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Después de dos años de discusión parlamentaria el Congreso aprobó la nueva institucionalidad para la educación pública, hecho que no puede ser calificado de otra manera más que como una buena noticia para Chile.
Es evidente que el sistema de educación pública municipal, instaurado en la primera mitad de los 80, estaba en crisis terminal desde hace rato. Después de 35 años, no había cumplido ninguna de sus promesas. La educación municipal reducía año a año su matrícula, no mejoraba en calidad y enfrentaba recurrentes episodios de desfinanciamiento y falta de resultados. Su gestión, vinculada a los ciclos políticos de las elecciones municipales e instalada en un sistema presupuestario difícil de distinguir y supervisar, hacía muy difícil verificar que los recursos destinados al aprendizaje de los estudiantes fueran utilizados efectivamente.
El diagnóstico inequívoco puede explicar en parte el que el proyecto de Nueva Educación Pública haya sido aprobado casi unánimemente.
«Hay algunos elementos que habrá que cuidar en el proceso de implementación, de manera de asegurar que efectivamente mejore las condiciones de aprendizaje de todos. El primero es el sistema de gradualidad»
La nueva institucionalidad implica la creación gradual de 70 servicios locales que, distribuidos en todo el país, agrupen municipios para alcanzar la escala apropiada. Los órganos descentralizados serán dirigidos por un director seleccionado por el Sistema de Alta Dirección Pública, y contará con un comité directivo y un consejo, en los que estarán representados los actores relevantes de la comunidad. Con esto se ha evitado la tentación pendular, en que la desmunicipalización se convirtiera en centralización del servicio educativo en Santiago, perdiendo el contexto local y territorial.
Los servicios locales también serán coordinados por un Servicio Nacional, elegido por Alta Dirección, que apunta a ser un servicio profesional, técnico y parcialmente separado de la contingencia política, aunque liderado a través de un plan estratégico de mediano plazo, concordado por los distintos órganos asociados, y aterrizado en cada servicio local mediante diversos instrumentos de gestión.
Con todo, e insistiendo en que en general se trata de un paso adelante en el desarrollo del sistema educativo, y en su capacidad para ofrecer a niñas, niños y jóvenes oportunidades educativas equitativas y de calidad, hay algunos elementos que habrá que cuidar en el proceso de implementación, de manera de asegurar que efectivamente mejore las condiciones de aprendizaje de todos.
El primero es justamente el sistema de gradualidad que se concordó para aprobar la normativa, que establece un período bastante extenso (el ciclo podría durar hasta el 2030), y que incluso instaura reglas poco claras por las cuales algunos municipios podrían no ingresar al nuevo sistema, generando nuevas desigualdades y tensiones innecesarias.
Un segundo aspecto a cuidar es la excesiva burocratización de la gestión de los servicios locales. La Ley establece varios instrumentos que en la práctica podrían no necesariamente colapsar entre ellos, pero sí sumir a directores locales y al director nacional en un trabajo de eterno papeleo y reportes. Considérese que, por ejemplo, el director del servicio local, además de ser intérprete de un Plan Estratégico Nacional que recibe como mandato, debe elaborar anualmente un plan estratégico local, el cual debe ser aprobado por su comité. Asimismo, debe establecer convenios de desempeño, tanto con el Servicio Nacional como con las escuelas y liceos. Y como si fuera poco, de cada uno de estos instrumentos debe dar cuenta anualmente.
Un tercer cuidado que me gustaría proponer tiene que ver con el sentido descentralizador. La nueva institucionalidad propone no sólo muchos instrumentos de gestión definidos por Ley, sino que su lógica de su funcionamiento es el de “bajada”, es decir, que a partir de las definiciones nacionales, el trabajo de los servicios locales es “bajarlas” al territorio, lo que podría generar poco espacio para la expresión de la diversidad local y territorial.
Finalmente, la normativa no hace referencia alguna a la relación de la nueva institucionalidad local con los establecimientos particular subvencionados con los que comparte territorio. Hace reiteradas referencias a las oportunidades de colaboración entre los establecimientos educacionales de su dependencia, perono considera las oportunidades de colaboración con establecimientos subvencionados, los cuales también reciben financiamiento público y, por tanto, comparten la obligación de garantizar el derecho a la educación.
Los próximos años serán importantes para definir con mayor precisión el perfil del nuevo sistema educativo, y parte importante de este dependerá de la forma en que se resuelvan, en la práctica, estos aspectos de la ley, cuyos detalles aún están pendientes.
Fuente: http://www.t13.cl/blog/blog-eugenio-severin/nueva-educacion-publica
Imagen tomada de: https://assets.metrolatam.com/cl/2015/04/08/A_UNO_507002-1200×600.jpg
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