Discriminación Social

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Estudio en EEUU: Los maestros blancos tienen opiniones muy bajas de sus estudiantes negros

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«El racismo está vivo y bien», dice uno de los investigadores.

EEUU/  31/03/2016 / Rebecca KleinEditor, Educación HuffPost

El estudio de la Johns Hopkins e investigadores de la Universidad Americana encontraron que cuando se preguntó a maestros blancos y negros sobre el desempeño de un mismo estudiante, los maestros blancos expresaron comparativamente predicciones negativas para los estudiantes de color.

La investigación fue publicada en la revista Economía de la Evaluación de la Educación  cuyas conclusiones se basan en un conjunto de datos de un estudio longitudinal 2002 que siguió a más de 8.000 estudiantes de 10 ° grado. Incluido en el conjunto de datos fue una encuesta que se pidió a los maestros de lectura y matemáticas acerca de las capacidades a largo plazo del mismo estudiante. Los investigadores estratificaron las respuestas de la encuesta por la raza y el género de los profesores y estudiantes.

Los resultados son desalentadores.

Cuando se le preguntó sobrela probabilidad de que sus estudiantes se graduarán, maestros blancos (y otros educadores no negros) otorgaron 12 puntos porcentuales más que los maestros negros a la posibilidad de que los estudiantes negros no terminaran la secundaria. Por otro lado, los maestros de raza negra tuvieron estimaciones similares tanto de sus estudiantes blancos y negros, mientras que los educadores no negros también fueron significativamente menos propensos a predecir que sus estudiantes negros completarían la universidad.

El estudio es el primer paso en un proyecto de investigación para determinar cómo las expectativas de los profesores impactan los resultados en cuanto a desempeño de los estudiantes, dijo el economista de la Universidad Johns Hopkins y  Nicholas Papageorge , quien  es co-autor del estudio. Este estudio no muestra todavía la relación causal entre las expectativas y los resultados de los maestros, pero sí indica un sesgo sistémico, por lo que los resultados fuero calificados como»sorprendente y alarmante.»

«Lo que me gustaría hacer es que los profesores tomen consciencia de sus prejuicios», dijo Papageorge . «El racismo está vivo y bien. Estoy seguro que cuando la gente mira a un joven negro que tienen ciertos puntos de vista, por su raza no puede darse cuenta de que tienen estos puntos de vista, y eso es muy peligroso. «

El estudio plantea preguntas sobre si las expectativas tan bajas que los educadores blancos establecen para los estudiantes negros, a veces se convierte en una profecía autocumplida.

» Si yo soy un maestro y decido que un estudiante no es nada bueno, puedo estarlo comunicando al estudiante,» dijo Papageorge en un comunicado de prensa publicado esta semana.»Un profesor que dice a un estudiante que no es inteligente pesará mucho sobre la forma en que el estudiante se siente acerca de su futuro y tal vez el esfuerzo que ponen en hacer bien en la escuela.»

Fuente de la Noticia:

http://www.huffingtonpost.com/entry/white-teacher-expectations_us_56fc0d5ae4b0a06d580468b7?ir=Education&section=us_education&utm_hp_ref=education

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El pueblo gitano reivindica un trato digno en algunos programas de televisión

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El consejo estatal de la etnia lanza una campaña de sensibilización para que se retiren algunas producciones que consideran lesivas para su imagen

08 de abril de 2016/lavozdegalicia.es

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha lanzado este viernes una campaña de sensibilización para lograr la retirada de ciertos programas de televisión que dañan la imagen de esta comunidad y promueven estereotipos y prejuicios que conducen a la discriminación y el antigitanismo.

En el Día Internacional del Pueblo Gitano, las entidades integradas en el consejo han puesto en marcha esta acción reivindicativa con el lema Por un trato digno al pueblo gitano en los medios de comunicación y el hashtag #telebasuranoesrealidad.

La campaña incluye la difusión de un vídeo, acompañado de un cartel del dibujante Eneko, postal, chapas y un manifiesto elaborado por el escritor Manuel Rivas.

En el vídeo, niñas y niños que protagonizaron la campaña del año pasado, con el hashtag #yonosoytrapacero, aparecen en esta ocasión junto a gitanos adultos para mostrar su desaprobación ante algunos programas de televisión y visibilizar el daño que hacen a la imagen de la comunidad.

En el texto, Rivas subraya que «es inaceptable que se presente como normalidad un decorado de cartón piedra, que se llame realidad a una pantalla virtual, si lo que hay detrás, cuando se cae el decorado y se apaga la pantalla, es la inclemencia, la maleza social, el prejuicio, la discriminación, el estigma y la mancha de la injusticia».

Retirada de programas

El escritor considera que este viernes es un buen día para comprometerse a «superar los obstáculos a la educación», para que «se deje de hablar de chabolismo en España» y «cada familia gitana tenga una vivienda digna», así como para que «se incremente la formación de los trabajadores gitanos» y «se ponga fin a la discriminación en el empleo».

La Fundación Secretario Gitano -una de las entidades que forma parte del Consejo Estatal- pide, en un comunicado, la retirada de ciertos programas de televisión que presentan «una realidad aumentada y caricaturizada» y que «atentan contra la imagen social de la comunidad gitana y contra su propia dignidad».

La celebración del 8 de abril recuerda la historia del pueblo gitano y rinde homenaje a las víctimas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos.

En esta fecha, en 1971, tuvo lugar el Congreso Mundial roma/gitano en Londres, en el que se crearon la bandera y el himno gitanos.

Para ver el video de la campaña: Por un trato digno al pueblo gitano en los medios

Fuente de la noticia: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/04/08/pueblo-gitano-reivindica-trato-digno-programas-television/00031460133334990753862.htm

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México: Denuncian proceso penal discriminatorio contra mujer en Quintana Roo

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Kaosenlared/31 de marzo de 2016/Por: Kaos. Mexico

Diversas organizaciones feministas se pronunciaron en contra de la sentencia penal que recibió una mujer por la muerte de quien fuera su esposo. Durante el proceso penal no se respetó el derecho a la igualdad y a la no discriminación, tampoco se tomó en cuenta el historial de violencia del que, por muchos años, había sido víctima la mujer.

Suprema Corte de Justicia de la Nación: Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo: A la sociedad civil en México:

Ser mujer, ser indígena, ser mujer de la tercera edad, y “tener apariencia beliceña” que equivale a ser “pobre entre los pobres”, son las causas por las que Reyna JGS, una mujer víctima de violencia de pareja fuera sentenciada por un Juez Penal Oral, con pena privativa de libertad de 25 años de prisión acusada del homicidio de su pareja sentimental de iniciales M.A.S.V el 5 de julio del 2015 en el interior de una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos, en Chetumal, Quintana Roo, México en un proceso en el que prevalecieron diversas violaciones al debido proceso, siendo una de ellas el derecho a la igualdad y no discriminación.

En el proceso, en el que no hubo intención en ninguna etapa del proceso de la aplicación de los criterios de oportunidad, y que partió de la presunción de la culpabilidad y el dolo de la imputada, sin perspectiva de género en el acceso a la justicia, el caso constituye un proceso más que evidencia la aplicación de los vicios del sistema inquisitivo dentro del nuevo Sistema en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres.

Las organizaciones firmantes, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, reiteramos el llamado para la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, y exigimos que todos los casos en los que hay antecedentes de violencia de género y contextos de discriminación sistémica reconozcan e incorporen la perspectiva de género desde la etapa de la investigación, calificación de delito, la promoción de los mecanismos abreviados y la aplicación de los criterios de oportunidad previo a que el caso sea llevado ante el juez o jueza.

El caso de Reyna, mujeres de 60 años, refleja el contexto de desigualdad institucionalizada de género que constituye la base de la discriminación que viven las mujeres en el acceso a la justicia como víctimas de delitos, pero también como imputadas en procesos en los que se les señala como responsables, en los que prevalecen las visiones sesgadas por los prejuicios y los estereotipos de género.

No solo se trata de los delitos que se cometen contra las mujeres sino de la rigurosidad de las sentencias con las que se las castiga, en un claro reflejo de los prejuicios del “deber ser” para las mujeres que transgreden las normas de obediencia y de sumisión frente a sus agresores. Además de que las declaraciones de los policías ministeriales que constan en el expediente donde se refieren a Reina como una mujer de “apariencia beliceña” ya constituyen una mirada discriminatoria y trato desigual derivado del prejuicio.

Los jueces y juezas incrementan hasta en 30% las sentencias cuando se trata de juzgar a mujeres procesadas por privar de la vida a sus parejas además de que aún prevalece un desconocimiento de las leyes, tratados y convenciones aplicables en el sentido progresivo de protección a los derechos humanos de las mujeres para garantizar procesos apegados a derechos.

Demandamos la aplicación de los criterios y estándares de justicia para las mujeres, así como la revisión al debido proceso desde el inicio de la investigación y que por una serie de omisiones derivó en la sentencia que evidencia un trato discriminatorio y desigual para Reina.

Organizaciones firmantes.
Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche,
Red de Feministas Peninsulares (Campeche, Yucatán y Quintana Roo)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm)
Mayas sin Fronteras AC
Asociación Sinaloense de Universitarias,
Moviento LGBTTTI Chihuahuense, .
Tertulianas Feministas Chihuahuense
Arthemisas por la Equidad, A. C
Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental A. C
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos. A.C.
Ni una más, Yucatán.
Mujeres en Acción por México, Quintana Roo.
Mujeres Unidas contra la Violencia, Quintana Roo
Reflexión y Acción Feminista, Yucatán. Católicas por el Derecho a Decidir. Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche; Chiapas: Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); Distrito Federal: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: Centro de Derechos Humanos “Solidaridad Popular, A.C.; ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico Sinaloense, A.C.; Sonora: OCNF Sonora; Estado de México: Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Visión Mundial de México; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Centro Juvenil, Generando Dignidad; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por sus Derechos Mujeres en Red. Yamile Alejandra Suárez Suárez, Fátima Santos Pacheco, Red de Feministas Peninsulares. Silvia Núñez Esquer, OCNF en Sinaloa. María Pérez Oceguera, Observatorio de Puebla. Estela Reyes Melo, Colectivo Las subversivas.
Alma San Martín, Veracruz. Metzeri Avila San Martín, Veracruz. Carolina Salem Garrido, representa legal de la Fundación la Casa de las Mariposas, Ma del Carmen García García, feminista, Irma Alma Ochoa, Artemisas por la Equidad AC, Reyna Estela Reyes Melo/ Colectiva Subversivas/Edomex. Susana Oviedo. Bautista, representante legal de Comunidad Raiz Zubia A. C, Mónica Soto Elízaga, integrante de Las Constituyentes CDMX. Centro de intervención en crisis Alma Calma (Chihuahua, Chih.) Lucero Reyes Salgado, Crisol-IDN, Sinaloa. A.C.
Enma Obrador Garrido Domínguez AMAM. Lorena Aguilar Aguilar, Red de Feministas peninsulares
Karely Álvarez Pech, Red de Feministas Peninsulares. Mercedes Fernandez Glez, Moviiento LGBTTTI Chihuahuense.
Adriana Bautista/Yucatán. Gabriela Juárez palacios, Observatorio eclesial, Gabriela Nohemi Segura Cardenas, Comunidad en Movimiento AC.

Fuente: http://kaosenlared.net/mexico-denuncian-proceso-penal-discriminatorio-contra-mujer-en-quintana-roo/

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EE.UU: Academics Assail N.C. Law That Limits Protections for LGBT People

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TheChronicleOfHigherEducation/28 de marzo de 2016/Por: Andy Thomason

Resumen: Una nueva polémica se ha desatado en las universidades de Carolina del Norte, en relación a una ley denominada HB2, la cual viola la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, al negar algunos derechos de los homosexuales y transgénero. Sin embargo, la semana pasada los legisladores de Carolina del Norte se reunieron en la sección espacial para aprobar la legislación de amplio alcance, en donde las empresas no pueden tomar medidas legales ante la discriminación en la contratación de personas homosexuales o transgénero. La HB2 fue motivada por una ordenanza aprobada en la ciudad más poblada del estado, Charlotte. El gobernador McCroy ha tratado de desacreditar las críticas de la ley, diciendo, por ejemplo, que no elimina las protecciones para los residentes de Carolina del Norte. Los críticos han dicho que las garantías son claramente falsas. La demanda presentada ante el tribunal federal fue realizada por unos empleados transgénero y homosexuales en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. La demanda en contra de la HB2 fue motivada el trato que en ella se expresa para las personas transgénero y homosexuales, al despojarlas de la protección otorgada por la Ciudad de la Ordenanza de Charlotte, la cual se opone a que cualquier gobierno local adopte medidas para proteger a las personas contra la discriminación. Por tanto, esta ley hará más difícil para el campus atraer a los mejores profesores, estudiantes y personal en general. La comunidad deplora la negación a cualquier persona a la protección de la ley debido a su orientación sexual o identidad de género.

Organized opposition to a controversial new law in North Carolina is taking shape, and university students and faculty and staff members are playing a leading role.

On Monday, three individuals, all of whom work for or attend North Carolina colleges, and two advocacy groups sued the state over the law, known as House Bill 2, alleging it violates the 14th Amendment of the U.S. Constitution by denying gay and transgender people equal rights.

Last week, North Carolina lawmakers gathered in special section to pass the sweeping legislation, which, among other things, forbids cities and counties from passing ordinances that extend protections to gay and transgender people. As a consequence, critics of the law say, cities like Greensboro or Raleigh cannot take legal steps to, say, prevent businesses from discriminating against gay customers or employees.

House Bill 2 was prompted by an ordinance passed in the state’s most populous city, Charlotte, that allowed transgender people to choose the public restroom consistent with their gender identity, rather than their gender at birth. After the bill was passed and signed by Gov. Pat McCrory, Charlotte’s mayor, Jennifer Roberts, called it “literally the most anti-LGBT legislation in the country.”

Governor McCrory has sought to debunk criticism of the law, saying, for instance, that it does not remove protections for any North Carolina residents. Critics have said assurances like that are patently false.

Organized Opposition

The three individual plaintiffs in the lawsuit, filed on Monday in a federal court, are Joaquín Carcaño, a transgender employee at the University of North Carolina at Chapel Hill; Payton Grey McGarry, a transgender student at UNC’s Greensboro campus; and Angela Gilmore, a lesbian who is a professor and an associate dean at North Carolina Central University School of Law. The American Civil Liberties Union of North Carolina and the nonprofit group Equality North Carolina are also plaintiffs.

“H.B. 2 was motivated by an intent to treat LGBT people differently, and worse, than other people,” the lawsuit reads, in part, “including by stripping them of the protections afforded by the City of Charlotte’s Ordinance and precluding any local government from taking action to protect LGBT people against discrimination.”

Also on Monday, more than 50 Chapel Hill faculty members released a statement on Facebook condemning the law. (The statement clarified that professors were not speaking for the university.)

“The recently passed House Bill 2 makes it impossible for UNC-Chapel Hill and its surrounding communities to protect valued faculty, staff, and students from discrimination simply because of who they are,” the statement reads, adding that the law will make it difficult for the campus to attract the best professors, students, and staff.

According to the organization Campus Pride, Duke University was the first institution to issue a statement on the law, saying, “We deplore any effort to deny any person the protection of the law because of sexual orientation or gender identity.” Here is a partial collection of university statements.

On Saturday, the president of the NCAA, Mark Emmert, said he had spoken with Governor McCrory, and told him the association was committed to fostering an “inclusive” environment at sporting events. He added that he did not threaten to cancel any events scheduled to take place in North Carolina.

Fuente: http://chronicle.com/blogs/ticker/academics-assail-n-c-law-that-limits-protections-for-lgbt-people/109842

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Panamá: Persiste exclusión por VIH

Noticias

para remediar la situación se lleva adelante un programa de capacitación en las instituciones del Estado

Panamá/26 de Marzo de 2016/La Prensa

Las personas que viven con el virus en Panamá son discriminadas en su vida cotidiana y al momento de buscar servicios de salud.

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A pesar de que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue descubierto hace tres décadas, aún persiste el estigma y la discriminación contra las personas que, al ser portadoras, buscan servicios de salud.

Esta situación quedó retratada en un informe elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) en conjunto con entidades del país, en el que fueron entrevistadas más de 790 personas.

El documento, denominado Índice de Estigma y Discriminación a personas con VIH, arrojó que el 27% de las personas con VIH no recibió consejería cuando se hizo la prueba y el 9% ha percibido que se le niega la atención por su condición. Al mismo tiempo, 25% fue aconsejado por personal médico para no tener hijos.

Aurelio Núñez, jefe del Programa Nacional de ITS/VIH/sida del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que los resultados del informe reflejan una percepción y no una realidad, pero deben respetarse.

Sin embargo, afirmó que para remediar la situación se lleva adelante un programa de capacitación en las instituciones del Estado, respecto al trato previo y posterior al diagnóstico.

Además, el Despacho de la Primera Dama se unió por primera vez a la campaña mundial de Onusida Cero Discriminación.

La iniciativa, que se desarrollará por un año, tiene como objetivo crear un clima de respeto, solidaridad e inclusión para que todas las personas con VIH puedan vivir sin temor a ser atacadas, criminalizadas o estigmatizadas.

RETO PENDIENTE

Las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Panamá son sometidas a actos de discriminación todos los días y este rechazo se experimenta en su vida cotidiana y al momento de buscar atención médica o un trabajo.

Así lo revela el Índice de Estigma y Discriminación a personas con VIH en Panamá, elaborado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), el Ministerio de Salud (Minsa) y otras instituciones, y para cuyo cálculo fueron entrevistadas más de 790 personas en las provincias de Panamá, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

El estudio, dado a conocer el pasado 1 de marzo en el marco del Día de Cero Discriminación, tenía como objetivo conocer los planteamientos de las personas con VIH de diferentes edades, sexo, niveles educativos y condiciones socioeconómicas sobre los diferentes aspectos relacionados con el estigma y discriminación, y los derechos de las personas que portan el virus.

SALUD Y DISCRIMINACIÓN

La investigación arrojó que el 27% de las personas que viven con VIH encuestadas no recibió consejería cuando se realizó la prueba del virus. Mientras, 9% ha percibido que se le niegan los servicios de salud por su condición clínica.

El documento muestra que en aspectos de salud sexual y reproductiva también existe presión por parte del personal de salud, pues el 19% de las mujeres embarazadas con VIH encuestadas dijo haberse sentido presionada para que se esterilizara y el 25% fue aconsejada por el personal médico para no tener hijos.

En ese sentido, Onusida para América Latina y el Caribe, mediante un cuestionario que respondió a este medio, puntualizó que solo la mujer puede decidir si

desea tener un hijo o no, ya que ser madre es parte de sus derechos sexuales y reproductivos y el rol del personal de salud es proporcionar información, asesoramiento y el apoyo que la mujer necesita para tomar una decisión informada.

El organismo internacional sostiene que tener hijos es una opción para las personas que viven con VIH, porque las investigaciones indican que el conjunto completo de medidas de prevención (asesoramiento, pruebas, asistencia prenatal exhaustiva y asesoramiento pertinente y terapia antirretroviral) puede reducir el riesgo de transmisión materno infantil a menos de 2%.

De hecho, las estadísticas del Minsa hasta octubre de 2015 dan cuenta de que en Panamá solo el 2.6% de los contagios se ha dado directamente de madre a hijo; mientras que el 70% por transmisión sexual, 1% por transmisión sanguínea y 26% desconoce la forma en que se contagió con el virus.

La socióloga de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, Rubiela Sánchez, sostuvo que a pesar de todos los avances reportados en la sociedad en cuanto a salud y los derechos humanos, siguen presente retos, porque cuando a la mujer se le diagnostica positiva es estigmatizada y discriminada más que el hombre, ya que se juzga no solo por su condición de positiva, sino que se comienza a cuestionar con mayor ímpetu la forma de cómo adquirió el virus.

Sánchez enfatizó que la ciencia ha avanzado lo suficiente para que hombres y mujeres con diagnóstico positivo puedan tener hijos. Lo que debe recomendar el personal de salud a la mujer es ser disciplinada, con controles prenatales y a ser adherente a la terapia antirretroviral.

Tanto Onusida como Sánchez concluyen que la discriminación se registra más al momento de buscar atención médica.

Según el organismo internacional, en los índices captados en los países de América Latina lo que más destaca es la discriminación hacia las personas con VIH en los servicios de salud.

Incluso, Onusida plantea que a una de cada ocho personas con VIH en el mundo se le niega el acceso a la atención médica por discriminación.

Los informes de estigma y discriminación muestran, por ejemplo, que en Colombia se negó los servicios de salud al 27% de las personas encuestadas por su condición; y en Argentina el 19% sufrió lo mismo.

VIDA COTIDIANA DIFÍCIL

Los panameños que viven con VIH –al menos 14 mil 115 personas, según el Minsa– no solo tienen que enfrentar la discriminación al momento de buscar atención médica o asistencia para tener sus hijos, sino también en su vida cotidiana. De hecho, el 52% de los encuestados expresó que las personas murmuran acerca de su condición; 25% ha sufrido violencia verbal; 14% perdió el empleo; y 12% fue obligado a cambiar de domicilio, debido a la presión de sus vecinos.

Además, el índice de Onusida en Panamá evidenció que una de cada cinco personas que vive con el virus se culpa a sí misma y tiene baja autoestima; es decir, se culpa internamente por su situación.

‘UNA PERCEPCIÓN’

“Las cifras reflejan una percepción y no una realidad”, manifestó Aurelio Núñez, jefe del Programa Nacional de ITS/VIH/sida del Minsa, al consultarle sobre los resultados del Índice de Estigma y Discriminación a personas con VIH.

Sin embargo, consideró también que, a pesar de ello, la encuesta debe respetarse porque definitivamente hay mucha gente que sufre discriminación, pero no por el hecho de tener VIH, sino porque parte del personal de salud tiene un manejo poco profesional; sencillamente, porque el país “no está

enfocado en la calidad del servicio y eso es en muchas áreas, no solo en el sistema de salud”.

“Lo que sí es cierto es que es totalmente intolerable que cualquier persona que va a buscar cualquier servicio sea maltratada”, dijo.

Para remediar la situación, informó que se lleva adelante un programa de capacitación en las instituciones del Estado, respecto al trato previo y posterior al diagnóstico.

Núñez hizo un llamado a las personas que en algún momento hayan sido discriminadas por su condición para que presenten las denuncias.

Agregó que es consciente de que aún queda mucho trabajo por hacer para incentivar a las personas a que se hagan las pruebas; para promover medidas de protección, informar sobre los medicamentos para tratar esta condición y educar sobre las infecciones de transmisión sexual.

En lo que respecta a educación, Núñez coincidió con Orlando Quintero, presidente de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por

el VIH/sida (Probidsida), quien sostuvo que es necesario que todos los sectores de la población asuman su compromiso para evitar que el VIH se siga propagando entre la población.

Además, añadió que la discriminación por parte del personal médico se registra más cuando las personas están en la etapa sida.

CAMPAÑA

Frente a toda esta situación de estigma, aislamiento y abandono que viven las personas con VIH, el Despacho de la Primera Dama lanzó hace unos días por primera vez en Panamá la campaña Cero Discriminación con el lema: “Sé la transformación que deseas ver” .

La iniciativa tiene como objetivo crear un clima de respeto, solidaridad e inclusión para que todas las personas puedan vivir sin temor a ser atacadas, criminalizadas o estigmatizadas.

Panamá se une por un año a los esfuerzos mundiales de la campaña de Onusida Cero Discriminación, lanzada en diciembre de 2013 por Michel Sidibé, director ejecutivo de este organismo internacional, en colaboración con la galardonada en 1991 con el Premio Nobel de la Paz, Daw Aung San Suu Kyi, defensora de los derechos humanos.

 Fuente: http://www.prensa.com/sociedad/Eliminar-discriminacion-VIH-reto-pendiente_0_4445555527.html#sthash.1xTt2hyG.dpuf

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