Educación Superior

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Ecuador: Universitarios ecuatorianos denunciaron recorte de presupuesto educativo

noviembre 7, 2021noviembre 5, 2021Noticias

América del Sur/Ecuador/07-11-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve

Este jueves, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), denunciaron recortes en los gastos presupuestarios dispuestos por el gobierno nacional a las universidades y centros politécnicos del país, para el año 2022.

En un comunicado oficial difundido en las redes sociales, los estudiantes expusieron los cambios y la disminución del presupuesto, presentado por el ejecutivo nacional para los gastos de las universidades y centros de educación superior.

Según la información, la disminución del presupuesto fue de 213 millones de dólares, por lo que lo estudiantes hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que sea exigido al gobierno nacional la entrega de los recursos económicos que «establece la Constitución para educación”.

Asimismo, la FEUE manifestó que este recorte representa un riesgo en la calidad de la educación, el acceso y la investigación en nivel superior. Destacaron que la disminución también podría afectar el regreso de los estudiantes a las clases presenciales. A la par que anunciaron que de continuar los recortes presupuestarios los estudiantes no descartarán la movilización en defensa de la enseñanza pública.

Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/universitarios-ecuatorianos-denunciaron-recorte-de-presupuesto-educativo/

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UPR: ¿Abandonada a su suerte? Puero Rico

noviembre 5, 2021noviembre 4, 2021Noticias

América Central/Puero Rico/05-11-2021/Autor: Manuel Guillama Capella/Fuente: www.metro.pr

En medio de recortes y otras amenazas a la principal institución de educación superior en el país, hay recintos universitarios que llevan dos semanas paralizados.

Mientras los distintos sectores de la comunidad alertan sobre la precariedad con la que se pretende obligar a operar a corto y largo plazo a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y estudiantes en múltiples recintos han decretado paralizaciones en el contexto de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), representantes de los grupos lamentan lo que perciben como un abandono gubernamental hacia el principal centro docente del país.

“Creo que hemos visto la poca importancia que tiene la Universidad tanto para la rama ejecutiva, desde el gobernador Pedro Pierluisi, y la poca importancia que tiene desde la rama legislativa. Lo vimos en todo este proceso de la legislación del Proyecto (de la Cámara, PC) 1003, donde, prácticamente, (la intención) es darle migajas a la Universidad y que sobreviva como pueda”, planteó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.

Rivera Velázquez aludió a la medida legislativa que se convirtió en la Ley 53-2021, que habilitó la emisión de bonos requerida en el PAD del gobierno central, en la que se incluyó una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el 2027. Aunque dicha cantidad sería mayor que los $407 millones que el gobierno central aporta desde el fondo general en el presente año fiscal, es sobre $300 millones menos de lo que recibía la UPR bajo la antigua fórmula del 9.6 % del presupuesto y muy por debajo de lo que los distintos sectores universitarios consideran debe recibir la institución para cumplir con su misión académica.

“Lo más que me preocupa es que cierren los recintos y nos quedemos sin educación pública porque ese es el fundamento de un país, de cualquier sitio. Si nos siguen quitando esa educación, y ya estamos mal, terminaremos mucho peor. Yo creo que si los estudiantes nos unimos y podemos estar de acuerdo en lo que queremos y metemos presión, podemos movilizar las cosas a que cambien”.

Natalia Fontánez

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales.

Para Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, incluso dicha asignación corre el riesgo de convertirse en un tope fijo que limitaría la posibilidad de que la UPR acceda a otros fondos que ha continuado recibiendo, como las mesadas de los recaudos por juegos de azar y Lotería Electrónica, que representan decenas de millones de dólares anuales.

Si bien la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz –quien no estuvo disponible para entrevistaal cierre de esta edición–, sostuvo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente cameral, Rafael «Tatito» Hernández, que la UPR continuaría recibiendo otras asignaciones especiales además del presupuesto base de $500 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se ha expresado al respecto.

El gobernador Pedro Pierluisi insistió el miércoles en que la partida de $500 millones es un paso correcto para la institución.

“No deben ver los $500 millones al año como algo estático o permanente. Al revés, tienen que verlo en el contexto de que ya los recortes eran mayores… Deben verlo como un buen paso para mejorar sus finanzas y que cumpla su cometido”, comentó el ejecutivo a su salida de un evento oficial en el Centro de Convenciones en Miramar.

“Queremos que haya clases presenciales pero estamos cerrando el recinto y comoquiera la gente está cogiendo clases online. Me pareció un poco contradictorio, pero sí creo que fue necesario porque hubo un movimiento que se empezó. Nos encontramos gente que queremos una mejor universidad y esas conversaciones se tenían que dar. Debemos los estudiantes organizarnos bien y formar un plan que de verdad funcione para combatir lo de (la falta de) clases presenciales, los recortes y un montón de cosas más que deben mejorar”.

Joaquín Ferrer

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales

La JCF, que no ha enmendado su plan fiscal para reflejar las concesiones que habría hecho durante las negociaciones por el PC 1003, ya ha interpretado otras disposiciones de la Ley 53 de manera contraria a los objetivos expresados por los líderes electos.

Metro solicitó una entrevista con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, pero la funcionaria no estuvo disponible.

“A pesar de que (la UPR) no es una prioridad para el gobierno, sí lo es para el país. Creo que lo vimos en las manifestaciones que se dieron en el Capitolio en las pasadas semanas, donde juntos, entre la comunidad universitaria y el sector sindical del país, pudimos, en cierta medida, hacer que muchos legisladores entraran en razón, que al final del día sabemos que el proyecto se aprobó por un voto, y el propio partido de mayoría en el Senado perdió votos (de legisladores) que habían votado originalmente a favor. Creo que está surtiendo efecto lo que se ha realizado en las últimas semanas”, afirmó Rivera Velázquez, quien opinó que es hora de “enfilar los cañones” hacia el Congreso y el gobierno federal.

“CERRAR RECINTOS NO ES LA SOLUCIÓN”

Desde la perspectiva administrativa, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, colocó la responsabilidad de los “drásticos” recortes de los pasados cuatro años sobre los hombros de la JCF, más que en el gobierno, al tiempo que advirtió que los paros y huelgas estudiantiles afectan la “funcionalidad” del sistema.

“Nosotros en Río Piedras tenemos la mayor parte de las clases a distancia, por lo tanto, no nos estamos afectando. El recinto continúa el trabajo a distancia, las clases a distancia, pero lo ideal de una universidad es que esté abierta y haya acceso libre a sus bibliotecas, a sus museos. Entiendo los reclamos de los estudiantes, y uno se reúne con ellos y es impresionante… No puede uno menos que coincidir en ese reclamo de mayor presupuesto y que no se afecte la (estabilidad) presupuestaria de la Universidad. Pero cerrando recintos no es la solución, aun cuando uno coincida con ellos. Lo que está a mi alcance, que ellos me están solicitando, lo vamos a cumplir”, dijo Ferrao Delgado, quien aludió a las directrices para que a partir de enero al menos la mitad de las clases regresen al formato presencial y para que se amplíen los horarios de apertura de las bibliotecas.

“Ahora mismo no tenemos unas facilidades físicas para nuestra facultad y eso nos está afectando de una manera bien grave. No tenemos las mismas oportunidades de otras facultades de poder reunirnos, con todo el equipo y los recursos”.

Andi

Estudiante Facultad de Comunicación e Información.

En el recinto riopedrense, cuyos estudiantes celebraban ayer una asamblea general, el recorte presupuestario ha sido de $71 millones respecto al año fiscal 2017.

“Esto ha afectado la funcionalidad. Claro, nosotros mantenemos el recinto funcionando, pero es un recorte de dinero muy grande. Aun cuando se hacen los ajustes, y hay que hacerlos, en cuatro años ha sido un recorte bastante drástico de la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó Ferrado Delgado, al indicar que el recinto ha mitigado parcialmente las reducciones a través de fondos externos, como las subvenciones para propuestas de investigación o iniciativas de educación continua.

Mientras Ferrao Delgado sostuvo que la UPR deberá repensar su enfoque ante la baja en la matrícula estudiantil, que atribuye principalmente a la reducción en la población joven en el país, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera, argumentó que el problema trasciende el elemento demográfico.

De acuerdo con el plan fiscal de la JCF, de un pico de 65,699 estudiantes matriculados en el 2010, la cifra había bajado 47,557 para este año, una merma de 28 % en poco más de una década.

“En el recinto de Cayey, la rectora planteó que tenía la capacidad de infraestructura para 6,500 estudiantes (pero) solamente atendemos 2,400. No podríamos atender 6,500, no porque no tendríamos donde ubicarlos porque no haya salones o recursos de infraestructura, (sino) porque no tenemos profesores para atender 6,500 estudiantes”, dijo Rodríguez Rivera, quien señaló que aproximadamente el 47 % de los docentes a nivel sistémico no tienen una plaza permanente.

CIDRE: “LA UPR NO ES UNA AGENCIA DE GOBIERNO”

Para Rodríguez Rivera, al restar recursos fiscales a la UPR, el gobierno desaprovecha el potencial de los 11 recintos como eje de actividad económica en sus municipios, así como las posibilidades comerciales que representa el componente de investigación y desarrollo dentro del quehacer académico.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, aseguró que la UPR ocupa un rol fundamental dentro de la visión del gobierno, pero alertó que, para poder cumplir con su papel, requiere de transformaciones mayores.

“Las universidades privadas hoy existen posiblemente con mayor fuerza y relevancia que la universidad pública, no por el hecho de que sean mejores, es por el hecho de que son más ágiles. El primer gran reto que tiene la Universidad para llegar a lo que finalmente te voy a decir es cómo la Universidad se deja de comportar como una agencia de gobierno, porque no es una agencia de gobierno. Es el centro docente educativo más importante del país, quien debe de erigirse custodio y hacedor de la política social y económica del país”, dijo Cidre.

Para el secretario del DDEC, la fórmula de futuro estriba en la especialización de las 11 unidades académicas y que el Recinto de Río Piedras se convierta en “el centro de investigación y desarrollo de Puerto Rico”.

“Los colegios regionales (serían) satélites que nutran esa investigación y desarrollo con pericias particulares. Por ejemplo, yo asignaría el área de Utuado a ciencias agrícolas, incluyendo la escuela veterinaria de Puerto Rico, que tanta falta nos hace”, ejemplificó Cidre.

Entretanto, la UPR y sus recintos continúan lidiando con las interrogantes sobre el reclutamiento de la plantilla docente, el deterioro de la planta física –exacerbado desde el huracán María–, los recursos bibliotecarios y de investigación y el regreso escalonado a clases presenciales.

“Muchos recintos se han podido moldear a la pandemia, como el recinto de Carolina, donde muchos de sus salones ya pueden dar clases de manera híbrida, porque en la infraestructura se han movido. Algunos recintos se han movido hacia eso pero otros no lo han hecho o lo han hecho de manera lenta y es por eso que no han podido, en su mayoría, regresar de manera presencial. Creo que la Universidad sí tiene los planes, pero hay una falta de presupuesto y muchos de los fondos federales se han atrasado, y eso atrasa toda la infraestructura mayormente tecnológica de la Universidad”, afirmó Rivera Velázquez.

3 PREGUNTAS A… OBED JIMÉNEZ

Presidente Asociación de Universidades y Colegios Privados / Universidad Adventista de las Antillas

¿Cómo describiría el impacto sobre las instituciones privadas de los retos fiscales de la UPR?

—En el pasado, algunas de nuestras instituciones sí reportaron algunos incrementos en las matrículas, pero recientemente, en este caso de la huelga de la UPR, no ha tenido un impacto significativo ni cuantioso que pudiésemos indicar.

¿Qué espacios, si alguno, han llenado las universidades privadas ante el debilitamiento de la UPR?

—[En] nuestras instituciones privadas de educación superior siempre enfatizamos la excelencia académica. Nuestros sistemas tienen la capacidad de hacer ajustes más rápidos, de atemperarnos más al mercado y ser más responsivos y ágiles en las respuestas ante los retos demográficos y económicos. Un sector importante es continuar ofreciendo investigación para el país y la respuesta social que nuestras instituciones hacen.

¿Es posible que tanto el sistema privado como el público se fortalezcan paralelamente?

—En este momento en que la UPR se reposiciona en su liderazgo, estaríamos en mucha disposición de continuar colaborando con el sistema público del país porque lo que es importante es esa materia prima de nuestros estudiantes, que ofrezcan un futuro prometedor y de impacto social para nuestro Puerto Rico.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/11/04/upr-abandonada-a-su-suerte.htm

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Educación para afrontar el cambio climático

noviembre 5, 2021noviembre 1, 2021Dinorah García Romero

Por: Dinorah García Romero

Es preocupante observar cómo se recrudecen los problemas vinculados al cambio climático y en el ámbito educativo todo continúa como si esto no estuviera ocurriendo.

Hace varios años que el cambio climático es tema de diálogo, de preocupación y de investigación permanente. Los llamados a afrontar el cambio climático con celeridad y corresponsabilidad son más persistentes. Los jóvenes se muestran cada vez más sensibles a este problema y están constituyendo redes humanas comprometidas con la causa del cambio climático. En reuniones de carácter global, el cambio climático aparece como tema relevante, como ocurre ahora en la reunión del G20, que se desarrolló los días 30 de octubre y 1° de noviembre del año en curso. Los líderes mundiales, aunque hacen poco para frenar las embestidas provocadas por los efectos del cambio climático, continúan prometiendo la búsqueda de acuerdos para eliminar o, al menos, reducir las emisiones de gases que afectan la biodiversidad y la existencia humana. Los 20 países más industrializados del mundo y los invitados a la reunión que tuvo lugar en Roma, tienen una responsabilidad muy grande para que se inicien ya programas y proyectos que incidan integralmente en acciones para revertir la destrucción del planeta. Hay resistencias a un cambio en el modo de producir, de invertir y de vivir. Hay un interés marcado en grupos económicos poderosos en continuar obviando los riesgos y desastres ocasionados por la acción del cambio climático. No les basta observar los resultados de sequías prolongadas, de la reducción y la extinción de especies. Mucho menos los inmutan las enfermedades y las muertes de humanos, producto de la ferocidad del cambio climático. Pero esto no es solo tarea obligada de los países más desarrollados. Es un compromiso de todos.

Si el cambio climático es un compromiso global, que no exime a nadie, la educación de la República Dominicana tiene que ponerse a tono con lo que éste exige. El Ministerio de Educación, MINERD, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, unidos a otras instituciones del país, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y la red de instituciones que le dan seguimiento a la prevención de riesgos y desastres- COE, Defensa Civil y otros-, deben estar ya trabajando para diseñar un plan maestro que garantice información de más calidad y educación para afrontar el cambio climático. Este es un problema de Estado; y ninguna de las instituciones se pueden sustraer de éste. Para afrontar el cambio climático, no solo se pueden firmar documentos locales e internaciones. Se requiere trabajo definido, organizado y con implicaciones prácticas. Los Ministerios señalados están actuando con baja intensidad y de forma unilateral. Lo que tiene más fuerza es la exhortación, pero de ahí a la acción con incidencia real, hay poco. La educación para afrontar el cambio climático demanda una mirada profunda al currículo del ámbito preuniversitario y a los planes de estudios del ámbito de la educación superior. Asimismo, requiere una revisión de las estrategias implementadas por estas instituciones para que las poblaciones que lideran cambien actitudes y prácticas para la construcción de unas relaciones más amigables y respetuosas con la naturaleza. Estas instituciones han de evaluar sus aportaciones para que se cuide y se respete la vida de todos los seres que habitan el territorio dominicano. Es preocupante observar cómo se recrudecen los problemas vinculados al cambio climático y en el ámbito educativo todo continúa como si esto no estuviera ocurriendo. Ya es tiempo de replantear concepciones y prácticas en el desarrollo curricular y en el diseño y ejecución de los planes de estudios. También es tiempo de reenfocar la gestión de las instituciones que más directamente tienen una función educativa en el país. El trabajo que se realice tiene que generar una transformación en el modo de pensar y de tratar la naturaleza. Para avanzar en esta dirección, el gobierno tendría que explicitar su posición con respecto al cambio climático. Pero no es ampliar el discurso, es presentar la estrategia gubernamental para que en el país se realice un trabajo articulado desde todas las instituciones. Tenemos grandes retos en este campo y, sobre todo, un compromiso importante con la generación actual y con la futura.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/educacion-para-afrontar-el-cambio-climatico-9001194.html

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Universidades: Mi reino por un matiz

noviembre 5, 2021noviembre 1, 2021Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

A diferencia de las famosas frases que incluye Shakespeare en Ricardo III: ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! antes de que el rey muriese en la batalla del 22 de agosto de 1495, en 2021 —526 años después— en nuestro país necesitamos con urgencia gritar: ¡Un matiz, al menos uno! en tratándose de la discusión sobre las universidades, su estatuto autonómico constitucional y las tendencias ideológicas predominantes a su interior.

Por una parte, sin distinción alguna, el presidente López Obrador ha criticado a las universidades, sobre todo a la UNAM, por haberse “derechizado” de manera general, y ya no ser la previa al periodo neoliberal, de lo que se colige que, en ese entonces, estaba si no unánimemente a la izquierda del espectro político, sí de forma mayoritaria. A su vez, ha expresado que están, sin excepción, y en todos sus espacios, tomadas por mafias que, sin escrúpulo alguno, emplean los recursos públicos con la mayor opacidad para su propio beneficio de manera autoritaria. Del otro lado, en defensa de las instituciones, con especial énfasis en la Universidad Nacional, se ha respondido que no es así, pues se afirma una pluralidad a toda prueba; que la presencia de mafias o cacicazgos es falsa; que el empleo de los recursos es del todo transparente y que es democrática a través de sistemas de representación formal de toda la comunidad. ¿De qué lado está usted? Tiene que optar; una u otra. (Me hago cargo que ha habido respuestas que procuran no ubicarse en estas dos formas —gemelas— de simplismo ramplón, pero, a mi parecer, han sido las menos.)

Ninguna de las posiciones extremas resiste un análisis mesurado que dé cabida a la diversidad propia de estas instituciones, ayer y hoy. Y en esos dilemas estériles volvemos a caer en tierra baldía; nos enredamos otra vez y se vuelve deporte nacional adivinar las intenciones del jefe del ejecutivo, o la validez de los argumentos contrarios.

Bioy Casares señaló: “El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez”. Y no pensemos en la estupidez como un insulto, sino como la descripción de una incapacidad: el tumbaburros afirma que por tal ha de entenderse la “torpeza notable en comprender las cosas”. Así es.

Negar la existencia de grupos de interés ajenos a la lógica académica en las universidades es tan torpe como considerar que es así de manera absoluta. Señalar que la lógica neoliberal se ha adueñado de todas las relaciones entre los actores universitarios, resulta tan falso como negar su extendida influencia; del mismo modo, imaginar que antaño todo se orientaba al bien social, y ahora la única tendencia es contribuir a la conservación del injusto status quo resulta absurdo. Reducir todo a la maldad es idéntico a negar graves problemas.

Bien dice Sabina que “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”. También defender sin cortapisas la perfección actual es ingenuo. La vida social se caracteriza por claroscuros, y es donde los matices son necesarios. Es más: indispensables.

Si algo le urge al debate nacional sobre la educación superior y sus problemas antiguos y modernos, es abandonar esa constante torpeza en comprender la complejidad de las cosas. Y en otros temas, sin duda. ¿Seremos capaces de abrir espacios donde la ponderación en el juicio sea moneda de curso legal e indispensable? De no hacerlo, estaremos embrollados. Lo dicho: en las crisis, urgen los matices. ¿Habrá? Más nos vale.

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de

El Colegio de México.

mgil@colmex.mx

@ManuelGilAnton

Fuente: http://www.educacionfutura.org/universidades-mi-reino-por-un-matiz/

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Impunidad, miedo y silencio: el libro que desvela el acoso sexual en la ciencia española

octubre 30, 2021octubre 29, 2021Reseñas

Por: José Pichel

Ángela Bernardo publica ‘Acoso’, una obra pionera con testimonios de víctimas y datos sobre el acoso que sufren las científicas en universidades y centros de investigación españoles.

Cuando Beatriz sufrió tocamientos por parte de su jefe, arrinconada en una esquina del laboratorio y sin testigos, se quedó petrificada. Aquel día se había quedado trabajando hasta tarde y quería presentarle unos resultados, pero él tenía otro tipo de intenciones. Durante mucho tiempo, había ido incrementando su acoso hacia ella de forma gradual, pero la víctima no se dio cuenta hasta que se encontró ante ese abismo y se sintió culpable por no haberlo visto venir. A pesar del ‘shock’, ese día consiguió salir corriendo del centro de investigación, pero su vida ya se había convertido en una pesadilla. El director de su tesis doctoral, lejos de disculparse, comenzó a desprestigiarla ante el resto de compañeros, llamándola inmadura. Aunque el CSIC inició un expediente, lo archivó sin ningún tipo de sanción y la joven investigadora renunció a denunciar ante los tribunales. Al final, consiguió terminar su doctorado y abandonó la ciencia.

Este caso, paradigmático, es uno de los que recoge el libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española‘, editado por Next Door Publishers, que sale a la venta el próximo 27 de octubre. En poco más de 200 páginas, Ángela Bernardo Álvarez (León, 1988), biotecnóloga y periodista de Civio, recoge testimonios, habla con especialistas en acoso sexual y recopila los datos que hay en España sobre este problema. La autora va desgranando cómo las universidades y los centros de investigación españoles, como sucede en otros países, mantienen una estructura de poder y un grado de precariedad que hacen muy difícil que las investigadoras identifiquen si son víctimas de un acoso sexual o un acoso por razón de sexo (ambos atentan contra la dignidad, pero el primero es de índole sexual y el segundo tiene que ver con la discriminación por género), lo denuncien y encuentren apoyo.

El escándalo de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que a partir de 2017 acumuló decenas de acusaciones de acoso, abuso y violaciones en la industria del cine, dio alas al movimiento #MeToo (“yo también”) en muchos ámbitos, incluido el científico, e invitó a las mujeres a denunciar situaciones similares. De hecho, Beatriz, la investigadora del CSIC que aparece en el libro de Ángela Bernardo, asegura que en aquella época se sintió liberada al ver que no estaba sola, justo cuando intentaba acabar la tesis y dejar atrás lo sucedido.

¿Hasta qué punto es relevante el acoso en el ámbito de la investigación? Por un lado, el mundo científico y académico es parte de la sociedad y, por lo tanto, es susceptible de sufrir los mismos problemas. “La ciencia no es una burbuja aparte, aunque pueda parecer que tiene un halo de pureza y neutralidad, la investigación la hacen personas, así que los problemas que ocurren en la sociedad también se pueden dar en las universidades y en los centros de investigación”, explica Bernardo en conversación con Teknautas.

Por otro lado, el ámbito científico presenta algunas particularidades que incluso lo hacen más propenso a este tipo de conductas. En particular, el hecho de ser un sistema muy jerárquico, donde un jefe puede acumular bastante poder; y la precariedad, que afecta especialmente a las personas más jóvenes que lo integran. “Algunos metaanálisis publicados en EEUU plantean que las instituciones académicas, precisamente por su estructura jerárquica, pueden ser un lugar idóneo para que se den estas conductas de acoso”, comenta la autora. Además, “hay que tener en cuenta que el acoso sexual y el acoso por razón de género son fruto de un abuso de poder”.

placeholder — Investigadora en un laboratorio. (EFE)

A esto hay que añadir que las situaciones de precariedad laboral no solo fomentan la aparición de estos problemas, sino “que no se puedan prevenir, identificar o denunciar”. Las mujeres que se encuentran en una situación vulnerable desde el punto de vista laboral o económico tienen menos herramientas: eso es así en todos los ámbitos. Sin embargo, el libro deja entrever que es muy probable que se vean más atrapadas en las universidades y en los centros de investigación que en las empresas privadas, donde la movilidad laboral es más factible. Tal y como está configurado el sistema científico, con grupos de investigación hiperespecializados en estudios muy concretos, no es tan fácil abandonar un laboratorio y continuar una carrera científica en otra parte. “Cuando leí la tesis me sentí más libre”, confiesa Beatriz en sus conversaciones con la periodista.

Lo llamativo es que dentro de las mismas instituciones una científica corre más riesgo que otra mujer con otro tipo de trabajo. Al menos así se desprende de un informe, también citado en el libro, elaborado por el grupo de Esperanza Bosch, psicóloga y profesora de la Universidad de las Islas Baleares que es una de las mayores expertas españolas en acoso sexual. Al realizar un análisis sobre este problema en el ámbito de las universidades, comprobó que entre el personal de administración y servicios se detectan de forma más rápida estas situaciones. Una de las razones puede ser que disfrutan de mayor formación en prevención de riesgos laborales, donde se incluye esta cuestión.

Desconocimiento

“A todos nos suena el acoso sexual y el acoso por razón de género, pero los estudios indican que en realidad no identificamos muy bien en qué consisten”, comenta Bernardo. En una encuesta interna del CSIC, cuyos datos recoge la autora, un 1,9% de las personas encuestadas decían haber padecido estos comportamientos cuando se les pregunta por este concepto de forma genérica. Es decir, de 6.284 participantes, 119 (105 mujeres y 14 hombres) afirmaron ser víctimas, lo que se denomina “acoso sexual declarado”. En cambio, “cuando les preguntaban por conductas específicas, el porcentaje pasaba del 10%”, destaca. Esto muestra que hay un “’gap’ perceptivo”, es decir, que cuesta identificar ciertas experiencias personales como acoso. Por eso, “resulta fundamental poner ejemplos concretos para que sea más fácil para todos señalar y denunciar”.

Otra de las mujeres con las que habla la periodista, Julia (en este caso, un nombre falso) fue víctima de ciberacoso. Durante años recibió correos electrónicos que, en aquel momento, ella no supo interpretar como acoso sexual, pero que le obligaron a modificar su día a día para intentar no encontrarse con el profesor que se los enviaba en su camino al laboratorio. No obstante, incluso cuando las víctimas intuyen que viven una situación anormal, la vergüenza, el miedo a las represalias, el desconocimiento de que la misma persona puede estar acosando a otras víctimas y la falta de apoyo evitan que muchos atosigamientos salgan a la luz.

De hecho, la mayoría de la comunidad universitaria (un 92% de las estudiantes, según otro estudio) no saben si disponen de servicios de atención en los campus y, en cualquier caso, desconfían de si les van a atender bien o les van a resolver el problema. Y todo ello a pesar de que las universidades se han puesto las pilas antes que otros centros que se dedican exclusivamente a la investigación. La mayoría de los centros universitarios cuentan con unidades de igualdad y protocolos contra el acoso sexual, medidas que deberían haber implantado de acuerdo con la Ley de Igualdad de 2007, pero que no se cumple en todas (menos en las privadas, según el libro). Sin embargo, la situación es peor en los organismos públicos de investigación. Así, mientras que la mayor parte de las universidades recogen denuncias y ofrecen datos, en otros centros “o no se producen denuncias o no las han registrado”, lamenta la autora. “Evidentemente, estamos mejor que hace 10 años”, opina Bernardo, pero aún “lejos de una situación óptima ni deseable”.

La periodista reconoce que le costó localizar testimonios como los de Beatriz y Julia. “Fue difícil encontrarlas, recabar los testimonios y conseguir que hablaran, así que se lo agradezco mucho, porque creo que puede ayudar a otras investigadoras que pasen por situaciones parecidas para identificarlas mejor”, comenta. Pese a que han pasado años, “son situaciones dolorosas y resulta difícil volver a hablar de ello, pero una vez terminado el libro, al comentar con otras personas del trabajo que estaba realizando, me llamó la atención que mucha gente cercana a la ciencia me habló de casos que conocían”. La ley del silencio se impone incluso cuando han salido a la luz algunos comportamientos. Incluso en el ámbito judicial es complicado obtener estadísticas que ayuden a ver la dimensión del problema.

En busca de un revulsivo

¿El libro ‘Acoso’ será un revulsivo en la ciencia española? “Ojalá que pueda ayudar a sensibilizar y a dar a conocer estos problemas y que todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria o de organismos públicos de investigación se conciencien, porque todos tenemos sesgos o podemos pensar que no tenemos el suficiente poder para actuar o para intervenir en determinadas situaciones”, explica. Aunque los protocolos o las unidades de apoyo son imprescindibles, “también es importante actuar sobre el conjunto de la comunidad académica e investigadora, sobre todo porque los potenciales testigos pueden intervenir”.

Curiosamente, el colectivo encargado de realizar estudios científicos al servicio de la sociedad ha investigado muy poco sobre el acoso sexual, según la autora, “pero todavía menos sobre las personas que acosan”. Muy poco se sabe acerca de su perfil, aparte de que suelen ser hombres y estar en un puesto con cierta influencia y poder. “Cuando hablo con responsables de unidades de igualdad de género lo que comentan es que, en realidad, puede ser cualquiera”, pero tener más datos ayudaría a intervenir o a tratar de que evitar que las personas que han perpetrado estas conductas reincidan.

En general, en EEUU existe una mayor concienciación sobre el problema y quizá por eso está un poco mejor estudiado. En 2020 un artículo en la revista ‘JAMA’ recopiló casos de “conductas sexuales inadecuadas” en el ámbito de la investigación biomédica, hallando más de un centenar de casos en el que los acosadores (97,6% eran hombres) atosigaron a unas 2.000 víctimas (91,5%, mujeres). Los datos de este y otros estudios revelan que también hay acosadoras femeninas, aunque su porcentaje es muy bajo. Además, los ambientes más masculinos (por ejemplo, los centros de investigación relacionados con la astronomía, donde tres cuartas partes de los científicos son hombres) son más propensos a estos casos. Asimismo, la orientación sexual y la identidad de género también son factores de riesgo, de manera que el colectivo LGTBIQ+ es más propenso a sufrir estas conductas.

Necesidad de crítica en la ciencia

Si la investigación científica va por delante de la sociedad en muchos aspectos, ¿va por detrás en cuestiones sociales que afectan a sus propios miembros? “Hace falta ser críticos con la ciencia, con el trabajo que se hace y con los problemas que tiene. Es evidente que la ciencia ayuda a generar conocimiento y nos ayuda a desarrollar bienes y servicios como las vacunas frente al covid, pero también hay problemas dentro de ese mundo y es importante poner la lupa en ellos, que salgan a la luz y esto sea un revulsivo para el propio sistema científico”, destaca Bernardo.

De hecho, muchos científicos lamentan que el mundo de la ciencia parece ser muy tolerante ante otros problemas, como la precariedad laboral. De hecho, en nombre de la vocación y del esfuerzo, muchas veces se premian o se ensalzan actitudes que no serían aceptables en otros ámbitos, como trabajar sin remuneración o pasar un número de horas ingente en el laboratorio. “Todo esto es, precisamente, un caldo de cultivo para que surjan estos problemas”, apunta Bernardo. Si ya de por sí sería importante evitar esas situaciones, aún lo es más considerando que “propician que existan otros problemas como el acoso sexual, que es un delito”.

Fuente e Imagen: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-10-21/acoso-sexual-ciencia-espana-angela-bernardo-csic_3310165/?utm_source=pocket_mylist

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El Salvador: Alumnos de Facultad Multidisciplinaria Paracentral custodian instalaciones del edificio que Educación pidió a la UES desalojar

octubre 29, 2021octubre 27, 2021Noticias

América Central/El Salvador/29-10-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com

Desde la Asociación de Estudiantes de San Vicente se quiere impedir que entren personas ajenas a la institución. La Asamblea General Universitaria se pronunció pidiendo que cese el proceso de desalojo impulsado por el Ministerio de Educación.

Alumnos de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (UES), en San Vicente, mantienen custodiadas las instalaciones de la ex Escuela Superior de Maestros (ESMA); la medida se da luego de que el Ministerio de Educación (MINED) notificó a las autoridades universitarias que desalojen ese recinto sobre el cual existe un previo gestión de donación y donde se atienden más de 700 estudiantes, incluyendo los de un plan especial de formación docente de docentes activos.

Según imágenes e información que ha circulado en redes sociales, los jóvenes, que forman parte de la Asociación de Estudiantes de San Vicente (BREA), mantienen cerrados los portones de acceso en donde han colocado varias pancartas, para evitar que no entre nadie ajeno a la universidad y en rechazo a la decisión tomada por la actual titular de Educación, Carla Hananía de Varela, pues argumentan que no está honrando un compromiso que la cartera de Estado asumió a través de la anterior administración.

El ingeniero Roberto Díaz, decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, explicó que Educación les ha pedido que desalojen el inmueble en dos ocasiones, en la primera ocasión dijo que lo iban a utilizar para la entrega de paquetes escolares y reuniones; luego, la semana anterior, les manifestaron que lo utilizarían para desarrollar un plan de formación de profesores.

Díaz detalló, durante varias entrevistas, que ha explicado a las autoridades del MINED que la Facultad necesita contar con el espacio, al que ellos habían denominado Recinto Universitario Anastacio Aquino (RUAA) para seguir impartiendo las carreras de docencia, considerando que en su edificio principal solo cuentan con 23 aulas para atender a una población de 2,600 estudiantes.

Con anterioridad destacó que el inmueble es clave para la Facultad y estudiantes porque enfrentan un problema de hacinamiento.

Este lunes por la tarde la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo organismo elector y legislativo de la UES, emitió un pronunciamiento en el que exige “cese el proceso de desalojo y se continúe con el trámite de donación que garantice la concesión definitiva del Reciento Universitario Anastasio Aquino a favor de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral”.

El organismo de la UES, tras detallar que la primera petición de desalojar el inmueble llegó el 19 de octubre pasado, señaló que la Facultad afectada por la decisión ministerial administra cinco profesorados en educación, además de licenciaturas en plan complementario con 4 especialidades en educación, también la maestría en docencia universitaria y doctorado en educación con especialidad en cultura de paz y derechos humanos y otras maestrías.

“La Facultad Multidisciplinaria Paracentral hace uso del RUAA desde el año 2018 debido al alto nivel de demanda académica que existe y, ante la falta de instalaciones para llevar acabo las diferentes actividades académicas”, apunta.

Según el comunicado, la UES solicitó al MINED la donación del terreno en 2018 y recibió una respuesta positiva tras las presiones de estudiantes de la Facultad; tras lo cual las autoridades universitarias realizaron un estudio topográfico para presentarlo al Centro Nacional de Registros (CNR), pero debido a que este recibió observaciones hicieron un nuevo estudio que fue enviado en 2019 al CNR y si bien les informaron que no se podía solicitar modificaciones al plano, ellos volvieron a mandar nota a la ministra Hananía de Varela para solicitar que se siguiera con el proceso de donación: “Su respuesta fue que no tenía interés, sino que tenía otros planes para la edificación”.

La AGU detalla que ante la negativa de la titular de Educación se gestionó ante la Vicepresidencia de la República, pero esta recomendó solicitar una reconsideración ante la ministra, pero la respuesta volvió a ser negativa.

En este contexto la AGU también exige que se respete el derecho de los estudiantes universitarios para hacer uso de las referidas instalaciones, además, “que las autoridades del gobierno central respeten la autonomía universitaria y brinden los recursos suficientes y necesarios, que permitan la formación de los estudiantes y profesionales”.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-superior-ues-ministerio-de/893486/2021/

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En defensa de las Instituciones de Educación Superior Públicas

octubre 28, 2021octubre 25, 2021Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP), también han sido afectadas por políticas a través de “recortes” y programas de austeridad…»

La universidad es un espacio social, educativo, plural, incluyente y diverso

Hace unos días, el presidente López Obrador lamentó que la “Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos”, y señaló que todas las instituciones de educación superior “fueron sometidas al pensamiento neoliberal”. (1)

AMLO también calificó a la Universidad como “individualista”, además de decir que “perdió su esencia de formación de cuadros y profesionistas para servir al pueblo”.

En la mañana del viernes 22 de octubre, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, matizó lo dicho por el mandatario un día antes: “los neoliberales subordinaron la educación de universidades públicas a los dictados del mercado. Se dejó de lado el humanismo y la visión social. Quisieron acabar con la educación gratuita y reducir la matrícula, pero la comunidad universitaria defendió el derecho a la educación.” (2)

Aunque oportunas, las afirmaciones del jefe de comunicación social de la Presidencia no han limado las asperezas generadas por su jefe inmediato en el seno de las comunidades académicas.

Los contextos

Las declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo Federal fueron dadas a conocer durante una más de sus conferencias de prensa de la mañana, en Palacio Nacional. Lo menos que se puede decir es que se trata de declaraciones polémicas y que generan múltiples reflexiones.

Hay que recordar que la universidad y las instituciones de educación superior públicas de México, en general, llevan a cabo sus funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) en condiciones adversas desde hace más de 40 años. Sobre todo, las limitaciones presupuestales o de financiamiento público han sido la nota permanente durante el precario desarrollo de estas instituciones educativas a lo largo de las últimas 4 décadas. ¿Por qué lanzarse a criticarlas sin tomar en cuenta esos contextos?

Ciertamente, no ha habido bonanza en las universidades públicas porque la economía nacional ha pasado también por situaciones difíciles. Tales condiciones económicas (como el limitado crecimiento del PIB) han sido el resultado de la aplicación de un modelo económico hegemónico, por parte de los gobiernos priistas y panistas (“tecnócratas” se les llamaba antes; hoy denominados por el presidente como “neoliberales”). De esta forma, las instituciones de educación superior públicas (IESP), también han sido afectadas por dichas políticas públicas, a través de “recortes” y programas de austeridad. Esas son condiciones de contexto que necesitamos entender y no olvidar.

Y comprender también que el pensamiento político y económico dominante (cuyo contenido se orienta hacia la liberación de aranceles y el comercio internacional, o la privatización de sectores de la economía administradas por el Estado, etc.), así como la aplicación de las políticas públicas económicas y sociales “neoliberales” en países de América Latina y el Caribe, no son exclusivos de la región sino que han prevalecido en el mundo durante varias décadas.

También es necesario entender que los movimientos sociales y culturales que critican o se oponen a ese tipo de modelos económicos y políticos públicos conservadores, han surgido (aunque no exclusivamente) de las universidades o instituciones de educación superior públicas, porque dichas instituciones son espacios educativos de reproducción de ciencias, técnicas y humanidades, pero también de producción de conocimientos originales en todos esos campos.

Por lo tanto, en las IESP caben lo mismo la crítica, que la coincidencia razonada o la discrepancia abierta en torno a tales modelos económicos o políticos. Ahí, es decir en las IESP, se han puesto en movimiento los estudios y las investigaciones más amplias y rigurosas sobre el florecimiento, desarrollo y decadencia de los diferentes modelos económicos, sociales y regímenes políticos. Ahí es donde se estudian los cambios o las transformaciones sociales, históricas, educativas y culturales de todos los tiempos.

Cabe recordar que tanto en el debate público entre Caso y Lombardo (1933) como en la discusión pública registrada entre José Narro e Imanol Ordorika, (en el seno del Congreso Universitario de 1990), sobre el destino de la universidad, se constató la coexistencia de diversas posiciones ideológicas y políticas en la UNAM. En ambos casos no hubo triunfadores ni derrotados, sino el reconocimiento de la universidad como un espacio social, educativo, plural, incluyente y diverso.

No hay ninguna duda que las IESP hacen su trabajo en condiciones de desventaja y con grandes limitaciones, especialmente en contextos de crisis económicas continuas como las que se han vivido en nuestro país. Por ello, la defensa de la escuela pública, en general, habrá de pasar por la defensa y el reconocimiento de sus comunidades educativas, primero, es decir, de sus figuras académicas (docentes, investigadores, técnicos) y de sus estudiantes. Pero, en segundo lugar, admitir que la defensa de las IESP también se ejerce desde los espacios del poder político.

La crítica radical hacia las élites que gobiernan a las IESP es un tema paralelo, que no tiene por qué generalizarse hacia todos los integrantes de las comunidades académicas y educativas.

Si hay algo que deba investigarse judicialmente, en el ámbito de los manejos de recursos públicos, habrá de hacerse con el fundamento y el apego legal que correspondan, y con los procedimientos que se tienen a la mano para ello. En esa parte, se puede coincidir con la necesidad de hacer más transparentes y abiertos los ejercicios de las finanzas públicas de las IESP, pero ello no justifica la descarga de juicios sumarios desde Palacio Nacional en contra de ellas.

Invito al presidente de la República a visitar a las IESP. Quizá está desactualizado acerca de la pluralidad ideológica, cultural y social que nos caracteriza.

Fuente consultada:

(1) Laura Poy y Fabiola Martínez. Reitera AMLO críticas a la UNAM y lamenta que “se haya derechizado”. La Jornada, 22 de octubre, 2021.

(2) Mensaje en Twitter (cuenta: @JesusRCuevas) el viernes 22 de octubre, 2021.

Juan Carlos Miranda Arroyo: jcmqro3@yahoo.com y @jcma23

Fuente de la información: https://profelandia.com

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