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España: Sentada de universitarios en el Ministerio de Educación para protestar por la política de becas

Europa/España/16 Julio 2017/Fuente: 20minutos/Autor: EUROPA PRESS.

Más de una veintena de estudiantes se han encerrado desde la tarde de este viernes en un edificio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde han pasado la noche, para exigir al Gobierno que «no ignore» a los miembros del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y que negocie con ellos el Real Decreto sobre becas que se prevé que se apruebe este mes de julio.

Los jóvenes acudieron el viernes a la reunión del Consejo de Estudiantes Universitarios para debatir el decreto de becas que el Consejo de Ministros tiene pendiente aprobar antes de que termine julio y que regulará los umbrales de patrimonio y renta requeridos para poder acceder a una beca, así como la cuantía de las becas y ayudas al estudio del curso que viene. Según criticó la organización estudiantil CREUP tras el encuentro, a la reunión no acudió el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, algo que los representantes estudiantiles consideran «un desprecio».

Tras el encuentro, según relata una de las jóvenes que participa en la protesta en un vídeo desde la estancia en la que han permanecido toda la noche haciendo una «sentada» de protesta, los representantes estudiantiles mantuvieron una negociación de 5 horas con personal del ministerio que terminó sin alcanzar un acuerdo. «

Nos plantaron», aseguran los estudiantes. «Queremos que se convoque al CEUNE, pero no queremos un CEUNE como el de hoy en el que se quede todo de puertas para adentro. Queremos una negociación efectiva y no pedimos que sea vinculante porque sabemos cómo son estas instituciones y no podemos hacerlo, pero queremos que haya una negociación tenga un peso y que sea decisiva», exigía durante la reunión una de las representantes estudiantiles durante la reunión del viernes.

Entre las exigencias de la protesta, según explicaba la estudiante, figura llevar a cabo una negociación sobre el decreto de becas que lleve aparejado «un compromiso de puertas para afuera» por parte de Méndez de Vigo y que éste comparezca con los estudiantes en una rueda de prensa para anunciarlo públicamente. «Hasta entonces nos vamos a quedar aquí sentados esperando a que se muestre ese compromiso», aseguraba.

Fuentes del Ministerio de Educación han indicado que el titular de Educación, que es también portavoz del Gobierno, tenía que asistir al Consejo de Ministros y que ha estado «perfectamente representado» por el secretario general de Universidades, Jorge Sáinz. Las mismas fuentes han defendido que el sistema actual «impide que los jóvenes se queden sin estudiar por motivos económicos» mediante el mantenimiento de los umbrales de renta y han recordado que el ministerio no va a rebajar la nota media para optar a las ayudas del 5,5 al 5, en línea con la «defensa de la cultura del esfuerzo».

El proyecto de real decreto de becas pasó por el Consejo de Universidades a principios del mes de mayo, que emitió un informe desfavorable. Los rectores consideran que la nota para las becas de matrícula tiene que volver al 5, una reivindicación que se mantiene desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy elevara los requisitos académicos.

Fuente de la noticia: http://www.20minutos.es/noticia/3091857/0/estudiantes-encerrados-ministerio-educacion-becas-universitarias/#xtor=AD-15&xts=467263

Fuente de la imagen: http://cdn.20m.es/img2/recortes/2017/07/15/510936-944-705.jpg

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España: Medio millón de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios

España/Mayo de 2017/Autor: Ferran Barber/Fuente: Público

“Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

Si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.

“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.

En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.

El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.

Juicio político

Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.

Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya.

Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.

Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.

La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

El entierro se prolongó durante 31 días, pero sólo a partir de la tercera semana se cerraron las puertas de las instalaciones para impedir el acceso de los trabajadores, a modo de medida de presión y a imitación de lo que habían hecho recientemente otros activistas en la Universidad de Barcelona contra los que, sin embargo, no hubo represalias. A mediados de mayo de 2013 y sin que la policia interviniera en el desalojo, los estudiantes abandonaron el edificio de vacío.

Ni hubo concesiones, ni se produjeron detenciones o se abrieron expedientes, pero al cabo de los días, Silvia Carrasco, se presentó en unas dependencias policiales como vicerectora de Estudiantes para presentar una denuncia contra uno de los imputados, Oriol Guerra, a quien responsabilizaba especialmente del escrache del que había sido víctima. Esta denuncia fue ampliada posteriormente en una segunda demanda interpuesta por el rectorado de la UAB, que adjuntó un documento de 600 páginas donde se detallaban pormenorizadas descripciones de las actividades de la oposición, “producto del espionaje”.

La ficción que, a juicio de la defensa, construyó la rectoría con la ayuda de Carrasco y de varios becarios venía a asegurar que existía un entramado criminal compuesto por las secciones sindicales del profesorado precario y los trabajadores de servicios y la administración, asi como por la CGT, el Sindicat d’Estudians dels Paisos Catalans (cercano a la izquierda independentista catalana) y los Colectivos Asamblearios de la Universidad y la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC). Fue también en esas denuncias donde se propocionaba el listado de los 27 participantes en la ocupación que finalmente van a ser procesados, de acuerdo a una petición del fiscal que, según los imputados, asume a pies juntillas “el constructo fantasioso de la rectoría para represaliar por la vía judicial cualquier intento no tutelado de disidencia”.

El juez acepta los argumentos del fiscal

En palabras de Ermengol Gassiot Ballbé, “el listado de 27 incriminados presentado por Carrasco y posteriormente asumido por la rectoría y la fiscalía incluía a dos estudiantes señalados de cada facultad, lo que viene a confirmar la voluntad política que tenían los denunciantes de decapitar el movimiento estudiantil endureciendo la represión de los movimientos sociales en los campus. Esto es una tendencia general en todo el estado español, donde vienen produciéndose de forma sucesiva un goteo de denuncias contra los líderes estudiantes de protestas en universidades del País Vasco, Lleida o Cantabria, entre otras. Es obvio también que cargaron contra la CGT debido a la fuerza y la representatividad que el sindicato anarquista ha ido cobrando entre el profesorado precario de las universidades barcelonesas”.

Entre las prácticas franquistas que en opinión de los imputados utilizó contra ellos el anterior equipo rector de la UAB se hallaba la utilización de fondos públicos para espiar las actividades públicas de los líderes más señalados sirviéndose de los servicios universitarios de seguridad. “La universidad identificó y estigmatizó a algunos de nosotros, mientras trataba de extender la falsa idea de que algunos profesores entre los que me cuento nos servíamos de los campus para fabricar kale borroka y arrojar a los estudiantes contra el sistema”, precisa Gassiot Ballbé.  Incluso el modo en que la fiscalía estructuró su escrito de acusación guarda semejanzas con el del sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco”.

A la defensa de los 27 encausados le ha sorprendido que el magistrado de Cerdanyola del Vallés haya aceptado los argumentos del fiscal en su acto de apertura oral del juicio, aunque el juez Claudio Alejandro Montero Fernández era ya bien conocido por otros polémicos autos anteriores, como el que dictó el 27 de septiembre de 2012 ordenando el desalojo de la masía de Can Piella en un plazo de diez días, contradiciendo así la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Girona, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, que en su día dictaminaron que ese tipo de litigios relacionados con la ocupación de fincas abandonadas deberían dirimirse por la vía civil.

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya.

Por otro lado, en el transcurso de las movilizaciones que se han llevado a cabo contra el juicio desde la primavera de 2013, resultó quemada la furgoneta personal de Ermengol Gassiot, cuando permanecía estacionada en la población de Terrassa. Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, tan sólo un día después de una protesta contra el procesamiento judicial de los 27 activistas. Gassiot ignora las razones de los hechos o si, en verdad, se hallan vinculadas con su participación en este caso. De lo que no alberga duda alguna es que el vehículo fue quemado deliberadamente en represalia por alguna de sus actividades anarcosindicales. Los 4.000 euros en los que se cifró el valor del vehículo fueron recogidos en tan sólo unas horas mediante una campaña de crowdfunding organizada en beneficio de Gassiot.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html

 

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El Salvador: La marcha de UES y la cara más hostil contra el segundo gobierno de izquierda

El Savador / www.lapagina.com.sv / 2 de Mayo de 2017

(VIDEO) Organizaciones sindicales del sector judicial, educación, salud, veteranos de guerra y excombatientes se concentraron en la entrada principal de la Universidad de El Salvador para protestar contra las medidas del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo sirvió este lunes no solo para elogiar las acciones del Gobierno.
Una marcha impulsada por distintos sectores se convirtió en la cara más hostil contra el segundo Gobierno de izquierda a quien acusan de llevar al país a «un caos» económico.
Organizaciones sindicales del sector judicial, educación, salud, veteranos de guerra y excombatientes se concentraron en la entrada principal de la Universidad de El Salvador para protestar contra las medidas del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Criticaron desde la implementación de impuestos, recortes de subsidios como del gas propano y la delincuencia que vive el país, entre otros.
«No podemos hablar de un Buen Vivir», dijo Stanley Quinteros, principal dirigente del Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador en alusión al Festival del Buen Vivir, que impulsa el Gobierno.
«Ahora hemos transcendido, porque no podemos decirle a este Gobierno que con esos impuestos que nos ha implementado, con esos recortes al subsidio que se están dando, con ese manoseo a nuestras pensiones», señaló Quinteros.
Dijo que a raíz de las decisiones del Gobierno el país atraviesa «un caos económico, socialmente y porque no decirlo, estamos haciendo afectados por la represión de estas políticas de Estado».
Quinteros señaló que son acciones «neoliberales en contra de todo un pueblo y de la clase trabajadora… nuestra marcha es la marcha alternativa de la clase trabajadora y la que no es del comité de aplausos para este Gobierno».
Entre otras demandas está la aprobación de una reforma de pensiones que beneficie especificamente a los trabajadores.
«Hemos presentado una propuesta alternativa administrada por los trabajadores y para los trabajadores», expresó.
Enfatizaron que esta es solo una muestra de sus acciones para que el Gobierno le apueste a a trabajar para la clase laboral del país.

La marcha salió desde las instalaciones de la Universidad Nacional de El Salvador hasta el momumento de la Constitución.

Fuente:http://www.lapagina.com.sv/nacionales/127783/2017/05/01/La-marcha-de-UES-y-la-cara-mas-hostil-contra-el-segundo-gobierno-de-izquierda

 

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Protestas en Hungria contra el proyecto de ley para regular las universidades

Europa/Hungria/02 Abril 2017/Fuente:Euronews/Autor: Andrea Hajago

El Gobierno húngaro prosigue su particular cruzada contra cualquiera que cuestione su política. Uno de los últimos proyectos de ley prevé modificar la regulación de los centros de educación superiores que dependen de instituciones extranjeras. Una de las afectadas sería la Universidad centroeuropea (CEU) que financia el filántropo estadounidense de origen húngaro, George Soros.

Sus alumnos están inquietos. “Todos los estudiantes deberían preocuparse, yo estoy muy preocupado con la situación, no sólo respecto a la Universidad Centroeuropea sino con todo este movimiento en contra de nuestra sociedad abierta en Hungría en general”, ha dicho Mark, un estudiante vietnamita.

Las nueva regulación afectaría al sistema de acceso de los alumnos y a la contratación del profesorado como ha explicado su rector, Michael Ignatieff: “Una universidad libre no puede funcionar en ningún sitio de Europa a menos que se garantice la libertad de cátedra, en las contrataciones, en la elección de los estudiantes. Y el proyecto impone restricciones gubernamentales en todo esto”.

Desde el Gobierno húngaro afirman que, pese a las protestas, no habrá marcha atrás en las medidas previstas.

“Todo esto no es más que una muestra de histeria, a veces de histeria política desde nuestro punto de vista. Las universidades extranjeras no pueden engañar a los estudiantes, no pueden abusar de su posición, y si operan en Hungría, tienen que hacerlo de acuerdo con las leyes húngaras”, ha explicado el portavoz del Gobierno húngaro, János Lázár.

En estos momentos hay 28 centros de educación superior extranjeros en Hungría.

Fuente de la noticia: http://es.euronews.com/2017/03/30/protestas-en-hungria-contra-el-proyecto-de-ley-para-regular-las-universidades

Fuente de la imagen: http://static.euronews.com/articles/361994/256x144_361994.jpg

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Piden recursos para educación en España

España/Marzo de 2017/Fuente: Excelsior

Estudiantes y profesores secundaron ayer una huelga educativa en España para protestar por los recortes en el sector y para reclamar la derogación de la polémica reforma educativa aprobada en 2013 por el gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Los paros fueron convocados desde nivel secundaria hasta la universidad. En Madrid y Barcelona varias marchas recorrieron las calles.

El principal reclamo es que se retire la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, cuyos puntos más controvertidos se encuentran suspendidos mientras avanzan las negociaciones hacia un pacto educativo en el país.

El ejecutivo de Rajoy aseguró que la incidencia de los paros fue “mínima”. Sindicatos y colectivos educativos, sin embargo, consideraron “un éxito” el seguimiento.

La jornada apenas registró altercados. En Madrid, la policía entró por la mañana en la Universidad Autónoma, donde un grupo trataba de impedir el paso a los estudiantes.

En esa ciudad unos dos mil manifestantes denunciaron los recortes presupuestarios y la disminución de fondos para becas.

SE ABRE BRECHA ENTRE PARTIDOS

La corrupción abrió en las últimas horas una brecha entre el Partido Popular (PP) de Rajoy y el liberal Ciudadanos y puso al borde del precipicio el pacto que ambos firmaron en octubre y que permitió al líder conservador convertirse en presidente del gobierno español pese a su minoría en el Parlamento.

La decisión de los liberales de aliarse con el resto de la oposición para crear una comisión de investigación en torno al PP por su presunto financiamiento ilegal no gustó a los conservadores, aunque en las últimas horas rebajaron el tono contra sus socios.

“Es un gesto de hostilidad contra el PP y de una enorme deslealtad por parte de nuestro socio preferencial”, llegó a decir el miércoles el portavoz parlamentario de la formación, Rafael Hernando.

Ciudadanos, cuarta fuerza parlamentaria, fue el principal apoyo de Rajoy hace cuatro meses en su investidura, que superó tras un primer intento frustrado y después de casi un año negociaciones que tuvieron en vilo al país.

Ese apoyo, sin embargo, estaba supeditado a un pacto que incluía medidas sobre regeneración democrática, entre ellas, la creación de una comisión de investigación sobre el financiamiento del PP en el Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento de España.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/10/1151222

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Uganda: Makerere University Management sets january 02 for reopening

África/Uganda/02 Enero 2017/Fuente:Allafrica /Autor: Damali Mukhaye

Resumen: La gestión de la Universidad de Makerere ha resuelto que la institución se volvió a abrir el 2 de enero, para permitir la realización del primer semestre. La decisión fue tomada en una reunión de la alta dirección de la puerta cerrada.

The management of Makerere University has resolved that the institution be reopened on January 2, to allow for the completion of the first semester.

The decision was reached this (Wednesday) morning in a closed door top management meeting.

Mr Barnabas Nawangwe, the Deputy Vice Chancellor Finance and Administration told Daily Monitor that management awaits the final decision from the council, the top governing body, so that the university can resume operations on the agreed date.

«As management, we agreed to open the university on January 2, so as to compensate the lost time and allow students to sit for their exams. We also agreed that graduation takes place in early March. Students will break off for a one-week holiday before the second semester starts,» he said.

This comes after lecturers voted to suspend their strike to allow the visiting committee appointed by President Museveni to perform their work.

President Museveni closed Makerere University six weeks ago after students went on strike demanding that lecturers who had earlier gone on strike demanding for nine months accrued arrears to resume teaching as they pursued their demands.

Fuente de la noticia: http://allafrica.com/stories/201612210554.html
Fuente de la imagen:
http://allafrica.com/download/pic/main/main/csiid/00380201:c2f194885bd362a3269e87e334ceb6ed:arc614x376:w285:us1.png
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Sudáfrica: The fight for free education and the lessons of the student movement

África/Sudáfrica/Noviembre de 2016/Autor: Ben Morken/Fuente: Marxist

RESUMEN: Esencialmente, la lucha de los jóvenes de hoy refleja la crisis del sistema capitalista que no puede ofrecer ningún camino para las masas. La lucha amarga es un punto de inflexión para la sociedad sudafricana, que ha visto surgir durante la última década las contradicciones de clase. Los estudiantes y la intelligentsia son un barómetro sensible del estado de ánimo en la sociedad y sus luchas hoy son una anticipación de lo que está por venir. Demuestran que hay una cólera y una frustración profundas en la situación actual.

Essentially, the struggle of the youth today reflects the crisis of the capitalist system which cannot offer any way forward for the masses. The bitter struggle is a turning point for South African society which has seen class contradictions rising over the past decade. The students and intelligentsia are a sensitive barometer of the mood in society and their struggles today are an anticipation of what is to come. They show that there is deep anger and frustration at the current state of affairs.

A crisis of the regime

Starting off as a movement against tuition fees and for free education, the movement has gone way beyond these immediate issues. The violent crackdown and the arrogance of the government has politicised and radicalised the movement. The intensity and sweep of the protests, in turn, have captured the attention of all classes. As the situation unfolds on a daily basis, the government seems increasingly paralysed and does not know how to proceed. The ground is shifting beneath its feet and it wields no authority over the movement.

This inability to rule in the old way is a signal of an approaching revolutionary crisis. The traditional support base has grown disillusioned with the ANC which has been presiding over all the cuts and attacks against the workers and the youth since taking power in 1994. This is reflected in the violent crackdown of the government against the movement. It shows the increasing inability of the ANC to exercise its traditional function for the ruling class of holding back the mass movement. The bourgeoisie on the other hand, does not have an alternative to the ANC. This has plunged it into a profound crisis.

Consumed by infighting, the government is completely out of touch with the situation. This is evident in its latest attempt to “resolve” the crisis. President Zuma created a task team which initially consisted of ministers of the Security Cluster – Defense, Justice, Police, Correctional Services and State Security. This speaks volumes of the government’s approach to the protests. Zuma has belatedly included the ministers of Finance, Communication, Housing and Social Development after a call by the ANC. But this only adds to the inept and clumsy manner in which the government is handling the issue.

The militarisation of the campuses is actually having the opposite effect of its intended purpose, because it only pours fuel on the fire. The ruling class is split and lacks the necessary internal cohesion to respond effectively. The regime is in a deep crisis, which has been caused by the rising tide of the class struggle. The student movement is exacerbating this crisis.

Social origins

The student protests themselves have their roots in the upsurge of the class struggle of the recent period. It is part of a broader process, which has taken place over the last few years, in which the masses have again and again taken to the road of mass struggle in search of solutions to the social and economic crisis they face. Over the last decade there have been waves of mass struggle which have taken various shapes and forms. These struggles, especially in the period between 2009-2012, saw an explosion of strikes which battered the political landscape and ushered in a period of political realignment.

The capitalist policies carried out by the African National Congress and the militant response by the workers resulted in the former mass liberation movement beginning to fracture along class lines. The turning point was the Marikana massacre which saw the ANC responsible for apartheid era atrocities against striking poor black workers. Huge class contradictions have since emerged between the ANC leadership which has the joined the ranks of the ruling class, and the working class masses that supported it for decades. The crisis in the Tripartite Alliance, the splits in the trade union movement, the emergence of forces to the left to the ANC, as well as a number of community based organisations, are products of this process.The student protests are the latest phase in this line of development.

On the one hand we the leadership of the ANC and its allies, which have joined the capitalist club, mostly backed by the older generation of the former liberation movement. On the other hand, we have the new generation of youth that is bearing the brunt of the capitalist crisis and the consequences of  the 1994 “transition”. The outcome of those negotiations between the leaders of the black elite and the traditional white capitalist class resulted in a deal in which the ANC leaders were allowed to form the government while the economy was kept in the hands of the capitalists. What we are currently witnessing are the natural consequences of that deal.

Under capitalism, the great wealth which is created by the South African working class is appropriated by the capitalists. An anarchic and crisis ridden system which relentlessly pursues profits for the few cannot be reconciled with the basic material needs of the masses. This is a generation disillusioned with the results of capitalists democracy, which has not given them much aside from a prospect of a life of unemployment and constant attacks on living standards. And now they are fighting back.

A new generation of fighters

Protests over tuition fees are not a new phenomenon. As part of the general upsurge in the class struggle, they have been ongoing at the poorer black universities for a number of years.  These protests were largely left to fester so long as they were confined to universities such as TUT, UWC, CPUT and Fort Hare. But with the current upheaval at Wits, UCT, Rhodes, etc, the protests have spread to the middle class. This is an indication of the deteriorating material conditions of the masses.

The most militant layer of the protests consists of the so-called “born free” generation, i.e, those born after 1994. This fresh layer of youth is unshackled from the politics of the liberation era and only know the convulsive period we live in now. Outraged by the effects of the crisis of capitalism and galvanised by the local and international fightback by the masses, the youth have taken to the road of struggle.

Thrown into the cauldron, the fresh layers show enormous militancy and heroism but the lack of experience also places many obstacles before the movement. In the initial stages it is only natural that the movement goes through a period of confusion. But in order to succeed and to take the struggle to a higher level it necessary to overcome these weaknesses.

In their fight against the state for free education, the students have shown enormous bravery and sacrifice. The scenes of daily battles at all the universities across the country show the determination and revolutionary zeal of the youth. But the demands of the students have not been met despite a month of intense struggle. This shows that courage and determination alone are not sufficient to win. Had this been the case, capitalism would have been overthrown decades ago. What is needed is a correct programme, correct tactics and a truly fighting leadership.

The student leaders

When the student protests erupted in October 2015 they immediately took the form of a mass movement. The key reason for this was the intervention of the South African Students Congress (SASCO) which was involved from the beginning and provided an important national framework for the movement. Within a week, students began to mobilise not only on their own campuses but also between universities. This mobilisation was then coordinated at a national level. Marches and mass demonstrations were held on consecutive days in Cape Town, Johannesburg and Pretoria to protest at parliament, Luthuli House and at the Union Buildings respectively.

The mass character of the movement came as a shock to the government. Within two weeks the size and increasing militancy of the movement forced the government to announce a freeze in tuition fees in a desperate attempt to put a lid on the protests. This is an important lesson. It was the scale of the protests and the threat it posed to the system that forced the government to retreat.

This year, however, the SASCO leadership has scandalously declined to support and organise the students. On many campuses some SASCO leaders have even spoken against the students and have protected the government. This goes against the whole purpose of SASCO, which was set up by the students to represent them and to fight for good quality and free education. Together with another traditional organisation, the South African Union of Students (SAOS), the SASCO leaders are often seen as being in cahoots with the government. Many of the student leaders are seen as using the movement as a stepping stone to advancing their own political careers.

It is clear that the aim of the concessions to the movement last year was purely to buy time for the government. But while the government was preparing a counterattack over the past year the student leaders at some universities began to shut the movement down. The mass based character and vital coordination between universities was broken and replaced by an atomised movement wherein the numerous demands were fought on a campus-by-campus basis. This false dichotomy which was created between local and national demands led to the atomisation of the movement.

Over the past year, universities across the country have become a hotbed of activity. Protests against a lack of accommodation, financial exclusion, the curriculum, institutional culture and outsourcing of university workers cropped up at almost all universities. But everywhere it lacked the mass character and necessary coordination of last year. Instead of linking up the demands centrally and waging a national struggle against the government and the system as a whole, the movement began to fracture into its different tendencies. The consequence of this was that when the movement erupted again it lacked the nationally coordinated struggle of last year.

This has had very serious consequences for the movement. The actions – or rather, the inaction – of the student leaders has only assisted the government in tiring out and isolating the students. This could lead to the defeat of the movement. Apart from exceptional cases such as at Wits University, the protests have by-passed the official Student Representative Councils at universities.

Organisation

This is a healthy reaction towards the actions of the student leaders, but it does not solve the problems of the movement. The solution to bad leadership is to find better, committed and selfless leaders. The only way to ensure this is to make the leadership structures as democratic and accountable as possible with the right to recall of any leader who fails to carry out the mandates of the students in an acceptable way.

The pitfalls of the atomising of the movement have been apparent. Instead of speaking with one voice, the fractured movements began to speak past each other. This has made the protests more disjointed and the demands less clear. The government and the hostile media have used this incoherence to distort and misrepresent the demands of the students.

The lack of a national and mass based movement also led to the isolation of different groups from the broader student body. Meanwhile the smaller core of the movement, which was radicalised under the crackdown, began to employ tactics such as the burning of libraries, stoning of cars, and other similar actions. This provided the perfect pretext to the state to further isolate student leaders and crack down on the protests. The disconnection between the advanced layers of the students and the wider student base only serves to isolate and fracture the movement, making it easier for the state to clamp down on the protests. This could open the road for a counter-attack by the ruling class.

The lack of national organisations and mass oriented tactics is a clear weakness which the movement must attempt to overcome. It is not possible to fight the centralised capitalist state machine with disunity and disorganisation. The way forward is to build on the best methods of the movement last year: democratic mass student assemblies where everyone is allowed to speak freely and give their opinion. Only in this way can the movement build the necessary momentum and draw in the necessary forces to proceed. These assemblies should choose delegates to a national student congress where all the demands could be taken up on a central basis. The only way to proceed is with maximum unity and organisation. All methods of disunity and atomisation will only mean that it will be easier to isolate the individual groups of protesters and thereby weaken the movement as a whole.

A political struggle

The lack of a national coordination also leads to a political weakness. While the demand for the abolition of university fees is still at the centre of the struggle, this does not exhaust the question of a programme.

Of course, the movement is not uniform but contradictory. The specific conditions and demands vary from one campus to another. The conditions and dynamics at Wits, Rhodes, Stellenbosch and UCT are different from the traditionally black universities like TUT, CPUT, UWC, VUT, etc. This in itself is not a problem. The different layers of society always come to revolutionary conclusions on the basis of their own concrete situations. The key is, however, is to link up the struggles by generalising the local and individual demands into a programme which can unify the struggles on a national scale and draw in new layers. The more localised the coordination of the movement remains, the harder it is to develop such a programme.

While the movement was initially sparked by the raising of tuition fees, the demands have gradually expanded to areas such as as tuition funding for poorer students, reduction of the university managers’ incomes, an end to outsourcing, raising government funding for higher education, cancellation of student debt as well as racial inequality issues. But these demands are not centralised and also don’t quite reflect the real stage at which the movement is at. The violent crackdown of the police and the coordinated efforts of the bourgeoisie to crush the movement has pushed the movement far beyond the initial aims and demands towards a direct struggle against the Zuma government. The demand for the fall of the Security Cluster and the Minister of Education would help focus the movement and would find a wide echo amongst wide layers of the working class. But the demands of the movement, insofar as they exist, mainly reflect the initial phases of the movement.

The working class

While the youth can play an important part in the class struggle, they cannot directly influence economy or the key levers of power in society. As we have stated above, the student protests are part of the broader class struggle, which in turn is a result of the crisis of capitalism. Due to their role in the large scale production process, the workers are central to any action to fight the capitalist system. The limitations of the movement to purely a student strike can be seen in the current protests. While they have succeeded in disrupting the normal functioning of the universities, they have had no effect on the functioning of the economy. The mines, banks, supermarkets and factories are all running normally. It is therefore crucial for the student movement to find ways of linking up with broader layers of the workers and the poor.

Last year, the movement led straight to a campaign against outsourcing at the universities. This instinctive turn of the students toward the working class was a huge step forward. Significant victories were won at a number of universities. It is necessary expand this method, broaden the scope of the campaign and raise the level of the movement.

The student struggle must be linked up with the struggles of the working class as a whole by developing a systematic approach to the workers. Firstly, the main demands of the workers, including an end to labour brokers, a living wage and an end to service delivery cuts, should be a key part of the students’ programme. This should be accompanied by student delegations being sent to all the big factories and big enterprises to appeal to the workers.

A revolutionary leadership

Those who oppose the struggle of the youth on the grounds that they do not have a clear programme should explain where such a programme should come from. It is a fact that of all the organisations which were built to represent the South African masses, none of them has managed to serve their purpose in this struggle.

The ANC leadership which dominates the government has been the main perpetrator of attacks against the youth and the working class in the past period. All of its infighting factions are completely out of touch with the daily day life of the masses. The “Communists” have also joined the government as cabinet ministers and are complicit in the relentless assault on the material conditions of the workers and students. The General Secretary of the “Communist” party as a Cabinet  Minister of Higher Education is actively fighting against the demand for free education! The distance between the mass of youth and the youth wings of organisations such as the ANC Youth League has grown into an abyss.

The EFF leaders have been the only ones to support the movement, but Julius Malema has been seen as using the movement for his own narrow means. His recent flirtations with capitalist elements from the DA and the Mantashe wing of the ANC as well as his watered down programme for the latest local elections has undermined the EFF amongst the most advanced youth.

The trade unions have also not tried to link up the struggles of workers and students. The right wing leaders of COSATU participated in a low-key march on 14 October to the Chamber of Mines. But they have not provided a clear programme to take the movement forward. In fact, the march was reduced to simply “appealing” to the mining bosses to provide funds toward higher education! This was a classic example of the COSATU office bearers taking the steam out of the situation and effectively trying to demobilise the students. As for the left wing of the trade union movement – in particular NUMSA –  it has only given the minimum of support. Although it has supported the students in words, it has not done anything to help the movement overcome its weaknesses in practice. It has also not mobilised in anyway against the violent crackdown of the security forces and the apartheid era tactics used by the state.

For the past three years, NUMSA has talked about setting up a socialist party. Should this materialise, it would change the whole political landscape. Its leaders are missing a golden opportunity. The conditions for launching a fighting party of the working class are extremely favourable. The presence of the most radical layers of the youth on the streets is clear confirmation of this. The South African masses are taking to the road of struggle, but they do not have a revolutionary leadership to unify their struggles and aim them at the real cause of all of their problems – the capitalist system.

Fight for Socialism

Since 1994 enrolments at universities have more than doubled. In order to offer loans to poor students, the National Students Financial Aid Scheme (NSFAS) was established. Since then NSFAS has provided assistance to more than 1.4 million. But while the enrolment at universities has grown exponentially, funding to higher education has decreased as the government has tried to cap a growing budget deficit. In the period from 2000 to 2012 state funding for higher education declined in real terms by 1.1% of GDP. The proportion of GDP spent on higher education in 2015 has dropped to 0.7% which is low by international standards. And in order to mitigate the shortfall, universities have increased tuition fees.

At the same time, the burden on students increased from 24% to 31%. At the end of 2012 student debt increased from R2.6 billion to R3.4 billion. The NSFAS also ran into a crisis. The crisis of youth unemployment and the inability to pay back the loans meant that outstanding debt to NSFAS has grown to nearly R20 billion. Youth unemployment increased to 55% which means that many new graduates could not be absorbed into the labour market. The so-called “skills shortage” which is needed in the economy is therefore the result of the workings of capitalism. Enormous human potential goes to waste because the system cannot make optimal use of it. So what started out as initiatives to reform the system have run into the laws of the capitalist system. The crisis has once again exposed the limits of reformism.

The demands of the students and of the working class are in direct conflict with the private ownership of the means of production. All the wealth of society is in the hands of a small minority, the capitalist class. Yet all this wealth is created by the working class. It is therefore a prime necessity for the working class to put an end to this state of affairs by taking the ownership of the economy out of the hands of the capitalist class. The Freedom Charter states: “The People must share in the country’s wealth! The mineral wealth beneath the soil, the banks and monopoly industries shall be transferred to the ownership of the people as a whole!” Only by expropriating the capitalists will it be possible to put the huge resources of the country to use for the whole of society and not the privilege of the few.

Fuente: https://www.marxist.com/south-africa-the-fight-for-free-education-and-the-lessons-of-the-student-movement.htm

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