La ENA será reemplazada por una nueva institución más accesible para los estudiantes de orígenes modestos
La iniciativa se inscribe en el plan del presidente francés para reformar la administración pública e implantar la igualdad de oportunidades
Ha sido uno de sus más prestigiosos alumnos, Emmanuel Macron, el encargado de dar la estocada final a la Escuela Nacional de Administración (ENA). El presidente francés ha anunciado este jueves el cierre de la “fábrica de las élites” y su reemplazo por una nueva institución destinada a formar al alto funcionario. Creada al término de la Segunda Guerra Mundial, la prestigiosa institución contribuyó a reconstruir la administración pública en una época turbulenta. 75 años después, la ENA cierra sus puertas acusada de privilegiar y reproducir una élite política, económica y social.
La idea de suprimir la histórica institución surgió en 2019, tras las protestas protagonizada por los ‘chalecos amarillos‘. “¡Hartos de la ENA!”, “¡Cierren la ENA!”, eran, por aquel entonces, algunas de las consignas lanzadas contra un sistema que beneficiaba a una minoría privilegiada en detrimento de una mayoría desfavorecida. En este contexto, el jefe de Estado prometió el cierre de la prestigiosa institución, una medida incluida en un amplio plan de reformas del alto funcionario destinado a favorecer la creación de un Estado más abierto, más diverso y más conectado con la realidad de los franceses.
Igualdad de oportunidades
“La nación se desmorona si no hay igualdad de oportunidades”, explicó Emmanuel Macron, el pasado 11 de febrero, anunciando en aquella ocasión que la histórica escuela no sería suprimida sino reformada para permitir a los estudiantes de origen modesto acceder a sus aulas. “Ningún joven en nuestra República debería decirse: esto no es para mí”, insistió. Como reza el refrán, “donde dije digo, digo Diego”: dos meses después el jefe de Estado ha decretado el cierre, puro y simple, de uno de los símbolos educativos del país.
Según ‘Europe 1’, la ENA “desaparecerá para dar paso a una nueva institución […] que operará en el ámbito de la formación inicial [absorbiendo la ENA] y la formación continua, con una nueva gobernanza”. La nueva institución contará con un concurso específico reservado a los candidatos más desfavorecidos. “Una vez integrados, los alumnos seguirán un tronco común que les permitirá adquirir nociones y valores comunes a los alumnos [fruto] de las grandes escuelas de funcionarios, aquellas que forman a magistrados, comisarios o directores de hospitales”, explica el diario ‘Le Monde‘.
Un sistema ineficaz
“[La supresión de la ENA] es uno de mis caballos de batalla desde hace mucho tiempo”, ha explicado François Bayrou, presidente de la formación MoDem y alto comisario del Plan, encargado de coordinar los proyectos de planificación y reflexión impulsados por el Estado. Esta cuestión es “un tema de preocupación para el presidente de la República desde su campaña electoral”, ha asegurado en la antena de ‘France Info’. La decisión de clausurar la cuna de las élites se basa en “dos razones profundas”: “la ruptura entre la base [de la sociedad] y los que están arriba” y “un sistema ineficaz de bloqueo perpetuo que hace que nunca podamos cambiar nada […] la inmovilidad es más fuerte que toda la energía desplegada”.
La misión inicial de la ENA era reconocer los méritos y la excelencia de los mejores estudiantes, funcionando como “un ascensor social”, pero ha terminado convirtiéndose en un vivero de la élite francesa, fracasando así en su cometido de “democratizar” el reclutamiento de altos funcionarios. La representación de todos los estratos sociales entre sus estudiantes es ínfima: el 72,2% de sus alumnos son hijos de altos directivos, una cifra muy alejada del 6% que representan los hijos de obreros.
Acusado de gobernar por y para la élite francesa, Macron juega una baza ganadora: la defensa de la igualdad de oportunidades. Una iniciativa que parece concretizarse en la recta final de su mandato, quizás demasiado tarde a los ojos de la Francia más desfavorecida.
Al hacer referencia al concepto del liderazgo productivo y verlo como una herramienta para la transformación social-que implica dirigir los esfuerzos hacia otra economía-involucra plantearse la construcción de otras subjetividades así como la creación de comunidades y la producción de diversidad.
Es buscar las alternativas mas allá de las aristas del capitalismo las cuales han demostrado que como consecuencia de su accionar económico responde a una subjetividad lejana y extraña que ha sido impuesta se fundamenta en el individualismo y que ha legitimado la gestión de la identidad bajo el alero del utilitarismo y el hedonismo.
El modelo de producción implementado desde los inicios de la modernidad, basado en la explotación del hombre y viendo a éste como un ser extraño a la naturaleza suprimiéndolo y extinguiendo los canales de participación que le impiden el acceso al disfrute de su derecho a los bienes y servicios; inclusive coloca obstáculos a las iniciativas que se vienen dando a los procesos de construcción de los bienes colectivos de uso común.
Es por tanto un modelo agotado que utiliza todo el entarimado del orden mundial colocándolo a su servicio colonizando las subjetividades y los sistemas de interacción que hacen uso del orden jurídico establecido logra legitimar un mercado rapaz colocando precios a todas las dimensiones de la vida social.
El modo de producción capitalista en su afán de generar riquezas con la exploración de maneras desproporcionadas de los recursos naturales es fuente determinante que trae como consecuencia la creciente desigualdad social la cual marcha aunada a la injusticia.
En ese sentido es importante señalar la afirmación que hace el informe A/74/135 (2019) de la ONU donde afirma que “las instituciones y las políticas que perpetúan la injusticia impulsan el crecimiento de la desigualdad. También existen poderosas fuerzas mundiales económicas, sociales y ambientales que ayudan a configurar las tendencias de la desigualdad. Las consecuencias de estas fuerzas mundiales, o megatendencias, son amplias y variadas. Algunas pueden ayudar a igualar las oportunidades, mientras que otras ejercen una presión al alza sobre la desigualdad de los ingresos, principalmente a través de sus efectos en los mercados de trabajo”.
Las desigualdades afectan a todas las dimensiones del bienestar humano, de allí que resulta hacer un llamamiento explícito a la acción para reducir la desigualdad basada en la creatividad y estimulando a las organizaciones sociales comunitarias en generar otro forma de liderazgo basado en la productividad.
Es desde este contexto que surge el liderazgo productivo como una forma y manera de visualizar la otra economía.
1. Podrán castigar a 10 mil policías por salvajes asesinatos, pero los nuevos policías o gendarmes contratados seguirán libres para matar. Los policías sólo cumplen con su trabajo y las instrucciones dadas por sus gobiernos. Los policías no están contra el negro Floyd o la mujer miserable asesinada en Quintana Roo; la orden se da siempre contra la raza negra, contra todas las mujeres, contra los miserables y contra los rebeldes de clase que no se someten. El capitalismo racista se ha anclado en nuestra mente, en nuestra conciencia. Nos lo han metido desde nuestro hogar, en la escuela, la iglesia, la sociedad. No es asunto personal, aunque duela, todos cargamos el racismo, la discriminación, el desprecio capitalista.
2. En esta nefastísima sociedad de la competencia, la acumulación, el consumismo, el dinero, todos buscan tener mucha propiedad y mucho poder porque de allí se puede tener más y más. ¿Por qué sólo castigar a policías sin hacerlo mejor contra quienes gobiernan? ¿Por qué castigar a quienes asesinan a uno, si se bombardean masacrando a miles? ¿Por qué castigar a quien roba algo, unos pesos para comer, si la práctica de políticos y empresarios a robar 100, 1000, miles de millones? De plano, el mundo está de cabeza y habría que hacer lo contrario para ponerlo de pie. Para ello habría que hacer una revolución profunda, radical económica, política, cultural, buscando la igualdad total en el trabajo, los ingresos, la vida.
3. Las mujeres, que son la mitad de los pobladores del mundo, saben que su enemigo no es el hombre sino la discriminación y el racismo que aplasta a todos: a los negros, a los pobres, a los rebeldes; tienen que luchar en parejo con los hombres contra el capitalismo que las esclaviza y las discrimina. ¿No es acaso ridículo, tonto, sectario, no permitir que los hombres conscientes, luchadores sociales, hagan más grandes y combativas sus luchas contra el capitalismo? El capitalismo incluso se ha aprovechado del mucho atraso de las mujeres para imponerles un concepto de belleza/objeto sexual que propaga en los medios. Ahora los gobiernos otorgan cargos para confundirlas, cuando tienen que luchar en las calles junto a los hombres.
4. En México, como en todos los países, el racismo y la discriminación es contra los pobres y miserables; pero también contra los indígenas por pobres; en tanto que en EEUU la supremacía blanca es contra los negros, los portorriqueños, los latinoamericanos y también contra los africanos, asiáticos, sobre todo musulmanes. Si extirpáramos el capitalismo y toda la putrefacción de nuestra mente: el consumismo, la competencia, el ventajismo, desaparecería el racismo y la discriminación que tantas muertes han provocado. El capitalismo, que jamás se acabará con elecciones y respetando los derechos de personajes de cuello blanco que se han enriquecido despojando al 80 por ciento de la población, sólo será enterrado por mujeres y hombres luchando juntos.
Colegios particulares costeños ofrecen descuentos, rebajas y promociones, con el fin de conservar el número de alumnos que les permita seguir funcionando. Arrinconadas por una crisis económica agudizada por la pandemia, varias instituciones educativas privadas de la Costa ecuatoriana buscan aplicar descuentos, rebajas y promociones para conservar un número de alumnos que les permita seguir adelante. A pocos días de iniciar clases, las que por segundo año consecutivo serán virtuales, algunos colegios no completan el número de estudiantes que tenían antes. Por eso han optado por ofrecer descuentos, con el fin de atraer a sus alumnos. “Es indudable que en tiempo de crisis, los proveedores deben crear incentivos para que el usuario no desestime el servicio que ofrecemos las instituciones para la educación que los padres dan a los hijos”, dijo José Luis Calderón, administrador del colegio Lemas.
Estos descuentos varían según cada colegio. El Delta brinda esta rebaja si se paga con una determinada tarjeta de crédito, en tanto que el CENU aplica el descuento máximo del 20% por el pago anticipado de los cuatro primeros meses del año escolar. En el Lemas, por ejemplo, hay un descuento adicional por referir a un alumno nuevo, además de los descuentos por pago puntual y adelantado. El Americano y el Alemán Humboldt aumentan el descuento por pago puntual, a los tres meses. El Humboldt además brinda descuentos por ser alumno antiguo y pago anticipado. Las pensiones son fijadas por el Ministerio de Educación, que toma en cuenta los gastos de las instituciones educativas, lo divide para el número de alumnos y el resultado es el precio de las pensiones. La última vez que el ministerio fijó el precio de pensiones y matrículas fue antes de iniciar el período 2019-2020, en la Costa. Aprender a ser creativos Los colegios privados arrastran un peso adicional, la moratoria de más del 40% en pensiones. Según cifras de los educadores privados, más de 400.000 estudiantes, de un total de 1.015.000 que se matriculó en el régimen Costa para el año lectivo 2020-2021, deben una o más colegiaturas. Por eso es que buscan formas para cobrar las deudas antiguas y conseguir que los alumnos permanezcan. “Se hacen descuentos por cumplimientos, combos de estudien tres y paguen dos, rebajas por pagos adelantados“, comenta la administradora de un colegio de Machala. “La situación es desesperante, encima que los dos últimos años no han subido las pensiones, nuestros gastos se han disparado“, añadió. “El 90% se va en en sueldos de profesores, capacitación. Lo que se puede descontar es el 10%, que es el rubro de mantenimiento de las instalaciones, que no se están usando”, añadió la educadora orense. Decisión demorada José Luis Calderón considera que la posición de los padres de demorarse en matricular a sus hijos o buscar opciones más baratas para la educación, se explica con la pirámide de Maslow, teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente, según las necesidades humanas que tienen las personas. “Nosotros nos preocupamos por las cosas que son básicas y vamos ascendiendo, cuando el tema de la pandemia pone en riesgo la salud de la población entera, vamos cortando los temas que nos ponen en riesgo”, añadió. Según el Ministerio de Educación, en el año lectivo 2020-2021 unos 121.300 estudiantes pasaron de la educación privada a la pública en la Costa.
Pobreza global registrará mayor aumento en 20 años mientras escalan precios de alimentos
Los expertos afirman que los precios más altos inquietan sobre todo a los países importadores de alimentos, pero por lo general los mercados globales están mejor abastecidos ahora, con inventarios como cuota de consumo cercanos al 30 %, frente al 20 % de hace una década.
La agricultura mundial se ha revalorizado en el último año, marcado por la pandemia, si bien el riesgo de inseguridad alimentaria ha crecido en los países pobres, han apuntado diversos analistas.
Los precios internacionales de alimentos básicos aumentaron el pasado febrero por noveno mes consecutivo, hasta alcanzar su nivel más alto desde julio de 2014, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Economistas del Banco Mundial consultados por EFE precisan que el reciente encarecimiento de esos productos se debe a una serie de factores, la mayoría de los cuales no están relacionados directamente con la covid-19.
La escasez de oferta, la fuerte demanda y el debilitamiento del dólar están detrás del aumento del precio de algunos alimentos básicos, según las fuentes, que matizan que la subida de los granos es mucho menor que la experimentada en otros momentos de auge como en 2007-2008 o 2010-2011.
Los expertos afirman que los precios más altos inquietan sobre todo a los países importadores de alimentos, pero por lo general los mercados globales están mejor abastecidos ahora, con inventarios como cuota de consumo cercanos al 30 %, frente al 20 % de hace una década.
Durante el último año, los confinamientos y sucesivas limitaciones afectaron a las cadenas de suministro en países de ingresos altos y bajos de forma temporal.
Sin embargo, el Banco Mundial destaca que los canales comerciales globales permanecieron abiertos, los alimentos siguieron fluyendo como productos básicos y sus precios se mantuvieron «resilientes».
La mayoría de los sectores agrícolas ha aguantado la crisis y solo algunos han tenido dificultades como el té -por las restricciones de movilidad que impedían a los trabajadores recogerlo- o las flores, por el colapso de la demanda mundial.
La amenaza del hambre
La crisis del coronavirus no ha afectado especialmente a los precios agrícolas, pero sí ha elevado el riesgo de hambre por la recesión global, según el último informe del Banco Mundial sobre las perspectivas de los mercados de materias primas.
Al organismo le preocupa la situación de los países más afectados por la inseguridad alimentaria, donde la inflación en los alimentos ha sido de más del 20 % en los últimos 12 meses.
Se estima que entre 143 y 163 millones de personas pasarán a ser pobres en el mundo por la pandemia, en lo que parece que será el primer aumento significativo de la pobreza en 20 años.
La vicepresidenta asociada del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Meike van Ginneken, asegura que los pequeños agricultores en los países en desarrollo hacen frente a unos riesgos «desproporcionados» por el impacto de la covid-19.
«Los pobres tienen menos capacidad de afrontar los choques, poseen menos activos y ahorros para lidiar con las interrupciones de ingresos. Los pequeños agricultores a menudo dependen de varias fuentes de ingresos, como la mano de obra o las remesas, pero ahora esos flujos están en peligro», afirma la responsable.
Van Ginneken detalla que las restricciones a la movilidad han afectado a las cadenas de suministro y, en muchos casos, los pequeños agricultores no han podido comercializar sus productos ni acceder a insumos agrícolas básicos como semillas.
«Tenemos que ayudar más a los que no pueden servirse de sí mismos. La covid-19 sigue con nosotros y la distribución equitativa de las vacunas será crucial para que los países pobres no tarden muchos años en superar la crisis», remarca la vicepresidenta, para quien la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios.
Para el periodo 2022-2024, esta agencia de la ONU ha recibido promesas de financiación por valor de 1.100 millones de dólares (933 millones de euros), su nivel más alto de contribuciones, para seguir invirtiendo en la población rural, que constituye el 75 % de los más pobres del planeta.
América Latina
En América Latina y el Caribe, el FIDA acaba de anunciar una donación de 2,3 millones de dólares (1,95 millones de euros) para que más de 10.000 agricultores familiares accedan a mercados y servicios bancarios mediante soluciones digitales.
Para el director de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Federico Villarreal, en 2020 hubo una «clara revalorización de la agricultura», sector que se vio menos afectado que otros y permitió mantener la provisión de alimentos, ganándose el «reconocimiento social».
«No es casualidad que los agricultores hayan sido considerados trabajadores esenciales y que tuvieran licencia para circular pese a las restricciones», añade.
A su juicio, la circulación de la producción agraria «no se frenó de manera dramática» y hubo un mayor consumo de alimentos en los hogares, que impactó en los canales de distribución.
Villarreal considera que se aceleró el proceso de digitalización en el campo, lo que ayudó a muchos productores a comercializar sus productos.
Y para el futuro, confía en que la agricultura pueda ser «parte de la solución» a00 algunos problemas de la crisis por su capacidad para contribuir a la reactivación económica.
“Cuando me dieron la opción de que mi hija de 13 años regresara al colegio, no lo dudé dos veces”, dice María Fernanda García, quien le contó a la Voz de América que la pequeña llevaba 10 meses sin tener contacto con niños de su edad.
“Al ver el avance de la alternancia en Europa se puede evidenciar que los colegios o instituciones educativas son los espacios en los que menos se presentan contagios y que son las reuniones familiares las que de verdad hacen que crezcan los contagios”, agrega esta madre, residente en Bogotá y quien, a pesar de estar embarazada y padecer de COVID-19, manifiesta que no siente miedo de enviarla a clases. “El colegio tiene todas las adecuaciones necesarias para evitar contagios”, manifiesta.
Una opinión que comparte Inés González, madre de Julieta: “Todavía hay padres con mucho temor y los entiendo, pero debemos ver más allá y saber que si los niños siguen encerrados en casas vamos a tener una peor pandemia llamada depresión”.
No obstante, padres como Néstor Aguilera, un ecuatoriano que tiene un hijo adolescente, explicó que “luego de casi dos meses, desde que llegó el primer embarque de vacunas, que comprendió apenas 8.000 vacunas, solo se ha vacunado a poco más de 121.000 personas. Esto es muy poco frente a una población de más de 17 millones de personas. Enviar a nuestros hijos a la escuela termina siendo una apuesta peligrosa, ya que un joven asintomático puede llegar a casa y, sin querer, contagiar a su familia y poner en peligro de los más vulnerables”.
Una maestra comparte este pensamiento: “Preferiría que los alumnos no regresen a clases presenciales hasta que esto termine. El riesgo de contagio es para todos los que trabajan o asisten a un establecimiento educacional. Las medidas de bioseguridad no son óptimas”, escribió la profesora a través de las redes sociales de la VOA, donde pudimos evidenciar que las opiniones están divididas.
ONU: Los niños deben volver al colegio
Cerca del 60% de todos los niños y adolescentes en la región perdieron un año escolar completo por las restricciones ordenadas por los gobiernos para contener la propagación del coronavirus, según reportó un informe de la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF. En promedio, los menores en edad en Latinoamérica escolar perdieron 158 días clase, muy por encima de la media global de 95 días, según encontró el organismo.
La reapertura de escuelas es un tema complejo, ya que involucra la perspectiva no sólo de los menores y sus familias, sino también de los profesores y los gobiernos, que incurren en un alto coste político, según explicó a la Voz de América Zelmira May, especialista de educación de la UNESCO para Argentina, Uruguay y Paraguay.
“Muchos países deciden no abrir, no solamente porque las condiciones sanitarias no lo permiten sino porque el costo político que puede tener el generar focos de epidemia en una escuela o incluso costar vidas de alumnos o de estudiantes, es muy alto”, dijo la experta a la VOA.
Para May, mientras que por un lado los docentes “exigen” que el estado “garantice las condiciones” necesarias de seguridad para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas —que van desde infraestructura hasta material de protección—si los menores no vuelven a clase en persona, habrá grandes impactos en su educación.
“Nadie dice que volver a la escuela sea garantía de que no te va a pasar nada (…) pero sí es mucho más sano mandar a los chicos a la escuela que no mandarlos, porque sabemos que los impactos que tiene la no asistencia son mucho más grandes que la posibilidad de contagiarse”, subrayó.
Estudios en países donde no se han reabierto las escuelas completamente o se han abierto de manera parcial o intermitente concluyen que los colegios pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es baja, de acuerdo con la revista científica Nature.
Incluso, en lugares donde la transmisión comunitaria va en aumento, no son tan comunes los brotes de COVID-19 en los colegios. Esto puede atribuirse a que los jóvenes, en especial los menores de 15 años, son menos susceptibles a infectarse y a transmitir el COVID-19 que los adultos, según la publicación.
Un estudio realizado en Islandia entre 40.000 personas encontró que los niños menores de 15 años tienen la mitad de probabilidad de enfermar y de transmitir el coronavirus que los adultos, según informó National Geographic.
Para los niños y niñas, las consecuencias de perder más días de colegio presencial van más allá de la educación. Los colegios proveen alimentación a los más vulnerables, el cierre les ha arrebatado la única comida sana que tenían al día. Además de ello, muchos niños que viven en ambientes familiares violentos o disfuncionales perdieron la seguridad que les daba el ambiente escolar, según el informe de UNICEF.
“La escuela es un lugar dónde no solamente se aprende: también se ofrecen servicios de alimentación; es un espacio de protección, donde hay servicios de salud, de apoyo psicosociales”, subrayó a la VOA Ruth Custode, especialista de educación en emergencia de la oficina regional de UNICEF.
Esto, sumado a las barreras a la hora de acceder a las clases online en un continente que todavía está expandiendo el acceso a internet: el 20% de la población latinoamericana no tiene buena conexión a internet móvil, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La recomendación de UNICEF ante este panorama es que los gobiernos tomen decisiones sobre la reapertura y procesos a nivel regional y no nacional. “No podemos tener la misma respuesta para todos”, sentenció Custode.
“No será igual un sitio donde no hay una propagación amplia del virus a un sitio como, por ejemplo, espacios rurales, donde hay escuelas muy pequeñas que tienen muy pocos niños”, dijo la experta.
¿En qué situación están los países?
En Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió mantener suspendidas las clases presenciales a nivel nacional hasta el próximo 13 de abril. No obstante, algunos planteles tienen permiso para funcionar con una respectiva autorización del comité. Además de la pandemia, el invierno ha destruido muchas escuelas rurales lo que ha imposibilitado el regreso a las aulas.
En Bolivia, se decidió aplicar tres modalidades para esta gestión que inició el 1 de febrero: a distancia, semipresencial y presencial (la cual funciona en pocas regiones, sobre todo rurales, donde es casi imposible una buena conexión). Con todos estos problemas, muchos padres piden volver a l clase presencial, pero aún no hay una orden general, cada zona o colegio lo va decidiendo de acuerdo a las condiciones que tiene.
Colombia, por su parte, le apuesta a la alternancia educativa, tanto para los colegios públicos como privados. Aunque desde enero, el departamento de Antioquia comenzó con las clases presenciales, algunos críticos han señalado que esta reapertura ha sido lenta. Según el movimiento #LaEducaciónPresencialEsVitals, solo 376.110 estudiantes han retornado a clases, por medio del modelo de alternancia, a los colegios públicos, lo que representa solo el 4,7 por ciento de los casi 8 millones matriculados.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que, por el momento, su país no aplicará la modalidad de clases presenciales: “Venezuela mantiene el sistema educativo a través de teleclases, Internet, videoconferencia. No vamos a poder regresar, por ahora, a clases”, manifestó el mandatario, quien además anuncio un periodo de cuarentena radical por dos semanas, incluida la Semana Santa.
En México, el regreso a clases iniciará el 13 de abril en el estado de Campeche: este retorno se dará gradualmente en estados con poco nivel de contagios. Entre las condiciones para regresar esta también vacunar a todo el personal educativo y adultos mayores.
En Guatemala, el ciclo escolar en el sector público inició el 22 de febrero, y el sector privado inició en enero, cada colegio con sus calendarios. La indicación del Ministerio de Educación es que se combine las clases presenciales y a distancia. Esta metodología se aplicaría para los municipios donde el semáforo epidemiológico esté en color amarillo o anaranjado. Sin embargo, actualmente la mayoría de establecimientos continúan con clases a distancia, por medio de guías de trabajo o clases por videoconferencias.
Algo similar sucede en Honduras, donde prácticamente los observatorios de educación están demandando el regreso a clases presenciales o semi-presenciales. El sistema público no está operando, por ahora, se está estudiando esa posibilidad de clases semipresenciales. Algunas zonas de bajo nivel de contagio pueden dictar clases, pero el número es muy reducido.
El regreso a las aulas en El Salvador empieza el 6 de abril. El Ministerio de Educación ha publicado un listado de más de 6.000 centros escolares, entre públicos y privados, los cuales tienen la autorización de abrir esa fecha. Las instituciones educativas que no cuenten con un permiso no pueden abrir. Que los alumnos asistan a clases no es una obligación aunque el centro educativo tenga la autorización. La modalidad que el Ministerio de Educación ha dispuesto es semipresencial y opcional.
Por otro lado, el primero de febrero un total de 1’700.000 mil estudiantes que fueron matriculados en colegios públicos y privados de Nicaragua, asistieron a la inauguración del año escolar 2021. En 2020, este Gobierno, a diferencia del resto de Centroamérica se negó a suspender clases presenciales en las escuelas públicas a pesar del riesgo de contagio que impuso la pandemia del COVID-19 en los centros de educación.
En cuanto al Cono Sur, el 1 de marzo comenzaron las clases presenciales en Uruguay. No obstante, y a pesar de que se empezó a vacunar a buen ritmo, el presidente Luis Lacalle Pou informó la semana pasada que en Rivera, ciudad fronteriza con Brasil, se suspendieron las clases presenciales en la educación media y secundaria y, en el resto del territorio, se mantiene la presencialidad, pero ya no es obligatorio ir a estudiar. Antes excepciones sugeridas por las autoridades, se puede llegar a suspender las clases presenciales. Los padres que tengan temor de enviar a sus hijos, pueden hacerlo hasta el 4 de abril, sin que se tome como una falta.
Según el mandatario uruguayo, solo el 2,55% de los contagios se dan dentro del sistema educativo, y más de 6.000 brotes en las relaciones intrafamiliares.
En Argentina, dice May, “este año y con muchísima planificación lograron que hoy, en su mayoría, tenga sus escuelas abiertas y fue todo un desafío porque Argentina es un país federal donde las provincias tienen autonomía para tomar ciertas decisiones”, mientras que en Chile “tienen una situación también sanitaria compleja. Creo que fueron para adelante y para atrás, pero creo que es uno de los países que hoy tiene sus sistemas educativos operativos”.
Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI
Cualquier transformación social tiene su origen en otra manera de mirar y entender la realidad. Hoy en día, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades sociales son inmensas, escandalosas, mucho mayores de lo que observamos a simple vista, de lo que queremos ver o incluso de lo que podemos imaginar. Para ver esa otra realidad necesitamos buena información y mucha reflexión, y eso es difícil. Solo con capacidad crítica, tiempo y esfuerzo se aprende a mirar mejor y entender lo oculto, lo invisible. En un tiempo de inmoralidad y barbarie donde el pragmatismo todo lo invade, la codicia es omnipresente, se idolatra al dinero, se manipula la información, se falsea la historia y donde casi todo se maquilla, es preciso preservar el sentido del horror y de la realidad. Es preciso comprometerse con el derecho a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. No caben excusas, nos va en ello nuestra salud. El objetivo de este artículo es presentar algunas de las principales claves, a menudo invisibles, que caracterizan a la peor epidemia de nuestro siglo: la desigualdad en salud.
La desigualdad en salud, la peor epidemia
En las ventanas del alma, que son los ojos, se expresa lo más íntimo del ser humano. Cuando nuestra mirada es capaz de percibir las condiciones de vida y trabajo, los rostros de dolor, el sufrimiento y la lucha de las personas y de los pueblos, mirar es comprender. Pero además, necesitamos cuantificar la magnitud de lo que estamos viendo y las cifras reflejan dramas colectivos: hoy en día una niña recién nacida en Suecia puede vivir 43 años más que una niña nacida en Sierra Leona. Pero esa muerte desigual no se produce solo entre Suecia y Sierra Leona, sino entre un puñado de países ricos y Malí, Haití, Mozambique, Uganda, Nepal, Bangladesh… La desigualdad se produce, sobre todo, entre los países ricos, «sobredesarrollados[1]», y las más de 2.000 millones de personas que viven en los países más pobres del planeta. En los países «en desarrollo», que mejor habría que llamar «países arrollados por el desarrollo ajeno[2]», aproximadamente el 40% de los infantes de dos años tienen una estatura menor de la que les corresponde y las tasas de mortalidad materna son, en promedio, 30 veces las de los países ricos. El riesgo de que una mujer sueca muera durante el embarazo o el parto es de uno entre 17.400, mientras que el de una afganesa es de uno entre ocho. En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares más pobres morirán antes de su quinto cumpleaños mientras que en los países ricos solo morirán siete de cada 1.000. También en los adultos hay claras desigualdades: la probabilidad de morir entre los 15 y 60 años es más de diez veces superior en Lesoto, al sur de África, que en Suecia. En Australia los varones indígenas viven unos 17 años menos como promedio que aquellos de origen no indígena[3].
El impacto que hechos como estos tienen sobre la salud pública del planeta es gigantesco. Si todo el planeta consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños. Tres datos sirven de referencia para valorar la importancia de este hecho: en el año 2002 murieron más de un millón y medio de personas de tuberculosis, más de un millón de malaria y casi tres millones de sida. Si cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, la enfermedad más importante de nuestra época, su epidemia más devastadora, no es la tuberculosis, la malaria, o el sida, sino la desigualdad de la salud.
Países relativamente ricos como Rusia, Hungría y otros países del este de Europa tienen una esperanza de vida 10 años menor que la de países como Suecia o Japón[4]. Entre los países menos desarrollados, Costa Rica y Cuba tienen 10 años más de esperanza de vida que Perú, 20 años más que Haití y 30 años más que Angola[5]. Estas cifras promedio de cada país esconden a su vez enormes desigualdades internas. En un mismo país hay regiones o barrios donde viven personas con niveles de riqueza y riesgos de tipo social, ambiental o personal para la salud muy distintos según cual sean su clase social, género o etnia. Y los países ricos no están en absoluto exentos de desigualdad. Las áreas más pobres de la ciudad escocesa de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de esta ciudad[6]. Un hombre, con estudios universitarios, con un trabajo estable como profesional, que tiene apoyo familiar y social, y que vive en un barrio acomodado, no solo tiene mayores recursos sino también una probabilidad mucho mayor de tener un mejor nivel de salud que una mujer emigrante, negra, sin estudios, desempleada, sin apoyo social ni familiar, y que vive en un barrio marginado de la misma ciudad. En general, la desigualdad afecta sobre todo a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad que además, suelen vivir en los barrios más pobres y marginados sufriendo un proceso de desigualdad múltiple. Entre los grupos sociales más afectados destacan los trabajadores y trabajadoras más pobres, las clases sociales más explotadas, las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, los desempleados sin recursos, o los inmigrantes ilegales más pobres a quienes se les niega el trabajo, o las personas sin techo o en situación de grave marginación social.
Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, el país que produce un tercio de la riqueza mundial, es también uno de los 27 países más adelantados en ampliar las desigualdades. Cerca de una de cada diez familias es pobre, uno de cada cinco habitantes es analfabeto funcional y los servicios de salud de gran parte de la población están hechos añicos: casi 44 millones de personas (8,5 millones de niños), el 15% de la población del país, no tienen seguro médico. Algunos condados del estado de Dakota del Sur tienen, en promedio, 12 años menos de esperanza de vida en los hombres y 17 en las mujeres que en Minneapolis o Utah[7]. Si las tasas de mortalidad de la población de raza negra durante la década de los noventa hubieran sido iguales a las de raza blanca se hubieran evitado cerca de 900.000 muertes. En el barrio de Harlem, en el norte de Manhattan (Nueva York), viven alrededor de 115.000 personas, un 40% de las cuales son pobres, y la mayoría son negros. La peor salud de los habitantes de Harlem ha sido estudiada desde hace tiempo. Hace más de una década dos médicos del Harlem Hospital señalaron que las tasas de mortalidad de los jóvenes de Harlem sextuplicaban a las del promedio de los jóvenes de Estados Unidos y mostraron que es menos probable que los negros de Harlem llegaran a los 65 años que los habitantes de un país tan pobre como Bangladesh[8]. Es revelador constatar que ser pobre y vivir en una zona rica puede ser más dañino para la salud que ser aún más pobre pero vivir en una zona pobre. Aunque menos visibles que la pobreza medida en valor absoluto, las desigualdades sociales dañan profundamente nuestra salud.
La desigualdad en salud tiene varias caras
Desde muy antiguo sabemos que la pobreza afecta a nuestra vida y a nuestra salud. Los pobres enferman en mayor proporción y mueren antes que quienes son más ricos. No obstante, en otros casos no tan extremos, las cosas no parecen tan evidentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la salud de quienes solo son «un poco» pobres?, ¿cuál es la salud de los ciudadanos que poseen un nivel de riqueza y bienestar material medio en comparación con quienes poseen el nivel más elevado? Para contestar a esas preguntas no basta el sentido común. Comprender las relaciones existentes entre la desigualdad social y la desigualdad en la salud es algo mucho más complejo que el simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte existente entre los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Tres décadas de abundante investigación científica han permitido sacar a la luz cinco elementos clave de la desigualdad en la salud: las desigualdades son enormes, graduales, crecientes, adaptativas e históricas.
La salud de quienes están mejor socioeconómicamente y quienes viven en las áreas más privilegiadas de los países o las ciudades es mucho mejor que la de la población más desfavorecida. De hecho, las diferencias en la probabilidad de morir entre las clases sociales extremas son tan grandes que superan en magnitud a las producidas por el tabaquismo, el factor de riesgo para la salud más estudiado durante la segunda mitad del siglo XX[9]. En Gran Bretaña, un número muy amplio de estudios ha mostrado las desigualdades entre clases sociales. Por ejemplo, los profesionales y directivos tienen casi diez años más de esperanza de vida al nacer que los trabajadores manuales[10]. Si las clases sociales británicas más pobres tuvieran las mismas tasas de mortalidad de las más ricas cada año podrían evitarse 42.000 muertes en el grupo de población de 16 a 74 años[11].
Las desigualdades se extienden a lo largo de toda la escala social. A medida que descendemos en la escala social, en el nivel de riqueza o en la educación, la salud de las personas también empeora progresivamente. Las implicaciones sociales y políticas de este descubrimiento son muy importantes. En realidad, a mayores ventajas socioeconómicas, mayor esperanza de vida y mayores niveles de salud. En Estados Unidos, un estudio que analizó 300.000 hombres de raza blanca según su nivel de ingresos familiar, mostró un gradiente en el nivel de mortalidad en 11 de 12 categorías estudiadas: a menor renta, mayor mortalidad[12]. El mismo gradiente se ha apreciado también en la apreciación de nuestra propia salud (estado de salud autopercibido), la obesidad, el nivel de colesterol y de glucosa en sangre, o en la exposición a factores de estrés existentes en el medio laboral como la realización de un trabajo poco variado o tener un bajo control en el lugar de trabajo[13]. Así pues, personas sin grandes necesidades materiales o personales y sin especiales riesgos para la salud mueren antes y enferman más que aquellas que están situadas inmediatamente por encima en la escala social. Aunque la investigación científica no ha logrado aclarar aún con detalle sus causas últimas, hay acuerdo en una cosa: existe algo intrínseco en la jerarquía y en la desigualdad social que daña la salud[14].
Si todo el planeta alcanzase el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños
Aunque durante el siglo XX las tasas de mortalidad de los países (especialmente la de los ricos) se redujeron notablemente, las desigualdades en mortalidad por clase social entre los países y entre las clases sociales han aumentado[15]. Por ejemplo, al comparar hombres de mediana edad de las clases manual y no manual en Finlandia, el riesgo de morir creció desde 1,6 (60% mayor) en 1980-84 hasta casi 2 (el doble) en 1990-94. La sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente en diferencias de salud injustas y evitables persiste o aumenta[16].
Los grupos sociales más privilegiados se benefician antes y en mayor proporción de las acciones e intervenciones sociales y sanitarias dirigidas a mejorar la salud. Ya sea en el uso de los servicios de planificación familiar, en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama o en el uso de los servicios sanitarios. Es más, con frecuencia funciona la llamada «ley inversa de atención sanitaria». Es decir, el uso y calidad de la asistencia sanitaria varía en sentido inverso a las necesidades de la población[17]. A mayores necesidades, menor y peor atención. Un ejemplo de esa ley es la exportación del tabaquismo desde los países ricos hacia los países más pobres y el trasvase de esa adicción hacia los estratos más bajos en la escala social. Las agresivas campañas de las empresas tabacaleras, aunque con frecuencia sutiles, con su promoción en los países pobres, y la defensa de la «libertad individual» en los países ricos, han ayudado a descubrir y mantener el hábito de fumar a los más de 1.100 millones de fumadores del planeta. Mientras que en los últimos 40 años el consumo de tabaco se ha reducido a la mitad en los países ricos, en los países pobres, con China a la cabeza, el consumo se ha duplicado. Hoy el 80% de fumadores vive en los países pobres.
La historia nos ayuda a entender que la aparición de la desigualdad en salud no es fija ni inevitable. La esperanza de vida al nacer ha aumentado durante el siglo XX debido sobre todo a un rápido descenso de las tasas de mortalidad materno-infantil, la infancia y la primera etapa de la edad adulta. Los principales determinantes de esa mejora hay que buscarlos en el desarrollo económico, la mejora en las condiciones de vida, y la puesta en práctica de medidas de salud pública.
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud
A principios del 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CSDH), con el propósito de recoger y resumir la información científica disponible sobre cómo factores sociales como las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil generan desigualdades de salud en el mundo entero y generar recomendaciones políticas para su reducción.
Dirigida por el epidemiólogo británico de origen australiano Michael Marmot, la comisión se constituyó a partir de científicos, políticos, expertos y miembros de la sociedad civil. Junto a un amplio grupo de comisionados del mundo de la política y la ciencia, entre los que se incluye el expresidente de Chile Ricardo Lagos, el senador italiano Giovanni Berlinguer y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en el proceso de generación de información, jugaron un papel muy importante las redes de conocimiento o grupos de investigación que realizaron el trabajo de resumir el conocimiento científico disponible (como las relaciones de empleo y trabajo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil). En agosto de 2008 se publicó el informe «Reducir la Desigualdad en una generación: equidad en salud a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud», donde se reflejan las principales conclusiones y recomendaciones políticas de la comisión.
En el informe se documenta ampliamente el hecho de que la desigualdad en salud es la principal «enfermedad» que asola nuestro planeta y también muestra con claridad cómo los países más ricos tampoco están libres de la desigualdad en salud. Además, destaca también el hecho de que las causas fundamentales de la desigualdad en salud no se encuentran en factores biológicos o genéticos, los «estilos de vida», los servicios de salud o, incluso, en la riqueza general del país.
Hay muy pocas enfermedades «puramente» genéticas y estas afectan a un porcentaje de población muy pequeño. La predisposición genética casi nunca produce efectos inevitables. Además, los factores biológicos interactúan constantemente con el ambiente y una desventaja inicial genética puede ser habitualmente compensada mediante un cambio social.
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres»
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres». Tres cuartas partes de la humanidad (unos 4.500 millones de seres humanos) no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud. Así pues, la salud no la elige quien quiere sino quien puede.
Aunque importantes, tampoco los servicios sanitarios constituyen el factor fundamental que genera desigualdades en salud. Se ha podido documentar, por ejemplo que, desde mediados del siglo XIX la mortalidad en Inglaterra y Gales disminuyó debido, sobre todo, al control de enfermedades infecciosas mediante intervenciones sanitarias y personales como la mejora de la nutrición, el control higiénico del agua y los alimentos, y la limitación en el crecimiento de la población debido a los cambios en las prácticas reproductivas[18][19]. Ello ocurrió décadas antes de que existieran tratamientos médicos o vacunas efectivas.
Los múltiples estudios científicos recogidos por la Comisión muestran como, en comparación con las personas que tienen más riqueza, educación y poder, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son quienes tienen a la vez los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales, y servicios de salud que, finalmente, se manifiestan en un peor estado de salud. Entre los factores sociales la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no poseer una vivienda digna y bien acondicionada, el no disponer de agua limpia, la falta de protección y servicios sociales, o el no tener los recursos económicos, educativos y las oportunidades necesarias para llevar una vida saludable como tienen las personas en mejor situación económica, cultural o política. La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología, generan enfermedad y aumentan el riesgo de fallecer. Así pues, el origen de la desigualdad en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos que anteceden a la generación de causas como las citadas entre y dentro de los países. Es lo que la Comisión ha denominado, las «causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. Es decir, de la desigual distribución en el poder económico y social existente entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas que a su vez influye en la salud de las personas.
La Comisión y la publicación de los distintos trabajos que se han realizado suponen un importante paso para la salud pública global, comparable a los primeros documentos de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco o la conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. El informe de la Comisión representa una oportunidad única para lograr que muchos millones de personas conozcan por vez primera este tema y que salgan a la luz tres puntos esenciales: que existe un fenómeno de salud pública muy importante llamado «desigualdad en salud»; que este se produce fundamentalmente por causas económicas y políticas; y que podemos actuar políticamente para cambiar esa realidad. No obstante, el informe no cubre temas de tanta importancia como adentrarse en los problemas del capitalismo neoliberal, la desigualdad de clase como motor del crecimiento capitalista, el papel del imperialismo, o las alternativas socialistas en América Latina, entre otras ausencias notables.
La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología
La Comisión plantea oportunidades estratégicas para generar una agenda local y global que ayude a formular, planificar y poner en marcha políticas y programas sobre los principales determinantes sociales relacionados con la salud a corto, medio y largo plazo. Hay que aumentar la igualdad social con un reparto más equitativo de la riqueza y una redistribución más igualitaria del poder internacional. Las intervenciones tienen que ver con la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, la situación de los inmigrantes, las condiciones que afectan al desarrollo infantil, las desigualdades de género, o los problemas de vivienda y exclusión social, entre otros. También se requiere disponer de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza de forma mucho más igualitaria, de políticas sociales que disminuyan drásticamente el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social y, también, políticas que incrementen el acceso y calidad de la educación, la vivienda, y los servicios sanitarios entre quienes más lo necesitan. Sin embargo, dado que las desigualdades de la salud persisten incluso en aquellas sociedades que poseen la menor desigualdad de renta, la mejor educación pública, y el más elevado nivel de salud pública y de servicios sanitarios, todo hace a pensar que sin transformar la estructura económica y política a nivel nacional e internacional, es decir las desigualdades de poder y de recursos económicos que atenazan al planeta, no parece que sea posible reducir las desigualdades en salud.
La reducción de la desigualdad en salud debería constituir una prioridad en la agenda política de cualquier gobierno y administración pública. Para lograrlo habrá que cambiar drásticamente muchas de las prioridades políticas y económicas actuales e, inevitablemente, hacer frente a los poderosos intereses que hoy generan la desigualdad social.
La red de condiciones de empleo y trabajo
Entre los factores más importantes que conforman la posición social se deben considerar las condiciones de trabajo y empleo. El trabajo es el medio de subsistencia de las personas. Las personas trabajan dentro o fuera de sus casas, con o sin contrato laboral y en condiciones saludables o peligrosas. Los factores relacionados con las condiciones de trabajo, es decir las tareas y funciones que los trabajadores realizan en un determinado puesto de trabajo o bien los aspectos materiales del trabajo, las condiciones físicas, químicas, biológicas y ergonómicas y los factores psicosociales, han recibido una gran atención y se reconocen como determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de las condiciones de empleo. Esto ocurre principalmente por la confusión entre los conceptos de trabajo y empleo. Para distinguir bien estos dos conceptos, se puede pensar en el siguiente ejemplo: dos personas pueden realizar el mismo trabajo en la misma empresa, compartir las mismas condiciones de trabajo, pero no obstante, trabajar bajo distintas condiciones de empleo. El primer trabajador puede ser un empleado directo y permanente de la empresa, mientras que el segundo es un trabajador temporal contratado por un empleador externo. En este caso, existen tres diferencias potenciales en cuanto a las condiciones de empleo. Primero, el primer trabajador tiene un contrato permanente mientras que el segundo tiene un contrato temporal o ningún tipo de contrato. Segundo, el primer trabajador puede estar cubierto por el sistema de la seguridad social, con derecho a baja laboral, subsidio de desempleo y cotización para la jubilación, mientras que el segundo recibe una cobertura parcial o nula. Finalmente, el primer trabajador puede formar parte de un sindicato, mientras que el segundo no tiene ninguna opción de ser representado o participar activamente en él.
Para tratar estos temas, a petición de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, se creó la red de conocimiento en condiciones de empleo (EMCONET), con el objetivo de ayudar a desarrollar modelos y medidas para esclarecer cómo diferentes condiciones de empleo y trabajo afectan a la salud de los trabajadores. En el informe, que se encuentra disponible en Internet y que en breve será publicado y actualizado en un libro, se ofrece una descripción global y el análisis de las condiciones de empleo y las desigualdades en salud. Además, se identifican políticas e intervenciones a nivel comunitario, efectivas para reducir las desigualdades en salud.
El primer resultado de EMCONET se resume en un glosario donde se definen una serie de términos que ayudan a entender las diferentes condiciones de empleo y ejes de desigualdad. Como se comentó anteriormente, las condiciones de empleo, se entienden como aquellas condiciones o circunstancias en que la persona se ve envuelta en su trabajo u ocupación y normalmente tiene que ver con el acuerdo o la relación entre empleado y empleador. En este sentido se consideran las siguientes condiciones de empleo: empleo estándar, permanente o a tiempo completo, desempleo, empleo precario, empleo informal, trabajo infantil, y esclavitud. Se define también el término de empleo justo que engloba una perspectiva de salud pública en la que las relaciones justas de empleo son un prerrequisito para reducir pobreza, mejorar la salud y reducir las desigualdades en salud. Este implica libertad de coerción, seguridad del trabajo, salario justo, protección del trabajo y beneficios sociales, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el trabajo, enriquecimiento y falta de alienación. Estos términos se analizan a través de lo que se denomina ejes de desigualdad, que permiten hacer visible la desigualdad en cada una de las condiciones de empleo consideradas. Se consideran ejes de desigualdad el género, la edad, la etnia, el estado migratorio, la clase social y la localización geográfica.
Los niños trabajadores de la Costa de Marfil, los desarmadores de barcos en el sur de Asia o las maquiladoras de centro América, los pescadores del lago Tanzania, son algunos ejemplos de la situación de precariedad en la viven y trabajan millones de personas en el mundo. Y las cifras que se derivan son realmente alarmantes. Por ejemplo, que, en la actualidad, 190 millones de personas en el mundo (alrededor del 30% en los países en desarrollo y de 4 a 12% en los países desarrollados) están desempleados y que las mujeres, los jóvenes, los de menor educación y los trabajadores manuales son los más probables a ser desempleados. Por otro lado, alrededor de 550 millones de personas trabajan en situación de precariedad. La precariedad se manifiesta en cifras extremadamente altas en los países subsaharianos, por ejemplo, Sierra Leona, Liberia o Uganda presentan más del 80% de trabajadores en situación de precariedad. Por otro lado, se estima que el 25% de la población trabaja en situación de informalidad. La economía informal en países pobres afecta al 50-75% de los trabajadores, excluyendo aquellos que están empleados en la agricultura. Una cifra que tampoco puede pasar desapercibida es que 218 millones de niños en el mundo trabajan y 126 se ven envueltos en trabajos de riesgo. Alrededor de 2,5 millones se encuentran en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo el porcentaje de niños trabajadores oscila entre el 4% y el 67%. Igualmente alarmantes son los datos relacionados con distintas formas de trabajo esclavo o forzado que persisten en la actualidad: entre 12-28 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud (alrededor de un 20% se relaciona con el tráfico de personas). Las mujeres y niñas son las víctimas más frecuentes del trabajo esclavo (56%) y de la explotación sexual (98%).
Estas cifras reclaman acciones inmediatas para mejorar la vida de millones de personas. EMCONET recoge en su libro algunos ejemplos de intervenciones para mejorar las condiciones de empleo y reducir las desigualdades en salud, principalmente a nivel político. Se describen también algunas alternativas, como la creación de cooperativas en Venezuela, Argentina y Brasil. En este sentido es importante destacar la participación de los movimientos sociales.
A modo de conclusión
La desigualdad social daña nuestra salud en forma desigual. Hemos visto cómo la desigualdad en salud es el resultado de la acumulación de efectos producidos por las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan a la población.
Un determinante fundamental de la equidad de la salud es tener mayor justicia. Y para ello hace falta aumentar la igualdad social con un reparto equitativo de la riqueza y una redistribución igualitaria de los beneficios que favorezca a quienes menos tienen. No es posible reducir las desigualdades en salud sin transformar la organización, la estructura socio-política y las desigualdades de poder que atenazan al planeta.
La actual globalización capitalista ha ensanchado las desigualdades sociales y de salud hasta extremos jamás conocidos en la historia. Hoy en día, se estima que entre un 10% y un 20% de la población mundial vive con un nivel material muy elevado y un gasto de recursos excesivo, para lo cual deben a la vez explotarse y protegerse de quienes no tienen o tienen muy poco. Un poder tan desigual beneficia o daña muy desigualmente la salud de las gentes de modo que el bienestar y la salud de unos pocos se alimenta del sufrimiento y la mala salud de la mayoría. Detrás de la actual globalización neoliberal lo que está en juego es la salud y el bienestar de las personas.
En el siglo XXI, es preciso un compromiso real, personal y colectivo, con el derecho a la prevención de la enfermedad, y a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. Ello requerirá hacer frente a intereses muy poderosos, cambiar de forma drástica las prioridades sociales y económicas e incluso cambiar los sistemas políticos y económicos actuales. Nos vale en ello la salud de todos.
4. Martin Bobak, Michael Marmot, «East-West mortality divide and its potential explanations: proposed research agenda», BMJ, 312, 1996, pp. 421-425.
5. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Banco Mundial, Madrid, 1993.
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano, Ediciones Mundi-Prensa, Barcelona, 2000.
7. Cristopher J. L. Murray, Catherine M. Michaud, Matthew T. McKenna, James S. Marks, U.S. Patterns of Mortality by County and Race: 1965-1994, U.S. Burden of Disease and Injury Monograph Series, Harvard School of Public Health and Centers for Disease Control and Prevention, Cambridge and Atlanta, 1998.
8. Colin McCord, Harold P. Freeman, «Excess Mortality in Harlem», New Engl J Med, 1990, 322, pp. 173-177.
9. Marcia Angell. «Privilege and health – What is the connection?», N Engl J Med, 1993, 329, 2, pp.126-127.
10. Lin Hattersley, «Trends in life expectancy by social class: an update», World Health Stat Q, 1999, 2, pp.17-24.
11. Íbidem.
12. George Davey Smith, James D. Neaton, Deborah Wentworth, Rose Stamler, Jeremiah Stamler, «Socioeconomic differentials in mortality risk among men screened for the Multiple Risk Factor Intervention Trial. I. White men», Am J Public Health, 1996, 86, pp. 486-496.
13. Michael Marmot, George Davey Smith, Stephen Stansfeld S, et al., «Health inequalities among British Civil Servants: The Whitehall II study», Lancet, 1991, 337, 1387-1393.
14. Robert G. Evans, Morris L. Barer, Theodore R. Marmor (coord.), Why are some people healthy and others not?, Aldine De Gruyer, New York, 1994.
15. Michael Marmot, Martin Bobak, George Davey Smith. «Explanations for Social Inequalities in Health», en Benjamin C. Amick III, Sol Levine, Alvin R. Tarlov, Diana Chapman (coord.): Society & Health, Oxford University Press, New York, 1995.
16. Zosia Kmietowicz, «Gap between classes in life expectancy is widening», BMJ, 2003, 327, p. 68.
17. Julian Tudor Hart, «The Inverse Care Law», Lancet, 1971, i, pp. 405-412.
18. Thomas McKeown, R. G. Record, R. D. Turner, «An interpretation of the decline in mortality in England and Wales during the twentieth century», Population Studies, 1975, 29, pp. 391-422.
19. René Dubos, El espejismo de la salud, Fondo de Cultura Económica, México, 1959 (Traducción de José Ramón Pérez).
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