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Mundo: Hasta 84 millones de niños se quedarían sin escuela para 2030 si no se toman medidas ahora

El acceso universal a una educación de calidad es un objetivo de la agenda de desarrollo global que sólo alcanzarán uno de cada seis países para 2030. Un nuevo informe estima que 300 millones de niños carecerán de las habilidades básicas de aritmética y lectura al final de esta década.

Unos 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin asistir a la escuela para 2030 a menos que se tomen medidas efectivas inmediatamente, advirtió este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Un nuevo informe de la UNESCO señaló que, al paso actual, sólo uno de cada seis países conseguirá el Objetivo de Desarrollo Sostenible referente al acceso universal a una educación de calidad para el fin de esta década.

Con datos del 90% de sus Estados miembros, la agencia de la ONU proyectó un aumento en el porcentaje de estudiantes con habilidades básicas de lectura al final de la escuela primaria, que pasaría del 51% en 2015 al 67%. en 2030.

No obstante este avance, el estudio estima que cerca de 300 millones de niños y jóvenes continuarán careciendo de las habilidades básicas de aritmética y lectura para tener mejores empleos y oportunidades en general.

Una niña de 13 años resuelve una suma matemática en una escuela de Gujarat, India
© UNICEF/Mithila Jariwala
Una niña de 13 años resuelve una suma matemática en una escuela de Gujarat, India

Incumplimiento de los compromisos

El documento recuerda que cuando se acordó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los países se comprometieron a alcanzar un nivel educativo de secundaria para todos. Sin embargo, poco más del 15% de las naciones cumplirá el compromiso. Más aún, en África subsahariana apenas el 40% de los jóvenes completará la escuela secundaria.

La UNESCO afirmó que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de redoblar los esfuerzos para cerrar las brechas y priorizar el financiamiento de la educación.

“Esta es la única forma de responder a las necesidades identificadas y crear un pacto verdaderamente transformador”, apuntó la subdirectora del organismo, Stefania Giannini.

Niños en una escuela.
UNICEF/Fouad Choufany
Niños en una escuela.

El impacto de la pandemia

La agencia señaló que la pandemia de COVID-19 agudizó la crisis educativa, pero sostuvo que con voluntad política se puede cambiar el rumbo y avanzar en la esfera de la educación.

El informe llama a fortalecer la cooperación regional e internacional para que cada país pueda inspirarse en sus pares y desarrollar e implementar soluciones.

La UNESCO se comprometió a seguir ayudando a los países para acercar

se al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible en los años que quedan para ello.

Hace apenas una semana, en una cumbre sobre la transformación de la educación celebrada en París, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, se refirió al cierre de las escuelas debido a la pandemia, considerando que esos retrasos en el aprendizaje también tendrán un fuerte impacto en la economía.

“A escala mundial, representarán una pérdida acumulada de riqueza para la actual generación de escolares de unos 21 billones de dólares. La estimación anterior en 2021 era de 17 billones de dólares, por lo que la situación ha seguido empeorando en el último año”, detalló.

En esa ocasión, Azoulay agregó que, además de la crisis de aprendizaje, existe una crisis de financiamiento en la que el 40% de los países de renta baja y media redujeron su gasto en educación durante la pandemia. La reducción media fue del 13,5%, pero hasta el momento los presupuestos no han vuelto a sus niveles de 2019.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/07/1511422

 

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Venezuela, Según informe de la OBU: «El amor al arte» sostiene los espacios culturales de las universidades públicas #1Jun

En un reciente y muy extenso informe, el Observatorio de Universidades (OBU), hizo un análisis de la situación de nuestras universidades públicas en lo que a sus espacios se refiere y del mismo se desprendió el siguiente informe:

«Las direcciones de cultura de las instituciones de educación superior nacieron con la democracia, como parte de las políticas del Estado venezolano para fomentar el pluralismo, el pensamiento crítico y las libertades humanas.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la creación y la divulgación cultural y establece en su Artículo 99, que el Estado “garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible y la memoria histórica de la Nación”.

No obstante, según las investigaciones del Observatorio de Universidades97% de los estudiantes universitarios de Venezuela no participan en actividades culturales. Varios son los reparos que puede hacerse al Gobierno venezolano acerca de lo establecido en la Carta Magna, lo que dice la Unesco y la situación en que se encuentra el patrimonio cultural de la Nación».

Dado lo extenso del material, que involucra varias casas de estudios superiores de Venezuela, en esta oportunidad solo nos ocuparemos del estado Lara, específicamente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Según explica el profesor Figueredo, quien es contador público, músico y locutor profesional y tiene 13 años al frente de la Dirección de Cultura de la UCLA, ese recinto se quedó sin vigilancia hace tres años, entre otras irregularidades que aquejan a esa universidad. «Los ladrones se llevaron los 15 compresores del aire acondicionado y dejaron sin cableado a varias oficinas, incluida la del director«.

Dijo, que los espacios donde ensayaban las orquestas y el sótano donde se hacían las presentaciones de teatro en la Dirección de Cultura están contaminados por la filtración de las paredes.

A pesar de ello -continuó- las actividades de la Dirección de Cultura de la UCLA se han mantenido porque acuden a otros sitios y porque artistas amigos de la Universidad y los
empleados hacen presentaciones poéticas y escénicas en los recintos menos afectados por la humedad.

“Tratamos de hacer por lo menos un concierto al mes, en iglesias, en instituciones como Ascardio o la Cámara de Turismo, en fiestas patronales de los pueblos. Les pedimos a las instituciones que nos asignen transporte y comida para los músicos, gustosamente nos han apoyado porque valoran de manera positiva a la Universidad. «En lo que se active el auditorio volveremos con nuestras presentaciones, hay una comisión trabajando en eso”, aseveró Figueredo.

En otro punto, señaló que el auditorio Ambrosio Oropeza, donde se ofrecían los conciertos y se llevan a cabo los actos de grado, está inoperativo porque el hampa se llevó los compresores del aire acondicionado, los baños no funcionan y se requiere impermeabilizar el techo.

«En las graduaciones, los egresados entran y salen del recinto una vez que reciben su título de manos de las autoridades. Mientras esperan su turno, ellos y sus familiares se quedan afuera durante la ceremonia», dijo.

Explicó, que la estudiantina de la Universidad está inactiva por falta de participantes, de un director, de unidades de transporte para los alumnos y por la pandemia que alejó a los músicos de las comunidades. Las dos orquestas de la UCLA funcionan con personal contratado.

«El año pasado nos asignaron 10 mil millones de bolívares (unos 2.500 dólares), en el papel, pero de eso no vimos ni medio; pasó todo 2021 y nunca llegó el dinero. Trabajamos
en función de la gente que tengamos disponible, les preguntamos qué pueden hacer y sobre la base de ello, planificamos para el año actividades en la misma Dirección, salvo que alguien nos apoye con transporte”, indicó el profesor Figueredo.

En resumen, ante el caso de la UCLA y de las demás casas de estudios superiores de Venezuela, el informe de la OBU señala a manera de conclusión que «El gobierno venezolano, al asfixiar presupuestariamente a las universidades públicas, incumple con la meta de “redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” establecido en el número 11 de los objetivos del desarrollo sostenible. El sostenimiento de este tipo de instituciones no puede dejarse solo en manos de individualidades que con la sola voluntad hacen lo que pueden.

Fuente: https://www.elimpulso.com/2022/06/01/segun-informe-de-la-obu-el-amor-al-arte-sostiene-los-espacios-culturales-de-las-universidades-publicas-1jun/
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[CLADE] Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 2022

Querides,

➡️ del 7 al 9 de marzo, tendrá lugar la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, donde se revisarán los avances y desafíos de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región. Será posible acompañar en vivo. Entérate más: https://bit.ly/35ztVLb

➡️ El 9 de marzo, a las 8:30 (hora de Costa Rica), Nora Chacón, representando al Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ante el Foro, participará en la mesa oficial con el tema “Educación e igualdad de género”. Acompaña aquí: https://live.cepal.org/

➡️ El 6 de marzo, se realizará la “Reunión virtual de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, de 9.00 a 13.00 (hora de Costa Rica). Sepa cómo registrarse aquí: https://bit.ly/35ztVLb

Las y los animamos a acompañar y participar,
¡Abrazos y saludos!


Fabíola Munhoz
Coordinadora de Comunicación y Movilización
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Visita nuestra página: www.redclade.org
Sigue la CLADE en: FacebookTwitterYouTube
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Roberto Cuéllar Martínez: Costa Rica, el país sin ejército que lidera la guerra contra el cambio climático

Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, este país con renta baja y pocos recursos sigue impartiendo enseñanzas de vida, humana y natural.

El 1 de diciembre de 1948, poco antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Costa Rica sorprendió al mundo al abolir su ejército y extirpar de un solo tajo cualquier tendencia militarista en la política. Así, sin movilizar ni un tanque de guerra, a lo largo de siete décadas ha sido protagonista de una reafirmación democrática peculiar, a la vez que revolucionaria, en el desarrollo progresivo de sus conquistas sociales y ahora ambientales.

Este acto, genuinamente disruptivo, abrió la senda para reconstruir la ética social y refundar los principios identitarios del pensamiento, la convicción de libertad y la actuación democrática del ser costarricense. Sin duda, esta ha sido la médula que aún sustenta las decisiones transformadoras en paz con la naturaleza, madre y maestra de la convivencia humana.

Al observar lo que sucede en el mundo en términos medioambientales (la insólita devastación de los bosques y las selvas, la contaminación de los océanos, la polución que envenena las sociedades, el deshielo de los glaciares y su influencia en la ralentización de las corrientes oceánicas, la escasez del agua y el riesgo de la reducción en la producción de alimentos, entre otras manifestaciones de terror), se logra inferir que otra guerra no armamentista, aunque igual de devastadora, amenaza a la humanidad.

Desde 1990, el país logró pasar del 47% al 60% de la cobertura boscosa por medio del pago por servicios ambientales. Y es ahora, efectivamente, un territorio más verde con la mayor guarda forestal en Centroamérica. Lo ha hecho sin ejército y con más educación entre el campesinado, a través de excepcionales modificaciones curriculares en el sistema educativo para asegurar una sólida conciencia ambiental entre las actuales y futuras generaciones. Así como a partir de 1950 se canjearon las armas por violines y cuarteles por escuelas, Costa Rica transformó el espacio verde al otorgarle progresión social e imponer gravámenes a los combustibles fósiles en la debida preservación de la masa forestal.

La educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar

En esta obligación erga omnes (contra todos), Costa Rica vuelve a sorprender, porque en medio de la demoledora pandemia no ha dejado atrás los derechos emergentes ambientales, como lo es principalmente el del agua para la vida digna. Hasta 1990 algunos de los países vecinos les calificaron de comunistas por sus avances sociales, y ahora, con severos ajustes fiscales y en medio de la enorme crisis de salud, se empeña progresivamente en proteger más del 25% del territorio en parques nacionales y forestales, meta revolucionaria que emprendió en 1975. Tanto es así que China recién ha puesto atención a la construcción de sistemas de áreas protegidas en referencia a la experiencia costarricense.

En ese sentido, la cultura por la biodiversidad llena de vigor a la escuela. Y aquí cabe destacar el derecho a la educación como eje de sostenibilidad en la preservación de los bienes naturales, antes, durante y después de la pandemia.

Para afrontar esta crisis, Costa Rica una vez más ha puesto en perspectiva su principal bastión revolucionario: la educación como eje democrático, participativo, social, productivo y sostenible. Se han impuesto cambios en la formación integral ambientalista con equidad y en derechos, acciones que acompañamos decididamente la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Una muestra es el proyecto de cambio curricular y participativo orientado a la educación rural y ambiental que se realiza en la periferia del emblemático Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco —15 mil hectáreas bautizadas como la “montaña sagrada del agua”, única en Centroamérica—, justo cuando en este 2022 conmemoraremos el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. El proyecto contribuye efectivamente al empoderamiento del aprendizaje sobre derechos humanos y el entorno sostenible de la mano de los gobiernos locales y supervisiones educativas de 45 centros escolares aledaños.

Así, cabe destacar que la educación en el país promueve hábitos de consumo diferenciados, fomenta la sensibilidad ecológica y lo hace por medio de prácticas inscritas en los currículos, con adecuada información científica desde la primera edad escolar. Y es que la misma Constitución Política señala el derrotero social, político y económico de una “Costa Rica natural”, al definir con precisión que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Esta meta humanista muy apremiante y tan propia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (en especial de los Objetivos  y 13º), y de la transformación educativa que proponemos, solo se logrará incluyendo en el centro del currículo una crítica a los mitos de la modernidad: el consumismo y el dinero. Asimismo, replanteando los esquemas pedagógicos sobre la base de una ética ecológica, de manera que la infancia y juventud escolar crezcan en la solidaridad, la responsabilidad y en la necesaria preservación del planeta Tierra. Hay que reeducar ante la infame prioridad del dinero, las artimañas del poder y ante la destrucción degradante a causa del cambio climático. Desde Centroamérica, la pequeña Costa Rica, con renta baja y pocos recursos, sigue impartiendo enseñanzas de vida —humana y natural— que recordaremos siempre, porque cada lección es liberadora, como aquella magistral que dictó la caducidad del ejército en diciembre de 1948.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2021-12-27/costa-rica-el-pais-sin-ejercito-que-lidera-la-guerra-contra-el-cambio-climatico.html

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En Glasgow, los pueblos indígenas golpean la mesa por sus derechos

Por: Emilio Godoy

GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.

Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.

En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.

Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.

Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.

“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit  (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.

Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.

Una de las expectativas indígenas en Glasgow es la aprobación del plan de trabajo por tres años de la “Plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, originada en la COP21, la que aprobó el Acuerdo de Paris en 2015.

Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.

Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.

Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.

Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.

“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.

Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.

Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.

“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.

La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS

Prometer no empobrece

Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.

Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.

Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.

A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.

En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.

Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.

El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en la COP16 de Cancún de 2010, ha financiado 121 proyectos de medios de vida de comunidades y ha entregado para ello un total de 1400 millones de dólares.

Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.

Además, el 2 de noviembre más de 105 naciones se adhirieron a la “Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra” que estipula alcanzar la deforestación cero en 2030.

Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.

“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.

Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.

IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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Carlos Sanguino: Niñas que sufren, niñas que luchan contra la violencia sexual

El relato de vida de Nzadi está lleno de terror y miedo, y quizá por ello habla con voz serena y sabia. Su voz es una de tantas voces de niñas que han sufrido violencia sexual en todo el mundo, y que sufren terribles violaciones de derechos humanos en conflictos armados en lugares como Afganistán, Níger o Nigeria.

La violencia sexual se ceba con las niñas en todo el planeta. Según Naciones Unidas, la violación y el abuso sexual afectan a cerca de 1.000 millones de mujeres y niñas a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja.

Según Unicef, alrededor de 120 millones de niñas, algo más de una de cada 10, han sufrido “relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales forzados” en algún momento de su vida. En algunos países como Indonesia, Singapur, Jordania o India las relaciones sexuales forzadas de una niña por parte de su marido son legales. El abuso sexual de menores está marcado por el género, ya que en torno al 90% de los autores son hombres y las niñas suelen presentar tasas de abuso entre dos y tres veces superiores a las de los niños.

La guerra contra las niñas

“Estaba pasando por la calle y empezaron a llamarme, yo me negué a ir. Entonces me dijeron que si me negaba me matarían. Sacaron un cuchillo y unas pistolas, no tenía otra opción, acepté porque eran muchos hombres, pero fue su jefe el que los había enviado para que fueran a llamarme porque quería tener relaciones sexuales conmigo (…). Era un hombre muy mayor, yo tenía solo 15 años. No es normal que un hombre mayor se acueste con una niña de 15, pasé demasiado miedo”.

Las palabras guerra e infancia no deberían estar nunca unidas, pero por desgracia ocurre con frecuencia. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra contra la infancia y sus familias para aterrorizarlos e intimidarlos, a menudo con fines políticos y militares. En otras ocasiones se utiliza para realizar limpiezas étnicas o castigar a la población civil por su presunto apoyo a las fuerzas opositoras.

En algunos países como Indonesia, Singapur, Jordania o India las relaciones sexuales forzadas de una niña por parte de su marido son legales

Según Save the Children, 72 millones de niños y niñas —el 17% de los 426 millones que viven en zonas de conflicto a nivel mundial, es decir uno de cada seis— viven cerca de grupos armados que ejercen violencia sexual contra ellos. El riesgo de sufrir violencia sexual por parte de la infancia es casi diez veces mayor ahora que hace 30 años (8,5 millones en 1990). El 98% de las víctimas son niñas.

El tránsito a las escuelas

Cuando una menor de edad prepara cada mañana su cartera para ir al colegio, espera divertirse con sus compañeras de clase, aprender cosas nuevas y jugar en el recreo. ¿O no? ¿Acaso teme por su seguridad, tiene miedo de sufrir tratos humillantes y violentos y espera simplemente superar un día más?

Las escuelas son un reflejo de la sociedad. Las mismas formas de violencia —física, sexual y psicológica— que las mujeres sufren a lo largo de su vida están ya presentes en el día a día de muchas niñas, tanto en sus centros escolares como en torno a ellos. Aunque la mayoría de los casos de violencia sexual se producen en el entorno más cercano, a manos de familiares y conocidos, también a diario, hay niñas que son agredidas o que sufren violencia sexual de camino a la escuela. En países azotados por la guerra, hay quienes son secuestradas por grupos armados, y algunas resultan heridas o muertas cuando se dirigen a su centro escolar o cuando este es blanco de ataques.

En África subsahariana la violencia sexual expone a las niñas al riesgo de embarazos no deseados, con posibles implicaciones perjudiciales para su propia salud y la del bebé. En Suazilandia, el 17,4% de las niñas de 13 a 17 años han sido expulsadas de las escuelas por haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales. Una quinta parte de estas violaciones tuvo lugar en la escuela o de camino a ella.

El peligro está en casa

Un total de 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su marido, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan solo un 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.

En numerosas ocasiones, la violencia es ejercida por los propios familiares. En la capital de Nicaragua (Managua), ocho de cada 10 víctimas de agresiones sexuales son niñas y adolescentes. Dos tercios de las jóvenes afganas no están escolarizadas, el 80% siguen siendo analfabetas, más de la mitad ha sufrido violencia machista en su propia familia y el 75% afrontan matrimonios forzosos, en muchos casos antes de los 16.

Niñas refugiadas

“Me acosaron mucho. Un contrabandista fue muy insistente. Me dijo: ‘Te enviaré a Alemania en avión, pero dame a tu hija’. Por supuesto, no lo hice, pero sigo teniéndoles miedo”.

Hay alrededor de 26 millones de personas refugiadas en el mundo, y las niñas y mujeres representan la mitad del total. Esta cifra nos confirma que, lamentablemente, todos los años miles de ellas huyen de sus países de origen buscando refugio en nuevos lugares para escapar de amenazas internas, como la violencia y la persecución, guerras civiles o falta de oportunidades económicas, entre otros. Y cuando no pueden salir del país la situación no es mejor. En Afganistán, en torno a cinco millones de personas se han visto desplazadas internamente por el conflicto, el 80% son mujeres, niñas y niños.

Al dejar su hogar no solo arriesgan su vida y se exponen —mucho más que los adultos— a ser víctimas de explotación, sino que también se separan de todo lo que les resultaba familiar y cercano: sus amigos, sus juegos, sus comidas, sus familiares y su escuela. Cuando una niña se convierte en refugiada, tendrá la mitad de posibilidades de cursar educación secundaria.

¿Cómo podemos mejorar la vida de estas niñas?

Los retos que tenemos por delante para lograrlo en todo el mundo son complejos. Diez agencias internacionales proponen un conjunto de medidas que abarcan siete esferas de intervención.

Por otro lado, Naciones Unidas plantea estas recomendaciones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

  • Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
  • Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
  • Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
  • Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

Pese a todo, numerosas niñas en todo el mundo deciden plantarle cara al futuro y tener una vida mejor. Su resiliencia y coraje nos anima año tras año a seguir apoyándolas en su lucha por sus derechos humanos y por una vida mejor. Jamás es tarde para una persona.

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“Es hora de pensar en medidas que permitan un desarrollo sostenible en la región”

Por: Karina Batthyány

Hoy, a propósito, de un documento que se acaba de presentar en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) titulado “La paradoja en la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”. Este documento toca varios de los aspectos que hemos estado conversando en nuestras columnas de los miércoles. Para comentar el documento, que es muy amplio, elegí tres o cuatro cosas que creo es oportuno que las comentemos.

Lo primero, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó la estimación de crecimiento promedio para la región el 2021 a 5.2%. Esto es algo interesante, bueno, y que muestra un rebote desde lo que fue la contracción de 6.8% (estoy hablando siempre de producto bruto) anotada en 2020, que obviamente fue como causa del impacto de la pandemia. Entonces, tenemos un primer dato que es positivo. Se estima, para decirlo en un lenguaje más llano, un crecimiento económico de nuestra región del 5% en este 2021. Pero esta expansión o etapa de crecimiento no va a alcanzar para asegurar un crecimiento sostenido y la propia CEPAL dice por los impactos sociales de las crisis y los problemas estructurales que nuestra región tenía y que se han agudizado durante la pandemia. ¿Qué problemas estructurales? Entre otros, la desigualdad como hemos mencionado aquí en varias oportunidades, y que estos problemas obviamente se han agudizado y se van a prolongar en la etapa de recuperación.

Siempre de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, para el año 2022 en América Latina y el Caribe se habla de un crecimiento promedio menor al 3%, es decir, del 2,8 o 2,9 en promedio. Entonces, 5,2% para el 2021, allí ya se empieza a ver en la previsión para el año próximo una desaceleración de este “rebote” que podríamos llamar. ¿Por qué rebote? Porque el año anterior 2020 hubo una caída en estos números que permitió el rebote a 5 puntos en 2021, pero ya para el año próximo se prevé que esto sea menor al 3%.

Entonces, si miramos estos números, no podemos anticipar ni proyectar que la dinámica de bajo crecimiento que venía en América Latina y el Caribe antes de la pandemia (que era la tendencia previo a 2020), no podemos anticipar que esto vaya a cambiar. Es decir, vamos a seguir, a volver a esa dinámica de bajo crecimiento en la que ya estamos instalados como región antes de la pandemia. ¿Por qué nuevamente? Por estos problemas estructurales que limitan el crecimiento de nuestra región y, como ya dije, se agudizaron durante la pandemia.

¿De qué problemas estructurales estamos hablando? Estamos hablando de los problemas vinculados a las causas o los elementos que están por detrás de las desigualdades. En ese sentido, este documento que acaba de presentar la CEPAL nos muestra, además, que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y se pronostica que volvamos a crecimientos o trayectorias más mediocres que no permitan recuperar totalmente el empleo y que tengan mayores consecuencias o mayor deterioro en términos ambientales.

Allí estamos hablando, además, del impacto de la pobreza que lo hemos mencionado en otras columnas y ese impacto de la pobreza especialmente para las mujeres y para las personas mayores. Recordemos que esta crisis de la pandemia ha llegado a nuestra región en un momento de estancamiento y con una crisis justamente de largo plazo en empleo, inversión, diversificación productiva sostenible, es decir, que no deteriore aún más el medio ambiente.

Solo para recordarles también que estas proyecciones se ubican en una región que ha sido de las más afectadas por el coronavirus. Último dato disponible: al 30 de junio la región latinoamericana y caribeña acumulaba más de 1.260.000 muertos (digamos 1.300.000) por causas del Covid-19, representando un tercio de los fallecimientos mundiales cuando en realidad nuestra región sólo es el 8% de la población mundial. Y recordemos también las enormes brechas de vacunación que observamos hoy dentro de América Latina y el Caribe y a su vez la brecha general entre nuestra región latinoamericana y caribeña y las regiones de los países desarrollados.

Todo esto nos vuelve a hacer reflexionar sobre algunos de los puntos que planteamos en nuestra columna pasada, donde nos referimos a las alternativas para la región latinoamericana y caribeña, que las habíamos colocado a propósito del documento de trabajo para la CELAC. Entonces, ¿de qué alternativas estamos hablando? Una vez más, de esas políticas que se necesitan para una recuperación en nuestra región, pero para una recuperación transformadora, no una recuperación que continúe profundizando las brechas y las desigualdades: políticas industriales, políticas tecnológicas, que permitan impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleo de calidad, reestructurar los sistemas de salud, los sistemas de educación, sostener las transferencias que algunos países latinoamericanos están realizando como transferencias de emergencia por la pandemia y, más aún, plantear el ingreso básico o la renta básica como la queramos llamar de manera universal para nuestra región. Asegurar el acceso a la canasta básica de alimentos, asegurar también el acceso a la conectividad que es un problema hoy en nuestros países, plantear el tema de la deuda externa y la necesidad de una nueva arquitectura financiera a nivel internacional. Es decir, distintas medidas que realmente permitan en lo que queda de 2021 y en el 2022 (que como ya vimos no hay una proyección de gran crecimiento para nuestra región) empezar a cambiar las cosas.

Allí un tema especial que quiero dejar para la próxima columna, que también se menciona en este informe que estamos haciendo referencia hoy, es la cuestión ambiental. Este informe (CEPAL) nos llama la atención sobre el impacto ambiental que se observa en nuestra región. Dice: Si bien hubo una cierta recuperación en los momentos más duros de la pandemia de mayor confinamiento, particularmente en lo que tiene que ver con la calidad del aire, la reducción de las emisiones de gas en efecto invernadero, ya no lo estamos observando a partir de que se retoma la actividad de 2021.

Entonces, empecemos a pensar en medidas que permitan un desarrollo sostenible y por lo tanto un desarrollo que no tenga impactos tan fuertes a nivel medioambiental con lo que estamos observando hoy y todos los días en nuestra región.

-Me quedaba pensando: qué sensación de oportunidad perdida que tengo por lo menos cuando iba escuchando los datos que ibas dando… Porque da la sensación que de la tragedia de la pandemia había un marco para pensar en lógicas alternativas, escuchaba los números y me daba la sensación de una posibilidad perdida o por lo menos no sé si perdida por completo. Porque entiendo que todavía son cuestiones que están en discusión, pero daría la sensación que no se está aprovechando a fondo para pensar en formas alternativas de salir y planteos diferentes… -No. Por eso es bueno insistir en esas alternativas que ya hemos planteado muchas veces aquí en InfoCLACSO, pero hay que insistir en tratar de construir esas alternativas. Y no mencioné solamente para ahorrarnos el mal trago… Durante la columna los últimos datos de pobreza, pero ya que tú lo traes en tu mención, la tasa de pobreza extrema en nuestra región alcanzó ya el 12.5% de la población y la de pobreza es 33.7%, es decir, superó a una de cada tres latinoamericanos y latinoamericanas viviendo en esta situación. Y lo mismo el crecimiento cuantitativo en lo que es inseguridad alimentaria, ya sea inseguridad moderada o grave, que alcanza a más de 40% de la población latinoamericana. Y eso es un crecimiento de casi 7 puntos en relación a la situación pre-pandemia: 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria en nuestra región.

“Es hora de pensar en medidas que permitan un desarrollo sostenible en la región”

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