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Argentina: Profesionales de Trabajo Social denuncian el vaciamiento de las políticas sociales y la precarización laboral.

Por: Milagro Mariona

 

Más de 100 trabajadores y trabajadoras sociales publicaron un documento con una serie de denuncias y reclamos contra la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Este pronunciamiento se da frente a la conmoción social que generó el brutal asesinato de Rocío. “Advertimos sobre la campaña en curso a cargo del gobierno y la justicia, con el concurso de ciertos medios de comunicación, para blindarse de impunidad y evadir una vez sus responsabilidades”, señalan.

Ven con preocupación la persecución que viene sucediendo sobre las trabajadoras sociales que intervinieron en el caso de la niña, similar a lo que sucedió en el caso de Érika, otra niña que en 2020 murió a causas de golpes y mal nutrición.

En el comunicado, señalan que “las problemáticas sociales en las que hoy intervenimos se presentan cada vez más complejas. La pandemia COVID-19 y las medidas del ASPO agravaron las ya críticas situaciones y problemas estructurales”. Antes esto, denuncian que nunca hubo mayor presupuesto y que las políticas de protección a la niñez están vaciadas y sus profesionales precarizados.

“El desmantelamiento de las políticas sociales y la precarización laboral ponen en riesgo derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a nuestro pueblo. Frente a las campañas de desprestigio hacia nuestro trabajo, y con las que se intenta legitimar las políticas de ajuste, precarización y despidos en el sector público, los y las trabajadores y trabajadoras sociales respondemos denunciando el vaciamiento de las políticas sociales y defendiendo el trabajo que hacemos SIN RECURSOS ADECUADOS Y SUFICIENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS y los derechos que con nuestro esfuerzo bregamos se garanticen”, apuntan.

En el escrito, manifiestan la “la responsabilidad estatal, de los gobiernos y del ministro de Desarrollo Social Yedlin quienes sostienen y agravan los mecanismos de precarización del ejercicio profesional y las condiciones de trabajo. También denunciamos la hipocresía de jueces y juezas quienes protegiéndose en resoluciones e intimaciones mantienen el silencio frente a este vaciamiento de las políticas sociales y garantizan impunidad a sus responsables”.

Además, denuncian el ejercicio ilegítimo de la profesión que promueve el propio Ministerio de Desarrollo Social “para precarizar y suplir la falta de profesionales; el uso discrecional de protocolos elaborados para el funcionamiento del sistema de protección; la drástica reducción de recursos materiales y la anulación de dispositivos para el abordaje de situaciones familiares complejas; la precarización de herramientas (movilidad, comunicación, etc.) necesarias para el desarrollo de tareas propias de abordaje y la correspondiente comunicación y registro”.

Las y los profesionales se declararon en “estado de alerta y movilización ante el grado crítico en que se encuentran las políticas sociales, nuestras condiciones laborales, ante la emergencia de la situación de nuestras niñeces y adolescentes, y frente al intento de criminalización a compañeras y compañeros”.

Exigen a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la DINAyF la designación en planta de profesionales, espacios de formación, supervisión constante, escucha a los equipos técnicos a los fines de realizar una re estructuración acorde a las necesidades de los propios espacios de intervención en función de un marco de derecho reconocido, el re establecimiento de instancias de audiencias administrativas que posibiliten a las familias conocer los alcances legales de las medidas que el órgano consideren pertinentes para la protección de niños, niñas y adolescentes, acompañamiento de Asesoría Letrada a los y las técnicas en las instancias judiciales, garantizar los recursos necesarios mecanismo para la recepción de denuncias, línea 102.

Durante la jornada de ayer los directivos del Colegio de Psicólogos y el Colegio de profesionales de Trabajo Social “se reunieron con autoridades de la DINAyF donde se solicitó la gestión de mayor presupuesto para la implementación de políticas públicas integrales de niñez y adolescencia, la reestructuración y el fortalecimiento de la intervención de la DINAyF asignando recursos que eviten la sobrecarga de trabajo de lxs profesionales; la mejora de sus condiciones laborales y la protección ante situaciones de exposición y riesgo para lxs colegas, evitando la criminalización o estigmatización de lxs mismos. Asimismo se planteó el rechazo firme a toda forma de ejercicio ilegal de las incumbencias profesionales y la necesidad de sostener abordajes interdisciplinarios en las intervenciones, así como también el ingreso laboral a través de concursos.”

Fuente de la información e imagen: lanotatucuman.com

 

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El papel de las mujeres en el Parlamento nacional de Uzbekistán

Uzbekistán se posiciona como un país que está experimentando importantes cambios con la llegada al poder del nuevo líder Shavkat Mirziyoyev, que asumió la presidencia a finales de 2016.

Tanzilya Narbayeva, Presidenta del Senado del Parlamento de la República de Uzbekistán, dijo que el Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, presta especial atención a aumentar el papel de las mujeres en la vida política y pública del país. «Esta es una de las principales prioridades de la política del jefe de Estado. Cabe señalar que Uzbekistán ha tomado medidas activas para garantizar la igualdad de género en los últimos años». En particular, destacó que las autoridades uzbekas han adoptado una veintena de actos jurídicos para proteger y ampliar los derechos de las mujeres, han elaborado la Estrategia para lograr la igualdad de género hasta 2030 y han introducido un procedimiento especial según el cual todos los nuevos proyectos de ley se analizan desde la perspectiva de género. Además, Tanzila Narbayeva señaló que el número de mujeres en el gobierno, su participación en los asuntos públicos y la toma de decisiones está aumentando. La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad y liderazgo ha alcanzado el 26,6%. El número de mujeres en el nuevo parlamento se ha duplicado. Actualmente, el Parlamento de Uzbekistán ocupa el puesto 37 entre los 190 órganos legislativos del mundo según este indicador.
Tanzilya Narbayeva, Presidenta del Senado del Parlamento de la República de Uzbekistán.
Tanzilya Narbayeva, Presidenta del Senado del Parlamento de la República de Uzbekistán.

 

El 22 de febrero de 2021, el Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, abordó la cuestión del género en el principal evento político anual -la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- entre las prioridades de las reformas democráticas en Uzbekistán y el trabajo del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y dijo: «En materia de política de género tenemos la intención de aumentar radicalmente el papel de la mujer en la vida pública, política y empresarial del país».

Uzbekistán entiende firmemente que es imposible democratizar el desarrollo social sin la plena participación de las mujeres en la vida política.

El derecho de las mujeres a la plena participación en todos los ámbitos de la vida pública sigue siendo una cuestión fundamental abordada en las declaraciones y resoluciones de la ONU. En documentos como la Resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 24 de mayo de 1990, la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, las Conclusiones Acordadas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 2006 y la Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la mujer y la participación política, los gobiernos han pedido que se tomen medidas para aumentar sustancialmente el número de mujeres en puestos de elección y nombramiento en todos los niveles y ámbitos de la actividad pública y política para lograr una representación igualitaria de mujeres y hombres.

En Uzbekistán se han establecido mecanismos para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, incluidos los derechos políticos, a nivel de legislación y política pública.

Con el fin de aplicar los instrumentos jurídicos (incluidos los internacionales) que establecen normas básicas de derechos humanos, el artículo 18 de la Constitución establece la igualdad de los sexos ante la ley y prohíbe tanto la discriminación por razón de sexo en el ejercicio de los derechos y libertades como su restricción. Según la Constitución, los ciudadanos de Uzbekistán tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos de la sociedad y del Estado tanto directamente como a través de sus representantes. Esta participación se ejerce a través del autogobierno, los referendos y la formación democrática de los órganos del Estado, así como el desarrollo y la mejora del control público sobre las actividades de los órganos del Estado.

La continuación lógica de las disposiciones de la Constitución se refleja en la legislación electoral.

En particular, el Código Electoral y la Ley de Referendos estipulan que los ciudadanos de Uzbekistán que hayan cumplido 18 años el día de la votación tienen derecho a participar en las actividades electorales estipuladas por la ley y en otras elecciones y en los procedimientos de preparación y celebración de referendos. Además, tienen derecho a votar y a participar en los referendos independientemente de su origen, situación social y patrimonial, pertenencia racial o étnica, sexo, educación, lengua, actitud ante la religión o tipo o naturaleza de la ocupación.

Así, de hecho, la participación de las mujeres en el proceso electoral en Uzbekistán en cuanto a su regulación legal no difiere de la de los hombres.

La Ley de la República de Uzbekistán «Sobre las garantías de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres» garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres a la hora de ser elegidos para los órganos representativos del poder, así como cuando los partidos políticos proponen candidatos a diputados.

El Código Electoral mejora aún más las oportunidades de participación de las mujeres en todas las etapas de la preparación y realización de las elecciones.

Con el código, las mujeres pueden tener un impacto real en la toma de decisiones políticas. La participación de las mujeres en las elecciones les da acceso a la representación en el gobierno.

No hay restricciones para que las mujeres se presenten a las elecciones, hagan campaña o sean elegidas para cargos representativos.

El Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, intervino en una ceremonia dedicada al Día Internacional de la Mujer en 2020: «Actualmente, como resultado de las reformas democráticas a gran escala en curso, la actividad de las mujeres en los procesos públicos y políticos está aumentando. Así lo demostraron, una vez más, las elecciones al parlamento del país y los kengashes locales del pasado diciembre».

Se observó que, por primera vez en la historia de Uzbekistán, los resultados de las elecciones se ajustaron a las recomendaciones de la ONU sobre la representación numérica de las mujeres en el parlamento nacional. Por el número de diputadas, el parlamento de nuestro país ha ascendido al puesto 37 entre los 190 parlamentos nacionales del mundo, mientras que hace 5 años Uzbekistán ocupaba el puesto 128 en esta clasificación.

La Ley de la República de Uzbekistán «sobre las garantías de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres» exige también un equilibrio de género en la administración elegida. La representación de las mujeres en los órganos electos, incluidas las comisiones electorales a todos los niveles, ha aumentado. Los cambios en la composición del CEC en 2019 supusieron un aumento del número de mujeres del 19% al 33%.

El aumento del papel de las mujeres en los procesos políticos en Uzbekistán y su mayor participación en la campaña electoral de 2019 también ha recibido el reconocimiento internacional.

El Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la OSCE/OIDDH para las elecciones de 2019 destaca específicamente:

– Cumplimiento de la cuota de género del 30% del número total de candidatos nominados por cada partido; la nominación por todos los partidos de 310 candidatas (41%);

– El aumento del número de mujeres en la Cámara Legislativa (16%): el número de mujeres en el nuevo Parlamento se duplicó (48 mujeres, es decir, el 32%);

– Aumento del número de mujeres en los órganos electivos: en 2019, el número de mujeres miembros de la CEC aumentó de 3 a 7, las mujeres constituyeron la mitad de los miembros de las comisiones electorales de los distritos.

Entre los principales retos para lograr la participación igualitaria de las mujeres en la esfera política en Uzbekistán se encuentran la concienciación, la educación pública y cívica de mujeres y hombres para que comprendan mejor la importancia de la participación de las mujeres en los procesos políticos, la difusión de información sobre los compromisos y acuerdos internacionales y nacionales en materia de igualdad de género, incluida la legislación nacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Además, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres existentes, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el mundo académico para aumentar la participación política de las mujeres a través del intercambio de prácticas y mejores prácticas son áreas importantes de trabajo. Así como garantizar una representación equitativa de mujeres y hombres como candidatos u otras figuras políticas en la cobertura de los medios de comunicación.

En general, en los últimos años en Uzbekistán se ha hecho un enorme trabajo para garantizar la igualdad de género y la participación de las mujeres en la vida pública, política y empresarial del país. Y ese trabajo continúa constantemente.

 

 

El papel de las mujeres en el Parlamento nacional de Uzbekistán

Fuente: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/94565/analisis-y-opinion/el-papel-de-las-mujeres-en-el-parlamento-nacional-de-uzbekistan.html

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Mujeres qom defienden su derecho a una vida digna en el norte de Argentina

Mujeres Qom del Impenetrable Chaqueño se organizan desde hace muchos años para defender su derecho a una vida digna y el respeto a las mujeres originarias. Están avanzando en la lucha, están organizadas y hacen un llamado a ser escuchadas, a que se reconozca su organización llamada Onoleq Laxariq Onoxanxaicpi.

Esta lucha surge de un proceso de largos años de caminata por la senda de reconocerse mujeres hacedoras de vida, sostenedoras de familias, quienes tienen derechos. Años de sometimiento fuera y dentro de la comunidad, peleando por que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en las decisiones. Años peleando por igualdad de condiciones y que se cumpla lo decidió en asamblea, años que las llevaron a alejarse y construir algo que intenta ser nuevo para todas, basándose en el respeto, la horizontalidad y la asamblea.

Hace unos días salieron a la ruta para llevar adelante un reclamo que viene de hace años. Desarrollo Social de la provincia del Chaco les debe el pago de todo el 2020 de un Convenio con su Cooperativa de artesanía tradicional, y el Instituto de Vivienda de la provincia hace cuatro años que debía avanzar con las reformas y ampliaciones de viviendas a las que se había comprometido.

Las mujeres qom piden respeto y que se cumpla la palabra empeñada, así como ser escuchadas. Salen a luchar y llaman a que se difunda su palabra.

Comparten esta carta dirigida a la Vice Gobernadora de Chaco:

Fuente e imagen: desinformemonos.org

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Marga Gonnet: Educación en tiempos de Capitalismo de Datos en la región

Antesala y contexto. Nuestros hijos, la pandemia y la educación. La que nos da herramientas para discernir y entender al tiempo en el que vivimos, junto a la Democracia, peligra. Y peligra no solo al Sur. Hoy vemos como el Capitolio de Estados Unidos tiembla y se difumina en grupos extremistas en redes sociales. En conferencias de prensa, en Impeachments en vivo y en la pérdida de poder de compra, la inflación consiguiente y la postura concreta de gobiernos que afirman o desarman sus bases. Y con ellas a toda la población que los compone.

Traemos la palabra de CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) desde Argentina y Brasil y la situación local de Uruguay y Latinoamérica con el Maestro y ex-consejero del CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay. Es tan profundo el caos en la educación pública que nos atraviesa a todos. Y debe reformularse en contexto de pandemia y de futuro. ¿Qué será de nuestros niños sin educación o perspectivas claras a corto y mediano plazo? El mundo virtual y el presencial están rediseñándose. Así también la capacidad de pensamiento y reflexión para avanzar en Democracia.

Argentina en pandemia y crisis

Consultamos a Marcela Browne, quien trabaja en FundaciónSES, una fundación sin fines de lucro creada en 1999 que desde entonces trabaja en América Latina y Europa promoviendo redes y asociaciones desarrollando conjuntamente políticas públicas con el Estado. Promueve la inclusión juvenil en riesgo enfocada en el desarrollo de sus derechos. Marcela además trabaja con CLADE poniendo en práctica programas de apoyo a la educación argentina, haciendo un esfuerzo en Argentina a través de varias políticas públicas como Acompañar-Puentes de igualdad y Crecer revinculando estudiantes a la educación. También están trabajando con UNICEF para crear una base nominalizada de seguimiento a las trayectorias educativas que permitirá acompañar la evolución de cada estudiante.

La contracara es cruda. Los sindicatos vinculados a la educación pública argentina están trabajando junto a las cooperadoras de las escuelas enfocados en el regreso a la presencialidad cuidada haciendo énfasis en infraestructura adecuada y los protocolos sanitarios. Algunas de las reivindicaciones de CTERA en la paritaria nacional docente son que el piso salarial y el FONID superen la inflación y condiciones de salud y trabajo para los estudiantes y docentes, previas al inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones.

Y los números dicen mucho más. En dos de las franjas más sensibles y vulnerables, el nivel inicial y los niveles secundarios hacia la educación terciaria y universitaria. En nivel inicial, según un estudio realizado por FundaciónSES, la Universidad Pedagógica Nacional y UNICEF Argentina en 2030: “El sistema educativo de gestión estatal atenderá solamente a 105.000 niñas y niños de entre 0 y 2 años de los más de 2 millones que se estima estarían en condiciones de ingresar a este nivel”.

Es decir que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Primera infancia, solo un 10% del total de excluidos será atendido en los Centros de Primera Infancia. Y cuanto más nos acercamos al sector de escuela primaria, mayor es la franja de niños que queda afuera del sistema público de educación. Las salas de 3, 4 y 5 años cumplirán con la obligatoriedad dejando fuera a 80 mil niños y niñas de 4 años. La sala de 3 años atenderá a menos de la mitad de la población en esa franja (311 mil de los 716 mil niños y niñas), dejando fuera del sistema a más de 400 mil niños y niñas.

Hablando de adolescentes, al igual que en la actualidad, solo el 53% de los estudiantes que ingresaron a primer año, finalizará el secundario en 2030. Creciendo la matrícula en alrededor de 16 mil estudiantes de 2020 a 2024 y decreciendo el total de matrículas en 2030 a 105.652 estudiantes de nivel secundario, aumentando la brecha en áreas urbanas. Para 2030 se prevén, desde este estudio, graves dificultades de acceso a la educación, de mantenerse las mismas tasas de cobertura, promoción y repitencia. Hablando de secciones rurales y urbanas necesarias para incorporar a las y los jóvenes en el nivel hubiera implicado la apertura de 5.737 nuevas secciones en 2020 (sobre lo que no se avanzó), 6.811 en 2024 y 4.760 secciones nuevas para el final del periodo 2030.

“En 2021 el presupuesto de la Gobernación de Buenos Aires bajó sustantivamente y una porción muy importante de este presupuesto se destina a la gestión de escuelas privadas. Y eso es grave”.

En tiempos de crisis económica naturalmente migra una franja captada por educación privada hacia educación pública. Es decir que la mercantilización de la educación en Argentina, si bien es menor que en Chile, que es un extremo, es un signo que repercute no sólo en Buenos Aires provincia sino en toda el país. Y la preocupación fundamental es cómo articular educación virtual en un contexto tan complejo y diverso con docentes también desplazados de sus puestos de trabajo. Todo esto en medio de una crisis económica que también desplaza al alumnado en franjas extremadamente vulnerables, con carencias y pobreza georeferenciadas que resultan en una expulsión de gran parte de jóvenes y niños del sistema.

Además, quien sostiene a los jóvenes y niños y niñas argentinas también son sus círculos primarios, las familias que tienen que arreglárselas entre empleo, subempleo, desempleo y sus propias rutinas para sostenerse en esta situación. Poniendo en riesgo a la integración y la continuidad de los procesos educativos que captan a más del 60% de niños, niñas y adolescentes de la argentina. Y por consiguiente al futuro de la nación si pensamos en los 3 ejes de la educación secundaria argentina: formar para la ciudadanía, para el acceso a la educación superior y para el mundo del trabajo.

Según Marcela Browne, estos tres objetivos deberían verse reflejados en las currículas y el propio proyecto institucional: “Las desigualdades atraviesan a toda la Argentina por eso es importante salir del concepto de igualdad y pasar a la concepción de justicia educativa. Hay que invertir más donde hay más desigualdades”.

En Uruguay

La situación en Uruguay tampoco es simple. Especialmente con la desaparición de los Consejos dentro de la educación pública, producto de la implementación de disposiciones contenidas en la Ley de Urgente Consideración. En estos momentos el Frente Amplio está haciendo énfasis en la junta de firmas para quitar 135 artículos que ponen en juego no solo Derechos Humanos sino la propia estructura estatal de Uruguay. Algunos de ellos yendo incluso contra la propia Constitución vigente en Uruguay. Pasando por la desconcentración y desestructuración de la educación pública tendiendo a la mercantilización de este derecho. Siguiendo por el derecho de reunión regulado en forma subjetiva y sujeto a interpretaciones que podrían configurar antecedentes sobre los que se restringe Democracia.

Además, entre otras disposiciones con la LUC (Ley de Urgente Consideración, impuesta por el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y la Coalición de gobierno), se habilita el allanamiento de morada sin previo aviso. Sin olvidar la balacera ocurrida en Plaza Seregni de Montevideo, el domingo 1º de noviembre de 2020, donde sin previo aviso se violentó a cientos de jóvenes que estaban reunidos junto a colectivos de la comunidad negra, LGTB, estudiantes y diversos colectivos sociales. Todos ellos participando de talleres de integración sobre sexualidad, al son del candombe. Como si fuera un atentado, las fuerzas policiales también en el mismo día y de la misma forma detuvieron a jóvenes en distintas plazas del interior de Uruguay (Departamentos de Colonia y Rocha, entre otros) con la misma impunidad. La INDDHH solicitó las filmaciones de las cámaras en cada uno de los lugares citados y solo recibió contenido modificado y editado de lo sucedido desde el Ministerio del Interior. Aún se está a la espera del esclarecimiento de estas situaciones.

El colectivo autogestionado de padres y madres de alumnos de la educación pública Familias Organizadas lanzará una campaña informativa centrada en el inicio de clases 2021. Según La Diaria, “el colectivo considera que hay avances en el nuevo protocolo, pero cuestiona que el accionar en las escuelas está muy librado a lo que las direcciones (de las escuelas) puedan hacer”. Este colectivo elaboró no solamente protocolos sanitarios durante 2020. Además asesoró, gestionó y tomó la responsabilidad de alfabetizar a sus hijos. Hablamos de la educación de niñas y niñas con 200 mil personas en seguro de paro en marzo de 2020 y un crecimiento sostenido del desempleo formal en Uruguay.

El maestro Pablo Caggiani, ex consejero del ex CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay hace énfasis en la desarticulación del sistema educativo uruguayo, Ley de Urgente Consideración mediante. El primer punto de gravedad, según Caggiani, es el desmembramiento de la estructura educativa en Uruguay, dejando sin comunicación ni coordinación a miles de profesionales de la educación. Retrocediendo hacia principios de siglo XX. Desconectando y dejando desamparados a sindicatos y estructuras educativas, dependientes de una única dirección que concentra y congestiona la gestión y administración de la educación pública. Dice que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, (CSEU) viene trabajando mucho con la Internacional de la Educación que viene trabajando en torno a la privatización de la educación en América Latina. “Los gremios están con agenda de tema. Lo que hay que ver es qué correlación de fuerzas se construye para evitar los retrocesos en todos los planos”.

Además, la tendencia mercantilista que mira hacia Chile, a pesar de que Uruguay posee una pirámide más parecida a países del primer mundo, producto de los avances llevados adelante durante los últimos 15 años hasta 2019. La alarma de Caggiani se enfoca en que de toda la evolución LUC mediante, protagonizada por Uruguay, solamente resta el Plan Ceibal, una de las fuentes de inspiración para el CEILP en Argentina. Se refirió también a un gravísimo incidente protagonizado por Gabriela Bazzano, la Secretaria Nacional de Cuidados y directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.

Bazzano fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo liderando la asociación civil Seamos, enfocada en la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica. Bazzano entregaba niños de padres en situación de riesgo económico a otras familias, sin ningún respaldo legal detrás. Esgrimió en nota radial en FM Del Sol de Uruguay que luego de viajar a países escandinavos trajo esa lógica de trabajo para replicar en Uruguay. A pesar de haber sido denunciada por INAU y el Hospital Pereira Rossell en 2015 por entregar a estos niños a otras familias sin el control del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay ni de otros organismos estatales. Aun así recibió el apoyo del propio Lacalle Pou en 2020.

Caggiani también habló sobre las bancadas religiosas y su posible influencia en la situación actual de la educación frente a lo sucedido de la mano de la Ministra de la Mujer y DDHH de Brasil. Damaeres Alves desarticuló diversos programas en escuelas públicas brasileñas, como el de educación sexual, dejando desamparados a millones de niños frente al abuso sexual y psicológico, que creció aún más durante 2020 en adultos y niños.

“Bueno ese es un escenario que es cuasi-delictivo pero que da cuenta de algunas de las perspectivas que tienen del estado, de la política pública. Particularmente de la política social en los diferentes sectores del gobierno. Para el conservadurismo definido por (Robert) Nisbet, el estado tiene que ser las armas, la tierra y el poder. Y todo el resto corresponde a la comunidad. Y además, eso está ordenado por una desigualdad natural. Que es que, a uno le tocó nacer en determinado lugar y a otros en otro y se ordena según la caridad de la comunidad de los sectores que más tienen hacia los que menos tienen. Y bueno, es esa perspectiva. No hay perspectiva de sujeto de derecho en esa lógica. Es más; es algo que se hizo fuera del estado y de la inspección de los organismos que tienen que velar por los derechos del niño, niña y adolescente. O por los gurises en situación de discapacidad. Es parte de la alianza que está en el gobierno y sí, efectivamente piensan así. Así como el presidente de la Asociación Rural (ARU) dijo que la desigualdad era natural, cada tanto se escapan estas tortugas que dan cuenta de una producción de política social que está alineada a esas definiciones de cuál es el rol del estado y qué sucede con los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Estas dos (situaciones) tienen que ver con la correlación de fuerzas que la política y los movimientos sociales generen en la coyuntura. Tanto lo de la bancada religiosa como la derogación o no de la Ley de Urgente Consideración. Y reitero: la coalición gobernante es una coalición que racionalmente no se sostiene. No podría pensar a un ultramontano o a un católico conservador sentado al lado de un Batllista. Lo mismo sucede con otros sectores de la coalición. Es muy difícil pensar que eso pueda sostenerse en el tiempo consistentemente.”

El 23 de febrero, en entrevista en el programa No Toquen Nada de FM del Sol, la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Adriana Aristimuño, dijo: “En el quintil 1, de 100 niños que empezaron la escuela 18 terminan todo el ciclo educativo. La inequidad educativa nos quema”. También dijo que las elecciones de horas docentes habían culminado, información desmentida por varios docentes que testimonian que en algunos departamentos de Uruguay siquiera han comenzado.

Las perspectivas para Uruguay, para Caggiani, son complejas. “En esto vamos a depender un poco de las alianzas que las organizaciones de trabajadores o de padres o de estudiantes puedan realizar con actores académicos, ya sean nacionales o regionales. De hecho, la política del nuevo gobierno ha sido cortar todos los convenios con la Universidad de la República en el caso de primaria. Pero además, cortar convenios que teníamos para especialización de maestros en campos o en espacios de formación que no estaban disponibles en el país. Por ejemplo con la Universidad de La Plata. Todo eso lo van a pulverizar. Y bueno habrá que ver como se reconstruyen, como se ha hecho en otros momentos esas alianzas o esas redes. Pero con la política pública del recorte se va a sentir”.

También la población está a la espera de las vacunas Covid-19, que según Lacalle Pou llegaría una partida de Sinovac el 25 de febrero, luego de varios amagues desde mediados de diciembre de 2020. Según la portada de La Diaria (23/02/2021) “serán 192 mil dosis. El Ejecutivo prevé recibir 1.558.000 más este mes, y que antes que termine abril se habrán sumando 460 mil dosis de Pfizer” con un plan de vacunación que iniciaría este lunes 1º de marzo con el personal de la salud y personas mayores y susceptibles de riesgo, pudiendo incluir a maestros y profesores.

Brasil al desnudo

En el caso del vecino del norte, el escenario es dantesco. Jóvenes de niveles medios y secundarios ocupando las instituciones públicas, manifestándose en las calles, siendo desplazados y golpeados. Reclamando el derecho de aplazamiento del ENEM, el examen nacional al que están obligados todos aquellos y aquellas que deseen acceder a formación universitaria en Brasil. Esto a raíz de los altísimos riesgos sanitarios frente a la segunda ola de Covid-19. Esta acción fue apoyada y llevada adelante el 18 de enero por el Instituto Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, el Centro de Asistencia Jurídica Saracura, ambas instituciones civiles sin fines de lucro. Ambas accionan en la educación pública dentro de CLADE (Campaña Latinoamericana para el Derecho a la Educación), organización internacional que, como dijimos al inicio, actúa en todo el mundo en forma de red conteniendo y apoyando a la educación pública. Los representaron el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu). Esta acción se tomó al día siguiente de que cientos de jóvenes fueran reprimidos y expuestos masivamente al contagio de Covid-19 el 17 de enero.

Tengamos en cuenta que en Brasil además de la original corren otras 5 cepas de covid, con el 53% de los convocados para el examen fuera de las aulas sin documentos u explicaciones que los ampararan. Así comienza el pantallazo de la realidad educativa en Brasil, dónde cerca del 80% de la población es captada en los niveles primarios y secundarios por la educación pública. Invirtiéndose los porcentajes en la vida universitaria dónde las Universidades privadas acaparan la oferta ya que el ENEM es uno de los filtros más exigentes, a través del que pasan solo privilegiados. Por poder estudiar para rendirlo y por poder aprobarlo. De ese magro porcentaje que aprueba la mayoría se vuelca a las universidades públicas que son las más buscadas por la calidad de educación y por la gratuidad. En la acción legal llevada adelante por el brazo brasileño de CLADE, consta la violación del derecho a la educación, a la salud, de la igualdad y de la probidad administrativas (Violação do direito à educação, à saúde, da igualdade e da probidade administrativas).

En Brasil además, así como en toda América Latina, los casos de violación, violencia de género y desempleo crecieron y vienen creciendo a la par. El requerimiento básico para la universalización de la virtualidad en Brasil no existe en forma homogénea; tampoco en Argentina o Uruguay. Es decir, la capacidad económica devenida de un ingreso que pague la conectividad a internet. En Uruguay hablamos de miles de ollas populares. En Argentina a inicios de 2020 hablábamos de un desempleo que dejó desnudo al país con cifras inauditas. Durante la cuarentena el desempleo escaló a más de 13% con un 40,9% de la población argentina en la pobreza. En Brasil el FMI preveía que el impacto de Covid-19 resultaría en el aumento de la tasa de desempleo en 14,7% en 2020. Finalmente fue de 14 millones de personas, con un alza en diciembre respecto a octubre del 2%.

Paulo Guedes, Ministro de Economía de Brasil, dijo a fines de diciembre de 2020 que “la recuperación económica basada en consumo e inversiones, sólo será posible en la medida en que haya un retorno seguro al trabajo y ese retorno seguro exige la vacunación en masa de la población”.

Mientras Malala Foundation, entre otras, está apoyando a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que compone a CLADE en Brasil. Según Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y dirigente de la Campaña en forma honoraria y especializada en educación básica, la situación es crítica. Aunque tienen injerencia directa en las casas legislativas del Congreso en Brasilia, junto a la ONU y en las Conferencias de Estados Latinoamericanos. Logrando accionar en favor de la educación en medidas concretas, así como en Argentina. Actualmente están luchando en Brasil por lograr la desvinculación de una enmienda en la constitución brasileña “con grandes perjuicios para los derechos sociales como la educación y la salud pública”. La propuesta que está en el Congreso brasileño y que desean eliminar trae como consecuencia “la desvinculación recursos hoy existentes en la constitución para escuelas y universidades y también en relación a la salud pública. Entonces ya comenzamos esa batalla. Actuamos también contra el retroceso en las ex – cámaras legislativas locales. Sea en la cámara de vereadores o en las ex-cámaras legislativas. Estamos luchando con el proceso de militarización de las escuelas en Brasil; pasa la gestión de las escuelas en Brasil para el comando de las fuerzas de la policía militar. Haciendo énfasis en el proyecto Escola sem Partido (Escuela sin partido) defendiendo la libertad de cátedra y los contenidos vistos en las escuelas. Inclusive sobre la Ministra Damaeres Alves, tiene mucho que ver con este gobierno que viene desarticulando todos los proyectos, o cortando financiamientos gubernamentales, cortando consejos direccionados a la protección de derechos sociales. Es decir no solo los derechos de los niños pero también los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, LGBTIQa+, también los de todas las poblaciones de alta vulnerabilidad. Y en todos estos casos el gobierno no solamente ha cortado financiamientos sino que también ha desenvuelto políticas de criminalización y discriminación a estos grupos. También acompañando a la Fundación Mixcure en el STF (Supremo Tribunal Federal), la Corte máxima en Brasil, combatiendo este tipo de políticas”.

Están trabajando también para revocar la enmienda constitucional Nº 95, que ataca directamente a los derechos sociales que están garantizados en el artículo 6º de la Constitución brasileña, abriendo debate nacional.

Educación en Lata o educación consciente

La evidencia en Argentina, Uruguay y Brasil muestra que son los colectivos los que están tomando la posta de la educación frente a gobiernos desviados hacia beneficios en lugar de derechos o sumergidos en crisis que parecen empañar la visibilidad de la estructura democrática de debiéramos tener más que asegurada. Y ser capaces además de enseñarles a nuestros hijos. Para darles un presente libre de atrocidades que atentan contra la continuidad de los derechos que están en riesgo, camufladas en informaciones falsas.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2021/02/24/educacion-en-tiempos-de-capitalismo-de-datos-en-la-region

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Venezuela: Facultad de Humanidades UCV rechaza el plan de priorización de carreras universitarias

El Consejo de Facultad alertó sobre una «pretendida reestructuración del sistema de educación superior» que menoscaba la oferta académica actual. Reiteran que la modificación de carreras y planes de estudios dentro de las Humanidades debe ser producto de un amplio consenso.

En un comunicado, el Consejo de Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela rechazó el plan del Ministerio de Educación Universitaria donde se establece la oferta de 15 carreras, según las “áreas prioritarias”, 21 derivadas y 109 complementarias. Este plan fue presentando el 6 de enero en una reunión del ente ministerial con universidades privadas.

Los programas de estudios fueron seleccionados según los Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana de 2016, mientras que la priorización se centra en Salud, Educación, Producción, Desarrollo Industrial y Construcción.

En el documento de la casa de estudio se lee: «Al pretender imponer prioridades para la formación de los ciudadanos, excluye a las Humanidades, las Ciencias Sociales y otras áreas afines».

Y agrega: «Igualmente, advierte sobre el carácter instrumental de una política de esta naturaleza, formulada e impuesta fuera de las consideraciones educativas y vocacionales que deben tenerse presentes en el marco de la libertad de elección y la garantía del derecho a la educación».

El Consejo de Facultad, presidido por el decano Vidal Sáez, y la secretaria Solange Orta, también reiteró que la modificación en las carreras y planes de estudios dentro de las Humanidades debe ser producto de un amplio consenso, en el que la oferta académica se amplíe y, además, se aporten ideas y se fomente el pensamiento crítico.

«Alertamos sobre una pretendida reestructuración del sistema de educación superior, en menoscabo de la oferta actual y con un objetivo sesgado de desarrollo social que ignora las bases académicas de la diversidad de opciones formativas de las Universidades Nacionales«, advirtió el Consejo de Facultad.

En diversas alocuciones a medios de comunicación, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, ha reiterado que esta política no elimina ni cierra carreras ya existentes en la oferta académica de las casas de estudio. Sin embargo, a la fecha, no ha explicado cómo se va a instrumentalizar este plan.

Fuente: https://cronica.uno/facultad-de-humanidades-ucv-rechaza-el-plan-de-priorizacion-de-carreras-universitarias/

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Convención Constitucional en Chile | El Congreso aprueba escaños reservados para pueblos indígenas

Convención Constitucional en Chile | El Congreso aprueba escaños reservados para pueblos indígenas

Fue complejo. Tanto, que la idea tuvo que resolverse en comisión mixta, pero la tarde de este martes el Senado aprobó con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones los 17 escaños reservados para los pueblos originarios en la convención que escribirá una propuesta de nueva Constitución.

Lo propio hizo la Cámara con anterioridad esta jornada. No obstante allí, al igual que en el Senado, los parlamentarios rechazaron otorgar un cupo para afrodescendientes.

De esta manera, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado a ley por el presidente Sebastián Piñera.

Este es un paso importante para las candidaturas al respecto, que deben concretarse como máximo al 11 de enero de 2021, a modo que los interesados en integrar la convención compitan en los comicios de abril del próximo año.

¿Entonces, cómo quedaron distribuidos los puestos? Serán siete para los mapuches, dos para los aymara y uno para los rapanuí, quechua, atacameños, diaguitas, collas, kawéskar, yaganes y changos.

En la sesión, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, agradeció el trabajo del Congreso y destacó que la próxima Constitución “se escribirá con letra indígena”.

En un punto de prensa tras la votación, Rubilar reiteró su alegría con la aprobación de la reforma constitucional y afirmó que esta jornada se vivió un hito histórico en el reconocimiento de los pueblos originarios.

Sumado a ello, sostuvo que este paso ayudará a “poder empezar a pagar la deuda histórica más grande que tenemos: la deuda con los pueblos indígenas”.

Tras la ministra tomó la palabra el senador Francisco Chahuán (RN), quien celebró la aprobación de la reforma, pero criticó que lo hecho hasta el momento en esta materia es insuficiente.

Por eso aseveró que le pidió a Piñera, a través de los ministros que llegaron al Congreso, que le pusiera urgencia a los proyectos que dicen relación con el reconocimiento constitucional de estos grupos, sus lenguas y sus prácticas deportivas como deportes nacionales.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se manifestó satisfecho con la aprobación de los escaños, aunque tildó la medida de tardía.

“Hemos llegado tarde. Esto se debiese haber resuelto hace mucho tiempo atrás. Llegamos a un resultado previsible (…). Yo obviamente estaba por una representación mucho más significativa (del orden de 24 escaños o más)”, dijo ante la prensa.

No obstante, explicó que cedió y votó a favor de solo 17 escaños debido a amenazas de la derecha y porque “no podía farrearse la oportunidad que la nueva Constitución ayude a saldar estas deudas”.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/12/convencion-constitucional-en-chile-el-congreso-aprueba-escanos-reservados-para-pueblos-indigenas/

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¿Contra qué tropieza la educación unidocente en Costa Rica?

Las escuelas unidocentes tropiezan contra la falta de materiales, escasa o nula conexión a Internet, entre otros, que denotan despreocupación absoluta por la enseñanza rural y las realidades que habitan en estas comunidades.

Las graves carencias de recursos tecnológicos, libros y fallas en infraestructura que llevan años ponen en desventaja a educadoras, niñas y niños de unas 1.400 escuelas unidocentes que tiene el país.

En estas instituciones un mismo docente imparte lecciones en todos los niveles de primer y segundo ciclo de educación básica, a un grupo de menos de 30 estudiantes, en un ambiente multigrado y atiende también labores administrativas.

Es una labor compleja porque el educador se convierte al mismo tiempo en líder de toda una comunidad y por la tanto, debe orientar su labor al contexto comunitario en que sus estudiantes habitan.

Como ha dicho el profesor Claudio Vargas, encargado de la sección de escuelas unidocentes de la Universidad de Costa Rica (UCR): “una escuela unidocente es el corazón de una comunidad, incluso en muchos lugares, son la única institución del Estado que existe”.

Las escuelas unidocentes representan cerca del 40% del total de escuelas públicas del país. Entender que la realidad de la Gran Área Metropolitana no es extrapolable a todo el país es el primer paso para valorar la importancia de estos centros educativos y de una educación que sea contextual, es decir, que responda curricularmente y en su estructura a las necesidades, miedos, gustos e intereses de la comunidad por la que trabaja.

¿Cómo resolver?

El último Informe del Estado de la Educación (2019) apunta que no es conveniente crear más centros unidocentes, sino reducir rápidamente la proporción que estos representan dentro de la oferta de servicios educativos, consolidando pequeñas escuelas en centros de mayor tamaño y mejor equipados, así como posibilitar la rápida transformación de escuelas de horario alterno a horario regular. El MEP anunció en el año 2019, que hay centros que por su cercanía (menos de 1 kilómetro) es factible unificarlos en una sola institución unidocente bien equipada; ojalá no haya que esperar los tiempos usuales de la Dirección de Infraestructura del MEP para que eso se traduzca en realidad, enredados entre burocracia e ineficiencia, mientras cientos de niños y niñas reciben su educación en condiciones deplorables.

A la fecha, solo 1 de cada cinco escuelas unidocentes ofrece enseñanza del inglés a sus estudiantes. Esto marca diferencias que se traducen en menos oportunidades para niños y niñas de comunidades rurales. Es una hipocresía decir que hay acceso a educación, cuando las desigualdades en calidad son notorias.

“En cuanto a la movilización de los docentes en la red educativa en el ámbito nacional, se requiere diseñar un programa voluntario de pasantías que promueva el traslado de los docentes con comprobada excelencia a las zonas que más los necesitan”, señala el informe del Estado de la Educación.

Tal y como afirman las investigadoras Lupita Chaves y Jaqueline García “las escuelas unidocentes son una necesidad para el sistema educativo para la atención de  las  comunidades  dispersas,  lo  que  promueve  el  acceso,  la  equidad  y  el  derecho  a  la  educación, por lo que deben fortalecerse mediante un mayor apoyo del Estado para que estas escuelas contribuyan a promover el desarrollo humano y social del país”.

Fuente: https://www.nacion.com/blogs/cambio-educativo/contra-que-tropieza-la-educacion-unidocente-en/ZXVF3V7UZBFG5HHP2UOJ5M6R54/story/

Fuente: https://www.nacion.com/blogs/cambio-educativo/contra-que-tropieza-la-educacion-unidocente-en/ZXVF3V7UZBFG5HHP2UOJ5M6R54/story/

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