Educación

Panamá / 25 de enero de 2018 / Autor: Eustiquio Chanis / Fuente: La Prensa

El artículo 94 de nuestra Constitución Nacional garantiza la libertad de enseñanza en nuestro país, en donde, por un lado, el sector privado tiene derecho de crear centros de enseñanza particulares con sujeción a la ley, y por otro lado, los padres de familia tienen el derecho de escoger una educación con un formato distinto al de la educación oficial. No obstante, las políticas populistas de los dos últimos gobiernos han conculcado este derecho al promulgar decretos ejecutivos que, cual bombas de tiempo, han explotado señalando erróneamente como culpables a los colegios particulares que, ante el silencio culposo del Ejecutivo, han servido como chivos expiatorios para mitigar la frustración de los padres de familia.

En Panamá, contrario a lo que ocurre en otros países de América, la educación particular aún está al alcance de las clases populares y de la clase media, pues no es difícil encontrar escuelas con mensualidades desde $40 en adelante; sin embargo, estos colegios accesibles irán desapareciendo paulatinamente, no solo porque se hace insostenible su mantenimiento con los costos actuales, sino por la intransferibilidad de estos costos a los segmentos de mercado de menor ingreso. En otras palabras, los colegios particulares con colegiaturas más baratas son los más vulnerables y los primeros que irán desapareciendo, afectando primero a las clases populares.

De 2009 a 2018, el salario base de los docentes se ha incrementado 150%. Siendo los centros educativos organizaciones que utilizan mano de obra intensiva, resulta devastador para el sector educativo particular, pues la planilla docente representa más del 80% de la planilla total y hasta el 70% de los gastos totales. Durante ese mismo período, el salario mínimo se ha incrementado 120% para los colegios del interior y hasta 83% para los colegios de la capital, lo que se suma al efecto inflacionario sobre el sector. Las consecuencias ya comienzan a sentirse con la desaparición confirmada de algunos colegios particulares del país.

Los exagerados aumentos no tienen relación alguna con el mejoramiento de la calidad, pues no es un secreto el grave deterioro que sufre la educación en nuestro país, especialmente en el sector oficial. Las malas decisiones tomadas con criterios populistas para el sector educativo oficial y la equiparación que establece el Código de Trabajo en su artículo 236, han terminado arrastrando al sector particular hacia un elitismo forzado e inconsulto que coarta el derecho del padre de familia de tener la opción de elegir el modelo educativo que considere más apropiado.

Al percatarse de su error, el Ministerio de Educación (Meduca) tímidamente aplaude como soluciones el aumento de la beca universal y la tardía diferenciación legal de los profesores de cátedra completa y maestros de horario regular en el sector particular, sin percatarse de que los nuevos aumentos en las colegiaturas anulan la inclusión de nuevos estudiantes en el beneficio de la beca universal y que las nuevas leyes no tienen efecto retroactivo, por lo que, aunque corrigen hacia el futuro, no anulan el daño ya causado. Nos preocupa que en este año preelectoral se dé un nuevo aumento docente, que no tenga efecto alguno en la calidad de la enseñanza, que no se consulte con el sector particular ni con los padres de familia que se verían afectados. Esto ya ha ocurrido en el pasado, aunque ahora sellaría un legado de mediocridad para la educación de Panamá y le daría el tiro de gracia final a un sector particular ya moribundo.

Estamos entre los 15 países con peor distribución del ingreso según el índice GINE. Dejarles a las grandes mayorías una única opción, no solo agrava la inequidad, sino que abre las puertas para que cualquier oportunista que llegase al poder pueda utilizar el sistema educativo con intenciones doctrinarias y dogmáticas.

Antes de que el daño a nuestro sistema educativo sea irreversible, resulta imperativo que el próximo aumento a los docentes esté condicionado al mejoramiento en la calidad de la educación de nuestro país, con medidas que sean cuantificables; urge reconocer la importancia del sector educativo particular, que con su sola existencia le quita un peso significativo al Estado; necesitamos eliminar incertidumbres que crean inseguridad jurídica y promover, mediante incentivos, su desarrollo, según lo manda nuestra carta magna en su artículo 101, eliminando, por ejemplo, las inequidades otorgando exoneración de impuesto sobre la renta a los colegios laicos, tal como lo reciben hoy las universidades privadas y los colegios de corte religioso.

Por el bien de nuestra democracia es hora de que el populismo ceda el paso al estadismo.

Fuente del Artículo:

https://www.prensa.com/opinion/fin-libertad-ensenanza_0_4945755478.html