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Entrevista a Jairo Torres Oviedo: «Gratuidad en universidades públicas costaría $677 mil millones». Colombia

Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.

SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?

J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.

SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?

J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.

SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen? 

J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?

J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.

SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/es-posible-la-educacion-superior-gratuita-entrevista-al-presidente-del-sue/683724
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Entrevista a: El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo»Gratuidad en universidades públicas costaría $677 mil millones»

Entrevista/09 Julio 2020/Autor y fuente: Semana.com

Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.

SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?

J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.

SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?

J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.

SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen? 

J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?

J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.

SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/es-posible-la-educacion-superior-gratuita-entrevista-al-presidente-del-sue/683724
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Bolivia: crece la deserción estudiantil en las universidades por costo de internet

Bolivia: crece la deserción estudiantil en las universidades por costo de internet

Universidades en crisis: crece la deserción por costo de internet

Las universidades privadas del país registran un 35% de deserción estudiantil, siendo la principal causa la imposibilidad de mantener el pago de internet para las clases virtuales. Esto y la dificultad de los estudiantes para pagar las pensiones ha hecho que las instituciones entren en una crisis económica que pone en riesgo la calidad educativa y su existencia.

“Por la pandemia, los alumnos han ido abandonando sus estudios. A fin de año, por lo general, tenemos un 40% de deserción. Pero ahora no hemos terminado ni el primer semestre y estamos en el 35%. Es decir que hemos perdido el 35% de la matrícula”, señaló el rector de Ucatec y presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), René Polo.

El 30 de marzo, las universidades privadas y el Ministerio de Educación firmaron un compromiso para flexibilizar los pagos de pensiones. Con este acuerdo los estudiantes podían acceder a los siguientes módulos de la currícula sin necesidad de estar al día en sus cuotas, lo que dejó a las instituciones con niveles muy bajos de liquidez.

Por ello, 29 de las 36 afiliadas a la ANUP se vieron obligadas a contraer préstamos bancarios para pagar sueldos, las licencias de las plataformas virtuales para dar clases y otros gastos. El incumplir estas obligaciones implicaría detener la formación de más de 200 mil universitarios del país.

Para el presidente de la Federación Regional de Estudiantes de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba (Freucb), José Ugarte, el problema del pago de las pensiones es preocupante, porque generó que muchos universitarios piensen en dejar sus estudios.

“La UCB anunció hace un mes que se solidarizaba plenamente con la situación económica de sus estudiantes. Por ello se diseñó un Plan de Apoyo Económico Excepcional, que consiste en dos componentes: uno automático para todos los estudiantes con el 10% de descuento y otro variable que puede llegar hasta un 60% adicional, de acuerdo a situaciones personales justificadas”, indicó el rector de la UCB, Marco Antonio Fernández.

Añadió que se suspendió para toda la gestión cualquier cobro de multas por atrasos en los pagos y se brindó un plazo para pagar las cuotas de marzo, abril y mayo hasta el 30 de junio. Aseguró que estas medidas han sido determinantes para que estudiantes que pensaban suspender sus estudios no lo hicieran y la deserción (en su caso) haya sido muy baja y comparable a situaciones de años normales.

“Es una gran ayuda. Pero aún así el plazo que nos ponen es difícil de cumplir porque seguimos sin poder generar ingresos”, señalo Alejandro M., un estudiante de la UCB regional La Paz.

La situación se replica en otras universidades. “Pedí una ampliación del plazo y también del descuento pero todavía no tengo respuesta”, comentó una alumna de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

Internet, causa principal de la deserción

“Inmediatamente se decretó la cuarentena, las universidades privadas habilitamos las plataformas virtuales para dar continuidad al sistema educativo, no hemos parado ni un día para continuar el semestre que ya había comenzado”, señaló el rector de Utepsa de Santa Cruz y vicepresidente alterno de la Región Andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), Antonio Carvalho.

Aunque a ninguno de los estudiantes le fue negado el servicio, no todos están conformes con las clases virtuales. Mientras que para algunos no logran satisfacer sus expectativas, para otros el principal problema es el mantener el internet.

“Al principio la dificultad fue la organización. Pero algo que permanece es que muchos de los estudiantes tuvieron problemas con el acceso a internet y hemos tratado de ayudar con megas, es el principal problema”, señaló el presidente de Freucb, José Ugarte.

Según datos recabados por la ANUP, el 57% de las deserciones se deben a la imposibilidad de los estudiantes de pagar el internet para las clases virtuales, un 8% porque tiene un acceso deficiente y otro 8% porque el alumno no cree en las clases virtuales. Un 15% abandonó la universidad porque volvió a su lugar de origen y un 12% por otras causas.

“En el país tenemos un internet que, además de caro, no tiene una buena cobertura. Eso ha motivado el abandono y que no sea el 100% de los estudiantes los que puedan avanzar”, indicó Carvalho.

“No es la misma asimilación que en una clase presencial. Si bien hay materias en las que se da de mejor modo, las que preocupan son las que requieren práctica. En mi caso al principio teníamos fallas con la plataforma que habilitaron, colapsó y no todos podían entrar”, manifestó un alumno de la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB).

Carvalho explicó que las clases virtuales son un campo en el que se trabaja desde hace varios años, pero que por reparos de la anterior gestión del Ministerio de Educación no logró ser consolidada más que como una herramienta complementaria.

Dijo que los docentes se ven en la necesidad de trabajar el triple. Preparan los temas, las evaluaciones y están disponibles las 24 horas para sus estudiantes porque la enseñanza se individualiza.

Como parte de las acciones para mejorar el acceso de los estudiantes a internet, Entel firmó una serie de compromisos para ofrecer paquetes de tele-educación de bajo costo. La Universidad Pública de El Alto, Universidad Católica Boliviana, San Francisco Xavier de Chuquisaca, Gabriel René Moreno y la Universidad Mayor de San Andrés son algunas de las beneficiadas, cuyos estudiantes podrán ingresar a plataformas educativas

Privadas sin apoyo para la reactivación económica

“La educación no está en ninguna parte, no aplicamos en los beneficios para el sector productivo”, dijo el presidente de la ANUP, René Polo. A la fecha rige un descuento de entre 5%, 10% y 15% para todos los estudiantes, un apoyo que puede extenderse en casos particulares. Esta rebaja se suma a los beneficios y planes ya disponibles, antes de la emergencia, en cada universidad.

Polo añadió que pese a ello, por la crisis económica que atraviesan los alumnos, hay una mora del 70% en las mensualidades. Y aunque para algunos universitarios y padres de familia los descuentos son una ayuda, para otros aún son insuficientes.

“Por la pandemia hemos tenido que dar el salto de las clases presenciales a las 100% virtuales. Esto implicó un gasto que no estaba presupuestado, ya que no se realiza con las aplicaciones comúnmente conocidas, sino con la contratación de plataformas que requieren un pago de licencias por cada estudiante que accede”, manifestó Polo.

Pero si hay algo en que coinciden las casas de estudios superiores y los estudiantes es que si sigue la baja de sus ingresos, las universidades estarán en serio riesgo de colapso financiero o de baja de la calidad educativa.

“Uno elige una privada porque a veces tiene carreras o contenidos que no encontramos en la estatales. Claro que eso implica que la educación sea pagada. Ahora no podemos pagar, pero de seguir así tal vez van a cerrarse carreras o bajará la calidad”, manifestó un estudiante de la UPB.

Polo indicó que una muestra de la calidad es que en los últimos 10 años las privadas pasaron de ocupar el 5% de las acreditaciones internacionales al conseguir 45%. “Son alrededor de 200 mil estudiantes en las universidades privadas. Sin ellas tendrían que ser absorbidos por las estatales”, sostuvo.

Semestre con Covid

Cuando el Gobierno declaró la cuarentena contra la Covid-19, el primer semestre ya había comenzado en las diferentes universidades privadas del país.

Virtual Para no parar las actividades educativas se pasó de las clases presenciales a las 100% virtuales. A excepción de las materias prácticas, que requieren laboratorios y talleres. En el caso de las carreras relacionadas con el área de la salud, por seguridad de los estudiantes se detuvo toda práctica hospitalaria, así como los internados de rotación. Los alumnos se han presentado como voluntarios para las brigadas de lucha contra el Covid-19.

UCB El rector de la Universidad San Pablo indicó que como parte del plan integral de fortalecimiento de su ecosistema de Educación Virtual, la UCB acaba de realizar importantes inversiones, como la adquisición de NEO Learning (LMS), un paquete de manejo de sistemas de enseñanza-aprendizaje virtual especializado . Es el primero en Bolivia, aunque ya es utilizado en Europa y EEUU.

Remotos En relación a los desafíos en las prácticas de laboratorios, la UCB está implementando laboratorios remotos para diferentes disciplinas, especialmente para las carreras de ingeniería. Estos serán dirigidos por universidades de EEUU. También organiza capacitaciones para los docentes que les permitirán obtener un diplomado en “Aplicación de recursos tecnológicos para la educación virtual”.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/07/bolivia-crece-la-desercion-estudiantil-en-las-universidades-por-costo-de-internet/

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Venezuela: Hasta el 07 de julio estudiantes pueden inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario

Hasta el 07 de julio estudiantes pueden inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trómpiz, informó este jueves que hasta el 07 de julio, los estudiantes del último año de bachillerato, tienen oportunidad de inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario, a través de la página web www.opsu.gob.ve y si no tienen acceso a internet pueden hacerlo a través del número 0800 677 87 64.

Durante un contacto telefónico en el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que a la fecha se han inscrito 265.069 postulados lo que representa, 75% de la meta.

Trompiz señaló que los estudiantes que vivan en los estados Amazonas o Delta Amacuro, donde es más complejo el acceso a internet, las gobernaciones, alcaldías y el Movimiento Somos Venezuela, viabilizan el proceso.

Puntualizó que el Sistema Nacional de Ingreso Universitario es un  programa gratuito y obligatorio para el ingreso a los estudios superiores.

El titular de la cartera Educación Universitaria, anunció además que el lapso académico de todas las universidades en el país, culminará el próximo 31 de julio.

Al referirse al Plan Universidad en Casa, el cual consiste en el uso de múltiples de plataformas para la relación estudiantes- profesores, indicó que ha permitido la prosecución de los estudios durante la pandemia de la Covid-19.

Proceso Intensivos 2020

El ministro César Trómpiz explicó que prevén que el proceso de intensivos 2020 cuenten este año con una participación superior a la de año anteriores.

Adelantó que la educación universitaria se encuentra en un gran debate nacional a través de las jornadas de Saberes Universitarios, que cuenta con la participación de académicos dentro y fuera del país, de la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de trabajadores Universitarios de Venezuela, así como profesores, profesoras y la libre asociación en el país, que apuntan hacia un  modelo multimodal de la educación universitaria.

En ese sentido, recalcó que el anuncio de un próximo periodo de reinicio de actividades debe hacerse con la mayor prudencia.

“Vamos a pasar de la tradicional forma de educación presencial a una educación que se va a organizar de múltiples maneras, donde se va a cambiar la presencia viral con la educación a distancia, para preservar los procesos de prosecución y trabajar en la capacidad de rendirle recursos personales a los estudiantes en esta nueva normalidad, y adicionalmente garantizar mayor instrucción en el país”, indicó.

Realizó una convocatoria a todos los estudiantes del último año de bachillerato a incorporarse a la universidad a través del Sistema Nacional de Ingreso Universitario.

Fuente de la Información: https://www.vtv.gob.ve/07-julio-estudiantes-inscribirse-sistema-nacional-ingreso-universitario/

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ESTADOS UNIDOS Repensar las pruebas estandarizadas para terminar con la discriminación

En una oportunidad que se escuchó en los Estados Unidos, el 21 de mayo de 2020, la Junta de Regentes de la Universidad de California suspendió el requisito y el uso de exámenes estandarizados, incluidos el SAT y el ACT, para los solicitantes de primer año.

La Universidad de California (UC) será una prueba opcional para la selección del campus de los solicitantes de primer año en otoño de 2021 y 2022 y «a partir de los solicitantes de otoño de 2023 y terminando con los solicitantes de otoño de 2024, los campus no considerarán los puntajes de los exámenes para la selección de admisiones, y lo harán practicar la selección de admisiones a ciegas de prueba «.

Los Regentes, junto con otras 1.200 universidades y colegios, habían eliminado previamente el requisito para 2021 después de la cancelación de las pruebas del College Board y ACT debido a la pandemia de COVID-19.

Los Regentes han solicitado que el Senado Académico y la administración de la universidad intenten desarrollar una nueva prueba o adoptar la prueba Smarter Balanced existente de estudiantes de secundaria a tiempo para la clase de otoño de 2025 que se alinea mejor con la preparación para la universidad.

Pero si fracasan en este esfuerzo, la UC eliminará el requisito de evaluación estandarizada para los estudiantes de California.

Los opositores al uso generalizado del SAT han afirmado durante mucho tiempo que promueve una estratificación socioeconómica innecesaria: la prueba favorece a los estudiantes de familias y comunidades de altos ingresos, en parte porque pueden permitirse una creciente gama de costosos cursos de preparación de exámenes y asesoramiento disponibles comercialmente. Pero lo más importante es que las calificaciones en la escuela secundaria predicen mejor el éxito académico en la UC que los puntajes de los exámenes.

La decisión de Regents 2020 hace eco de esta opinión.

Sin embargo, como escribo en un nuevo artículo de investigación publicado por mi centro en UC Berkeley, UC tiene una larga historia de preocupación con las pruebas estandarizadas. De hecho, la UC fue relativamente lenta en adoptar el SAT como requisito en las admisiones en comparación con otras universidades con admisiones selectivas, públicas o privadas.

Informado por esta historia, ofrezco algunas observaciones sobre la decisión de los Regentes de mayo de 2020 y sus implicaciones globales para las pruebas de alto riesgo.

Dimensión política no nueva

Primero, a medida que aumenta el valor de la educación superior para el individuo y para la sociedad en general, las dificultades de asignar un bien público escaso y muy buscado, la admisión, se vuelven más intensas para las universidades selectivas. Debido a que generalmente hay intereses en conflicto al establecer e influir en la política de admisión en universidades públicas selectivas como la Universidad de California, la formulación de políticas tiene una dimensión inherentemente política.

Determinar los criterios de admisión no es simplemente una elección racional; Es, de alguna forma, un reflejo de las políticas internas y externas que dan forma a los comportamientos políticos de una universidad.

En el caso de la Universidad de California, exigir el SAT es parte de un conjunto más amplio de requisitos de admisión que, con el tiempo, los formuladores de políticas adoptan o modifican para ajustarse a los objetivos institucionales percibidos y muchas veces en reacción a las preocupaciones de los principales interesados. UC adoptó por primera vez el uso del SAT para admisiones en 1979 como un contrapeso a la inflación de grados en las escuelas secundarias de California.

¿Toma arbitraria de decisiones?

Otro axioma que se pierde en gran medida en los debates sobre el uso de los puntajes de las pruebas y una creciente variedad de requisitos de admisión: las universidades públicas altamente selectivas pueden intentar crear criterios de admisión relativamente transparentes, pero al final gran parte de la toma de decisiones es arbitraria .

Por ejemplo, UC Berkeley, antes de la pandemia COVID-19, recibió aproximadamente 87,000 solicitudes para el año académico 2019-20, casi todas ellas elegibles para UC, una mayoría con promedios de calificaciones de 4.0 o GPA (inflados por cursos de Honores y Colocación Avanzada) )

Sin embargo, solo 14.600 solicitantes serán aceptados por Berkeley. Alrededor del 60% de los admitidos se inscribirán en otro lugar, con un objetivo de inscripción neta de alrededor de 6.500 estudiantes. Eso significa rechazar a unos 73,000 estudiantes generalmente altamente calificados y talentosos, que estadísticamente harían muy bien en Berkeley.

Cuando tiene esta proporción de estudiantes talentosos y exitosos que solicitan la entrada a Berkeley u otros campus universitarios altamente selectivos, habrá resultados arbitrarios sin importar cuán racionales parezcan las políticas de admisión. Esa conclusión puede extrapolarse más allá de las fronteras de los Estados Unidos.

Redistribución de un bien público muy buscado En

tercer lugar, la intención de este cambio en la política es proporcionar un mayor acceso a los grupos subrepresentados. Traducido, eso significa una oportunidad para redistribuir lo que es esencialmente una suma cero: acceso a una universidad pública selectiva que no tiene las finanzas para crecer significativamente en la matrícula y tiene un límite obligatorio bajo el Plan Maestro de Educación Superior de California para aceptar estudiantes del 12.5% ​​superior dentro de la clase de graduados de secundaria del estado.

La acción unánime de los Regentes se justificó en gran medida debido a la afirmación de que las pruebas estandarizadas discriminan a los estudiantes minoritarios y de bajos ingresos subrepresentados en la UC.

Si bien la intención del veredicto de los Regentes es impulsar grupos subrepresentados, específicamente chicanos / latinos y afroamericanos, requerirá menos representación entre los grupos ‘sobrerrepresentados’, específicamente los asiáticoamericanos que generalmente se han beneficiado del uso de puntajes SAT en la selección del campus proceso.

Berkeley, por ejemplo, desea aumentar su población chicana / latina, declarando su objetivo de convertirse en una institución de servicio hispano para 2028, una designación federal en la que los chicanos / latinos representan el 25% o más de la matrícula total en un colegio o universidad. En otoño de 2019, Berkeley matriculó a un total de 43,204 estudiantes, de los cuales 5,855 (o el 13%) eran chicanos / latinos.

Ya sea en Berkeley o en todo el sistema de UC, y por prácticamente cualquier medida, los asiático-estadounidenses (una categoría amplia con una variación significativa en el contexto socioeconómico) están significativamente «sobrerrepresentados». Una disminución anticipada en los estudiantes internacionales podría proporcionar más espacio de inscripción para grupos subrepresentados.

Pero uno podría especular que abandonar las pruebas estandarizadas para determinar la elegibilidad de UC y las admisiones en el campus favorecerá cada vez más al grupo subrepresentado más grande del estado. Los chicanos / latinos actualmente representan el 39% de la población de California y se proyecta que superen el 47% para 2050 . ¿Por qué más perseguir terminar el SAT en la UC?

Implicaciones globales En

todo el mundo, los exámenes nacionales de alto riesgo determinan quién tiene acceso a las universidades públicas. En lugares tan diversos como China, Corea del Sur, Japón, Brasil, la mayor parte de Europa, Rusia y otros lugares, los estudiantes pasan gran parte de sus carreras de secundaria preparándose para tal examen, su destino a menudo determinado en una sola sesión.

Sin embargo, hay poca investigación, fuera de los EE. UU., Sobre el valor predictivo real de estas pruebas con respecto al rendimiento académico futuro de un estudiante o cómo las pruebas de alto riesgo influyen positiva o negativamente en el aprendizaje del estudiante en la escuela secundaria.

Pruebe como el gaokao de China , un senta shiken reformado en Japón, el CSAT en Corea del Sur, el ENEM en Brasil, el Baccalauréat en Francia y el UTME en Nigeria, por nombrar solo algunos, use puntajes de exámenes estandarizados como la forma principal de otorgar acceso a las mejores universidades

Sin embargo, la pregunta adecuada es ¿cuál es su validez predictiva en comparación con otros factores y formas de evaluar la capacidad de un estudiante para tener éxito a nivel universitario, promover una diversidad de talentos y atender las necesidades de movilidad socioeconómica más grandes de la sociedad?

El debate sobre el SAT en la UC se centró solo en estos temas y quizás proporciona una ventana para un enfoque más analítico del uso de pruebas estandarizadas en otras partes del mundo.

En sociedades con altos niveles de corrupción, las pruebas estandarizadas nacionales ofrecían una forma aparentemente equitativa de proporcionar acceso a las mejores universidades nacionales.

Pero cada vez más países y universidades están comenzando a desarrollar sus políticas y prácticas de admisión para buscar otros indicadores de promesa académica e impacto social. Al hacerlo, también están reconociendo que el talento, académico o de otro tipo, se presenta en muchas formas diferentes que no se capturan solo en las pruebas.

Quizás la decisión de la UC debería ser una oportunidad escuchada en todo el mundo.

La próxima semana en University World News : Pat Leonard responde en un artículo sobre «por qué las pruebas estandarizadas son necesarias».

John Aubrey Douglass es investigador principal y profesor de investigación en políticas públicas y educación superior en el Centro de Estudios de Educación Superior, Goldman School of Public Policy, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es autor de The New Flagship University: cambiando el paradigma de la clasificación mundial a la relevancia nacional (Palgrave Macmillan) y Visualizando la nueva universidad asiática de la insignia (Berkeley Public Policy Press). Es el investigador principal fundador del Consorcio de Experiencia Estudiantil en la Universidad de Investigación (SERU) con sede en Berkeley. Vea también su serie ‘Missing Links’ de artículos de University World News : arreglando la disyuntiva de las misiones universitarias y las políticas de contratación y promoción de docentes y la necesidad de reenfocar la investigación institucional desde los rankings hasta las necesidades de la universidad .

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200626114229392

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Indonesia: Universitarios instan a reducir la matrícula durante la política de «estudiar en casa»

Asia/Indonesia/Jakartapost

Las universidades privadas, los docentes y los estudiantes están instando al gobierno a intensificar sus políticas educativas, criticando que su última asistencia financiera es inadecuada para abordar las preocupaciones del sector educativo durante la pandemia.

Esto sigue al anuncio del lunes del ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim, sobre una serie de medidas tomadas para ayudar al sector educativo, que incluyen la reducción de las tasas de matrícula universitaria y los requisitos de asistencia operativa escolar (BOS).

«Hemos escuchado no solo de la Comisión X sino también de miembros del público que muchas escuelas y universidades, especialmente las privadas, han sido duramente golpeadas durante la pandemia de COVID-19», dijo Nadiem durante una audiencia con la Comisión X de la Cámara de Representantes, que supervisa la educación.

«Así que la semana pasada, respondimos a estas quejas implementando varias políticas, así como ayuda tangible y real», agregó.

Una nueva política, por ejemplo, permite a los estudiantes de universidades estatales solicitar un pago retrasado de la matrícula, una reducción en las tarifas o un plan de cuotas, dependiendo de su situación financiera. El ministerio alienta a las universidades privadas a hacer lo mismo.

También estipula que los estudiantes que están de licencia o que no toman créditos del curso ya no necesitan pagar las tasas de matrícula, mientras que los que están en sus últimos semestres solo pagarán hasta la mitad de sus tasas de matrícula.

La Asociación Nacional de Órganos Ejecutivos de Estudiantes Universitarios (BEM-SI) sostiene que el gobierno debería haber reducido las tasas de matrícula en todos los ámbitos sin la necesidad de que los estudiantes lo soliciten, diciendo que las tasas de matrícula completas fueron injustamente cobradas por los estudiantes que tenían sus cursos impartidos en línea durante La pandemia.

Los ajustes de la matrícula que se ofrecen ahora ya existían antes de la pandemia, pero generalmente requerirían que los estudiantes pasen por largos procesos administrativos y, a menudo, se rechacen sus solicitudes, dijo.

«La falta de una política para reducir las tasas de matrícula podría reducir la tasa de participación en la educación superior», dijo Lugas Presma de BEM-SI.

«Y hay dos posibilidades: podría aumentar el número de estudiantes que abandonan o se van o puede disuadir a los nuevos estudiantes potenciales de inscribirse debido a las altas tarifas».

El presidente de la Asociación de Universidades Privadas (APTISI), Budi Djatmiko, dijo que el hecho de no amortiguar el impacto de COVID-19 en los estudiantes universitarios podría provocar un aumento en la deserción escolar, lo que podría causar «una generación perdida» como resultado de una educación en peligro.

«Y ese sería el mayor pecado del gobierno», dijo.

Elogió la nueva política del ministerio para asignar Rp 1 billón (US $ 70,6 millones) para ayudar a 410,000 estudiantes universitarios, principalmente en universidades privadas, a pagar sus matrículas.

Sin embargo, el gobierno todavía solo asignó una pequeña porción de su presupuesto total a universidades privadas, dijo. El presupuesto estatal solo destinó el 7 por ciento del presupuesto universitario total para universidades privadas, y el 93 por ciento restante se destinó a universidades estatales, según sus cálculos. Además, solo la mitad del presupuesto general de educación se destina a necesidades educativas.

“Las universidades privadas también son parte de Indonesia. Entonces, ¿por qué están siendo tratados de manera diferente? Dijo, y agregó que el apoyo del gobierno a las universidades privadas era crucial para mejorar el acceso general a la educación superior.

Según Budi, alrededor del 88 por ciento de todas las universidades son universidades privadas de pequeño tamaño con menos de 10,000 estudiantes, mientras que el resto son universidades estatales y grandes universidades privadas.

Mientras tanto, la directora de la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, elogió la decisión del gobierno de incluir a las escuelas privadas en sus políticas COVID-19 y modificar los requisitos para que los beneficiarios de las subvenciones alivien la carga de las escuelas primarias y secundarias afectadas por la pandemia.

Antes de la pandemia, los fondos de BOS Afirmasi solo se daban a las escuelas estatales en las regiones subdesarrolladas y remotas, mientras que los fondos de BOS Kinerja se daban a las escuelas estatales de alto rendimiento.

Bajo el nuevo esquema, el gobierno otorga Rp 60 millones por año a más de 56,000 escuelas estatales y privadas en las regiones más afectadas por COVID-19.

Las subvenciones se pueden usar para pagar a maestros con honorarios, financiar necesidades de aprendizaje en el hogar como créditos telefónicos y planes de Internet, comprar artículos sanitarios COVID-19 como jabón y desinfectante o pagar salarios de otros trabajadores escolares.

Pero Unifah dijo que encontró que los bienes adquiridos utilizando fondos BOS a través del sistema electrónico del ministerio llamado SIPLah eran más caros que el precio real y que las escuelas solo podían comprarlos en tiendas designadas.

Por lo general, los fondos también deben pasar por varias instituciones regionales antes de que puedan ser utilizados por las escuelas, según las regulaciones de gestión financiera de cada región.

Aconsejó a los formuladores de políticas que revisaran cómo se delegaba la autoridad para distribuir fondos BOS entre los gobiernos central y regional, a fin de reducir los procedimientos burocráticos y, sin embargo, mantener la responsabilidad.

Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/university-bems-urge-nadiem-to-cut-tuition-during-covid-19-study-at-home-policy.html

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IRLANDA Grupo de estudiantes quiere clases obligatorias de accesibilidad

Europa/Irlanda/Uiversityworldnews

Los estudiantes del Trinity College Dublin de Irlanda, junto con el Servicio de Discapacidad, han lanzado una nueva cooperativa con el objetivo de introducir clases obligatorias de accesibilidad para los profesores y promover la conciencia de los estudiantes con discapacidades en el campus, escribe Cormac Watson para University Times .

El grupo, llamado Trinity Ability Co-op, espera presentar clases que desarrollaría el grupo junto con el Servicio de Discapacidad, con el objetivo de educar a los profesores sobre cómo tratar a los estudiantes con discapacidades. Los miembros esperan asegurarse de que los profesores entiendan las adaptaciones aprobadas por la universidad para los estudiantes con discapacidades, y los alienten a que tomen notas tutoriales y subtítulos para las conferencias en línea disponibles.

En un comunicado por correo electrónico, Declan Treanor, jefe del Servicio de Discapacidad de Trinity, dijo: «Crítico para nuestro movimiento … es el desarrollo de una asociación compartida con estudiantes con discapacidades … Los estudiantes saben mejor y pueden coproducir con nosotros en el diseño de servicios y actividades «.

Los estudiantes de Trinity, junto con el Servicio de Discapacidad, han lanzado una nueva cooperativa con el objetivo de introducir clases obligatorias de accesibilidad para los profesores y promover la conciencia de los estudiantes con discapacidades en el campus.

El grupo, llamado Trinity Ability Co_Op, espera presentar clases que desarrollaría el grupo junto con el Servicio de Discapacidad, con el objetivo de educar a los profesores sobre cómo tratar a los estudiantes con discapacidades.

Los miembros esperan asegurarse de que las conferencias entiendan las adaptaciones aprobadas por la universidad para los estudiantes con discapacidades, y los alienten a que tomen notas y subtítulos para las conferencias en línea disponibles.

El grupo se creó como parte del rediseño del Servicio de Discapacidad de Trinity, que implica un traslado planificado a Printing House Square una vez que se complete la construcción.

En un comunicado por correo electrónico a The University Times , Declan Treanor, jefe del Servicio de Discapacidad de Trinity, dijo: «Crítico para nuestro traslado a Printing House Square y nuestro cambio de nombre propuesto para el Trinity DisAbility Hub es el desarrollo de una asociación compartida con estudiantes con discapacidades «.

«Los estudiantes saben mejor y pueden coproducir con nosotros en el diseño de servicios y actividades», dijo.

«Para ser verdaderamente transformadora, la coproducción requiere una reubicación del poder hacia los estudiantes con discapacidades en Trinity».

El grupo también tendrá acceso a un espacio en Printing House Square conocido como DisAbility Hub.

En declaraciones a The University Times, Courtney McGrath, miembro fundador del grupo que servirá como estudiante en prácticas en el Servicio de Discapacidad este año, dijo que la sala estará a cargo del grupo.

«Si las sociedades quisieran usar la sala», dijo, «tendrían que demostrar que tuvieron eventos accesibles antes y quieren ser más inclusivos, porque la inclusión es nuestra principal prioridad».

«Tendremos pautas sobre las reglas para poder usar el espacio», agregó.

En declaraciones a The University Times , Raphi Patterson, miembro del grupo, dijo: «Hay muchos problemas sistémicos en Trinity al tratar con estudiantes con discapacidades».

“Hay profesores que ignoran los informes de LENS, que es un tema muy común que estamos encontrando en nuestra investigación. Hay cursos que no son inclusivos para estudiantes con discapacidades. Hay eventos de la sociedad que no son inclusivos para las personas con discapacidad «.

«Entonces, parte del trabajo de la cooperativa es educar y trabajar con los cuerpos de estudiantes y con la propia universidad para obtener una mayor conciencia y una mayor inclusión de los estudiantes con discapacidades».

El grupo también tiene la intención de presentar un «premio aliado» para los profesores que participan en él, y que «están dispuestos a tener discusiones y escuchar a los estudiantes con discapacidades», según Patterson.

El grupo también quiere introducir un nuevo proceso en el que la universidad debe consultar al grupo antes de aprobar la política.

El proceso de la «política de capacidad aprobada» es garantizar que «tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidades y sea lo más inclusivo posible», dijo Patterson.

El grupo también planea comenzar un podcast y producir videos que resalten las dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidades.

Esta semana, el grupo lanzó un video, producido por Niamh Barry, un cineasta y miembro del grupo, en el que los estudiantes hablaron sobre sus preocupaciones sobre el paso al aprendizaje en línea y los efectos que esto tendría sobre la accesibilidad.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200614062411114

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