un acto frente al edificio. El grupo no parece dispuesto a retroceder en este ejercicio de violencia del poder privado, que no responde a razones económicas sino a su voluntad de disciplinar a los trabajadores.
La voluntad de disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones a través de métodos legales e ilegales es uno de los objetivos fundamentales de la derecha local, tanto la nucleada en Juntos por el Cambio como la de los fascistas “libertarios”, para hacer posible la transformación regresiva de las condiciones socio-económicas.
La realización de estos objetivos requiere necesariamente el establecimiento de un régimen político de carácter autoritario, que tiene como el ejemplo más cercano el de la dictadura de Pinochet, quien gobernó con una pléyade de asesores de la Escuela de Chicago encabezada por Milton Friedman.
Cabe recordar que el régimen de Mussolini –elogiado por Von Hayek y otros economistas de la escuela neoclásica– puso en marcha en sus comienzos profundas reformas que promovían la austeridad fiscal, monetaria e industrial. Estos cambios impusieron duros esfuerzos y sacrificios a las clases trabajadoras y garantizaron los intereses del gran capital.
Se ha dicho al respecto que “entre las reformas que consiguieron acallar cualquier impulso de cambio social podemos mencionar la drástica reducción de los gastos sociales, los despidos de funcionarios (más de 65.000 sólo en 1923) y el aumento de los impuestos sobre el consumo (el IVA de la época, regresivo porque lo pagaban principalmente los pobres). Todo ello junto a la eliminación del impuesto progresivo sobre las herencias, acompañado de un aumento de los tipos de interés (del 3 al 7% a partir de 1925) así como de una oleada de privatizaciones que estudiosos como el economista Germà Bel han calificado como la “primera privatización a gran escala en una economía capitalista”. “Además, el Estado fascista aplicó leyes laborales coercitivas que redujeron drásticamente los salarios y prohibieron los sindicatos. La derrota final de las aspiraciones de los trabajadores llegó con la Carta del Trabajo de 1927, que cerró cualquier vía de conflicto de clase. La Carta codificó el espíritu del corporativismo cuyo objetivo, en palabras de Mussolini, era proteger la propiedad privada y ‘reunificar dentro del Estado soberano el pernicioso dualismo de las fuerzas del capital y del trabajo’, que se consideraban ‘ya no necesariamente opuestas, sino como elementos que debían y podían aspirar a un objetivo común, el más alto interés de la producción’”[2].
Consideraciones finales
Frente a los desafíos de esta etapa, las organizaciones sindicales de los trabajadores, más allá de sus diferencias, no pueden adoptar una posición meramente defensiva. Creemos que se imponen algunos objetivos:
Reformular los ejes de acumulación política y organizativa sobre la base de la lucha por el trabajo, los convenios colectivos, el aumento de salarios: por suma fija, aguinaldo y paritarias, sin perjuicio de un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil.
La mejora de las condiciones de trabajo, los sistemas de prevención de accidentes y enfermedades, la obligatoriedad en todo el país de las comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y la participación de las organizaciones sindicales en el control del proceso de trabajo.
Defensa de los puestos de trabajo, contra los despidos y suspensiones. Luchar por el reconocimiento de la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores, estatales y privados.
Contra toda discriminación en el empleo y contra la violencia en el trabajo.
Por la regularización de los contratados en el Estado nacional, provincial y municipal; contra la utilización abusiva de las pasantías.
Conformar intersindicales y coordinadoras regionales; y fortalecer la organización sindical dentro y fuera de las empresas.
Abolición del secreto comercial y bancario; y ejercicio del derecho al control de la producción, administración y comercialización por parte de los trabajadores en las empresas.
Re-estatización de las empresas privatizadas. Nuestro país –con sus riquezas naturales, la capacidad de sus trabajadores, técnicos e intelectuales– está en condiciones de superar la dependencia, el hambre y la desocupación si los recursos ayer privatizados y aún no recuperados, fundamentalmente el comercio exterior y los puertos, son puestos bajo el control del Estado.
Notas:
[1] Elizondo, Jorge, “La reducción del tiempo de trabajo y el control del proceso productivo”, publicado en www.jurisbibliotecadigital.com
[2] Mattei, Clara E, “Cuando los liberales se enamoraron de Benito Mussolini”, 13/11/22.
Sindicalistas y representantes de distintos sectores del sector público en Venezuela advirtieron que continuarán protestando por sus derechos laborales durante los días 9, 15 y 23 de enero de 2023. En una rueda de prensa organizada este 13 de diciembre en la Universidad Central (UCV), insistieron en que no cesarán de reclamar sus reivindicaciones salariales.
«El año 2022 que le vendieron a todo el mundo fue una farsa. La recuperación económica de Venezuela fue una mentira, hoy cerrando con un dólar en 14,13 bolívares. Un año en el que gobierno nacional de Nicolás Maduro quemó más de 3 mil millones en la banca para terminar diciendo que las páginas son las culpables de la crisis», expresó José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.
Keta Stephany, la secretaria de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), indicó que la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición, reanudadas en México, debe tratar la situación actual de los trabajadores venezolanos.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), en septiembre se registraron 572 protestas en el país, de las cuáles 324 fueron por derechos laborales.
Denunciaron que el salario se ha devaluado en un 70 %
«Vamos a levantar un movimiento en defensa del salario, el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Nosotros celebramos y esperamos que la OIT instale una oficina en Venezuela», dijo Stephany.
Qué pasó con el salario mínimo
Los trabajadores denunciaron que, con el incremento acelerado del dólar en las últimas semanas, el salario mínimo se ha devaluado hasta un 70 %. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló que el personal universitario debe laborar en otras áreas, incluso la informal, para poder cubrir los gastos de diciembre, debido a que el sueldo se ve pulverizado por la inflación.
«Tienen que salir a asumir otras tareas para compensar solamente el tema de la alimentación. El 15 van a pagar la última cuarta parte del aguinaldo: la gente está esperando eso para comprar la harina para la comida de los niños, ni siquiera para las hallacas. La gente no tiene para comprarle un regalo a los muchachos para el 24. La gente está sencillamente sin navidad», apuntó Sánchez.
Trabajadores seguirán protestando en las primeras semanas de 2023
Protestas durante todo el año
Desde enero y hasta noviembre de 2022 el sector público organizó cientos de protestas a nivel nacional exigiendo principalmente tres cosas: la homologación del salario y las pensiones a la cesta básica, la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la garantía del cumplimiento de las contrataciones colectivas.
Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha atendido ninguno de los reclamos o propuesta realizados por los trabajadores, que incluyen un debate público nacional con las autoridades.
Más de 500 protestas fueron organizadas este 2022 en todo el territorio nacional
«…los trabajadores protestaron masivamente para demostrar las violaciones a los derechos laborales y exigir se dicten resoluciones a favor de los venezolanos que a diario ven mermadas sus posibilidades de garantizar alimentación de calidad y acceso al sistema de salud. Destacamos que durante el mes de septiembre aumentaron las protestas en reclamo al alto costo de alimentos e inflación», denunció el Ovcs en su balance mensual.
Actualmente, el sueldo mínimo del venezolano se ubica en 130 bolívares, que equivalen a 9 dólares según la tasa del Banco Central de este martes 13 de diciembre. Mientras tanto, la canasta básica alimentaria se ubicó en 459,08 dólares durante octubre de 2022, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Mientras ADES Montevideo define este martes cómo continuar las medidas de lucha, el presidente de la ANEP exhorta a los estudiantes a ir a clase.
Este martes es una jornada con amplio movimiento en la educación. Comenzó con el Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocupado por docentes y estudiantes, con una marcha de estudiantes de secundaria y con una asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES) para definir si continúa la huelga que llevan adelante desde la semana pasada o se toman otros caminos de protesta para manifestar su rechazo a la reforma educativa que se promueve desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Mientras tanto, el martes de mañana el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, publicó en su cuenta de Twitter que “los liceos de Montevideo están abiertos y la asistencia de los docentes llegó al 60% la semana pasada”. De hecho, remarcó que “hubo centros que alcanzaron el 90% de asistencia de profesores a clases”.
En este sentido, y como lo ha hecho otras veces, exhortó a estudiantes y sus familias a continuar asistiendo a clases en la educación pública.
El sindicato reafirmó que la medida se toma “contra la persecución antisindical” y “antigremial”, según señalan, ya que se trata de “un ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos”.
Antes de la asamblea de esta jornada ADES Montevideo aprobó una declaración que afirma que la reforma “no reconoce y violenta” derechos y que “es una forma de desarticular la educación pública”. Además, el sindicato sostiene que los docentes pierden horas de trabajo y “se cambian asignaturas por talleres sin una fundamentación epistemológica, pedagógica ni didáctica”, y se reclama que el título al que acceden es de profesores y no de talleristas.
El estudio refleja que los bajos salarios, las dificultades de transporte, alimentación y servicios básicos son los aspectos con los que deben lidiar.
La precaria situación de los maestros venezolanos quedó asentada en un informe emitido por la Asociación Civil Con la Escuela junto a la Red de Observadores Escolares, basado en una encuesta que coteja entrevistas a 329 educadores de 72 escuelas de cinco regiones del país en abril.
El estudio refleja que los bajos salarios, las dificultades de transporte, alimentación y servicios básicos son los aspectos con los que deben lidiar. “La mitad de los educadores consultados admitieron que tienen fuentes adicionales de ingresos para sobrevivir. De esos docentes que tienen otro trabajo, el 77% admitió tener solo uno adicional, el 18% que tiene dos trabajos adicionales, y 3% de los casos, aseguran tener de tres a cuatro trabajos”.
Peor en el sector público
Esto se presenta con mayor intensidad en los sectores públicos, rurales y urbanos, donde “siete de cada 10 docentes”, optan por otro modo de ingreso adicional como modo de rebusque.
Una de las razones es tratar de solventar la inseguridad alimentaria: 20% de los maestros encuestados indicó que no come tres veces al día y el 2% solo lo hace una vez.
“Así como un niño con penurias alimenticias no rinde, con un educador puede pasar algo similar”, señaló Oscar Iván Rosé, coordinador de Con La Escuela.
Este miércoles 25 de mayo, docentes se movilizaron al acto oficial encabezado por Sergio Uñac (Frente de Todos-PJ) en reclamo de mejoras salariales. Fueron reprimidos por policía de la provincia y preparan nuevas acciones. El acuerdo salarial firmado en marzo por las cúpulas sindicales deja sus salarios muy por debajo de la canasta básica y pierden mes a mes con la inflación.
El acto oficial en conmemoración de la Revolución de mayo fue el escenario que eligieron manifestarse por aumento de salarios. Allí estaba presente el gobernador Sergio Uñac(Frente de Todos-PJ) que hizo caso omiso a reclamo pero fue envíada policía de la provincia a reprimir a las trabajadoras y trabajadores de la educación.
En su discurso el gobernador planteó: “feliz día de la Patria para todos los sanjuaninos. Estamos teniendo una nueva normalidad en un día fresco, hace frío, pero hoy se puede volver a revivir estas cosas que la pandemia nos quitó y estamos recuperando”. Paso seguido reprimió a los y las docentes que reclaman por sus magros salarios: «Señor Gobernador. Pedimos una mejora salarial. ¿Viviría usted con nuestro sueldo?»
Al gripo de «queremos un sueldo digno», esta mañana una multitudinaria marcha docente volvió a recorrer el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo que relataron trabajadores a Diario Huarpe, el cargo testigo de un docente ronda los $29.000 que no les alcanzan para vivir. Este dato parece confirmarse, al menos parcialmente, si se tiene en cuenta que tras el acuerdo salarial de marzo pasado, el cargo testigo para el maestro de grado de jornada simple quedó definido en $29.141 para el mes de mayo. Mientras que para julio llegará a $30.307, en octubre $32.639 y en diciembre de $33.804.
En la paritaria que se cerró en marzo quedó establecido que los trabajadores iban a tener una recomposición del 45% en total. De esta cifra, el 20% fue con el sueldo de marzo, un 5% con los haberes de mayo, 5% con lo cobrado en julio, 10% en octubre y 5% con los salarios de diciembre.
Julio Roberto Rosa, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), explicó que este acuerdo ya todo quedó desactualizado debido a la inflación y por eso ha pedido que el 5% de julio se adelante un mes y se pague con el sueldo de junio. Además, solicitó que el tramo de 10% previsto para octubre pase al mes de julio.
La Junta Interna de ATE Indec estimó que la canasta de consumos mínimos al 30 de abril fue de $ 154.134, mucho más del promedio de salarios.
A esto se le suma que los salarios del sector público han perdido un 25,8% de su poder de compra de 2015 a este año.
Manifestantes levantaron carteles con la leyenda «queremos un sueldo decente y un gremio que nos represente». Anunciaron que preparara nuevas acciones.
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