En el plantel San José Obrero, de la red de centros de educación Fe y Alegría, piden a los padres una colaboración para poder pagar la nómina de trabajadores.
Venezuela se enfrenta al reto de mantener vigente el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria de 1870, al cumplirse 154 años del dictamen que hoy se traduce en dificultades para alumnos y profesores para asistir a las escuelas, lo que incide negativamente en educación de calidad, según expertos.
Para la docente Luisa Pernalete, con 50 años de experiencia escolar, la educación está en «emergencia» por «falta de docentes», ya que han abandonado las aulas por tener los salarios «más bajos» en «toda América Latina»: entre «25 y 40 dólares» mensuales.
«Venezuela ha perdido una cuarta parte de los docentes (…) No pueden satisfacer sus necesidades básicas y tienen que buscarse otro trabajo», dijo a EFE Pernalete, quien es parte del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.
Sin embargo, para ella «lo más grave» es el llamado «horario mosaico», que consiste en la asistencia a clase entre «dos y tres días» a la semana, para que los maestros dediquen los demás días a otros trabajos.
En diciembre de 2023, en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el coordinador del Observatorio Nacional por la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Lenín Romero, expuso un estudio en el que más del 80 % de una muestra de estudiantes públicos de los grados tercero y sexto registró el nivel más bajo en desempeño de lectura.
Recursos necesarios
En ese foro se reconoció la labor de Fe y Alegría, una red de centros de educación que recibe subvención del Estado. En uno de esos planteles, el San José Obrero, en Antímano, Caracas, Rafael Peña -su director- dijo a EFE que piden a los padres una colaboración de 20 dólares para pagar la nómina de trabajadores, aunque reconoció que hay progenitores que no los pueden pagar.
Valoró que el Estado siga «entregando los recursos» para la subvención, pero dijo que son insuficientes para «una educación de calidad».
«No queremos que ningún estudiante se vaya del colegio por no poder pagar y por eso vamos buscando ayuda con distintas instituciones (…) para becas», mencionó.
Gracias a estas alianzas, dijo Peña, el plantel ha superado «crisis importantes» como las inasistencias por falta de alimentación, una carencia que se ha logrado subsanar durante tres años, en los que se han suministrado alimentos a personal del colegio y estudiantes.
Estos logros se han manifestado en una asistencia del 98 %, según dijo, aunque aclara que en otros centros de la parroquia la situación no es tan alentadora.
Según el Gobierno, para el inicio del año escolar, en septiembre de 2023, arregló más de 7.000 colegios y registró 8,82 millones de estudiantes inscritos, aunque no hay información oficial sobre la asistencia y el cumplimiento de actividades escolares.
A falta de reportes públicos, han surgido estudios independientes, como la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), de la UCAB, que registró en 2023 que el 40 % de los estudiantes tuvo una asistencia irregular por huelgas o inasistencia del personal, enfermedades y falta de comida.
Con información de EFE