Desaparición de 43 Normalistas

México: El «caso Ayotzinapa» naufraga en los tribunales

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América del Norte/México/Javier Lafuente y Elías Camhaji/El País

La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación «desde cero» y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. «El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia», acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Las sentencias representan una infamia».

Ayotzinapa 43
Violaciones de derechos humanos, según el Centro Prodh. ALFREDO GARCÍA EL PAÍS

Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. «Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado», explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 «un diagnóstico demoledor» sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada «verdad histórica»: la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.

Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.

Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la «verdad histórica» se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.

El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.

«Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara», aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en abrir otras líneas de investigación que no sean la «verdad histórica».

Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568850877_534314.html

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México: «Lo que está por medio es el hallazgo de los 43 estudiantes»

Entrevistas

Por: Marina Franco. NYT. 11 de julio de 2018

El pasado 4 de junio, una decisión jurídica inédita tomó por sorpresa a México: una sentencia ordenaba al gobierno rehacer la investigación por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014, tal vez el caso más emblemático —y uno de los más espeluznantes— de las violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.

El Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, había determinado que la pesquisa “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, y que había que volver a hacerla. Debido a las varias irregularidades atribuidas a la Procuraduría General de la República (PGR), señalaba la sentencia, esa nueva indagatoria debía correr a cargo de un cuerpo alternativo.

El fallo era la respuesta a los amparos presentados por cuatro imputados en la causa, que denunciaban haber sido torturados por las autoridades para que declararan sobre la desaparición de los estudiantes. Los testimonios de estos imputados son los cimientos de la pesquisa realizada por el gobierno, cuya llamada “verdad histórica” afirma que los jóvenes fueron incinerados por ellos. Pero si las confesiones al respecto fueron obtenidas por medio de tortura, como lo han documentado también organizaciones internacionales, toda la indagatoria y sus conclusiones quedan viciadas.

Por ello, en la resolución de los amparos, el tribunal federal de Tamaulipas ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, una figura que nunca ha existido en México. Sin embargo, el fallo se ha topado con resistencias: la PGR, por ejemplo, acusó desde un inicio que la decisión no respetaba la división de poderes y que no “compartía” el criterio de los jueces del tribunal colegiado.

Mauricio Fernández de la Mora, el magistrado que trabajó esta decisión, explicó que “si bien el derecho nacional no regula la creación de un mecanismo extraordinario, no por ello es un impedimento a que este exista y se proponga”.

Fernández de la Mora tiene 42 años, es experto en derecho penal y, en su primera entrevista al respecto, habló con The New York Times en Español sobre cómo fue el proceso de deliberación de la sentencia, sus antecedentes internacionales y posibilidades de seguimiento.

¿Qué los llevó a promover un mecanismo que nunca se ha visto en México?

Fue un caso muy complejo; nos tomó mucho tiempo la elaboración. Se consideró necesario sugerir esta comisión de investigación al advertir que hubo violaciones graves a los derechos humanos, como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o serias alegaciones de tortura, y tomando en cuenta las múltiples irregularidades y defectos detectados. Se procedió a atender los lineamientos de jurisprudencia internacional para este tipo de casos, incluidas sentencias condenatorias contra México.

Al analizar esos criterios del derecho internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CoIDH], estos nos fueron llevando hacia este camino, para poder dar solución y garantizar los derechos no solo de los imputados quejosos, sino de todas las víctimas [del caso de los 43 estudiantes]. Esos son de los derechos más importantes en materia de derechos humanos: a la verdad, de acceso a la justicia y de no repetición.

Y como esta comisión y todas sus actuaciones ahora serán parte de la [nueva] averiguación previa, con la intervención del ministerio público, eso no solo beneficia a las víctimas, sino a la sociedad en general.

Algo que ha llamado la atención sobre el fallo es que fue emitido a menos de un mes de la reciente elección presidencial. ¿Hasta qué punto se tomó en cuenta esto en la deliberación del tribunal?

Nunca pasaron por nuestras mentes las cuestiones político-electorales; la justicia no va a esperar. No nos podemos abocar a las cuestiones políticas que suceden en el país; nuestra función y nuestro compromiso es con la justicia y nos marca en nuestra propia Constitución que esta debe ser pronta y expedita.

Lo trabajé junto con un secretario todas la tardes, fines de semana, hasta en Semana Santa y primero de mayo… Le dedicamos mucho tiempo para poder hacer un proyecto bien fundado y motivado.

Se prevé que en cuanto uno tiene el proyecto, cuando lo concluye, tiene la obligación de presentarlo a los compañeros magistrados para que lo revisen y se pueda discutir. En este caso, mis compañeros me pidieron al menos dos semanas antes de la sesión. Por lo general, los proyectos se entregan una semana antes de la sesión, pero varía según el caso. Por la complejidad de este se pidió más tiempo.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en varios informes y después de visitas serios problemas con la investigación. ¿Qué tanto tomó en cuenta lo ya dicho por organismos internacionales?

Estos análisis respecto a los defectos de las investigaciones en el país no son nuevos: analicé más de ochenta casos y me quedó claro en varias condenas por parte de la CoIDH que nos han hecho fuertes llamados de atención y pronunciamientos muy evidentes sobre las deficiencias.

Se estudió también el caso de Anzualdo Castro, que establece el derecho de una sociedad a conocer la verdad, y posteriormente el caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil, en el que se hizo hincapié en que resulta necesaria la creación de una comisión indagatoria independiente en circunstancias o casos de violaciones graves en los que el personal policial aparezca como posible imputado; como sucedió en el caso Ayotzinapa.

Cuando esas organizaciones internacionales denunciaron irregularidades, el gobierno mexicano respondió que le correspondía pronunciarse a la justicia mexicana. ¿Qué tan importante cree que es el hecho de que ya haya una decisión aquí en casa?

La Suprema Corte [de Justicia de la Nación] ya estableció el carácter obligatorio de la jurisprudencia interamericana y la obligación de todas las autoridades [mexicanas], y con mayor razón de este tribunal, de pensar en determinaciones necesarias para proteger los derechos humanos.

Creo que ese es el camino que debemos seguir: explorar el juicio de amparo como uno sobre derechos fundamentales.

Nosotros ya emitimos con esto cinco tesis, que son propuestas para nuestro sistema jurídico, que algún órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración al resolver otro caso y de ahí sacar jurisprudencia después.

Ahora vamos a a ver qué sucede.

En la sentencia se estableció un plazo de diez días naturales para crear la comisión, aunque ese plazo venció hace más de una semana. ¿De qué manera se revisa el cumplimiento de una sanción como esta por si hay posible desacato?

A nosotros no nos corresponde llevar a cabo el seguimiento sobre si se cumple, eso le toca al tribunal que juzgó el amparo que después nosotros revisamos: ese es el Tercer Tribunal Unitario [del decimonoveno circuito].

El plazo lo establecimos tomando en cuenta la urgencia, porque lo que está de por medio es el hallazgo de los 43 estudiantes. Sin embargo, en la práctica, es usual que no se pueda lograr en los plazos que se establece… sabemos que si es un caso complejo se puede prolongar. La Ley de Amparo prevé que el plazo se puede prolongar siempre y cuando ya se esté en vías de cumplimiento.

Un día antes de esta entrevista, el magistrado a cargo de ese tercer tribunal unitario, Sabino Pérez García, puso freno a la decisión del tribunal colegiado. Suspendió la aplicación del fallo porque la PGR dijo que no le era posible cumplirlo.

Aunque una decisión colegiada por un amparo no puede apelarse —”De acuerdo con la Ley de Amparo, en teoría, no”, dijo Fernández de la Mora— los encargados de su ejecución pueden recurrir a lo que se llama incidente de imposibilidad. Es justamente lo que hizo la PGR, además de decir que la sentencia no respeta las divisiones de poderes porque las investigaciones corresponden al ministerio público. Y es que la comisión de la investigación propuesta en el fallo judicial tiene otro componente inédito en México: debería incluir también a organizaciones que representan a los familiares de los desaparecidos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH).

“El artículo 21 de la Constitución sí establece que es obligación del Ministerio Público investigar delitos”, dijo Fernández de la Mora, “pero, afortunadamente, esta no le otorga exclusividad, porque el artículo 20 establece los derechos tanto del inculpado como de la víctima para [que haya] una averiguación previa”. El juez añadió que, si quienes redactaron el artículo hubieran querido que solo la procuraduría pudiera realizar pesquisas de este tipo, hasta en casos extraordinarios como dijo lo es el de Ayotzinapa, eso habrían hecho. “La facultad exclusiva que sí se le otorgó textualmente fue respecto a las policías”.

Según Fernández de la Mora, el fallo sí toma en cuenta lo que le compete a cada uno de los participantes de esa futura comisión. “Los tres integrantes de la comisión están facultados”, dijo, e indicó que con ese mecanismo se pueden integrar también las investigaciones y averiguaciones que cada parte de por sí ya ha hecho. “En vez de que lo sigan haciendo cada uno por su lado, que lo hagan como equipo, para poder dar con el paradero de los 43 desaparecidos”.

La CNDH, al igual que la PGR, se declaró recientemente “imposibilitada” de participar. Fernández de la Mora dijo que no podía pronunciarse específicamente sobre ese incidente de imposibilidad, aunque sí mencionó que es de suma importancia que ese organismo participe. En parte, dijo, porque a la CNDH le compete revisar posibles violaciones graves de parte de autoridades —como tortura de testigos, por ejemplo— y, asimismo, “para que funja como equilibrio y ente conciliador entre las víctimas y la PGR, ya que conforme ha transcurrido el tiempo la relación entre estas dos partes se ha fracturado considerablemente”.

En varias ocasiones, el magistrado recalcó que no puede hacer más comentarios específicos sobre si cree que la decisión del juez Pérez García significará el fin de lo que propone el fallo. Pero antes de terminar la entrevista recalcó:

“Quisiera compartir que tenemos fe en que todo salga bien… Hemos advertido que ya están empezando a trabajar en este tema como parte de la transición [presidencial] y, pues, vamos a tener fe”.

Fuente:

https://www.nytimes.com/es/2018/07/09/ayotzinapa-comision-fernandez-de-la-mora/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=3&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

Fotografía: proyectodiez.mx

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Gritos en el silencio: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Abelardo Carro Nava

Abelardo Carro Nava 

40 meses han pasado desde el trágico suceso de Ayotzinapa. Del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” nada se sabe. La verdad histórica de un exprocurador general de la república; la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes; las constantes falacias y esquivos por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación; la miopía e hipoacusia, convertida en ceguera y sordera, de un Presidente que no ve ni escucha lo que sucede en el país que gobierna; las constantes expresiones de organismos internacionales que refieren la constante violación de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos mexicanos; las incesantes manifestaciones que han realizado normalistas de las escuelas normales rurales del país en su sana exigencia de que aparezcan con vida sus compañeros desaparecidos; los decididos posicionamientos de académicos, investigadores e intelectuales sobre este lamentable asunto; la desesperación de 43 padres de 43 jóvenes que no aparecen por ningún lado; sí, todas y cada una de estas cuestiones, al gobierno le han valido un bledo.

¿Es un asunto de desaparición forzada? Por los hechos y de lo que de éstos se han desprendido, así es, todo lo confirma ¿Importan las leyes si los jóvenes no aparecen por ningún lado? Algunos le llámanos a éstas letras muertas, y es cierto… pero para los padres de los normalistas, ¿qué representan?

Se dice que la sociedad o las sociedades hemos creado a las instituciones con el propósito de que éstas coadyuven en el bienestar de los individuos pero, ¿acaso los hombres nos hemos equivocado en la toma decisiones?, ¿no deberían representar éstas la posibilidad, la grandísima posibilidad, de contar con instancias que atiendan con sensibilidad y en estricto apego a derecho sus encomiendas?, ¿quién está fallando entonces?, ¿la sociedad en depositar la confianza a través de su voto para que haya representantes – de esas instituciones – que actúen conforme a ciertos códigos de ética y valores, o son los mismos representantes de esos espacios los que han dado al traste a la legitimidad y credibilidad que son tan necesarias para el logro de los propósitos sociales?

Disidente es una palabra que suele emplearse para etiquetar aquel que cuestiona el actuar de las autoridades y la pertinencia de las instituciones. Fuera de lugar o del propio sistema también se emplea para clasificar a quien hace uso de sus facultades naturales para analizar, reflexionar y criticar con argumentos lo que desde su perspectiva es correcto, aceptando lo que el otro pueda ofrecerle. No obstante, ¿qué etiqueta o clasificación merece aquella autoridad que no ha dado respuesta a una demanda tan sentida de los padres de familia como lo es el que aparezcan sus hijos con vida?, ¿qué etiqueta o clasificación merece quien hasta el momento en que cierro estas líneas ha hecho oídos sordos a tales reclamos ciudadanos y de buena parte de la sociedad?

Con seguridad, por el trajín de la vida al que estamos acostumbrados, puede ser que muchos mexicanos se hayan olvidado del peregrinar de los padres de familia de los alumnos normalistas o de ciertas organizaciones civiles que se han pronunciado sobre este hecho; es más, puedo pensar que hasta cierto hartazgo les pudiera generar el que éstos se manifiesten en diversos espacios públicos, lo cual altera el orden y el sentido de lo que es público para ellos, y es normal, es natural todo ello. Sin embargo, bien se dice que cuando muchos nos equivocamos, es porque estamos en lo correcto, y también es cierto.

Nos equivocamos por seguir pugnando por el esclarecimiento de los hechos; nos equivocamos por exigir que aparezcan con vida los normalistas de Ayotzinapa; nos equivocamos por escribir sobre este y otros asuntos. ¡Pero que belleza hay en tal equivocación! La posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, abren la puerta a infinitas posibilidades de análisis, reflexión y crítica con sustento.

¿Acaso no somos seres humanos? ¡Desde luego! Seres humanos imperfectos, pero con la perfecta posibilidad de ser más humanos, más perfectos. ¿Acaso no es lo que pretende toda educación en el mundo entero?

Sí, estás líneas son un grito en silencio: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Y es que al normalismo mexicano le siguen haciendo falta 43 estudiantes que están vivos en el corazón de un pueblo.

Un pueblo que reclama con ansia desmedida, justicia y la aplicación irrestricta de un estado de derecho. Un pueblo que ante la indiferencia del gobierno, ha buscado la manera de exigir lo que puede exigir en un país democrático como el nuestro.

40 meses han pasado y cientos de gritos en silencio siguen retumbando en México.

Claro, no podría ser de otra forma, porque mientras las autoridades y los responsables de tal siniestro sigan escudándose ante una ley que los cobija, las palabras, los gritos, las marchas, lograrán que el mundo sepa que estos jóvenes siguen vivos.

Podrán callar ciertas bocas, eso no lo dudo, pero jamás la maravillosa posibilidad que nos brinda la libertad de pensamiento, y eso, créanmelo, nadie, absolutamente nadie podrá coartar, aún y cuando sea un alto funcionario del gobierno.

40 meses han pasado, y seguiremos en la lucha, porque:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue!

Por: Bernardo, Felipe, Benjamín, Israel, José Ángel, Marcial, Jorge Antonio, Miguel Ángel, Abel, Emiliano, Dorian, Jorge Luis, Alexander, Saúl, Luis Ángel, Jorge, Magdaleno, José Luis, Jesús, Mauricio, José Ángel, Jorge Aníbal, Geovanni, Jhosivani, Carlos, Israel, Adán, Abelardo, Christian, Martín, Cutberto, Everardo, Marco Antonio, César Manuel, Christian Tomás, Luis Ángel, Leonel, Miguel Ángel, José Eduardo, Julio César, Carlos Iván, Antonio.

Con especial cariño para mi padre, normalista egresado de tenería.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/gritos-en-el-silencio-vivos-se-los-llevaron-vivos-los-queremos/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2014/10/6c5523b94331684a3a59faa10c0

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México: Inicia Sección 22 Congreso contra la reforma educativa (12:25 h)

Noticias

México/12 de Diciembre de 2017/ADNSurEste

El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Eloy López Hernández, encabezó el inicio del Sexto Congreso Educativo, a partir del cual el magisterio trabajará contra la reforma educativa. Frente a los participantes, asumió su compromiso de generar condiciones para abonar al proyecto pedagógico que dijo, requiere la entidad. “Tenemos planteamientos para que se apliquen a nivel nacional y en Latinoamérica, ya que la reforma educativa sólo ha traído conflictos y represión, como las desapariciones de los 43 normalistas”.

El secretario de Organización, Genaro Martínez Morales, aplaudió la participación de los trabajadores de base, quienes han presentado propuestas educativas que van en el sentido de fortalecer el PTEO, en donde se recogen las necesidades de padres de familia, alumnos y comunidades. Reiteró que un primer paso sería la abrogación de la reforma educativa para diseñar un verdadero proyecto para el país. El secretario de Prensa, Wilbert Santiago Valdivieso, detalló que a partir de mesas de trabajo se analizarán las principales demandas de los alumnos y padres de familia. Explicó que en la mesa 1 se analizarán las bases para la propuesta de educación alternativa en México.

La mesa 2 abordará la situación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca como propuesta contra la reforma educativa. En la mesa 3 tratarán la problemática estructural de la educación en México. La mesa 4 tendrá como tema los procesos de resistencia, lucha y construcción hacia la formación del sujeto y en la mesa 5 trabajarán sobre la situación actual de la estructura pedagógica del movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca.

Fuente: http://adnsureste.info/inicia-seccion-22-congreso-contra-la-reforma-educativa-1225-h/

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