Pero en las sumas y restas de la burocracia esas vidas suman cero. En la proforma presupuestaria que el Gobierno envió a la Asamblea ya no se asigna presupuesto para el Proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes del Ministerio de Salud. En el de 2019 sí había.

La proforma 2020 no contiene ese rubro, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública pidió 5 millones de dólares para la política de prevención del embarazo adolescente. De por sí, eso era ya un recorte: en 2019 el Ministerio tuvo a su disposición más de 11 millones de dólares para tan delicado asunto, pero gastó menos de la mitad. Ana Vera, directora ejecutiva de la organización Surkuna —que brinda apoyo legal a niñas, adolescentes y mujeres—, dice que la otra mitad no se usó porque no se logró comprar anticonceptivos y otros insumos por “problemas que siempre suceden en el sistema público: se demora la compra, el trámite”.

Eso no significa, dice Vera, que la estrategia de prevención no sea necesaria. Quizá demuestre cómo la ineficiencia estatal impacta directamente en la vida de miles de niñas y adolescentes.

El presupuesto que está en riesgo de ser recortado incluye la educación sexual integral. En Ecuador, la edad promedio de inicio de la vida sexual es entre 15 y 16 años para las mujeres, y entre 13 y 14 para los hombres. Virginia Gómez de la Torre, presidenta de fundación Desafío —que promueve derechos reproductivos—, dice que sin información adecuada, los adolescentes quedarán expuestos a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

En la última década, Ecuador ha tenido tres estrategias distintas para educar y prevenir el embarazo de niñas y adolescentes. Cada una tenía un el presupuesto asignado a la entidad que la coordinaba. Entre el 2011 y el 2014 funcionó la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla) que promovía la educación sexual integral y era dirigida de forma conjunta por los ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y el desaparecido Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Durante los cuatro años que duró, la Enipla creó campañas masivas sobre derechos sexuales y reproductivos. Organizó talleres públicos de salud sexual para audiencias diversas. Entregó brochures, promocionales, estadísticas para que fueran distribuidos al público por los distintos ministerios. Organizó campamentos de diálogo sobre sexualidad y dio acceso a métodos anticonceptivos. En 2014, cuando fue cancelada por el entonces presidente Rafael Correa, la tasa de embarazo era de 72 por cada mil adolescentes .

La Enipla fue reemplazada por el Proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, manejado por la Presidencia entre 2015 y 2017. Conocido como Plan Familia, enfatizaba en la abstinencia. Durante su vigencia, el plan hizo talleres en afectividad y sexualidad, difundió entrevistas con expertos sobre la familia, y posteaba boletines semanales en sus redes sociales. En 2017, 80 de cada mil adolescentes estaban embarazadas. Un año después, llegamos al triste primer lugar del país con la tasa más alta de embarazo adolescente en la región: 111 de cada mil .

En mayo de 2017 se eliminó el (fracasado) Plan Familia y desde junio de 2018 funciona la Política Intersectorial del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025 . Su propósito es garantizar “educación sexual, atención integral de de salud sexual y reproductiva y espacios libres de violencia para todos los niños y adolescentes del país”.

La nueva política debería durar nueve años y promover el uso de métodos anticonceptivos modernos (incluyendo los de larga duración, como implantes intrauterinos). Además, debería garantizar la existencia de servicios de protección efectivos para las niñas y adolescentes que estén en riesgo de violencia y reducir el número de madres adolescentes que abandonan sus estudios, entre otros.

Los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social deben trabajar en conjunto para ejecutarla . “Pero eso no ha pasado”, dice Ana Vera. En 2019, el presupuesto para la prevención de embarazo en niñas y adolescentes solo fue asignado al Ministerio de Salud, el presupuesto de los otros dos ministerios no fue aprobado, y tampoco aparece en la proforma de Presupuesto General del Estado de 2020. Pero sin presupuesto, nada de lo que está en el papel se hará realidad.

La existencia de los fondos es indispensable, pero no lo único necesario. Para que la política funcione, es indispensable que los tres Ministerios trabajen en conjunto , coordinen sus planes y evitan duplicar esfuerzos . Eso no ha sucedido. El trágico liderazgo del Ecuador no parece que va cambiar.

Antes de cumplir 18 años Micaela ya tenía dos hijos, había dejado de estudiar y era madre soltera. Dos de cada ocho madres de entre 15 a 19 tiene dos o más hijos. Si se le hubiera entregado la información sobre prevención cuando la pidió, la vida de Micaela —igual que la de muchas otras— habría sido diferente.

En épocas de austeridad, recortar este presupuesto costará más de lo que ahorrará. El Estado lo sabe. En 2017 el Ministerio de Salud, la desaparecida Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el Fondo de Planificación de las Naciones Unidas (UNFPA) y la organización social Sendas presentaron el informe Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador . El reporte concluyó que atender un embarazo infantil y adolescente no intencionado cuesta 5 veces más que prevenirlo: son de alto riesgo y necesitan más insumos y atención.

También tienen un altísimo costo social. Según el informe, es de más de 380 millones de dólares, por los altos índices de deserción escolar y mortalidad materna. “Estamos hablando de un proyecto de vida truncado o retrasado”, dice la doctora Mary Cabrera, directora ejecutiva de Sendas.

El estudio también dice en qué debería invertir el Estado para prevenir los embarazos. “Invertir en educación sexual de calidad, en provisión de métodos de anticoncepción modernos y en servicios de salud”, dice Cabrera. Para reducir el costo social, Cabrera dice que hay atender todas las emergencias obstétricas y trabajar sobres las consecuencias de la deserción escolar. “Hay que invertir en lugares seguros donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras ellas asisten a clases”, dice la directora de Sendas.

En la proforma de 2020 el Estado muestra su desidia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. El de la prevención del embarazo adolescente no es el único recorte. La partida presupuestaria para la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer se redujo en un 84%. El de la atención de la salud mental se eliminó totalmente. “Somos un país que a través de las políticas públicas le demuestra al entorno latinoamericano que no nos importan las mujeres, las niñas, ni la adolescencia”. dice Virginia Gómez de la Torre.

La reducción de presupuesto todavía no está escrita en la piedra de la ley. El 27 de noviembre la Asamblea Nacional devolvió la proforma al Ejecutivo con diecisiete recomendaciones de la Comisión de Desarrollo Económico. El gobierno tiene hasta el 12 de diciembre para aceptarlas, o no.

Su decisión será, más que un ejercicio contable y financiero, una declaración de principios: el país con la mayor tasa de embarazo adolescente de la región podría no invertir ni un centavo en 2020 trabajar dejar ese ignominioso liderato. Si insiste en su triste propuesta, habrá perdido mucho más de lo que creería haber ahorrado —llevándose por delante la vida de miles de niñas y adolescentes.

Fuente:  https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264615&titular=el-pa%EDs-con-la-tasa-m%E1s-alta-de-embarazos-de-adolescentes-podr%EDa-quedarse-sin-presupuesto-