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España: Todo lo que no te están contando del “Pacto de Estado de Educación”

Al Partido Popular le ha entrado la fiebre de los pactos de Estado. El partido que está bloqueando la actividad parlamentaria para que el Congreso no legisle, vetando todas las leyes de la oposición como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma del sistema de pensiones, quiere aparentar voluntad de consenso y capacidad de acuerdo. Para ello, hace ahora un año, el PP apoyó la creación de una subcomisión para el Pacto de Estado de Educación. Ésta se aprobó en diciembre de 2016 y comenzó sus trabajos en febrero de 2017. Poco sabe la opinión pública, y especialmente la comunidad educativa, de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este año en dicha subcomisión, aunque lo que en ella sucede es de interés primordial para todos. Veamos aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el Congreso.

Una subcomisión no es un pacto. El trabajo parlamentario es deliberadamente opaco y un buen nombre puede esconder más bien poco. Así es en este caso. Una subcomisión no es un pacto de Estado, ya que las conclusiones en las que estamos trabajando ahora no son vinculantes para el Gobierno; únicamente son recomendaciones que éste puede seguir o no. Y ya sabemos lo que suele hacer el PP con las recomendaciones.

Aún así, el Partido Popular tiene capacidad de veto. El PP y el PSOE han acordado una fórmula de votación de las conclusiones que permite al Partido Popular bloquear casi cualquier conclusión de la subcomisión. Para aprobar una conclusión es necesario contar con una mayoría de 3/5. Como las reuniones de la subcomisión son dos veces a la semana, muchos partidos minoritarios tienen serias dificultades para asistir y es prácticamente imposible para Unidos Podemos lograr mayorías alternativas al PP. De esta forma, por ejemplo, ha sido imposible incorporar a las conclusiones que el sistema educativo público de nuestro país ha sufrido un brutal recorte de 9.000 millones de euros y que, actualmente, se encuentra en estado de infrafinanciación.

Si la situación es tan grave y la educación es un tema de gran interés para toda la ciudadanía, ¿por qué no te estás enterado de nada? Básicamente porque, a diferencia del resto de comisiones del Congreso, las subcomisiones son a puerta cerrada. Es decir, no se graban y tampoco se publican las actas de los debates. Desde Unidos Podemos hemos pedido a la Mesa del Congreso que la subcomisión se emita en directo o, en su defecto, que se publiquen las actas y las votaciones. El Partido Popular y el PSOE (con el apoyo de Cs) se han opuesto frontalmente afirmando que eso podría “influir” en las conclusiones a las que lleguemos.

Está previsto que la subcomisión del pacto de Estado de Educación finalice sus trabajos a mediados de mayo. Nuestra mayor preocupación es que el resto de partidos parece haber asumido con normalidad la LOMCE, la ley educativa más regresiva de la democracia que se aprobó con toda la oposición en contra y miles de personas protestando en la calle. La derogación de la ‘Ley Wert’ no puede ser el punto de llegada de las conclusiones de la subcomisión, sino el punto de partida. Del mismo modo que sin una recuperación efectiva de la financiación de la escuela pública de nuestro país, no hay pacto que valga. Alcanzar un 5,6% de inversión en educación en esta legislatura (y un 7% en 2024), así como recuperar al menos los 23.000 docentes que ha perdido la pública, no es algo que pueda negociarse, es un deber de los poderes públicos.

Mientras la subcomisión sigue funcionando, Méndez de Vigo gana tiempo y continúa aplicando la LOMCE, con los costes que eso tiene para los niños y niñas de hoy y para la ciudadanía de mañana. El Partido Popular utiliza la estrategia de los falsos pactos de Estado para ahogar la iniciativa legislativa del resto de partidos, pasar esta legislatura al ‘tran tran’ y poder seguir aplicando las leyes que aprobó con su mayoría absoluta.

Por eso es importante que seamos conscientes de que un mal pacto, un pacto que priorice la educación privada, perpetúe la LOMCE y no recupere la inversión en educación, es peor que la ausencia de pacto. Y el momento de que la comunidad educativa y la ciudadanía tomen cartas en el asunto es ahora. El mes que viene quizás sea tarde. Nosotras, mientras tanto, seguiremos defendiendo hasta el final a la pública, con orgullo, en la subcomisión.

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/contando-Pacto-Educacion_6_741985840.html

Imagen de archivo OVE

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Chile: Piñera reafirma que pagar por la educación genera más compromiso: «Es parte de la naturaleza humana»

Chile/14 diciembre 2017/Fuente: CNN Chile

El candidato de Chile Vamos reiteró que «las cosas gratis generan menos compromiso».

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reafirmó en el debate Anatel su postura sobre que pagar por la educación generaría más compromiso.

«Es parte de la naturaleza humana», afirmó el aspirante a La Moneda.

Es así como Piñera relacionó directamente la gratuidad con el nivel de involucramiento de los padres en la educación de sus hijos.

A pesar de esto, al ser consultado sobre si él tiene menos compromiso ya que estudió sin costo en la universidad, respondió: “no sentí menos compromiso. Pero cuando uno aporta algo, el compromiso es mejor que cuando llega como ‘maná del cielo’”.

Fuente: http://www.cnnchile.com/noticia/2017/12/11/pinera-reafirma-que-pagar-por-la-educacion-genera-mas-compromiso-es-parte-de-la

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Colombia: Abrir la educación a la inversión privada

Colombia/14 diciembre 2017/Fuente: El Espectador

Los resultados más recientes de PISA ocasionaron que el presidente Santos se felicitara a sí mismo y declarara con tono triunfal que Colombia se acerca a Chile, “líder regional en calidad educativa”, según sus propias palabras. Lo que no mencionó Santos es que Colombia quedó en matemáticas en el puesto 61 de 70 (en ciencias y lectura los resultados son similares) y que Chile es 48. Poniendo estas posiciones en perspectiva futbolera, eso indicaría en el escalafón de la FIFA que Colombia está a niveles de Santa Lucía y Chile entre Botsuana y las Maldivas. O sea, somos unos troncos.

Mientras tanto, los países asiáticos siguen su progreso imparable, ocupando siete de los 10 primeros lugares, tanto en ciencias como en matemáticas. Y con el avance educativo van de la mano las industrias de avanzada. Un empresario indonesio me dijo hace unos meses que sólo hay tres sitios en el mundo con suficientes ingenieros de sistemas para servir a las grandes compañías tecnológicas del mundo: China, India y Estados Unidos.

En la más reciente medición del número de patentes concedidas, China encabezó la lista con casi un millón; Corea quedó cuarta, con 210.000, y Brasil décimo, con 30.000. ¿Colombia?: 2.000 patentes.

No es exagerado decir que sin progreso educativo no hay diversificación de ingresos, y sin poder salir del ciclo de las materias básicas, Colombia está condenado a ser un país pobre, sujeto a las variaciones de la economía mundial y viviendo de las sobras que le dejen los que están produciendo los bienes de valor agregado para la humanidad. Un país bananero en resumidas cuentas.

A pesar de la urgencia en la reacción del Estado que requeriría un tema de tanta importancia, sucesivos gobiernos colombianos no logran abrir la educación al sector privado. El sector privado generaría competencia y dinamismo al esclerótico manejo estatal que está atado de manos por un poderoso sindicato de profesores que se rehúsa a cualquier tipo de medición de resultados para determinar el nivel de compensación de los profesores.

Es irónico que los profesores, que pasan gran parte de su tiempo calificando, le tienen pavor a que a ellos mismos sean juzgados y compensados por sus capacidades y resultados. Cambiar esta mentalidad desde adentro va a tomar décadas y, mientras tanto, sucesivas generaciones de jóvenes colombianos van a perder la única oportunidad de su vida de educarse.

De otro lado, la presencia actual en Colombia de colegios y universidades privadas con alto nivel educativo, pero también matrículas inalcanzables para gran parte de la población, preserva la ya de por sí enorme brecha existente entre estratos sociales.

Por ejemplo, en Brasil, el Gobierno ha creado una serie de incentivos que van dirigidos a que cualquier estudiante de clase baja pueda acceder a la educación privada, bien por vía de financiamiento con tasas y plazos preferenciales, o para cierto número de estudiantes, también de familias de bajos ingresos, con becas que cubren el 100 % de sus estudios concedidas obligatoriamente por colegios y universidades privadas al 10 % del total de sus estudiantes a cambio de tener un tratamiento impositivo más benévolo.

Para que puedan crecer, las universidades privadas tienen que cumplir ciertos parámetros de calidad mínimos. Si la educación mediocre gratuita tiene que ser mejorada, la educación paga y mala tiene que ser directamente prohibida. El resultado de la entrada del sector privado en Brasil ha sido que entre 2002 y 2008 los establecimientos universitarios se incrementaron 50 % y el número de estudiantes se dobló. Asimismo, las universidades privadas han logrado bajar en más de 30 % el costo de educación por estudiante en comparación con el sector público.

El sector privado va obviamente a buscar rentabilidades adecuadas en la educación, pero es hora de romper el mito de que rentabilidad y calidad están disociadas en la educación. ¿O son los hospitales privados peores que los estatales porque buscan lucro? ¿O sería mejor que los supermercados fueran del Gobierno (como lo intentó Chávez con desastrosas consecuencias) y no del sector privado? La educación es un servicio tangible que tiene que ser administrado de forma eficiente y con resultados concretos: calidad educativa y, en últimas, empleos.

P.S. Los torneos colombianos de fútbol son de una complejidad innecesaria con exceso de cuadrangulares y promedios. Tres soluciones prácticas copiadas de los campeonatos europeos: un solo torneo todos contra todos y el que gana es campeón, los tres últimos descienden y los tres primeros de la B suben, y la Copa Colombia es de eliminación directa.

Fuente: https://www.elespectador.com/economia/abrir-la-educacion-la-inversion-privada-articulo-727841

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Chile: Autoridades presentaron la nueva ley de Educación Pública

Chile/23 noviembre 2017/Fuente: Diario Concepción

La normativa incluye la creación de dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y Consejos Locales de Educación.

Recuperar la responsabilidad por parte del Estado en materias de Educación Pública, es el objetivo de la nueva ley promulgada el 16 de noviembre, y que ayer fue presentada a los dirigentes educacionales, estudiantes, miembros del Consejo Local de Liceos y a la comunidad en general, en el acto precedido por el intendente Rodrigo Díaz y el seremi de la cartera, Sergio Camus, en el colegio Juan Gregorio Las Heras en Concepción.

“Esta nueva Educación Pública apunta a una transformación relevante para asegurar a los jóvenes que van a salir de los Jardines Infantiles y Salas Cunas, poder encontrar una opción donde se gestionará la calidad y, con ello, tener una patria más justa e inclusiva para todos”, recalcó el intendente Rodrigo Díaz.

Esto porque la principal critica al sistema educativo es que al estar en manos de las municipalidades, los establecimientos dependían de la cantidad de recursos económicos con los que cada administración comunal contaba. Esa realidad incrementaba la brecha en la desigualdad y, a la vez, de oportunidades entre uno u otro colegio.

Durante el acto, el seremi de Educación, Sergio Camus, afirmó que la medida va en la línea de erradicar el concepto que miraba a la educación como un bien de mercado para convertirlo en un “motor de crecimiento”.

Servicios locales de Educación

La nueva ley trae consigo la creación de 70 servicios locales de Educación. En el caso de la Región, el primero será el instalado en Andalién Sur, que agrupa a los establecimientos de Concepción, Chiguayante, Hualqui y Florida y que se espera esté habilitado en 2019.

Estos tienen por finalidad, según contó el seremi, garantizar un aprendizaje de calidad en los estudiantes de dichas comunas.

Además, se crearán dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y el de Consejos Locales de Educación. El primero, lo conformarán representantes de los alcaldes, de padres y apoderados y del Gobierno Regional, quienes tendrán una mirada estratégica y de vinculación del servicio local con los desafíos del desarrollo de los territorios.

El segundo, por su parte, y que estará integrado por estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y representantes de las universidades locales, quienes “representarán los intereses de la comunidad educativa y velarán por el correcto desarrollo de los planes de estudios y las mejoras de cada uno de los establecimientos educacionales”, contó Camus.

Fuente: https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/11/23/autoridades-presentaron-la-nueva-ley-de-educacion-publica.html

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Brasil: el Banco Mundial recomienda eliminar la universidad gratuita

Brasil/23 noviembre 2017/Fuente: El Ciudadano

A pedido del gobierno de Brasil, el Banco Mundial elaboró el informe llamado “Un Ajuste Justo”.

El Banco Mundial recomendó al gobierno de Michel Temer eliminar la gratuidad de la universidad pública en Brasil.

También aconsejó reducir los salarios de los empleados públicos y acelerar la reforma previsional en Brasil, entre otras sugerencias para reducir el gasto.

A pedido del gobierno de Brasil, el Banco Mundial elaboró el informe llamado “Un Ajuste Justo” en el cual afirma que el estado brasileño gasta mal sus recursos beneficiando a la parte más privilegiada de la población, sin lograr reducir con éxito la desigualdad y la pobreza.

“El concepto de derechos adquiridos debe ser revisado”, aseguró el informe.

Entre el recetario recomendado al gobierno de Brasil, la medida que causó más impacto es la que promueve privatizar la educación pública superior, reveló el informe publicado por la agencia de noticias privada Estado.

La idea, según el informe del Banco Mundial, es que el 40% de los estudiantes más pobres que acuden a las universidades públicas sean subsidiados por sus compañeros que conforman el 60% más rico.

Los estudiantes de ingresos medios y altos de acuerdo al Banco Mundial deberían tomar créditos durante sus años de estudio en las facultades públicas y comenzar a pagarlos una vez graduados, como un financiamiento bancario.

“La gratuidad puede estar perpetuando la desigualdad”, apuntó el informe, que contabilizó 2 millones de alumnos en casas de altos estudios públicas y 8 millones en privadas.

El informe sostiene que cada alumno en una facultad privada cuesta unos 4.500 dólares por año, contra los 13.000 dólares calculados por el Banco Mundial que cuesta “mantener” un alumno universitario para el presupuesto educativo.

Asimismo, el informe aclaró que “este gasto es muy superior al de países como España e Italia” y que crecen al 7% al año, lo cual conforma un “gasto ineficiente y regresivo”.

También el informe “Un Ajuste Justo” alertó sobre la necesidad de cerrar hospitales medianos y fortalecer a las unidades básicas de salud y los hospitales grandes.

El informe fue pedido por el gobierno para 2018, año en el cual entra en vigor la reforma constitucional del techo del gasto público, una iniciativa inédita a nivel global que congela por 20 años, apenas actualizando por la inflación, el presupuesto federal.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/educacion/brasil-el-banco-mundial-recomienda-eliminar-la-universidad-gratuita/11/22/

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Chile: impuestos y educación

Chile/07 de noviembre de 2017/ Fuente: El País

Si Sebastián Piñera gana, haría mal en repudiar las líneas políticas básicas de su predecesora

La economía chilena atraviesa por una fase de ralentización desde 2015 cuya causa principal es el descenso del precio del cobre en los mercados mundiales. Para Chile, el cobre es una especie de monocultivo; otros países dependen del petróleo, pero, claro, el cobre no está defendido en los mercados por un cártel poderoso. Cuando el precio del cobre cae, no existen herramientas eficaces para subirlo de nuevo; hay que esperar pacientemente a que se recupere. Este año la economía chilena crecerá en torno al 1,5%. Pero también hay buenas noticias: el precio del cobre se está recuperando y, por lo menos, el metal ya no constituirá un lastre para el crecimiento. No obstante, para 2018 las estimaciones de crecimiento no superan el 2%; tendrán que pasar un par de años para que se alcance una tasa de crecimiento del 4%.

Pero el avance coyuntural expuesto en números poco nos dice de la estructura económica del país, que al fin es lo que decide la calidad del bienestar y la estabilidad futura. Acaso el indicio de la dependencia del cobre revela la descompensación de las fuentes de riqueza. El equipo económico de Michelle Bachelet apenas se equivocó un milímetro en su diagnóstico sobre los flancos débiles de la economía chilena. En primer lugar, se hace necesario reducir la dependencia del cobre; condena a los chilenos a una excesiva e innecesaria volatilidad en el crecimiento económico. Claro que, como se apresuran a explicar desde las localizaciones mineras, la reducción tiene que ser paulatina. Faltaría más. Pero ya urge iniciar el viraje hacia nuevas fuentes de riqueza.

Con la misma urgencia, o mayor, había que reformar el sistema fiscal. Cualquier observador distraído lleva a la conclusión de que los Estados que quieren contribuir al crecimiento económico —aunque sea de la manera indirecta que predica el liberalismo— están obligados a contar con una estructura recaudatoria firme y segura, que, desde luego, no quiere decir confiscatoria. Se trata sencillamente de asegurarse un flujo continuado de ingresos a los que deben contribuir las empresas y las rentas individuales de forma proporcionada. El mismo observador distraído comprenderá que la diferencia entre los países desarrollados y los emergentes es, básicamente, de seguridad fiscal.

El Estado chileno necesitaba aumentar los ingresos para cubrir las inversiones necesarias en educación, otro de los graves déficits de la sociedad chilena. Porque la educación, una externalidad para el catecismo neoliberal, es una de las formas —junto con la seguridad jurídica, por cierto— que tiene el Estado para contribuir al crecimiento. Por estas y otras razones, las decisiones económicas de Bachelet estuvieron plenamente justificadas.

El argumento dominante hoy insiste en culpar a los cambios fiscales y educativos de la caída de la inversión. «Crearon incertidumbre», se pontifica con seguridad impostada. Es probable; pero sabemos, desde que Keynes nos lo enseñó, que las decisiones de inversión dependen principalmente de las expectativas de demanda y, por lo tanto, sería más acertado suponer que la caída de la demanda es la causa previa a la depresión inversora. Por otra parte, se extiende el consenso de que las expectativas de demanda mejorarán en los próximos meses. Así que la fase depresiva de la inversión puede empezar a cerrarse en los próximos meses.

En las próximas e inmediatas elecciones (19 de noviembre) tiene ventaja el candidato de la derecha, Sebastián Piñera. Mal haría, si gana, en repudiar el diagnóstico y las líneas políticas básicas de Bachelet, salvo en lo que se refiere a la modulación de los detalles. La fiscalidad y la educación son líneas de progreso para Chile, por más que Piñera se sienta tentado de recurrir a modos de crecimiento más endebles.

Fuente:

https://elpais.com/economia/2017/11/02/actualidad/1509648951_822515.html

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Informe alerta contra la promoción de Alianzas Público-Privadas en la financiación del desarrollo

Por: CLADE. Autora Informe: María J. Romero.

Un informe que examina el papel de las alianzas público privadas (APP) como una manera de financiar los proyectos de desarrollo muestra que dichas asociaciones son arriesgadas y costosas, instando a los gobiernos e instituciones financieras a parar de ocultar sus verdaderos costos. Las APP son acuerdos a través de los cuales los financiadores privados remplazan gobiernos en su condición de proveedores y financiadores de los servicios públicos tradicionales, como escuelas, hospitales y carreteras.

Lo que yace bajo la superficie: Una evaluación crítica de las Asociaciones Público Privadas y su impacto en el desarrollo sostenible examina la naturaleza y el impacto de las APP, de cara al marco de realización de la conferencia de ONU, Financiación para el Dessarrollo (Financing for Development – FfD) en Addis Ababa, del 13 al 16 de julio. El informe analiza la literatura existente sobre las APP y las experiencias de Tanzania y Perú, con base en los hallazgos de las redes Afrodad y Latindadd.

Los gobiernos europeos en particular, e instituciones financieras como el Banco Mundial, tienen planes de impulsar la participación del sector privado en el desarrollo durante la cumbre, a despecho de de las reservas de muchos/as expertos/as de países en desarrollo.

La autora del informe, Maria Jose Romero, Gestora de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre la Dívida y el Desarrollo (Eurodad), plantea que: “Las APP están siendo promovidas por nuestros líderes como una manera de financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, como salud y educación, que han sido tradicionalmente provisionados por el Estado. Los costos de esos proyectos suelen ser muy altos, el sector público adume todos los riesgos, y hay frecuentemente un velo que encubre los modos como dichos proyectos son negociados”.

“Nuestros gobiernos deben dar un paso atrás en la Cumbre de Addis Ababa y poner las necesidades del desarrollo – y no las necesidades de los investidores privados – en primer lugar”.

Los gobiernos a menudo ocultan los verdaderos costos de las APP ya que pueden mantener el proyecto y sus pasivos contingentes (deuda potencial) fuera de presupuesto.

Las conclusiones de este informe son:

  • En la mayoría de los casos, las APP resultan el método más costoso de financiación y aumentan significativamente el gasto público.
  • Normalmente, resulta muy complejo negociar y poner en práctica las APP y muchas veces sus costes de construcción y transacción son más elevados que los de las obras públicas.
  • Demasiado a menudo, la obtención de financiación a través de APP conlleva riesgos para las instituciones públicas.
  • Existen muy pocas pruebas de que las APP sean eficientes.
  • Las APP presentan limitaciones importantes a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad y de prevenir un impacto negativo sobre el medio ambiente.
  • El sector público está poco capacitado para implementar APP, sobre todo en los países en desarrollo.
  • Las APP son poco transparentes y su escrutinio público es limitado, lo que tiene un impacto sobre su capacidad para rendir cuentas.

Romero afirmó: “Aunque exista alguna evidencia de que las APP pueden aumentar la eficacia de ciertos proyectos, hay diversos ejemplos de arreglos APP que han ido muy mal, y que dejaron una herencia duradera.

“Este informe muestra que promover APP de forma acrítica es un equivoco. Los gobiernos e instituciones financieras deben enfocar el desarrollo de los mecanismos adecuados al nivel del país para identificar si – y bajo qué condiciones – es deseable utilizar APP”.

Como muestran los casos de Perú y Tanzania, la experiencia al nivel del país es conflictuosa. Las APP sufren la poca transparencia y el escrutinio público limitado, que socava la rendición de cuentas democrática. En algunos casos, los proyectos APP han resultado en el descontento público, debido a sus costos más altos y alegaciones de corrupción.

El informe recomienda que los gobiernos dejen de ocultar el verdadero costo de las APP y que la toma de decisión sobre APP sea más transparente y comprometida con la rendición de cuentas. También se recomienda que los éxitos del desarrollo estén en primer plano de cualquier proyecto y que los países en desarrollo sean los responsables cuándo los principios y criterios para evaluar e implementar las APP se desarrollen.

  • Descargue aquí el informe (en inglés).
  • Para un resumen ejecutivo en español, cliquee aquí.

Fuente Informe: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/nuevo-informe-alerta-contra-la-promocion-de-alianzas-publico-privadas-en-la-financiacion-del-desarrollo/

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