Educación Especial

Centroamérica y El Caribe / Puerto Rico/ 07.05.2018 / Fuente: www.elnuevodia.com.

El proyecto para crear la nueva Ley de Educación Especial será considerado dentro de dos semanas por el pleno la Cámara de Representantes sin tomar en cuenta gran parte de las enmiendas recomendadas por el Departamento de Educación en el proceso de vistas públicas, adelantó el representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega.

Como presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, Rivera Ortega dirigió el proceso de evaluación del proyecto de ley.

En una vista celebrada el 4 de abril, Educación presentó una ponencia con sobre 100 enmiendas, en la que alertó que ese lenguaje incluido en la medida ya es atendido en la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidad. Argumentó, además, que el proyecto es muy específico en ciertos aspectos que deben ser dejados en manos de la agencia mediante reglamentación.

Rivera Ortega dijo, tras la vista, que la secretaria de Educación, Julia Keleher, se comunicó con él. “Ella lo que me dijo es que apoya la medida como la radiqué”, aseguró. “Se queda como está ahí”, agregó al señalar el proyecto de 144 páginas.

Una de las principales objeciones de Educación tiene que ver con la creación de la nueva Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, una especie de miniagencia   con autonomía administrativa, fiscal y docente. Su titular sería nombrado por el gobernador y tendría que ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

En la vista pública, Educación planteó que la Secretaría aumenta los gastos y la nómina, criticó que tenga su propia División de Compras de Bienes y Servicios y que solicite directamente su presupuesto a la Legislatura.

Rivera Ortega argumentó, en una entrevista en su oficina, que la ley vigente de Educación Especial le daba ese poder a la actual Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, pero la ley nunca se respetó.

“La autoridad la tiene el secretario de Educación Especial”, contestó Rivera Ortega cuando se le preguntó cómo se resolverían disputas entre el titular de Educación y este funcionario.

El proyecto también ordena la creación de un panel de seis jueces administrativos supervisados por un juez administrador que tendrán la misión de atender querellas de padres y tutores. Todos   tendrían que ser confirmados por la Asamblea Legislativa.

Rivera Ortega sí acogió una petición de la Oficina de la Administración de Tribunales para que estas vistas no se celebren en tribunales, como dispone la medida originalmente.

En la actualidad, estas vistas se celebran en las regiones educativas -conocidas tras la aprobación de la reforma educativa (Ley 85) como Agencias Locales Educativas- y Rivera Ortega ha argumentado que el proceso coloca en desventaja a los querellantes al celebrarse los procedimientos en un edificio de la dependencia.

No se ha determinado dónde se celebrarán las vistas con la enmienda acogida.

La legislación propuesta también crea la Junta Examinadora de Defensores de Niños con Discapacidades, un ente creado bajo el Departamento de Estado que licenciará a estas figuras que en la actualidad son conocidas como intercesores. Estos ciudadanos privados o agrupados bajo organizaciones acompañan a padres o tutores de estudiantes en vistas administrativas del DE. Según Rivera Ortega, el trabajo de estas personas no está regulado y tampoco sus honorarios.

De convertirse en ley el proyecto, estos tendrán que aprobar un examen confeccionado por el Departamento de Estado y cumplir con una serie de requisitos, que incluye una cuota anual máxima de $100 para realizar el trabajo. Los honorarios serán reglamentados por el Departamento de Estado.

De otro lado, Rivera Ortega no acogió enmiendas como eliminar de la medida un listado de las condiciones de salud incluidas en la definición de un niño con discapacidad o dejar en manos del DE la reglamentación necesaria para confeccionar el Programa Educativa Individualizado (PEI) de cada estudiante de educación especial.

El DE también objeta que se eleve a rango de ley lo que se conoce como el Remedio Provisional, una herramienta que forma parte del laudo del pleito de clase Rosa Lydia Vélez que pueden utilizar los padres o tutores para exigirle a la agencia que sufrague los costos con proveedores privados de servicios que la agencia no puede brindar a los niños.

La posición del DE es que el titular de la agencia establezca, como dice en la Ley 85 de reforma educativa, “normas para la operación de este mecanismo”.

“Queremos hacerlo por ley. El reglamento es una autorización que se le da a la agencia para que legisle internamente”, dijo Rivera Ortega, acompañado por su asesora, Carmen Pereles, una veterana de 36 años de servicios en el DE.

“Si estuviera atendido, la pregunta que hay que hacer es por qué al día de hoy tenemos ejemplos que demuestran que no se está cumpliendo con el estudiante?”, se preguntó.

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