Buenos Aires, Argentina / Mayo 2016 /Autor: Julián Mónaco. Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/
Aprobada en el Senado a fines de 2015, la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior modificó seis artículos y agregó otros dos a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada durante la presidencia de Carlos Menem hace ya veinte años. La discusión alrededor de esta modificatoria –que a cinco meses de su sanción todavía no ha sido reglamentada– ayuda a comprender algunos de los nudos conflictivos de un debate que, incluso en un tiempo prolífico en materia de legislación educativa, no ha tenido como correlato una nueva normativa, aun cuando existe un amplio consenso respecto de su necesidad.
La Ley 27.204 nació como proyecto en la Cámara de Diputados en 2013, con un fuerte impulso de la entonces diputada por la Provincia de Buenos Aires del FPV, Adriana Puiggrós. En mayo de ese año, obtuvo el voto afirmativo de todos los bloques, excepto del PRO y del diputado de Compromiso Federal, Eduardo Amadeo. Finalmente, en octubre del año pasado el proyecto consiguió la media sanción restante en el Senado de la Nación, con el voto afirmativo de 40 de los 52 senadores presentes. Los doce que votaron en contra (diez de la UCR y dos del bloque Justicialista de San Luis que lidera Adolfo Rodríguez Saá) impugnaron con fuerza el segundo artículo que establece, entre otras cosas, que las universidades públicas nacionales deberán rendir cuentas ante la Auditoría General de la Nación (AGN) ya no solamente respecto de los fondos presupuestarios recibidos, como lo hacían hasta ahora, sino también de los fondos producidos por ellas mismas, cada vez más importantes y que muchas veces alcanzan a los invertidos por el propio Estado.
La senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez se opuso al uso de los conceptos de supervisión y fiscalización por parte del Estado. “Dos palabras –argumentó en la sesión del 28 de octubre del año pasado– que realmente nosotros sentimos que van en contra de la autonomía”. En respuesta a este tipo de críticas, que continúan todavía hoy, Puiggrós es contundente: “Este ítem no tiene nada que ver con la autonomía universitaria y no va en contra de ella. Pero sí limita las acciones que pueden realizar organismos que viven de fondos presupuestarios”.
Fue el artículo quinto, sin embargo, el que más polvareda levantó: mientras que la LES permitía que en las universidades con más de 50.000 estudiantes cada facultad resuelva discrecionalmente su régimen de admisión (poniendo en cuestión una de las políticas privilegiadas por el radicalismo tras el regreso de la democracia: el ingreso irrestricto), la modificatoria establece que todos los egresados del secundario, por el solo hecho de serlo, ya están en condiciones de comenzar una carrera universitaria, sin necesidad de rendir exámenes de ingreso o de esperar por un cupo.
Previsiblemente, esta cuestión disparó el interrogante de si las universidades pueden hacerle frente a una política de este tipo con su infraestructura, docentes y presupuesto actuales, es decir, sin una mayor inversión estatal. Y también volvió a poner sobre la mesa la pregunta de si es posible garantizar la calidad de las carreras (o al menos de algunas de ellas) una vez que se masifican (1).
Apenas una semana después de la sanción de la ley, Marcelo Yorio, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), emitió un comunicado asegurando que la regulación del ingreso a una carrera como medicina, que requiere no solamente de docentes sino también de múltiples escenarios de prácticas, todos ellos limitados y costosos (laboratorios básicos y clínicos, centros de investigación básica y aplicada, salas de simulación, consultorios, dispensarios, centros de salud, hospitales y ambientes comunitarios), es la única herramienta para garantizar su calidad. En 2004, la carrera sancionó una resolución que limita el ingreso a partir de un orden de mérito según las notas obtenidas en el ciclo de nivelación. Cada año se presentan cerca de 2.500 aspirantes para un cupo de 630.
En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, el Consejo Directivo votó la eliminación del curso anual de ingreso a Medicina, a las licenciaturas en Obstetricia y Nutrición y a la tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Además de aprobar las ocho materias del curso, el acceso a Medicina exigía responder correctamente a más de 40 de las 60 preguntas de cada uno de los dos exámenes finales. Obteniendo entre 30 y 39, permitía ingresar a las licenciaturas. Quienes obtenían un puntaje menor, realizando un curso complementario, podían ingresar a la tecnicatura. Si en los últimos años la cantidad de ingresantes a Medicina se mantenía entre 300 y 600, este año se prevé que saltará a unos 3.500.
“No hemos recibido ninguna ayuda financiera extra, así que seguimos con la misma capacidad áulica y el mismo número de docentes”, explica Ana Lía Errecalde (2), decana de la Facultad y titular de una de las cátedras de Histología, que este año abrirá cincuenta comisiones: cuarenta más que el año pasado. Sus estudiantes, que tenían clases de dos horas dos veces a la semana, cursarán cada quince días. Todo ello, asegura Errecalde, afectará negativamente la acreditación que carreras como Medicina están obligadas a realizar periódicamente ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por otorgar títulos que habilitan el ejercicio de profesiones que, al ser de interés público, están reguladas por el Estado. “Este tipo de carreras –agrega– sí deberían poder poner alguna forma de selección de sus alumnos”.
Voces como las de Yorio y Errecalde muestran que la reglamentación de la ley impulsada por Puiggrós será vital: para ser posible, el ingreso irrestricto deberá ir acompañado de una amplia transferencia de recursos financieros así como de una transformación edilicia en la mayoría de las universidades. Pero además, una nueva ley de educación superior deberá ser explícita respecto de las estrategias que hagan del ingreso irrestricto una conquista efectiva y no una fuente de deserción masiva. Una vez más: abrir las puertas de la universidad no significa asegurar la inclusión inmediata y exitosa de los ingresantes en la vida universitaria.
“El desafío para las universidades –afirma Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica (UNIPE)– es darse una política que permita hacer la transición entre la secundaria y los estudios superiores. Eso implica responder cuáles son las operaciones que tienen que hacer los jóvenes para inscribirse en una trayectoria universitaria y sin desertar en el primer o el segundo año, teniendo en cuenta que es allí donde se concentran los mayores problemas. Son preguntas que las universidades recién están comenzando a hacerse y que deberían aparecer en una nueva normativa” (3). Otro de los aspectos fuertes de la modificatoria apunta a proteger la gratuidad de todos los estudios de grado. Si el texto de la LES de 1995, cuya aprobación fue exigida por el Banco Mundial para liberar un crédito de 165 millones de dólares destinados al Programa de Mejoras de la Educación Superior, dejaba abierta la posibilidad de su mercantilización, la Ley 27.204 prohíbe establecer sobre los estudios de grado cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa de modo directo o indirecto.
La polémica alrededor de este punto incluyó la puesta en circulación del viejo argumento de que en una universidad como la argentina, en la que buena parte de los estudiantes provienen de hogares con ingresos medios y altos, la gratuidad genera mayor inequidad. Este tipo de posiciones suelen analizar la educación superior en términos de costo (inversión estatal) y beneficio (cantidad de egresados), desconociendo que la experiencia universitaria en nuestro país, aun si no redunda en egreso, nutre las trayectorias, tanto a nivel profesional como personal, y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto.
En este sentido, vale recordar que la matrícula de las universidades argentinas no ha dejado de crecer desde la vuelta a la democracia (en 1983 era de 400.000 estudiantes, en 2015 ya trepaba a más de 1.600.000) y que, sobre todo en los últimos años, esa expansión incluyó desde jóvenes de los sectores populares que son la primera generación de sus familias en pisar la universidad hasta adultos que completaron sus estudios secundarios en el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES) (4).
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ofrece profesorados pagos (en Biología, Química y Física, entre otros), dictados en forma virtual, a aquellos egresados que se encuentran trabajando en colegios secundarios de la provincia. Este tipo de carreras, que en 2015 costaron a la UNRN cerca de $6.000.000, también deberán ser gratuitas. “De acuerdo a nuestro criterio como legisladores –explica Puiggrós– todas esas modalidades, y todas aquellas de primer nivel y posteriores al secundario, deberán ser consideradas grado”.
Juan Carlos del Bello, Secretario de Políticas Universitarias al momento de sancionarse la LES y actual rector de la UNRN explica: “A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley, el Ministerio de Educación tendría que haberse comunicado con todas las universidades para que indiquen el costo de las carreras que hoy son aranceladas a fin de cubrirlas con un presupuesto especial. Si el gobierno actual discrepa con esta ley deberá elevar un proyecto para derogarla, si no lo hace, pero tampoco nos transfiere recursos, no nos va a quedar otra salida más que recurrir a la Justicia”.
También aquí la reglamentación de la modificatoria jugará un papel fundamental y es probable que la discusión se centre en la definición de qué es (y qué no es) un estudio de grado. Lo cual implicará posturas fuertes de las universidades nacionales, cuyos ingresos dependen, muchas veces, del dictado de diplomaturas, especializaciones, tecnicaturas y profesorados pagos.
El debate que generó la sanción de la Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior demuestra que la tarea de defender la gratuidad de todos los estudios de grado y el ingreso irrestricto ya ha comenzado. Y obliga a quienes aspiran a defender esas conquistas a interpelar a la sociedad con ideas y prácticas concretas y potentes que, para ser efectivas, deberán disputar en el presente. Lo cual supone volver sobre el propio pensamiento para no resignarse ante los “aires de época” ni quedar atrapados en la pura nostalgia. Elaborar esas prácticas e ideas requerirá, como siempre, de imaginación y construcción políticas.
Autor: Julián Mónaco. Editorial UNIPE. Argentina. Licenciado en Comunicación, facilitador pedagógico digital e integrante del equipo editorial de UNIPE.
Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Unipe40.pdf
Fuente de la imagen: http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01b7c830dfd3970b-pi
Pablo Ortellado es doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo – USP. Actualmente es profesor del curso de Gestión de Políticas Públicas, orientador en el programa de posgraduados en Estudios Culturales y coordinador del Grupo de Investigaciones en Políticas Públicas para el Acceso a la Información – Gpopai, todos en la USP
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