Estados Unidos: Las universidades públicas son buenas pero muy caras, opinan los californianos

América del Norte/EE.UU/18 Diciembre 2016/Fuente:hoylosangeles /Autor:Teresa Watanabe and Rosanna Xia

La mayoría de los californianos asignan altas calificaciones a sus universidades y colegios públicos, pero les preocupa que sean demasiado caros, según una encuesta estatal publicada hace unos días.

La mayoría de los californianos encuestados por el Instituto de Políticas Públicas de California apoyan otorgar más dinero para la educación superior pública, pero están en desacuerdo sobre cómo incrementar esos fondos. Tres cuartas partes rechazan los aumentos de matrícula, algo que la Universidad de California y Cal State están considerando para el próximo año, pero la mayoría aseguró que respaldaría la emisión de un bono estatal para proyectos de construcción.

Elevar los impuestos para generar más fondos para la educación superior cuenta con el apoyo del 68% de los demócratas, el 20% de los republicanos y el 42% de los independientes, de acuerdo con la encuesta.

Mark Baldassare, presidente del instituto no partidista, con sede en San Francisco, destacó que lo que más sorprendente para él fue que los californianos todavía consideran la asequibilidad universitaria como el principal problema al que se enfrenta el sistema de educación superior del estado.

Los costos de las matrículas han aumentado más del doble desde la recesión de 2008, pero los sistemas de UC y Cal State las congelaron durante los últimos seis años, a pesar de las crecientes presiones presupuestarias. Además, el costo de las universidades públicas de California sigue siendo inferior al de las instituciones comparables en todo el país, según los funcionarios de finanzas del estado.

“La prioridad en la mente de las personas es cómo vamos a asegurar que los californianos puedan pagar por su educación superior”, estimó Baldassare. “Existe el firme pensamiento de que el estado debe invertir más”.

Casi tres cuartas partes de los encuestados, de todos los partidos políticos, raza, etnias, ingresos y niveles de educación, creen que los costos universitarios impiden que los jóvenes calificados y motivados accedan a la educación superior, y respaldan promover que los colegios comunitarios sean gratuitos. Una proporción aún mayor -el 82%- apoyó la existencia de más becas y ayudas para los alumnos.

Del 13 al 22 de noviembre pasados, el Instituto de Política Pública de California encuestó en inglés y español a 1,711 adultos de todo el estado. El margen de error del sondeo fue de 3.5 puntos porcentuales.

Sólo un pequeño porcentaje apoyó los aumentos en los fondos estatales como única medida. Casi la mitad de los encuestados remarcaron que los nuevos fondos deberían combinarse con un uso más útil del financiamiento actual.

Los resultados de la encuesta alentaron a los líderes estudiantiles que luchan contra los aumentos propuestos en la matrícula. Ralph Washington Jr., presidente de la Asociación de Estudiantes de la UC, afirmó que espera que los dirigentes de  UC presten atención a la opinión pública y encuentren formas alternativas para recaudar el dinero adicional que necesitan para el próximo año.

Aunque la UC proporciona ayuda financiera sustancial no cubre todos los costos, lo cual obliga a muchos estudiantes a trabajar para tener una vivienda y alimentos, resaltó.

“Los estudiantes creen que el mayor obstáculo para la diversidad y el éxito en el campus es la asequibilidad”, afirmó Washington. “Si el público cree en otorgarnos más dinero, concédanos más fondos y podremos así evitar los aumentos de la matrícula”.

Ricardo Vázquez, portavoz de la UC, aseveró que, si bien la universidad comparte las preocupaciones públicas sobre los costos, un “sólido y progresivo” programa de ayuda financiera cubre todas las colegiaturas y las cuotas para casi el 60% de los estudiantes de California. Muchos de ellos, destacó, reciben dinero para los gastos de vivienda y alimentos. Cerca de un tercio de los ingresos por las matrículas es canalizado directamente hacia la ayuda financiera, dijo.

El rector de Cal State, Timothy P. White, afirmó sentirse alentado de que un estudio independiente confirmara el apoyo público generalizado para los objetivos de Cal State de lograr una financiación adecuada, diversidad estudiantil e índices más altos de graduación.

White reiteró que no desea imponer aumentos de matrícula, los cuales podrían ascender a $270 dólares al año, y espera que las autoridades cubran la brecha presupuestaria de más de $167 millones de dólares entre los fondos estatales previstos y las necesidades de la universidad. “Estoy feliz de ver que este informe hace hincapié en que el gobierno estatal debe hacer su parte para apoyar nuestra capacidad de enseñar a los alumnos, y que ellos consigan un título de licenciatura”, aseguró White. “Esto es acerca del bien común”.

Casi todas las personas encuestadas coincidieron en que la educación superior será importante para la calidad de vida y la vitalidad económica de California durante las próximas dos décadas, aunque los demócratas, los afroamericanos, los latinos y los asiáticos sostienen esas opiniones con más fuerza que los republicanos y los blancos.

Dos tercios de los californianos estimaron que los tres sistemas de educación superior pública hacen un trabajo ‘bueno’ o ‘excelente’. Le dieron a los sistemas de la UC y Cal State altos índices de aprobación, en comparación con una encuesta de 2011.

De todas formas, no está claro si ese apoyo público se traducirá en mayores fondos estatales para los dos sistemas, los cuales han sido excluidos de los incrementos de financiación que los votantes aprobaron por años para los colegios comunitarios y las escuelas primarias y secundarias.

La competencia por los fondos estatales también podría ser más intensa con el nuevo presidente, si Donald Trump hace realidad sus promesas de campaña para derogar Obamacare y deportar a los inmigrantes, entre ellos los estudiantes que entraron ilegalmente al país. En ese caso, los costos estatales de atención médica y servicios para inmigrantes podrían dispararse.

“Estamos en una nueva era”, remarcó Kevin de León (D-Los Ángeles), presidente del Senado, quien en los últimos años ha hecho de la educación superior una prioridad. “El gobierno de Trump podría intentar socavar nuestras ganancias progresivas en California”.

Como presidente del Comité de Educación Superior, el asambleísta José Medina (D-Riverside) se comprometió a luchar para obtener más dinero para la educación superior. “Una fuerza laboral bien educada es clave para la vitalidad de nuestro estado. Continuaré defendiendo políticas que mejoren la accesibilidad y la asequibilidad de la educación superior”, resaltó Medina en un comunicado.

H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas del Estado, destacó que es demasiado pronto para saber cuánto planea destinar el gobernador Jerry Brown para la educación superior en su anteproyecto de presupuesto para el próximo año. No obstante, afirmó que desde 2013 Brown ha “demostrado un compromiso” con la educación superior mediante la restauración de más de $2,000 millones de dólares para los sistemas de la UC y Cal State, los niveles de financiación previos a la recesión.

Tales esfuerzos fueron notados por los californianos. En la encuesta de 2011 del Instituto de Política Pública de California, sólo el 31% de los entrevistados aprobaba la manera en que Brown manejaba la educación superior, comparado con el 45% de la actualidad. La aprobación del desempeño de la Legislatura sobre la educación superior se duplicó durante el mismo período.

Traducción: Diana Cervantes

Fuente de la noticia: http://www.hoylosangeles.com/latimesespanol/hoyla-lat-las-universidades-publicas-son-buenas-pero-muy-caras-opinan-los-estudiantes-de-california-20161216-story.html

Fuente de la imagen:http://www.trbimg.com/img-58546c2a/turbine/hoyla-lat-las-universidades-publicas-son-buena-001/700/700×39

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La distribución del presupuesto educativo y sus costos sociales

Blanca Heredia

En México, si bien gastamos más en educación básica que en educación superior en números absolutos, el gasto por alumno en educación temprana, en primaria y en secundaria es, respectivamente: 34 por ciento, 36 por ciento, y 33 por ciento del gasto por estudiante en educación superior. En otras palabras, apenas poco más de un tercio frente al promedio de los países OCDE de: 56 por ciento (temprana/superior), 54 por ciento (primaria/ superior) y 63 por ciento (secundaria/superior). 1

Esta situación no es nueva. Se ha venido agudizando, sin embargo, como resultado de la muy superior capacidad de presión sobre el presupuesto público de las instituciones de educación superior (IES) frente a la de los alumnos de educación básica. Dicha capacidad de presión ha sido muy considerable en fechas recientes, particularmente durante la administración de Felipe Calderón.

Esta distribución en el gasto por nivel educativo no sería preocupante si sus efectos fuesen positivos en el agregado, o, al menos, neutros. Existe, sin embargo, abundante evidencia de que la rentabilidad social del gasto en educación temprana y en educación básica es muy superior a la generada, por peso gastado, en educación superior en países en desarrollo. Disponemos, también, de mucha investigación que muestra que, además de ser menos rentable socialmente en general, el gasto en educación superior en países como el nuestro tiende a ser fuerte y especialmente regresivo.

Al costo colectivo anterior (especialmente alto para los que menos tienen), habría que añadir el costo de no saber en qué se gastan las universidades los recursos de todos.

¿Qué proporción del gasto de las universidades públicas se va en gasto administrativo y cuál en gasto sustantivo? ¿Cuánto contribuyen a elevar el crecimiento económico, la productividad y la competitividad, o la calidad de la democracia o del gobierno del país producen? ¿Qué tanto sus egresados se emplean en campos laborales relevantes a su campo de estudio? ¿Cuánto tardan sus graduados en encontrar trabajo y cuánto ganan? Muy difícil y costoso saberlo, pues las universidades no hacen públicos (sí es que los tienen) esos datos.

El que responsables de dirigir las instituciones de educación superior no tengan que reportar uso y resultados de los recursos de los que disponen genera muy malos incentivos. Básicamente, pues ello hace que sus incentivos personales/profesionales y lo que la sociedad esperaría de ellos no estén necesariamente alineados.

Las IES son importantes y aportan beneficios sociales considerables. El problema es que el beneficio colectivo de invertir en educación temprana, en particular, y en básica, en general, es sensiblemente mayor que el de invertir en educación superior. Por esa razón, urgirían dos cosas. Primero, transitar hacia una distribución del gasto por nivel educativo mejor alineada con lo que sabemos acerca de la rentabilidad social de cada uno de esos niveles. Segundo, exigir rendición de cuentas a las IES sobre cómo, en qué y con cuáles resultados usan los recursos presupuestarios de los que disponen.

Conseguir algo así no será, en absoluto, será fácil. Entre otras cosas, pues el presupuesto de las IES públicas además de ser fuertemente inercial y estar vinculado al crecimiento de la matrícula, misma que ha venido aumentando de forma importante en los últimos años, se ha ido volviendo, como muestra una investigación al respecto de Sebastián Garrido, crecientemente rígido.

Crecientemente rígido, pues, a diferencia de otros rubros del presupuesto educativo, ese gasto varía cada vez menos, en especial de finales de los 1990 a la fecha.

Las razones de esta rigidez son variadas, pero quizá la causal más importante tenga que ver con el fin del monopolio priista y los efectos del aumento en la competitividad y pluralidad político-electoral en términos de proteger los presupuestos de las IES públicas en las distintas entidades federativas del país.

Básicamente, porque cuando el PRI monopolizaba el poder político tenía la capacidad de imponerle los ajustes presupuestarios requeridos a todos, incluidos los gobernadores y los rectores de las distintas instituciones de educación superior nacionales y estatales. En contextos de mayor pluralidad y competitividad electoral, en contraste, los rectores y gobernadores fueron ganando mayores capacidades de presión y maniobra.

Para corregir esta situación, se requiere, sin duda, voluntad política por parte de un Ejecutivo federal dispuesto a ser la voz que hable por los alumnos de básica y de la sociedad toda. Para lograrlo, resultará indispensable, también, generar un nuevo esquema de contabilización y rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior del país.

1 Education at a Glance, 2016.
Corrección a gastos
Para corregir la situación de los gastos será indispensable generar un nuevo esquema de contabilización y rendición de cuentas por parte de instituciones de educación superior.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-distribucion-del-presupuesto-educativo-y-sus-costos-sociales.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2014/02/10/52f8ab70a3944.jp

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Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia

Agustín Moreno

Hace años que lo viene denunciando el profesorado, las familias, los estudiantes, los sindicatos, la Marea Verde…. En fin, todo el mundo. Pero tiene que venir un organismo internacional a decir lo mismo para que salten las alarmas: “El gasto español en educación está por debajo de la media de la OCDE”. La conclusión del informe es inequívoca: “Una educación de calidad necesita una financiación sostenible”. Tras el titular aparece información relevante y muy inquietante que tira por tierra el neolenguaje de la LOMCE aprobada en solitario por el PP en pleno maremágnum de recortes. ¿De qué “Mejora de la Calidad Educativa” están hablando? Por cierto, los datos son de 2013 y los recortes han seguido después. Veamos.

  • España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE, y nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc.
  • La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países.
  • Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017.
  • Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España.
  • La cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudia ni puede trabajar. Ello se explica por el fracaso y abandono escolar, así como por la elevada tasa de desempleo juvenil.

Como no podía ser de otra manera, las consecuencias se han dejado de sentir en los centros educativos, especialmente en los públicos. Reducción de las plantillas del profesorado entre 23.000 y 32.000 docentes (según las fuentes) por amortización de jubilaciones y despido de interinos. Deterioro de las condiciones laborales del profesorado (mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial, etc.). Abandono de los programas de atención a la diversidad, o lo que es lo mismo, del carácter inclusivo y compensador que tiene que tener la educación. La irresponsabilidad del PP en educación nos lleva a empezar peor el curso cada año.

A todo lo anterior hay que añadir la descarada desviación de recursos de la educación pública a la concertada en las comunidades autónomas más conservadoras, como la de Madrid. En este contexto, la LOMCE daba cuerpo legal a la contracción del gasto en educación. La toma de conciencia de la envergadura de ataque a la educación pública ha generado un fuerte compromiso de las comunidades educativas y el esfuerzo del profesorado para evitar que el impacto en la calidad haya sido más demoledor.

Aparte de la derogación de la LOMCE, urge revertir los recortes y llegar a un compromiso de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar a medio plazo el 7% del PIB. Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores, un rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente.

Por todo ello, a aquellos políticos sin escrúpulos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por el país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard, y que da título al artículo.

 

Fuente del articulo: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/09/21/usted-cree-la-educacion-cara-pruebe-la-ignorancia/1664

Fuente de la imagen: http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Derek+Bok+TIME+Summit+Higher+Education+WB-z4MTRCCUl.jpg

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Los límites del hartazgo.

América del Norte/México/Fuente:http://diario.mx/

Por: Jorge Fernandez Menendez.

El Nuevo Modelo Educativo tiene prácticamente todo lo que se necesita para darle forma y objetivos a la Reforma Educativa. Si se logra implementar tendremos, finalmente, un modelo pedagógico moderno sobre el cual sustentar la educación de nuestros niños y jóvenes. Con toda razón, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño le pidió a la Coordinadora que no deseche el modelo educativo antes siquiera de conocerlo. El llamamiento ha caído en el vacío: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus aliados, los que en realidad hace ya meses que se adueñaron del movimiento, desconocieron un modelo que no conocen.

Pero el problema no es ése: en realidad la Coordinadora, a la que se le dedica tanto tiempo y espacio no representa más que al 9 por ciento de los maestros. Lo que sucede es que su capacidad desestabilizadora ha resultado tan amplia como el espacio que se le ha dado para que lo ejerza. Y esa impunidad comienza a generar reacciones que terminarán siendo indeseables.

Lo ocurrido el miércoles en Chiapas, cuando un grupo de indígenas de San Juan Chamula se hartó de que durante dos meses estuviera bloqueada la carretera entre San Cristóbal y Tuxtla y desalojó con violencia al grupito que mantenía ese bloqueo, fue presentado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como una “agresión contra los maestros y padres de familia”. En realidad la agresión original es ese bloqueo de dos meses lo que implica que se derrumbe el turismo, que no lleguen a tiempo los alimentos que consume la población, que se estanque aún más una economía que apenas sobrepasa la supervivencia. La gente en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y en Guerrero está harta de los bloqueos y de pagar los costos sociales, económicos, educativos que ellos producen. Y los de San Juan Chamula actuaron como actúan las comunidades indígenas cuando se hartan de los atropellos. Nadie se

debería asombrar por lo sucedido, en realidad deberíamos preguntarnos por qué no ocurre con mucha mayor frecuencia.

Los datos son contundentes y apabullantes: hay buques de carga varados en Lázaro Cárdenas y en Salina Cruz porque no llegan las mercancías que deben transportar o no pueden entregar las que importaron; en Michoacán hay 135 trenes paralizados porque ahora lo que está de moda es bloquear las vías del ferrocarril; hay 40 mil toneladas de granos que no se han podido entregar; los costos para el transporte terrestre son inconmensurables: se calcula que sólo en Michoacán unos 35 mil tráileres se han quedado varados; hasta la semana pasada en ese estado estaban secuestrados 142 autobuses de pasajeros y cuando sus propietarios pidieron a los secuestradores que no los quemaran porque eso no lo cubre el seguro, la respuesta fue precisamente quemarlos; se han robado miles de camiones y tráileres y se ha saqueado (y en muchas ocasiones revendido) las mercancías que transportaban. En el centro de Oaxaca 25 hoteles están a punto de quebrar.

Están en una situación similar los de Puerto Escondido, Zipolite, Mazunte, Huatulco. Hace ya algunas semanas supimos que dos niños habían muerto en Chiapas porque los bloqueadores no dejaron pasar las ambulancias que los transportaban, hemos sabido de un médico que tenía que atender una urgencia y reclamó pasar y terminó golpeado y con su auto destrozado. Y la lista podría seguir indefinidamente porque los agravios lo son.

¿Alguien ha calculado los millones de personas afectadas por estas acciones? ¿Los costos económicos, sociales que la gente está asumiendo a fuerza por estos hechos?, ¿alguien comprende el costo social, la lectura que se genera, lo que implica que todo esto ocurra en un marco de absoluta impunidad?

¿Quién se tendría que asombrar si viendo la pasividad oficial un grupo o muchos deciden tratar de hacer justicia por su propia mano y desalojar a los que bloquean decenas de carreteras y caminos? Por supuesto que esa no es la solución, es el estado el que debe actuar, pero si no hay soluciones de otro tipo eso es lo que más tarde o más temprano ocurrirá. Y las buenas conciencias que se indignan porque se levantó a la fuerza el bloqueo de San Juan Chamula deben recordar que jamás dijeron una palabra en contra de los delitos, agresiones y agravios que han cometido la Coordinadora y sus aliados con toda impunidad. Y a toda acción sobreviene una reacción.

Insisto: lo extraño no es que un grupo de indígenas haya decidido recuperar por su propia mano una carretera con tanto lujo de violencia como los que la bloquearon, lo extraño es que eso no ocurra en muchas más ocasiones.

Fuente: http://diario.mx/Opinion/2016-07-22_a42273c7/los-limites-del-hartazgo/

Imagen: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNiEahq_BKqCWIQzehnfo85PjunXUBml0Jpr8TLbESQM_c0U1bgM1rCOs

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Universidad gratuita, una utopía.

“La universidad es cara; alguien tiene que pagar” enfatizaba el entonces presidente chileno Sebastián Piñera ante las manifestaciones de los estudiantes que reclamaban una educación superior universal, gratuita y de calidad académica. En nuestro país, existe una exigencia de “arancel cero” en todas las universidades públicas y hay críticas por el alto costo de las cuotas en las instituciones privadas. ¿Es posible el costo cero en este ámbito?

América del Sur/Chile/Fuente:http://www.abc.com.py/

Por: Ilde Silvero.

Excepto la vida, que es un regalo de Dios, nada que valga la pena en este mundo es gratuito. Si no pagas de entrada, pagas a la salida, pero siempre hay un costo para disfrutar algo bueno. La educación es un derecho humano, pero asimismo es un producto que, a medida que aumenta sus cualidades, también tiene un precio mayor. Por tanto, una educación superior de calidad demanda un fuerte presupuesto financiero.

¿Quién debe pagar por el buen servicio? Este es el núcleo del debate. En las universidades privadas, obviamente son los propios estudiantes los que deben afrontar casi todos los gastos, con alguna pequeña ayuda de fundaciones filantrópicas. En las universidades públicas es el Estado el que absorbe la mayor parte de los costos y los alumnos aportan una reducida contrapartida con el pago de aranceles por cursos preparatorios, inscripciones y exámenes.

¿Puede concretarse el arancel cero en los centros públicos de educación superior? De poder, se puede, pero habría que analizar si eso sería justo en relación a millones de compatriotas sumidos en la pobreza que también necesitan la ayuda gubernamental.

Hay miles de estudiantes que pagaron cuotas caras en colegios privados y luego exigen que todo sea gratis en la universidad pública. Hay millares de exitosos profesionales formados en universidades estatales que nunca han donado un libro o una computadora a su facultad de origen. Hay muchos jóvenes de clase media que gastan plata en vehículos, en celulares de última generación y en farras, pero no quieren pagar un guaraní por sus estudios terciarios. En Clínicas, el hospital universitario para los pobres, hay funcionarios y docentes millonarios por recaudaciones de dudoso origen.

Establecer por ley que absolutamente todo será gratis en las universidades públicas solucionará el problema económico de los estudiantes de muy escasos recursos pero, al mismo tiempo, generará una situación de injusticia al favorecer innecesariamente a alumnos de las clases media y alta por el inmerecido regalo.

Quien paga sus estudios secundarios en colegios privados, debería seguir solventando su formación universitaria pues para su familia eso sería normal. Quienes cursaron su educación media en centros públicos sí podrían recibir ayuda estatal a través de becas o exoneraciones en cuanto al pago de matrícula y cuotas, pero en algo deben contribuir para acceder a un título profesional. El esfuerzo personal forma parte del proceso educativo y la construcción de la personalidad de quienes progresan en la vida. Si todo fuese gratis para todo el mundo, ay, ay, ay, la masificación devoraría inevitablemente a la calidad académica.

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/universidad-gratuita-una-utopia-1497765.html

Imagen: https://lh3.googleusercontent.com/VS3X_OplmhpnBGCI02yYLK53aL8eYlAJkND0LRQefaDo4x-OnRNYWllpkRB7-_9lhEKBwA=s149

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