Educación Superior

Por universityworldnews.com

Los ataques a académicos, estudiantes, personal y sus instituciones continúan ocurriendo con una frecuencia alarmante en todo el mundo, según el último informe anual del Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk 2018, publicado el 23 de octubre. 

La lista de 294 ataques en el año hasta el 31 de agosto de 2018 incluye 77 muertes por asesinatos, actos de violencia o desapariciones, 88 encarcelamientos, 60 procesamientos, 22 pérdidas de puestos, 15 restricciones de viaje y otros 30 incidentes.

Estos ataques son llevados a cabo por actores estatales y no estatales, en sociedades abiertas y cerradas, utilizando una variedad de métodos. En última instancia, estos ataques “no solo dañan a los individuos e instituciones directamente atacados; socavan sistemas enteros de educación superior y reducen el espacio de todos para pensar, cuestionar y compartir ideas con libertad y seguridad ”, señala el informe. 

A través de su Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica, Scholars at Risk (SAR) responde a estos ataques identificando y rastreando incidentes clave, con el objetivo de proteger a las personas vulnerables, crear conciencia, fomentar la responsabilidad y promover el diálogo y la comprensión que puedan ayudar a prevenir futuras amenazas. 

Libre de pensar 2018, el cuarto de una serie de informes anuales que analizan los ataques a las comunidades de educación superior en todo el mundo, analiza los 294 ataques reportados en 47 países que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018. 

No es una lista exhaustiva de ataques, sino un intento para monitorear tantos ataques como sea posible con recursos limitados. 

El Proyecto de Monitoreo recopila datos sobre tipos definidos de ataques a la educación superior. Estos incluyen: asesinatos, violencia y desapariciones; enjuiciamiento y encarcelamiento ilícitos; pérdida de posición y expulsión del estudio; restricciones de viaje inapropiadas; y otros problemas graves o sistémicos (incluidos, por ejemplo, el cierre de universidades o la ocupación militar de campus).

Si bien difieren entre estados y regiones y según la gravedad y el tipo, todos estos ataques comparten una motivación común: controlar o silenciar a las instituciones y al personal de educación superior, señala el informe. 

Tendencias y desarrollo clave

Durante el año pasado, el SAR reportó 79 ataques violentos contra comunidades de educación superior en 27 países. Al menos 77 estudiantes, académicos, personal, personal de seguridad del campus y otros murieron en estos ataques, con cientos más heridos. 

Estos incluyen ataques en países que experimentan extremismo o conflicto, donde las comunidades de educación superior pueden ser consideradas como símbolos percibidos de la autoridad estatal o fuentes de oposición a las ideologías radicales. 

En Kenia, Pakistán, Nigeria y Afganistán se produjeron importantes ataques contra universidades.

En Kenia, por ejemplo, el 10 de octubre de 2017, un grupo de hombres armados tendieron una emboscada en una camioneta que transportaba a estudiantes, personal y profesores de viviendas fuera del campus al campus de la Universidad Técnica de Mombasa (TUM). Según informes, hasta 10 hombres armados se habían escondido en un lado de la carretera, aparentemente esperando el vehículo. Dos profesores de TUM murieron en el ataque, mientras que el conductor y dos policías resultaron heridos. Las autoridades sospechan de los militantes de al-Shabaab, con su historial de actividad violenta en el área, de llevar a cabo el ataque. 

También hubo ataques dirigidos contra académicos o estudiantes individuales que pretenden tomar represalias contra o disuadir la investigación y la expresión. Durante el año pasado, el SAR informó ataques dirigidos contra académicos individuales en Bangladesh, India, Pakistán, Turquía y Yemen.

En Bangladesh, el 3 de marzo, Muhammad Zafar Iqbal, profesor de ciencias de la computación e ingeniería, escritor de ficción y crítico vocal de la política sectaria y el radicalismo, fue atacado durante un evento en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shahjalal, donde enseña. 

El atacante se acercó a Iqbal por detrás y lo apuñaló en la cabeza al menos tres veces, antes de que otros lo detuvieran en el evento y luego lo arrestaran. Iqbal sobrevivió al ataque. Las autoridades afirman que el atacante está vinculado a un foro extremista de Internet que ha acusado a Iqbal de ser un ateo y, por lo tanto, un objetivo apropiado para el ataque. 

Medidas coercitivas del estado.

Las autoridades estatales utilizan las detenciones, procesamientos y otras medidas legales coercitivas para tomar represalias y disuadir actividades académicas, de expresión o de asociación. En Irán, los estudiantes y los académicos se encuentran bajo un riesgo cada vez mayor de encarcelamiento, procesamiento y abuso de custodia. 

Y en China, las autoridades han detenido a un creciente número de académicos y estudiantes de la comunidad minoritaria uigur en los llamados «campos de reeducación» y otras instalaciones. 

SAR informó que al menos 875 estudiantes fueron asesinados, arrestados o sometidos a otra fuerza coercitiva en relación con su actividad expresiva. Estos ataques son parte de un problema global de larga data de los ataques a la expresión estudiantil pacífica.

“Tales ataques a menudo desencadenan y buscan justificación en incidentes en los que algunos estudiantes participan en actos violentos, incluidos enfrentamientos con grupos y autoridades de estudiantes opuestos o la destrucción de propiedad de la universidad. Los ataques violentos y coercitivos contra la expresión de los estudiantes amenazan el futuro de movimientos estudiantiles fuertes y no violentos ”, dice el informe. 

Las autoridades turcas han continuado su campaña de acciones radicales y dirigidas contra el sector de educación superior del país, encaminadas a silenciar y eliminar a las personas de la academia que han respaldado una petición crítica de acciones militares estatales o que han sido acusadas de asociación con grupos desfavorecidos por el gobierno. dice el informe. 

También se han utilizado para castigar y restringir la expresión de los estudiantes y la actividad académica en general.

Estas acciones incluyen encarcelamientos, procesamientos, despidos, expulsiones y restricciones de viaje contra miles de académicos, administradores, personal y estudiantes. 

El 22 de mayo, por ejemplo, los fiscales estatales turcos iniciaron una investigación criminal contra el Dr. Bülent Sik, un académico especializado en alimentos y salud pública, en respuesta a una serie de sus artículos sobre hallazgos de investigaciones gubernamentales. En los artículos, que se publicaron en el sitio web del periódico Cumhuriyet en abril de 2018, Sik alegó que el Ministerio de Salud de Turquía ocultó los resultados de un estudio sobre agentes causantes de cáncer hallados en varias ciudades que muestran tasas de cáncer superiores a la media.

Según Sik, que había trabajado en la investigación detrás del estudio del ministerio, los productos agrícolas y el agua potable de estas ciudades exhibían niveles más altos de pesticidas, metales pesados ​​y otros contaminantes. 

Los fiscales del Ministerio de Salud abrieron una investigación contra Sik, alegando que violó los artículos 334, 336 y 258 del Código Penal turco, que se relacionan con el manejo de la llamada información «prohibida». Según Sik, los fiscales ahora están considerando presentar cargos relacionados con el terrorismo en su contra. 

Restricciones de viaje

Las autoridades de al menos nueve países han utilizado restricciones de viaje, incluidas restricciones de entrada, salida y residencia, para obstruir la investigación y la expresión académica. Estos incluyen informes de restricciones de viaje por parte de las autoridades estatales en Rusia, Camerún y Hong Kong que apuntaron a académicos individuales.

Estos también incluyen amplias restricciones de viaje en las comunidades académicas de Turquía, donde miles de empleados académicos despedidos y prohibidos del servicio público siguen sujetos a una prohibición de viaje; en los Territorios Palestinos Ocupados, donde los académicos extranjeros se enfrentan a reglas opacas que amenazan su capacidad para realizar trabajos en las universidades allí; en Tayikistán, cuyo gobierno ha reforzado las restricciones a los viajes académicos fuera del país; y en los Estados Unidos, donde los académicos y estudiantes de Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen tienen prohibido el ingreso como consecuencia de una orden ejecutiva que prohíbe la entrada de todos los viajeros de esos países, señala el informe.

También en los Estados Unidos, grupos provocativos fuera del campus e individuos han elegido colegios y universidades como sitios de discursos y mítines polémicos que con frecuencia resultan en confrontaciones. 

En varios casos, estas confrontaciones se volvieron violentas, poniendo en peligro a estudiantes, profesores y otros. Los actores políticos que buscan exponer supuestos prejuicios entre académicos y estudiantes han tomado una variedad de medidas públicas, incluida la creación de listas de vigilancia en línea, grabaciones de audio y video subrepticias, y el avance de leyes restrictivas y potencialmente extremas, todo lo cual ha generado inquietud acerca de la reducción del campus. Espacio para libre, consulta abierta y debate. 

Ataques a la autonomía.

Los gobiernos de todo el mundo se dirigen a las universidades y otras instituciones académicas a través de ataques legislativos, administrativos y políticos a su autonomía y operaciones. Estos incluyen casos nuevos y en curso en Hungría y Rusia, donde las autoridades han amenazado con cerrar las instituciones académicas y restringir las disciplinas académicas. 

SAR dice que los incidentes cubiertos por el informe son solo una pequeña parte de todos los incidentes relacionados con ataques a la educación superior durante el año anterior. 

«Sin embargo, son evidencia suficiente de una crisis global de ataques contra académicos, estudiantes y otros miembros de la comunidad de educación superior, que requieren una respuesta sólida y global».

Scholars at Risk pide a los estados, líderes de educación superior y la sociedad civil de todo el mundo que respondan a esta crisis: rechazar la violencia y la coerción para restringir la investigación y la expresión; para proteger a estudiantes, académicos y universidades amenazados; y reafirmar públicamente su apoyo a los principios de que el discurso crítico no es una deslealtad, que las ideas no son crímenes y que todos deberían tener la libertad de pensar, cuestionar y compartir ideas. 

«Las comunidades de educación superior son atacadas con una frecuencia alarmante», dijo Robert Quinn, director ejecutivo de SAR.

“Desde los ataques suicidas de los extremistas hasta las restricciones impuestas por el estado a los viajes, el informe de este año ilustra cómo los académicos, los estudiantes y las comunidades de educación superior están en la vanguardia en la lucha por la libertad de pensar y hacer preguntas, especialmente de los que están en el poder. 

«Este informe es un llamado a la acción: a los estados, a la sociedad civil y al público en general para exigir una mayor protección para las comunidades de educación superior en todo el mundo».

Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181027055909175