Fuente: ALberto Croce y Carlos A. / 12 de Mayo de 2016
Educación Universitaria
Los retos de las universidades japonesas
Por: Suzuki Kan (Hiroshi)
El desconcierto sigue reinando en la educación superior japonesa, acuciada por problemas como la falta de salidas laborales para los nuevos doctores (el llamado problema posdoctoral) o el fracaso de las escuelas de posgrado de derecho. La universidad se encuentra ante la necesidad de reformar sus estrategias con medidas como adaptar los exámenes de acceso al panorama global. En este artículo el experto en políticas educativas Suzuki Kan analiza el trasfondo y la dirección de las reformas universitarias en Japón.
Reformas que provocan confusión
Antes de empezar permítanme realizar un apunte sobre la idiosincrasia de las políticas educativas en Japón: aunque las nuevas políticas suelen aplicarse con éxito cuando pueden ejecutarse exclusivamente en el seno del Ministerio de Educación, los comités educativos o la comunidad escolar, la confusión reina cuando se trata de introducir nuevos sistemas abiertos que implican a terceras partes. Los nuevos sistemas educativos conllevan desconcierto porque se introducen sin un buen plan de acción concreto que defina variables cuantitativas como a cuántos estudiantes se aplicarán o qué resultados se esperan.
Un buen ejemplo de política que se ha llevado a cabo con éxito dentro de la comunidad educativa es la mejora del nivel académico de los estudiantes de 15 años. En 2012 Japón obtuvo la puntuación global más alta de los 34 países que participaron en el informe PISA —un estudio sobre el nivel académico que realiza la OCDE cada tres años—, superando a Finlandia en todas las materias evaluadas. Las actividades de lectura matutina que se llevan a cabo con diligencia en las escuelas primarias de todo el archipiélago han rebajado la tasa de estudiantes de primaria que no leen (es decir, niños que no leen ni un libro al mes) hasta el 3,8 %. La media de lectura de los niños de primaria japoneses es de 11 libros al mes, dato que ilustra la exhaustividad de las medidas de fomento de la lectura.
Los problemas de las escuelas de posgrado de derecho y los posdoctorados
Las dificultades que actualmente experimentan las escuelas de posgrado de derecho y los posdoctorados son ejemplos de políticas educativas de tipo abierto fracasadas. Primero el intento de ampliar la escasa plantilla de abogados del país mediante una serie de medidas aprobadas por el Gabinete falló por la oposición de la Federación de Colegios de Abogados de Japón. Y luego se rebajaron los requisitos para la constitución de nuevas escuelas de posgrado de derecho confiando en que la competitividad regularía la situación, pero se acabó generando un exceso de centros poco cualificados.
Algo parecido sucedió con la ampliación de los programas de posgrado. La iniciativa iba bien encaminada, ya que en el mundo hay cada vez más trabajos que requieren una formación doctoral. Sin embargo, las estrecheces financieras del Gobierno frenaron la creación de plazas en las universidades y los centros de investigación para los nuevos doctores, que tampoco encontraron su lugar en la empresa privada ni lograron abrirse camino como emprendedores. Así surgió lo que en Japón se conoce como el problema posdoctoral, que es la falta de salidas laborales con las que los nuevos doctores puedan explotar sus competencias.
Así pues, aunque al principio el lanzamiento de los nuevos sistemas educativos atrajo a un buen número de estudiantes con potencial, la falta de oportunidades laborales de los nuevos graduados acabó sembrando un clima de decepción que ahuyentó a los estudiantes cualificados de las siguientes generaciones. También el sector empresarial acabó decepcionado ante la escasez de graduados bien preparados para los puestos que habían creado.
En el trasfondo de este problema yace la costumbre de elaborar los presupuestos de educación de año en año y el protagonismo excesivo que otorgan las autoridades y los medios de comunicación a las políticas más “vistosas”. En su primer año de lanzamiento las políticas estrella suelen recibir los fondos necesarios, pero a partir del año siguiente el presupuesto se empieza a limar para fundar la siguiente remesa de políticas abanderadas. Eso obliga a lanzar políticas sin contar con la preparación suficiente. Sería mejor asignar los presupuestos de educación por quinquenios, pero el Ministerio de Finanzas se niega a adoptar ese sistema.
La priorización de las ciencias
Como desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Japón ha venido dando prioridad a la financiación de la educación científico-técnica, los departamentos de ciencias e ingeniería de las universidades nacionales han conseguido mantener una proporción entre estudiantes y profesores a la par con la de los países líderes del mundo. Además el sistema de seminarios de investigación, en que los investigadores veteranos tutorizan a los novatos, ha permitido formar investigadores muy bien preparados.
Desde el año 2000 Japón ha cosechado una buena remesa de premios Nobel, algunos de los cuales procedían de universidades públicas regionales; son ni más ni menos que los frutos de décadas de generosa inversión en la educación y la investigación científico-técnica.
Las universidades públicas japonesas se mantienen entre las primeras del mundo en el número de citaciones de artículos científicos: la Universidad de Tokio es la tercera en el campo de la física, la Universidad de Kioto es la cuarta en química, la Universidad de Osaka es la cuarta en inmunología y la Universidad de Tōhoku es la quinta en ciencia de materiales. Pero existen fuertes dudas sobre si Japón podrá mantener estos niveles en el futuro. Hoy en día los estudiantes más prometedores se marchan a trabajar a la industria tras terminar la maestría, y solo un 9,9 % continúa estudiando el doctorado. Mientras que otros países impulsan su inversión en educación superior e investigación, el presupuesto japonés lleva 15 años congelado, por lo que las universidades y los centros de investigación no han podido crear nuevas plazas para las nuevas horneadas de doctores.
Para que los posdoctorados japoneses puedan participar en la empresa privada, ser emprendedores y competir en el mercado internacional (en las universidades, instituciones de investigación y empresas de los países emergentes), Japón debe mejorar la calidad de su formación doctoral, no solo en términos de capacidad investigadora sino también en la capacidad de comunicación en un entorno global, el diseño y la gestión de proyectos, y la aplicación a la resolución de los problemas de la sociedad. Con ese fin se lanzó el Programa para Escuelas de Posgrado Líderes, que ofrece apoyo a 62 programas de 33 universidades japonesas. La primera promoción de los 3.300 estudiantes matriculados hasta la fecha se graduará en 2017.
Humanidades y ciencias sociales: las grandes olvidadas
Los estudios universitarios de humanidades y ciencias sociales arrastran aún más problemas que los de ciencias. Para empezar, Japón dedica un presupuesto raquítico a la educación superior comparado con los países occidentales; mientras que EE. UU. invierte un 2,6 % del PIB, Japón solo un 1,5 %. Como además Japón ha venido priorizando la inversión en los estudios científico-técnicos, los de humanidades y ciencias sociales llevan varias décadas pasando penurias.
La paupérrima situación de los estudios de humanidades y ciencias sociales se pasó por alto hasta mediados de los años noventa porque las grandes empresas se encargaban de suplir la falta de preparación de los jóvenes que reclutaban formándolos en su propio seno. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja económica y la llegada del temporal de los despidos en masa, las empresas se quedaron sin margen para formar a los nuevos empleados. Al mismo tiempo la relajación de las regulaciones de subcontratación de personal impulsó la contratación de personal no regular, en el que las empresas no invierten ningún recurso formativo.
Los recortes de inversión en la formación del personal nuevo por parte de las empresas hicieron que la preparación de los jóvenes trabajadores cayese en picado, y con ello empezaron a crecer las expectativas y las exigencias de la educación superior en las ramas de humanidades y ciencias sociales. Aunque correspondía al Gobierno suplir el vacío formativo dejado por la empresa, las dificultades financieras, la carencia de liderazgo político y la falta de apoyo por parte de los contribuyentes impidieron asignar la inversión necesaria a la formación de las nuevas generaciones de mano de obra.
Una reforma a tientas para las letras
El sector industrial no comparte una opinión unánime sobre qué formación hay que exigir a las universidades ni de qué parte deben encargarse las propias empresas. Existe una postura que aboga por clasificar las universidades en dos tipos, globales y locales, y designar a las locales para impartir la formación vocacional práctica. En una publicación de septiembre de 2015 tituladaEnfoque sobre la reforma de las universidades nacionales, la Federación Empresarial de Japón (Keidanren) señala lo siguiente: “Lo que buscan las empresas no son recursos humanos que estén listos para trabajar de inmediato, sino personas que tengan cierta resistencia física y sentido moral, y que en la escuela primaria y secundaria hayan adquirido una educación amplia y capacidad para identificar y resolver problemas, comunicarse en idiomas extranjeros y expresar sus ideas y opiniones de forma lógica. Una vez en la universidad, esas personas deberán adquirir conocimientos especializados y conocimientos sobre la diversidad cultural y social mediante experiencias como las estancias en el extranjero”.
El Ministerio de Educación debate con tesón reformas educativas relacionadas con la conexión entre el bachillerato y la universidad. En agosto de 2015 el Ministerio señaló la necesidad del aprendizaje activo dirigido a la identificación y la resolución de problemas, así como la urgencia de medidas para mejorar la calidad y la cantidad de personal docente de bachillerato. También lanzó una política para cambiar el enfoque de los exámenes de acceso a la universidad y pasar de los actuales exámenes tipo test, que evalúan conocimientos y técnicas, a exámenes de redacción que evalúen la capacidad de reflexión, juicio y expresión. Paralelamente, en septiembre de 2015 la Asociación de Universidades Nacionales de Japón acordó ampliar al 30 % el cupo de estudiantes admitidos por recomendación del centro de bachillerato, con el objetivo de no limitar la admisión al examen de acceso y otorgar mayor valor a los méritos cosechados durante la secundaria.
El Ministerio de Educación también trabaja en una reforma del currículum universitario para introducir el concepto del aprendizaje basado en proyectos (PLB, por sus siglas en inglés), que nutre las capacidades de resolución de los problemas del mundo real.
Se buscan profesores preparados
La clave para materializar las reformas de las que hablábamos es captar un personal docente cualificado en humanidades y ciencias sociales y mejorar la proporción entre estudiantes y profesores en esas ramas que se han descuidado durante décadas. Para ello es imprescindible aumentar el presupuesto público, la inversión privada y las tasas de matrícula. Sin embargo, en Japón sigue existiendo un estereotipo muy arraigado de la educación universitaria como un período de vacaciones de cuatro años que impide reunir consenso sobre la necesidad de aumentar los fondos para los estudios de humanidades y ciencias sociales.
Por otro lado las empresas no reconocen las universidades de letras (humanidades y ciencias sociales) japonesas como el destino de su contribución. También un sector de los estudiantes de bachillerato más brillantes y los docentes e investigadores más reputados ha despreciado estas instituciones, y cada vez son más los que eligen desarrollar su carrera en universidades estadounidenses.
Ahora bien, las tasas de matrícula de las universidades privadas más prestigiosas de Estados Unidos cuestan diez veces más que las de las universidades nacionales japonesas de humanidades y ciencias sociales. Y además de que en países como Reino Unido, EE. UU. o Australia las tasas universitarias de las universidades públicas son más altas para los estudiantes japoneses que para los autóctonos, las becas también se otorgan prioritariamente a los estudiantes del país. Así que solo los japoneses de mejor nivel económico o académico pueden acceder a estudios de humanidades y ciencias sociales reconocidos internacionalmente. Por eso es crucial garantizar en Japón una educación universitaria a la que puedan acceder cuantos más estudiantes mejor. Y los medios de comunicación deben encargarse de difundir este problema.
La universidad requiere una gestión estratégica
La única forma para las universidades y el Ministerio de Educación de recabar la comprensión y el apoyo necesarios para mejorar el sistema de la educación superior es llevar a cabo iniciativas que engendren éxitos visibles. La gestión estratégica de la universidad levanta grandes expectativas en ese sentido. El Ministerio de Educación ha emprendido acciones como el proyecto Mejores Universidades Globales, el proyecto de apoyo a las universidades investigadoras y el refuerzo de la autoridad de los rectores universitarios (enmienda de la Ley de Educación), con las que se espera imprimir un carácter propio que haga destacar a las universidades japonesas.
A pesar de todo, ¿es posible o conveniente aplicar a la universidad una estrategia de “selección y concentración” como la del sector empresarial? ¿Quién debe hacerse cargo del coste de la reforma y cómo debe hacerlo? Se impone someter estas cuestiones a un debate serio y minucioso entre los distintos actores sociales implicados. Las universidades no deben esperar a que sea el Gobierno quien prepare la mesa para debatir, sino que deben tomar las riendas para emitir su propio discurso, educar la opinión pública y liderar un debate fructífero.
Suponiendo que se lograse decidir la estrategia a seguir, actualmente las universidades carecen de las herramientas necesarias para buscar, formar, explotar, evaluar y gestionar al personal necesario para llevar la empresa a buen puerto. Además, antes que nada urge analizar la gestión universitaria e identificar en qué se parece y en qué difiere de la gestión empresarial y la gubernamental.
En la década de los ochenta el sistema universitario estadounidense se enfrentó a problemas parecidos a los que ahora afronta Japón. El presupuesto nacional de defensa y energía sufrió grandes recortes, y hubo que cambiar radicalmente el modelo de gestión de las universidades. En aquellos tiempos la gestión universitaria empezaba a establecerse como profesión con estudios reglados. Ahora que Japón se ve ante la necesidad de diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de gestión universitaria, puede tomar el caso estadounidense como referencia e identificar los puntos que tienen en común y aquellos en los que divergen a causa de los factores contextuales. En cualquier caso, parece que la dolorosa transición del sistema de la educación superior japonesa todavía va a alargarse una buena temporada.
*Fotografía del encabezado: Ceremonia de graduación celebrada en marzo de 2015, en el campus de Hongō de la Universidad de Tokio, con 3.160 participantes. (Cortesía de Jiji Press.)
*Articulo tomado de: http://www.nippon.com/es/in-depth/a05101/?pnum=2
OREALC UNESCO: E2030 Educación para transformar vidas META 3
Fuente OREALC UNESCO / 12 de Mayo de 2016
Meta 3 – Asegurar el acceso igualitario a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Estrategias para lograrlo:
- Asegurar que los currículos incluyan tanto competencias relacionadas con el trabajo, como competencias transferibles, de emprendimiento y uso de TIC’s.
- Asegurar marcos de calificaciones y sistemas de aseguramiento de la calidad de la EFTP.
- Promover la educación terciaria y las universidades para jóvenes y adultos de todas las edades y origen social.
- Fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de programas de educación terciaria transfronteriza.
Doctorado Latinoamericano en políticas públicas (Venezuela)
Fuente: El sol de Margarita. Javier Antonio Vivas Santana / 12 de mayo de 2016
Fuimos testigos de investigaciones que se adelantan por parte de los cursantes de doctorado sobre la certificación de saberes, perfil conductual de las universidades latinoamericanas, elementos para el desarrollo sostenible, políticas evaluativas en el contexto universitario, el docente como investigador, políticas de financiamiento en las áreas de la educación, los problemas eléctricos en el contexto nacional, así como diversos trabajos en las áreas pedagógicas de la informática.
Desde el 3-5-2016 al 5-5-2016 se llevó a cabo el VI campamento académico del Doctorado Latinoamericano en Educación y Políticas Públicas, realizado por la extensión con sede en el estado Miranda de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, “José Manuel Siso Martínez”, a través de la sub-dirección de investigación de postgrado, a su vez coordinada por el doctor José Peña, quien fungió como excelente organizador y anfitrión de este intercambio de conocimientos.
Tuvimos la oportunidad de compartir espacios del aprendizaje con el doctor Luis Bonilla Molina, fundador de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada (SVEC), y quien actualmente preside el Consejo del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (Iesalc), considerado instituto de Tipo I por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco, siglas en inglés).
Igualmente estuvieron presentes los doctores José Padrón y Luis Rafael Peñalver, ambos con una amplia y reconocida labor docente de pre y posgrado como jubilados de la Universidad Nacional Abierta (UNA) y la propia Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) respectivamente, quienes tienen diversas publicaciones, destacando entre ellas, los análisis del discurso e investigación metodológico y social para el primero, y varias obras de formación docente para el segundo.
En tal escenario, además de compartir con los profesores mencionados, asumimos el privilegio de ser parte del jurado de evaluación de proyectos doctorales, con la doctora Nancy Barreto de Ramírez, quien ha sido galardonada con el premio a la labor investigativa UPEL (2010), y quien ha publicado numerosas obras en el campo del currículo e investigación de los aprendizajes, destacando su paso como decana de esta universidad. Otro recocido docente, quien estuvo deleitándonos con sus apreciaciones en el espacio de la epistemología fue el doctor Pablo Ríos, quien se ha desempeñado en numerosas funciones de investigación, y quien entre muchos reconocimientos no sólo ha ejercido como vicerrector de investigación y postgrado de la UPEL, sino que además de ser artífice y fundador del doctorado latinoamericano, se encuentra en el puesto número 258 de la clasificación de los científicos de las instituciones venezolanas publicado por el Google Académico. El doctor Pablo Ríos es el autor del tan consultado libro: “La aventura de aprender”.
En este evento, fuimos testigos de investigaciones que se adelantan por parte de los cursantes de doctorado sobre la certificación de saberes, perfil conductual de las universidades latinoamericanas, elementos para el desarrollo sostenible, políticas evaluativas en el contexto universitario, el docente como investigador, políticas de financiamiento en las áreas de la educación, los problemas eléctricos en el contexto nacional, así como diversos trabajos en las áreas pedagógicas de la informática. En lo personal, también disertamos sobre los contrastes geopolíticos entre la Europa del siglo XX y la América Latina del siglo XXI.
Jornadas de investigación como las que promueve la UPEL deben ser una consigna en la praxis de docencia, investigación y extensión para fortalecer los espacios sociales y culturales del país. Sin duda, son un claro ejemplo para la reconstrucción de un país.
Cuech presenta puntos que no pueden faltar en reforma a educación superior
Chile/11 mayo 2016/Fuente: Entorno Inteligente
Como esenciales e imprescindibles, calificó el rector de la Universidad de Chile y presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, los cinco puntos que los planteles estatales presentaron y relevaron como claves para la nueva ley de Educación Superior, dado que “no podemos imaginarnos que en Chile vayamos a hacer una legislación sobre universidades en la cual explícitamente no haya un pronunciamiento sobre estas cuestiones”.
El rector señaló que es fundamental que hoy haya una definición de qué es ser una universidad pública por parte del Estado y qué compromisos trae consigo esa definición. “Hoy día tenemos que reivindicar el derecho del Estado chileno de fijar cuál es el concepto que tiene de universidad pública y el concepto de financiamiento, y tenemos que fijarlo como República, como país”, manifestó enfático Vivaldi.
“Nosotros hemos pedido, e insisto una vez más, que se diferencie el concepto de universidad pública de universidad con derecho a recibir financiamiento del Estado, que son dos cosas totalmente distintas”, agregó, señalando que para las universidades estatales es “clave que se entienda por qué se le da dinero a las universidades y eso es lo que hemos tratado de repetir, cuál es la razón de que el estado le de dinero a las universidades”.
El primer punto refiere al financiamiento por cumplimiento de estándares de calidad, transparencia y provisión de bienes públicos , sobre el que Vivaldi señaló enfáticamente que “el Estado tiene que garantizar que las universidades estén libres de conflicto económicos”.
“El financiamiento a las universidades estatales es parte del compromiso del Estado por asegurar un lugar de investigación y producción de conocimiento verdaderamente autónomo”, apuntó al respecto, ejemplificando la situación actual de las posibles relaciones entre el fenómeno de la marea roja y la industria salmonera en el sur del país.
“Si yo le pregunto a un chileno de la calle, qué piensa usted respecto a la responsabilidad que podrían tener las salmoneras en la marea roja, él necesitará información. La pregunta muy clara es quién le asegura como chileno que la información que le están dando no es porque tal empresa está financiando esta investigación, cuál es la garantía de una real autonomía de alguien que realiza una investigación. Eso es un punto para nosotros crucial, y es lo que define a las universidades estatales”.
Luego, se refirió a la transparencia y fiscalización de recursos públicos en cualquier institución que los reciba, como una manera de garantizar para el Estado y los jóvenes y sus familias que los dineros que se invierten en educación vayan realmente a este ámbito. “Es responsabilidad del Estado garantizar a la familia que paga de su bolsillo o que se endeuda que el dinero que están poniendo en educación, es un dinero que efectivamente vaya a eso”, enfatizó Vivaldi.
Una política estratégica de expansión de matrícula para los planteles estatales fue otro de los lineamientos planteados por el presidente de las instituciones del Estado. Sobre esto, se preguntó si realmente en Chile «se puede hablar de ‘libertad para elegir’ a la institución que realmente quiere ir el alumno» y manifestó que es necesario que en la ley queden estipulados “criterios de equidad y pertinencia territorial para que la gente tenga la oportunidad de ir a una universidad estatal”, instituciones que deben tener “la capacidad de recibir estudiantes y la calidad que garantice que cualquier joven en cualquier ciudad, en cualquier territorio de Chile pueda ir a la universidad estatal de su región”.
Este punto se contrapone con que hoy “el rango de elección real es limitadísimo”, motivo por el cual los jóvenes “si quieren entrar a la universidad, tienen muchas veces que optar por universidades que no solamente no serían las primeras que elegirían, sino que es altamente cuestionable la calidad de la educación que van a recibir por el dinero que están poniendo ahí”.
Vivaldi advirtió que el cambio de discurso sobre el acceso a la educación superior en general tenga sus orígenes en que es una oportunidad de negocios. “Eso es grave porque no es que estemos manejando el problema con los criterios de ofrecer a todos los chilenos una oportunidad de educación superior, sino que estamos manejando como un nuevo negocio que se nos ofrece. Ese es un punto que no se ha conversado”, señaló el Rector.
El fortalecimiento de un Sistema de Universidades del Estado es otro de los ejes planteados por los planteles que integran el Cuech, lo que tiene que quedar establecido en la institucionalidad de la nueva normativa, según señaló el también rector de la U. de Chile.
“Tiene que ser un sistema que contribuya a investigar los grandes problemas del país, que sea capaz de resolverlos en forma eficiente, que corresponde a las regiones, que dé equidad e inclusión y que respete y mantenga el acervo cultural de cada región”, explicó Vivaldi, destacando que en esta entidad deben estar integradas las instituciones de la educación técnico profesional.
El quinto punto del Cuech fue la democracia en el gobierno de las universidades estatales, entendiendo que los planteles se constituyen en “una comunidad de académicos, funcionarios y estudiantes y en las oportunidades de participación, también hay una idea del concepto de ciudadanía”.
Finalmente, Vivaldi valoró que en el contexto actual la discusión haya cambiado de ejes desde “simplezas como que somos todos públicos y tenemos derecho a la plata del Estado y esta cosa de que ‘no vamos a aguantar que le den plata a las universidades del Estado si no le dan la misma plata a los otros’, ese empobrecimiento de la conversación, yo creo que se ha superado y esperamos que la conversación sea mucho más sobre qué universidades quieren los chilenos”.
Fuente:
http://www.entornointeligente.com/articulo/8386465/CHILE-Cuech-presenta-puntos-que-no-pueden-faltar-en-reforma-a-educacion-superior
Bolívar, la UBV y sus estudiantes
JOSÉ GREGORIO LINARES
En la UBV se está gestando un vigoroso movimiento bolivariano cuyo núcleo central lo constituyen sus estudiantes. La doctrina del Padre de la Patria es su artillería del pensamiento; su arma, la espada de Bolívar; su ideal, reencarnar junto al pueblo el espíritu del Libertador. Bolívar se convierte en antorcha que ilumina los espacios de lucha, estudio y reflexión.
El estudiante Heyfed expresa que Bolívar “despierta la sensibilidad por el prójimo, hombre de corazón noble, de grandes ideas, pero también de grandes amores, más allá del amor a su tierra, a su gente y a sus principios, vivía en el sentimiento puro hacia aquellas mujeres que robaron su corazón y aquellos amigos que se volvieron hermanos. Hoy debemos aprender a luchar y amar como Bolívar. Así, cada grano de arena que coloque cada uno será un fuerte torbellino contra el gran explotador y opresor, el imperialismo”.
Para Caridad, Bolívar es “un libertador de carne y hueso, un líder sentipensante que es imprescindible retomar, ya que una de las premisas de este proceso es la construcción de nuevos paradigmas a partir de la solidaridad, el amor, la sensibilidad”. Destaca la semejanza entre Bolívar y Chávez: “Ambos personajes lograron la trascendencia de su obra por haber consolidado el nivel de conciencia necesario para, como diría Luis Bigott, abrir el alma para comprender el alma del otro”.
Eukarys reflexiona: “Bolívar al morir se queda solo, sin ese pueblo que lo acompañó en las batallas para liberarlo del poder de la Corona. Cuando Chávez muere, su pueblo, ese pueblo que lo apoyó en su proceso revolucionario y lo sigue apoyando en este proceso, lo guía y lo acompaña hasta su sepulcro. El pueblo lo acompaña porque Chávez no sólo liberó a Venezuela de las dictaduras de la Cuarta República, sino que también le recordó a América Latina su historia”.
Asimismo Yurauqui considera que Bolívar nos enseñó que “el bienestar del pueblo está en primera instancia en manos del Estado, éste es el que debe manejar la seguridad y abogar por el bien común.
Además, el Estado tiene el derecho y el deber de promover la agricultura porque la producción del suelo es la actividad de más riqueza, es el motor de la vida misma”.
Raúl expresa: “Bolívar cobró vida cuando todos aquellos que sienten a la patria hasta en las entrañas, como dijera Augusto Mijares, acudieron al llamado para recrear la Venezuela posible. El Libertador bajó a la plaza una y otra vez, vuelto pueblo, y nos dio una nueva Constitución, unas leyes necesarias para la redención de los hombres y mujeres olvidados a su suerte por más de cien años de desidia y pobreza.
Hoy, una vez más, se cierne sobre la patria la sombra de la traición. No deseo que se cumpla la sentencia de Pablo Neruda que dice: “Bolívar despierta cada cien años cuando despiertan los pueblos”. No podemos esperar cien años más, hay que darle vida ahora mismo a Bolívar”.
Los estudiantes de la UBV nos demuestran con sus actos que “hoy, más que nunca, es la hora de Bolívar y está sonando en todos los relojes”. Luchan para “que suene también en todos los corazones”, como quería Chávez. ¡Que vivan los estudiantes!
Fuente del artículo: http://ciudadccs.info/jose-gregorio-linaresletra-bolivarianabolivar-la-ubv-y-sus-estudiantes/
Fuente de la imagen: http://hoyvenezuela.info/wp-content/uploads/2015/04/JOVENES-540×3721.jpg
Gobernanza de la educación superior: crítica y proposición
Perú/11 mayo 2016/ Autor: José Joaquin Brunner/ Fuente: El Libero
Abordaré el tema de la gobernanza de la educación superior; esto es, los arreglos formales e informales creados para dirigir, orientar, coordinar y regular al sistema encargado de proveerla.
Hasta ahora hemos discutido más bien sobre cómo distribuir el poder y el financiamiento entre distintos grupos de instituciones al interior de dicho sistema. Sin duda son materias importantes. Pero insuficientes para abordar el tema de la gobernanza, cuya organización, principios normativos y mecanismos de funcionamiento serán el objeto de la anunciada reforma de nuestra educación superior.
Este texto responde a tres preguntas:
Primero, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos por delante para diseñar la gobernanza de nuestro sistema nacional?
Segundo, ¿cuáles son los principios que deben regir la gobernanza del sistema?
Tercero, ¿cuáles son las funciones y mecanismos de un esquema de gobernanza y cómo se planea modificarlos?
I
Para partir, entonces, sostendré que el desafío mayor que debemos enfrentar al diseñar la gobernanza de nuestro sistema es el carácter histórico-institucional del mismo y su trayectoria de desarrollo, expresados ambos en una peculiar economía-política. Esto es, la manera como distribuye la matrícula entre instituciones diversas -estatales, privadas subvencionadas y privadas sin subvención directa, según la clasificación de la Unesco- y además diferenciadas verticalmente entre instituciones universitarias y no-universitarias. Y, en seguida, la manera como el sistema se financia, tanto desde el punto de vista de las fuentes relevantes -públicas y privadas- como de las modalidades e instrumentos empleados para asignar y recibir recursos.
Dicho en términos concretos, el esquema de organización de nuestro sistema -para el cual queremos diseñar un esquema de gobernanza- corresponde al de un régimen mixto de provisión, con mayoría de matrícula privada, y a un régimen mixto de financiamiento, con gasto privado predominante.
En cifras gruesas este régimen ha impulsado nuestra tasa bruta de participación en la enseñanza superior a una cifra que supera el promedio de los países de Europa Occidental y América del Norte. A su turno, dentro de América Latina tenemos la más alta proporción de alumnos provenientes del quintil de menores ingresos. El gasto total en educación superior como porcentaje del PIB es el segundo más alto dentro de los países de dicha Organización, con una distribución de 60% y 40% entre fuentes privadas y públicas, respectivamente. En el plano de la formación de capacidades humanas (el capital humano de los economistas), tres de cada cuatro graduados proviene de instituciones privadas. A su turno, la producción de conocimiento medida por publicaciones indexadas es compartida en partes iguales entre universidades estatales y privadas.
Luego, si se busca sustituir el esquema de gobernanza prevaleciente, debería resguardarse el desempeño del conjunto del sistema, sin debilitar los logros reflejados en las cifras que acabo de mencionar.
Al contrario, si no hay una visión de conjunto del sistema, de su carácter mixto en todos los aspectos y, por ende, con diversidad de instituciones, no podrá diseñarse un adecuado esquema de gobernanza.
II
Paso ahora a mi segunda pregunta: ¿Cuáles principios básicos deberían regir la gobernanza de un sistema con estas características?
El principio fundamental ha de ser el reconocimiento de la autonomía de las instituciones y su responsabilidad (accountability) social. Como señala la Declaración de Graz de las universidades europeas del año 2003, “los gobiernos deben empoderar a las instituciones y fortalecer su esencial autonomía proveyendo un medio ambiente legal y de financiamiento estable. Las universidades aceptan rendir cuenta y asumen la responsabilidad de implementar reformas en estrecha colaboración con estudiantes y partes interesadas, mejorando la calidad institucional y la capacidad de gestión estratégica”.
Esta debería ser también, pienso yo, la base de cualquier reforma de nuestro esquema de gobernanza: fortalecer la autonomía, no debilitarla; proporcionar estabilidad legal y financiera a las instituciones y no un medio ambiente turbulento e incierto. Supone como condición, claro está, confianza de la autoridad pública y la sociedad en las instituciones. Y supone que éstas, a su turno, se comporten con responsabilidad: asuman sus deberes con los estudiantes, el público y el Estado; protejan las libertades de sus miembros y utilicen con efectividad y eficiencia los recursos que reciben para cumplir su misión.
Un principio adicional al anterior puede formularse así: para dotar de efectividad a la gobernanza de un régimen mixto es imprescindible que el gobierno formule y mantenga al día una estrategia de desarrollo sustentable del sistema a mediano plazo, en continua consulta y con el acuerdo de todas las partes interesadas. Solo por esta vía puede ordenarse y alinearse con el bien colectivo un sistema compuesto por instituciones autónomas y autogobernadas, ofreciéndoles un marco para guiar y orientar su propia actividad y plan de desarrollo, decidir sus inversiones y responder a los estímulos de las políticas públicas.
Me parece que hoy uno de los mayores vacíos que enfrentamos es la carencia de un bosquejo siquiera de lo que el gobierno espera del sistema, aun en cuestiones elementales como cuánto espera se expanda la matrícula, en qué áreas especialmente, mediante qué mix de educación presencial y virtual, cuánto se propone aumentar el gasto público y qué balance de matrícula estatal y privada persigue para 5 o 10 años más con sus políticas de financiamiento.
Un planteamiento estratégico como el sugerido es una pieza fundamental de la gobernanza. Sirve para “guiar o conducir a la distancia” al sistema sin interferir en su ámbito de autonomía.
III
Necesitamos conversar además sobre cuáles son las funciones y los mecanismos que deben considerarse a la hora de diseñar un esquema de gobernanza, tema que concierne a la tercera pregunta que intento responder.
Los mecanismos que integran un modo de gobernanza son tres esencialmente, usados en diferentes combinaciones: regulaciones estatales en primer lugar; autogobierno de las instituciones enseguida y, por último, competencia entre las instituciones por estudiantes, personal académico, dinero y prestigio.
Aquí nos interesa ver cómo la reforma -lo que de ella se conoce- se propone modificar estos mecanismos para crear un nuevo modo de gobernanza.
III.1.
Un incremento de las regulaciones estatales está en el corazón del proyecto de reforma. Se desea reforzar el control y comando centrales mediante la creación de una Subsecretaría de educación superior, que funcionaría en consonancia con dos agencias públicas -una superintendencia y una agencia de acreditación- y con una tercera entidad legal, un “sistema de universidades estatales”. Además el gobierno regularía de manera especial y más estrechamente (panópticamente, incluso) a las instituciones privadas, las que de acuerdo a la regla de la gratuidad universal pasarían además a ser dependientes del financiamiento fiscal vía el subsidio de gratuidad y otros fondos para los cuales se las declare elegibles.
Dicho en otras palabras, el régimen mixto de provisión y financiamiento subsistiría solo de manera formal, pues en la práctica no habría más que universidades estatales y privadas dependientes del financiamiento fiscal, salvo unas pocas excepciones “de mercado”. Se supone, por tanto, que en adelante el sistema sería conducido y coordinado administrativamente, con fijación de precios públicos mediante los cuales el ministerio pagaría a a las instituciones por el número de estudiantes en diferentes programas y/o el número de graduados de esos programas.
De llevarse a cabo, este cambio introduciría un ‘nuevo paradigma‘ de organización de nuestra educación superior. Sería un sistema único en el mundo, en la medida que ofrecería la gran mayor parte de la provisión a través de instituciones privadas subsidiadas directamente por el Estado. Esto sucedería necesariamente, a menos que el diseño contemple un traslado masivo de matrícula privada a instituciones estatales. Obligaría asimismo a sustituir con gasto público el financiamiento que actualmente proviene de fuentes privadas, hasta llegar a una cifra que -en proporción al respectivo PIB- sería superior incluso a la que exhiben los países nórdicos.
Todo esto entraña una operación de enorme complejidad con consecuencias de largo alcance, que bien valdría discutir con mayor tiempo y profundidad.
III.2.
Respecto al mecanismo de gobernanza consistente en el autogobierno institucional de los académicos y administradores superiores, la cuestión que interesa es cuál sería el peso que se espera tengan las corporaciones y sus profesionales en las decisiones de nivel sistémico.
A lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el peso de los mandarines u “oligarquías académicas”, como las llama la literatura, fue un componente central, tanto en el modelo británico a través de su incidencia en la distribución de los fondos públicos asignados negociadamente al sector, como en América Latina a través de la autarquía de las instituciones y su influencia sobre la política pública sectorial.
Hoy, nuestro poder -de los académicos- se ha reducido. Al nivel del sistema el peso del autogobierno profesional se limita a la actuación de los pares en procesos de evaluación institucional y de programas y a la selección de proyectos de investigación, así como al control de la comunicación de conocimientos dentro de las comunidades disciplinarias. El poder corporativo de las instituciones, en tanto, se halla representado hasta hoy por el CRUCH, que apenas expresa a una parte, importante sin duda, del sistema en su conjunto. La reforma propone agregar a esta expresión corporativa una o más instancias consultivas para las restantes instituciones y crea un comité coordinador para las universidades estatales con participación de la subsecretaría, Conicyt y la Dirección de Presupuesto.
En fin, no parece que este asunto clave -la participación de las propias instituciones en la gobernanza del sistema, junto con la participación de partes interesadas externas- haya encontrado hasta ahora un tratamiento satisfactorio.
III.3.
Por último, la competencia por estudiantes, personal académico, recursos y prestigio ha sido desde el origen de las universidades un componente de su gobernanza. Solo durante la segunda mitad del siglo pasado, con la expansión de la provisión privada alrededor del mundo, esta competencia pasó a identificarse como “de mercado”. Y luego, al introducirse en el ámbito de la educación superior estatal y ser usada allí por los gobiernos para redefinir el contrato con sus propias universidades, se usó la noción de “cuasimercados”, “mercados internos” o “mercados administrados”. La adopción de estos mecanismos alrededor del mundo busca estimular a las instituciones para alcanzar niveles mayores de eficacia, eficiencia y de respuesta a las demandas de la sociedad y el Estado y de un entorno en continuo cambio.
Pues bien, por lo que toca a este mecanismo, la reforma se propone, explícitamente, desmercantilizar la educación superior, extrayendo por así decir a este sector del mercado y renunciando a la competencia como mecanismo de gobernanza. La gratuidad universal operaría como instrumento de remoción del mercado, al mismo tiempo que se reemplaza su rol complementario en la coordinación del sistema por una coordinación exclusivamente política-administrativa, incrementando para ello fuertemente, como vimos, el rol y las atribuciones de los agentes públicos.
De cualquier modo, en el caso chileno no resulta fácil imaginar -como ya adelantamos- que pudiera mantenerse un régimen mixto de provisión, incluso con proveedores privados financiados en su mayoría íntegramente por el subsidio de gratuidad, con prescindencia de mecanismos de mercado. Al contrario, a medida que se extiende el financiamiento fiscal del sistema, según muestra la experiencia, tiende a intensificarse también el uso de cuasimercados para los proveedores financiados por el presupuesto de la nación. Así ha ido ocurriendo en la mayoría de los países del Asia, en EEUU e incluso en Europa, donde según señalaba un informe ya hace ocho años: “hoy es evidente que la educación superior funciona crecientemente en cuasimercados, donde los gobiernos asumen un importante rol de guía y facilitador”. La única alternativa imaginable sería volver a los años dorados de la la educación superior de élites, cuando el Estado financiaba a todas las universidades, independiente de su carácter estatal o privado, mediante fondos basales no-condicionados y sin exigencias mayores de desempeño y accountability. ¿Pero acaso hay alguien que puede creer seriamente que sería posible recuperar ese mundo feliz?
IV
Concluyo indicando telegráficamente cuáles podrían ser, a mi juicio, las bases para una renovación de la gobernanza del sistema de educación superior.
Primero, una reafirmación explícita de un régimen mixto de provisión, perfeccionado con un claro estatuto de autonomía y accountability de las instituciones e igualdad de trato entre ellas en la medida de lo posible. Por tanto, no una gobernanza dual público-privada sino una gobernanza única para el sistema en su conjunto y sus diferentes tipos de instituciones.
Segundo, un aumento de la regulación pública del sistema mediante la existencia de un marco estratégico de desarrollo del sector, un esquema independiente de acreditación obligatoria conforme a estándares exigentes, auditorias académicas y rendición de cuentas.
Tercero, un esquema de financiamiento de costos compartidos, con gratuidad para los jóvenes meritorios provenientes de los estratos de menores recursos y un sistema amplio de créditos de estudio subsidiados y contingentes al ingreso para los demás estudiantes, manejado por una agencia pública independiente.
Cuarto, participación de las corporaciones autogobernada dentro de la gobernanza del sistema, en instancias consultivas, de coordinación, autorregulación y prospectiva estratégica.
Quinto, una mejor organización de la competencia regulando la transparencia del mercado y mediante un adecuado empleo de instrumentos de acreditación, superintendencia e información. Simultáneamente, un uso más intenso de mecanismos e instrumentos de cuasimercado para la asignación competitiva de recursos fiscales según las prioridades de la estrategia nacional y en función de los proyectos generados por las instituciones.
Fuente:
http://ellibero.cl/opinion/gobernanza-de-la-educacion-superior-critica-y-proposicion/
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