Universidad de Panamá
Consejo General Universitario
Pronunciamiento a la Comunidad Universitaria y al País
Luego de un amplio debate sobre las pretendidas reformas que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional acaba de aprobar en primer debate, reformatoria de los artículos 99 y 104 de nuestra Constitución, declaramos nuestro rechazo porque las mismas le quitan a las universidades públicas la función fiscalizadora de las universidades particulares, lo que equivale a suprimir el poder de intervenir del Estado, puesto que las universidades públicas realizan la fiscalización en nombre del mismo. Esto podría conducir a la precarización de la enseñanza y el aprendizaje, ya que queda sin garantía el mejoramiento de la educación universitaria.
Constituye un exabrupto la reforma que elimina el deber del Estado de dotar del presupuesto indispensable a las universidades públicas, lo que les provee de autonomía económica. En su reemplazo proponen darle asistencia económica, por igual, a las universidades oficiales y particulares. Aquí se desconoce la naturaleza social de ambas instituciones, pues las oficiales permiten el acceso de estudiantes de escasos recursos, mientras que las privadas son empresas educativas con fines de lucro. Es inadmisible que el Estado subsidie a estos negocios y facilite mayores ganancias a sus dueños.
Consideramos que los oscuros intereses que están detrás de tales reformas, lo que proponen es la privatización total de la educación universitaria y verla como un bien mercantil. Sin presupuesto suficiente, las universidades públicas se asfixiarían, reducirían y pueden desaparecer.
Ante tal disyuntiva, acordamos diseñar estrategias y acciones en defensa de la universidad pública, porque a través de esta los más pobres pueden estudiar una carrera universitaria, salir de la pobreza, lograr movilidad social, crecer, desarrollarse y asegurar el futuro nacional. Sin inversión pública en educación superior no hay porvenir del país. Por todo ello convocamos a toda la sociedad a defender su universidad pública, la de todos los panameños.
Reafirmamos la defensa de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado. Todo ello sólo es posible a través de la universidad pública, lo que ha demostrado ampliamente la Universidad de Panamá, por medio del conocimiento formal y experiencias acumuladas en sus 84 años.
El máximo órgano de gobierno universitario adopta las siguientes acciones: realizar una marcha universitaria a la Asamblea Nacional, convocada a las 10:00 am., siendo punto de partida el patio de la Facultad de Humanidades; elaborar un pronunciamiento; convocar en cada unidad académica a la comunidad universitaria; crear un Comité de Defensa de la Universidad Pública; y realizar un Foro de los Miércoles Universitario sobre las “Reformas Constitucionales”.
Finalmente, el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá, solicita a la Asamblea Nacional el retiro de las reformas constitucionales sobre las universidades públicas, al igual que las demás reformas, por ser inconsultas, ilegítimas e improcedentes.
La educación pública en Colombia sufre una ofensiva brutal como parte de las políticas neoliberales. Carolina Jimenez, docente de la Universidad Nacional y Coordinación Andina de CLACSO nos hace un balance preliminar de las resistencias, logros, limitaciones y desafíos
Centro América/ Panamá/ 21.10.2019/ Fuente: focopanama.com.
La Asamblea Nacional aprobó en primer debate las primeras reformas a la Constitución. Aquí los cambios más relevantes.
Es deber del Estado enfrentar el cambio climático (Artículo nuevo 2)
El Derecho Nacional tendrá superioridad sobre las normas de Derecho Internacional (Artículo 4)
Para que un extranjero solicite la nacionalidad panameña debe tener 10 años de residencia en la República y deben renunciar a su nacionalidad de origen (Artículo 10)
El Estado podrá negar una naturalización por razones de moralidad, seguridad o salubridad.(Artículo 12)
Cualquier modificación a la ley tributaria no tendrá efectos hasta el siguiente período fiscal afectado, desde la entrada en vigencia de la nueva Ley. (Artículo 52)
Se aumenta el descanso de maternidad, a seis semanas antes del parto y doce semanas después.(Artículo 72)
Cuando los medios de comunicación sean usados para la publicidad o propaganda, éstas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad, el orden cívico, buenas costumbres, respeto a la privacidad individual y colectiva y la conciencia nacional. (Artículo 89)
Que el 6% (mínimo) del Producto Interno Bruto del Estado será destinado a la educación.(Artículo 95)
La educación oficial será gratuita en todos los niveles, desde el preescolar hasta el grado universitario. Es obligatoria la educación media. (Artículo 95)
Se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de Panamá (Artículo 99)
Las Universidades Oficiales y Particulares están exentas del pago de toda cIase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. (Artículo 104)
Serán deducibles de la renta neta gravada por el impuesto sobre la renta las donaciones que se otorguen a favor de las Universidades, entidades culturales o científicas. (Artículo 104)
El Estado dará asistencia económica a las Universidades Oficiales y Particulares para el cumplimiento de sus propios fines. (Artículo 104)
El Ministro de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social pueden comprar sin control previo y sin intermediario medicamentos, insumos e instrumentos médicos, tecnología de punta y de última generación. (Artículo 109)
Se establece que es un derecho fundamental de toda persona el acceso sostenido al agua potable. (Artículo 110)
Se eleva la Caja de Seguro Social a título constitucional.
La Caja de Seguro Social debe administrar y mantener sus fondos separados e independientes del Gobierno Central. (Artículo 114- B)
La Caja de Seguro Social aprobará su propio proyecto de presupuesto, que será incorporado al Proyecto Presupuesto General del Estado, sin modificaciones. (Artículo 114-B)
Los candidatos de libre postulación no podrán estar inscritos en partidos políticos. (Artículo 138-A)
El presupuesto del Tribunal Electoral será el uno por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central. (Artículo 143)
El Tribunal Electoral debe asegurar el desarrollo de la carrera administrativa electoral (Artículo 143)
Hay dos artículos 123 aprobados en el mismo documento pero son distintos, igual que hay dos artículos 56, uno establece que el Estado protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, mientras que el otro dice que el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Fuente de la noticia: http://focopanama.com/resumen-los-cambios-mas-relevantes-a-la-constitucion/
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con las redes y
organizaciones abajo firmantes, expresan su profunda preocupación ante la creciente afronta a los
derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno, bien como la creciente militarización
y criminalización de activistas y especialmente de estudiantes, que viene manifestándose no apenas
durante las movilizaciones sociales en curso, sino que incluso al interior de las escuelas, lo que
configura una grave violación al derecho humano a la educación y a otros derechos civil y políticos.
Nos solidarizamos con el pueblo chileno y con los y las estudiantes que han salido a defender sus
derechos, entre ellos el derecho a la protesta y libertad de expresión, y rechazamos el uso excesivo
de la fuerza policial y del ejército, bien como la violencia extrema que viene siendo aplicada,
conllevando a graves situaciones de abusos, torturas, arbitrariedades, detenciones y violaciones en
contra de la vida. Los reclamos del pueblo han de ser escuchados y atendidos, siendo resultado no
apenas del reciente aumento de las tarifas de transporte (ahora revocado tras las protestas), sino
que de la insatisfacción social de los sectores populares que viene de larga fecha tras el achicamiento
de lo público, reflejando el agotamiento del modelo neoliberal que perdura en el país, con
consecuencias en la esfera de la educación, salud, pensiones, transporte, recursos naturales, la
distribución de las riquezas, entre otras, y que ha conllevado a violaciones de derechos humanos,
sociales y medioambientales así como a la ampliación de las desigualdades.
Condenamos vehementemente la legislación “aulas seguras”, en vigor desde inicios de este año,
que implica la presunción de criminalidad de los y las estudiantes y que, al contrario de lo que
supuestamente predica, viene transformando las escuelas en espacios de violencia institucionalizada.
Hacemos un llamado por su inmediata revocación, devolviendo a las escuelas su carácter de espacios
protegidos del uso de la violencia y reconociendo a los y las estudiantes como sujetos de derecho.
Asimismo, hacemos un llamado por el inmediato cese de toda forma de violencia, el restablecimiento
del orden democrático en el país, y que el Estado Chileno actúe en conformidad a los protocolos
internacionales de derechos humanos, incluso la Carta Democrática Interamericana, la cual afirma
el respeto, protección y realización de los derechos humanos y de las democracias. Hacemos un
llamado por un urgente apoyo de instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas bien como los Comités Internacionales de Derechos, entre
ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño.
Como activistas del derecho a la educación, reconocemos la indivisibilidad e interdependencia de los
derechos humanos y seguiremos defendiendo políticas económicas, sociales, culturales y
medioambientales que conduzcan a un horizonte de bien estar y dignidad para todos y todas.
América Latina y el Caribe, 20 de octubre 2019
Firman:
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
ADHESIONES HASTA LAS 17:00 HORAS DE BRASIL. ENVIAR NOMBRE DE ORG AL CORREO DE CAMILLA
CROSO (camcroso@gmail.com)
América de Sur/ Chile/ 21.10.2019/ Fuente: www.bbc.com.
«No es por 30 pesos, es por 30 años».
Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia.
Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de semana en el país sudamericano.
Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesosfue solo la «gota que rebalsó el vaso». Prueba de ello es que el anuncio este sábado del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.
Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.
Muchos chilenos dicen sentirse «abusados» por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad «justa».
Pero ¿cuáles son estas «deudas sociales» por las que reclama parte de la sociedad chilena?
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Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo
1. El sistema de pensiones
Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile.
El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.
En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por lasAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEn los últimos años ha habido diversas protestas en contra de las administradoras de fondo de las pensiones AFP.
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar «pensiones dignas», y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.
Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: «Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo».
Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.
Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama «No+AFP». Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile «son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país». «(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos», dicen.
Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP.
«Cuando se habla de que las AFP nos están robando los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado de que las AFP nos roban», explica a BBC Mundo.
Por su parte, la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que «las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria».
«El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo», le dice a BBC Mundo.
Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile.
El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores.
La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como «No+AFP» y en sectores políticos de oposición.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption«No más humillación para nuestros abuelos», decían las consignas de una de las manifestaciones en contra del sistema de pensiones actual chileno.
«La reforma de este gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos como jubilación», dijo el diputado del partido Revolución Democrática, Giorgio Jackson.
Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones representan un «punto de inflexión» y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar.
«Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se jubilen de una manera digna», dice.
Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.
«En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas», explica De la Fuente.
2. Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.
Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl presidente Sebastián Piñera se reunió este domingo con los líderes del Parlamento y de la Corte Suprema con el fin de «reordenar prioridades» y contener el estallido social.
En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que «más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello».
«Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar», agregó.
Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.
«En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida», explica Gloria de la Fuente.
Bettina Horst, en tanto, asegura que aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores. «Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan bien los insumos, etc», dice.
3. Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte «transantiago» (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 añoscon la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.
Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.
Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.
Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionDesde sus inicios en 2007, el «transantiago» experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.
En definitiva, el «transantiago» tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.
A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.
Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es elnoveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
«Estructuralmente, la política pública implementada por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias», dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.
4. Privatización del agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.
El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.
Además, se alega que es un sistema «absolutamente privado».
Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino «saqueo».
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionPara Rodrigo Mundaca, en Chile no hay sequía sino «saqueo».
Para él, los privados hacen un «aprovechamiento» del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.
«Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura», dice. El activista agrega que «aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua».
Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente.
Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.
Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y «esos votos no están», reconoce Mundaca.
5. Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa «revolución pingüina», cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.
Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionMovilizaciones en Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.
Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.
«Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social», explica De la Fuente.
«Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social», agrega.
De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
6. Abusos y corrupción
Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.
«Los abusos están en el medio de este malestar de la gente», dice Gloria de la Fuente.
Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.
Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.
Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.
A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (a la derecha), se vio involucrado en el Caso Caval.
En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.
La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.
Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.
«Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país», explica Gloria de la Fuente.
Según la cientista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es «corrupta o muy corrupta».
«Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga», agrega.
Por su parte, Bettina Horst matiza que «hoy día la gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil».
Horst, sin embargo, agrega que «sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza».
Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas «deudas sociales», los expertos coinciden en que será difícil calmar la «furia» de los ciudadanos.
Fuente de la noticia: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583
Hay tres estudios que se difundieron en las últimas dos semanas y que alertan sobre una de las problemáticas centrales que afecta a los niños, las niñas y adolescentes en Argentina: la malnutrición. El primero, es la medición de la pobreza que el INDEC actualiza cada seis meses. El segundo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) que evalúa -entre otras cosas- los hábitos alimentarios de la población argentina, la ingesta de nutrientes y la lactancia materna. El tercero, El Estado Mundial de la Infancia 2019, un documento global que UNICEF publica todos los años y que, en esta edición, alerta específicamente sobre nutrición, malnutrición y hambre en el mundo.
La medición del INDEC confirmó la agudización en los últimos meses de la caída de los ingresos laborales, el desempleo y el aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Según estadísticas oficiales, la pobreza afecta a más de la mitad de los 13.1 millones de niños, niñas y adolescentes del país. La pobreza en Argentina es un problema estructural (en 30 años no se ha podido perforar el piso del 30% de pobreza por ingresos en la niñez) y es la mayor deuda que la sociedad argentina tiene con la población de 0 a 18 años. #LaDeudaEsConLaNiñez es el hashtag de la campaña que impulsamos desde UNICEF, en el marco de las elecciones presidenciales, para que los candidatos prioricen en sus plataformas electorales propuestas de políticas públicas para “pagar” esta deuda con más educación, más salud, más protección frente a la violencia, más inclusión social, más derechos humanos. Es importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan en cuenta estos criterios a la hora de decidir.
La pobreza es, para UNICEF y el Sistema de Naciones Unidas, mucho más que el nivel de ingresos que se percibe en un hogar. La pobreza es multidimensional: es la falta de oportunidades para que los chicos y las chicas acceden a la educación y aprendan, para que accedan a servicios de salud. Es la exposición que tienen a la violencia, son los entornos en los que viven (casas con pisos de tierra, barrios signados por la contaminación, falta de servicios cloacales). Todo eso es pobreza y también lo es que una niña, niño o adolescente sufra malnutrición, una epidemia silenciosa que se expande y afecta el presente y el futuro de las generaciones más jóvenes.
En Argentina aproximadamente 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares cuyos ingresos no cubren una canasta básica alimentaria, lo cual implica serias restricciones en el acceso a alimentos básicos. La evidencia generada por UNICEF y organizaciones sociales indica que en los últimos meses aumentó la demanda en los merenderos y comedores comunitarios que, a su vez, sufren restricciones en materia presupuestaria que afectan tanto la cantidad como la calidad de las comidas suministradas. Es decir, los alimentos que reciben los chicos y chicas en los diferentes contextos donde transcurre su cotidianeidad no constituyen una dieta equilibrada y generan problemas de malnutrición: en un extremo de la balanza, niños y niñas con desnutrición y trastornos del crecimiento; en el otro, niños y niñas con sobrepeso y obesidad.
La segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (un estudio que en buena hora se hizo, después de 14 años) y el Estado Mundial de la Infancia 2019 convalidan esta tendencia epidémica en Argentina y en el mundo: el exceso de peso en la infancia y la adolescencia es un factor de riesgo que crece y es determinante de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La ENNyS subraya que en Argentina hay más casos de sobrepeso y obesidad que de bajo peso y emaciación, y que la pobreza condiciona la calidad de los alimentos que se consumen. A modo de ejemplo, dice la ENNyS que sólo el 32,5% de la población de 2 años y más refirió haber consumido frutas al menos una vez por día durante los últimos tres meses: los encuestados del quintil más alto reportaron casi el doble de consumo de frutas que el quintil más bajo (45,3% vs. 22,8% respectivamente).
La malnutrición es -sin dudas- uno de los desafíos que enfrentará la próxima gestión presidencial en materia de salud pública. Saldar la deuda con la infancia y la adolescencia también es garantizar la seguridad alimentaria incluyendo la mejora de la cobertura y suficiencia de las prestaciones de protección social, para asegurar que las familias tengan acceso estable a alimentos frescos y de alta calidad. Dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, resulta clave -además- implementar medidas preventivas, como un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas que advierta con claridad aquellos que tienen exceso de sodio, azúcares libres y grasas. ¿Cuántos candidatos hablan de estos temas en sus plataformas electorales? ¿Cuántos electores se los demandan? ¿Estamos preparados para pagar #LaDeuda?
Fuente del artículo:https://www.clarin.com/opinion/nino–nina-adolescente-padecer-desnutricion_0_XLVhci2U.html
«Pueblos originarios, el eje ausente del debate presidencial», cuestionó Amnistía Internacional ante la coyuntura electoral y al dar a conocer un informe sobre la grave situación territorial de las comunidades indígenas de Argentina. Precisó que, a trece años de sancionada la Ley 26160 de Emergencia Territorial (que ordena relevar todas las tierras indígenas), sólo se finalizó el censo del 38 por ciento de las comunidades originarias. La organización de derechos humanos contabilizó casi 300 casos de conflictos territoriales, donde las comunidades son asediadas por actividades extractivas (minería, petróleo, agronegocio, forestales).
«Hay cientos de conflictos territoriales que afectan a las comunidades originarias. Sin embargo, la precaria situación que atraviesan los pueblos indígenas no es parte del debate presidencial», cuestionó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Para dar cuenta de la situación indígena, Amnistía elaboró el un informe sobre la Ley de Emergencia Territorial (26160), sancionada en 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas y realizar un relevamiento para luego avanzar con su efectiva titulación. En 2017 la ley fue prorrogada por tercera vez, hasta noviembre de 2021, fecha para la cual el Estado se comprometió a completar los relevamientos en todas las comunidades indígenas del país.
«La efectiva implementación en un imperativo de derechos humanos», reclama Amnistía en el informe. Y detalla que, luego de 13 años de sancionada, se inició el relevamiento territorial en un 57 por ciento de las comunidades, y se finalizó solo en el 38 por ciento de los casos. En los próximos dos años (antes que venza la ley), para lograr el objetivo comprometido, debería completarse el 62 por ciento restante. Precisa que aún quedan por relevar un piso de 720 comunidades (advierte que podrían ser más), de las 1687 registradas.
El relevamiento está a cargo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), conducido por Jimena Psathakis, que proviene de la Fundación Cambio Democrático, ONG que con discurso de «diálogo» impulsa las actividades extractivas. El INAI está bajo la órbita del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
“Uno de los compromisos que asumió la gestión Cambiemos apenas comenzó el gobierno fue trabajar la problemática vinculada a los pueblos originarios. Se avanzó poco en la implementación de los relevamientos territoriales y una vez más se posterga a estas comunidades a la voluntad política de la próxima administración», cuestionó Mariela Belski. Pidió que el próximo gobierno concluya «de manera urgente» con los relevamientos e implemente un mecanismo de titulación de los territorios indígenas.
Amnistía Internacional relevó de forma colaborativa (con otras organizaciones) casi 300 casos en Argentina en los que comunidades indígenas reclaman el cumplimiento de sus derechos territoriales frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente. La organización aclara que es solo un piso de conflictos, que aumentan periodicamente.
«El avance a gran escala de la explotación de los recursos naturales (a través de explotaciones mineras y petroleras, deforestación, explotación agrícola y ganadera, entre otras) para abastecer el aumento del consumo mundial ha intensificado el despojo de los pueblos indígenas de sus tierras en nombre del llamado ‘desarrollo’”, denuncia la organización de derechos humanos.
Cita como referencia el caso del Pueblo Kolla de Salinas Grandes (Jujuy y Salta) frente a la minería de litio y de la comunidad mapuche Campo Maripe (en Neuquén), que resiste la avanzada petrolera en el epicentro de Vaca Muerta. «El Lof Campo Maripe ha quedado fuera del relevamiento de la Ley 26160 y ha tenido que articular para lograr avanzar en un relevamiento provincial, el cual, una vez concluido, ha sido arbitrariamente desconocido por el gobierno de Neuquén. Los líderes de la comunidad hoy están siendo perseguidos penalmente por usurpación de sus propios territorios», denuncia el informe. Y enumera las normativas vigentes (Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, entre otras), que el Estado argentino incumple sistemáticamente.
Amnistía encuadra la situación de los pueblos indígenas es una causa de derechos humanos. Y, por otro lado, llama la atención sobre la invisibilización del tema entre la dirigencia política, los medios de comunicación y hasta interpela a sectores de la sociedad: recuerda que estudios científicos determinaron que el 56 por ciento de la población argentina tiene en su genética algún rastro indígena. «Aun así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad», cuestiona Amnistía.
En 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas explicitó su preocupación ante la situación indígena de Argentina. Cuestionó a las autoridades nacionales por la falta de cumplimiento del relevamiento territorial y por el avance de los desalojos. También señaló su preocupación por la falta de mecanismos para la entrega de títulos comunitarios de tierras a los pueblos originarios.
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