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República Dominicana Eduardo Hidalgo: «El docente no es el único responsable de que los estudiantes no logren los aprendizajes»

El Presidente de la ADP dice que si desde el Ministerio de Educación hay una política seria, que procure mejorar los índices negativos, la apoyarán plenamente

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República Dominicana: La educación como derecho y como servicio público esencial

Cristóbal Rodríguez Gómez

La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad.

En su edición del día de ayer, este periódico editorializaba sobre un tema crucial para cualquier sociedad: la educación. Nos recordaba que durante la pandemia «pocos sectores sufrieron tanto y durante tanto tiempo como el sector educativo»; que «mientras otros campos se han recuperado satisfactoriamente, el educativo sigue de problema en problema perjudicando directamente a la masa estudiantil del sector público» y que, en medio del rezago de «los más vulnerables», continúan «los maestros haciendo asambleas en horas lectivas.»

Pero no se trata solo de asambleas. Se trata además de paralizaciones de docencia por reclamos que se llegan a cabo amparados en el derecho a huelga que de forma recurrente reivindica el gremio. Así, a la paralización general del pasado viernes -según informa Diario Libre en una nota de la misma fecha-, se suman las convocadas para los días 26 de mayo y 7 de junio próximos. Esto a pesar de las advertencias del ministro Ángel Hernández en el sentido de que, cada día que se deja de impartir docencia en el sector público, le cuesta al Estado una suma que ronda los 750 millones de pesos.

En otras palabras, el gremio de los maestros sigue privilegiando sus derechos, frente al derecho de los estudiantes a recibir docencia. Y pese a la obligación de los docentes de ofrecer el servicio al que sirven, en los términos que manda la Constitución en su artículo 147.

Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional ha fijado su criterio sobre los límites del derecho a huelga de los maestros. Hagamos memoria: el 13 de mayo de 2019, mediante Sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional decidió un recurso de revisión constitucional de amparo que le fue presentado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional del municipio de Barahona. Dicho recurso se interpuso contra una Sentencia en la que, la Primera Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de esa demarcación, consideró que una serie de marchas, piquetes, asambleas y suspensiones parciales de la docencia en las escuelas públicas, propiciadas por el indicado gremio durante el año 2017, atentaban contra el derecho a la educación en condiciones de igualdad.

En el proceso que culminó con la señalada sentencia se enfrentaban, en esencia, dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga de los profesores que integran la ADP, seccional Barahona, y el derecho a la educación. Esta circunstancia, por aplicación del canon del artículo 74.4 constitucional, llevó al TC a un ejercicio estricto de ponderación que, ciertamente, no funda una regla de aplicación general a otros casos similares en el futuro. Pero que dejó claro algunas cuestiones sobre las que conviene volver.

Lo anterior significa, en primer término, según nos informa el TC, «que la solución a que se arribará no supondrá necesariamente, y en todo caso, que el derecho fundamental que resulte protegido haya de prevalecer siempre respecto del otro, ni tampoco que el precedente contenido en la decisión podrá ser considerado en abstracto como fuente de una sub-regla de jerarquización entre los derechos en conflicto, sino que será necesario realizar una casuística ponderación entre uno y otro para determinar la solución que resulte constitucionalmente adecuada, según el grado de afectación y satisfacción de los intereses en conflicto.»

La consideración central del tribunal para asignar un mayor peso al derecho a la educación frente al derecho a la huelga en el caso bajo comentario es la siguiente: «Las huelgas constantes y reiteradas convocadas por la ADP (…) constituyen un grave riesgo que podría afectar el logro de los objetivos educacionales de 33,000 niños, niñas y adolescentes de la región. El beneficio que pretendían obtener los profesores radicaba en mejoras en las condiciones laborales y en los planteles educativos. Sin embargo, las probabilidades de que tales beneficios se pudieran conseguir en un corto plazo eran precarias, pues los requerimientos de las normas que pautan la erogación de los fondos públicos y el carácter centralizado de la gestión educativa en el país, pugnan con la posibilidad de mejoras como las exigidas por la ADP, seccional Barahona, sin el aprovisionamiento presupuestario del Poder Legislativo…»

De lo anterior parece desprenderse que, en circunstancias en las que el recurso a la huelga resulte adecuado para de alcanzar los fines perseguidos, el mismo podría prevalecer frente al derecho a la educación. No obstante, ese aspecto de la decisión no debe ser visto al margen de la que considero su cuestión jurídica más relevante: la redefinición de la noción de servicios esenciales llevada a cabo por el Tribunal.

Tradicionalmente definidos como «aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población», en el caso concreto el Tribunal considera que dicha noción abarca, además, «la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, cuando la suspensión de la docencia se practica de modo ´progresivo, prolongado e indiscriminado´, pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8).»

En consecuencia, el derecho a la huelga deberá ceder frente al derecho a la educación, no solo por el hecho de que los fines perseguidos no sean realizables como resultado de su uso. Deberá ceder siempre que la docencia, considerada como un servicio esencial por la sentencia comentada, sea suspendida de modo «progresivo, prolongado e indiscriminado». Esto así porque, a consideración del Tribunal, con ello se pone en entredicho la misión esencial del Estado en la obtención y desarrollo de los medios de perfeccionamiento progresivo de las personas bajo su jurisdicción.

La cuestión se relaciona con el artículo 147 constitucional según el cual los servicios públicos, sean prestados por el Estado o por los particulares, «deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia (…) continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.» Esto así, porque las paralizaciones recurrentes no son razonables, ni eficientes, al tiempo que atentan contra la calidad y el carácter continuo con que deben ofrecerse dichos servicios.

La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad pues, según el criterio del TC, «las suspensiones reiteradas de docencia por la huelga convocada por la ADP, seccional Barahona, lesionan gravemente su derecho a la educación y son víctimas de discriminación fáctica en la medida en que los estudiantes de colegios privados disfrutan de programas completos, cursos y exámenes a tiempo, sin ningún tipo de interrupción.»

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2023/05/23/la-educacion-es-un-derecho-y-servicio-publico-esencial/2324064

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Argentina: “12 de las 24 provincias redujeron su presupuesto en educación”, según un informe

(CNN Radio Argentina) — Martín Nistal, coordinador de Investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación y autor del informe ‘Financiamiento Educativo Provincial’, conversó este martes con CNN Radio sobre los gastos en educación que hacen las provincias argentinas.

En contacto con Regreso CNN de Federico Seeber, Nistal señaló que “en educación, 3 de cada 4 pesos lo ponen las provincias y 1 de cada 4 pesos lo pone Nación. Muchas veces la discusión está centrada en qué hace Nación con educación, pero vale la pena revisar qué está pasando en las provincias”.

“En 2015, fue la última vez que se cumplió la meta de inversión en educación con un 6%. Todo lo que gastan las provincias, más lo que gasta Nación, tiene que ser igual al 6% del PBI. El problema es que nadie sabe cuánto tiene que gastar cada provincia. Esto suena un poco raro porque si nadie sabe cuánto tiene que invertir, cómo vas a llegar a ese porcentaje”, explicó.

El informe destaca que entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. El autor de este informe, precisó que «Mendoza y CABA son los lugares donde más hubo reducción y las que más aumentaron fueron Salta y Neuquén».

«Desde las provincias, dicen que hubo cambios en los presupuestos. De las cosas que se hacía cargo Nación y se las pasó a las provincias, hizo que se reduzca la participación de educación en los presupuestos», detalló Nistal.

«Los presupuesto están condicionados por los salarios», remarcó el coordinador. En este sentido, el informe indica que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de su inversión educativa al pago de salarios.

https://cnnespanol.cnn.com/radio/2023/05/23/12-de-las-24-provincias-redujeron-su-presupuesto-en-educacion-segun-un-informe/

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Consideraciones urgentes sobre inteligencia artificial y educación

Por: Mauro Jarquin 

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha sido sobresaliente en los últimos años. Su expansión ha alcanzado también al sector educativo, donde se ha visto una vorágine de innovación acompañada por campañas publicitarias en torno a las grandes ventajas de la adopción tecnológica. Así, se ha buscado construir una narrativa en la cual la IA es esencialmente una herramienta que puede asistir a docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de estrategias como la personalización y a la cual el profesorado puede delegar una amplia gama de responsabilidades, particularmente administrativas, que suelen requerir mucho tiempo para ser realizadas.

El anunciado desembarco de la IA privada en sistemas escolares del mundo ha generado gran interés en amplios sectores sociales y académicos, entre los cuales se ha expresado tanto confianza, respecto de las potenciales mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, como escepticismo o franca preocupación, respecto de los efectos de la “aplicación” de dicha tecnología. Como efecto de ello se han organizado charlas y debates en los cuales se han discutido perspectivas sobre la IA y la educación.

Si bien dichos encuentros han resultado sumamente interesantes, hasta ahora la discusión ha versado principalmente en torno a las limitaciones estructurales y desigualdad en el acceso a tecnologías y a Internet, así como a preocupaciones de carácter instrumental, relativas a cómo incrementar nuestra productividad y aprovechar dicha tecnología. Se han discutido también ciertos riesgos asociados generalmente a su mal uso, plagio o sesgos contenidos en la IA generativa.

Comúnmente, la IA en educación se da por sentada, como si no tuviera historia o contexto. Además, se presenta como si fuera una herramienta lista para ser utilizada a placer por sus usuarios. No se le considera en tanto articulación técnica, condicionada históricamente y con la facultad de generar efectos en quienes la emplean. Una tecnología productiva no sólo de contenido académico útil y “accesible”, sino también de nuevas sociabilidades en el campo educativo.

Es importante considerar al menos tres problemáticas vinculadas al desarrollo histórico de la IA en educación:

Datificación digital alude al proceso mediante el cual la realidad educativa se transforma en grandes volúmenes de información que es procesada por máquinas (datos), lo cual permite a la IA realizar tareas como cálculos, proyecciones, diagnósticos, etcétera. Dado que la compleja realidad cotidiana debe ser estudiada por máquinas, la datificación conlleva también simplificación. Si bien la generación de datos educativos se puede efectuar de distintas formas –como las pruebas estandarizadas a gran escala, entre las cuales PISA es sobresaliente–, el uso de plataformas y software en educación incrementa sustancialmente la capacidad de obtener información. La recolección de dichos datos debe ser constante. Con ello, las escuelas funcionan como minas de datos y el ejercicio educativo se torna en práctica extractiva que puede beneficiar a las grandes empresas dueñas de las “herramientas” digitales.

El asunto del poder resulta crucial cuando hablamos de estructuras digitales, plataformas y formas de IA. Esto se da, cuando menos, en tres sentidos: a) todas esas expresiones constituyen sistemas sociotécnicos que reorganizan distintos procesos educativos, curriculares, de gestión y evaluación. Las estructuras digitales, y la propia IA, condicionan tanto la interacción digital de los usuarios, como los resultados de investigación; b) la tecnología, particularmente la IA generativa, conlleva implicaciones ideológicas que se expresan en forma de “sesgos” en los textos que producen. Distintos productos de IA generan resultados definidos políticamente, tal como han mostrado estudios sobre los posicionamientos de Google Bard y Chat GPT de Open AI sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; c) por otro lado, la datificación educativa es un ejercicio de poder, dado que construye un campo de acción en el cual actores como burocracias y empresas pueden posteriormente intervenir desde fuera por medio de dispositivos de política con el objetivo de modular comportamientos y obtener beneficios.

Finalmente, la expansión del capitalismo digital constituye el contexto del impulso de la IA en el sector educativo. A ello responde también la abierta competencia entre Google y Microsoft respecto de la provisión de IA para educación. Lo anterior conlleva al menos dos implicaciones: a) creación de enclaves de rentabilidad privada en el ámbito de la educación pública, por la vía de comercialización de productos de IA, lo cual podría conducir a otro ciclo de privatización educativa; b) un uso de IA en educación enfocada prioritariamente en la formación de capital humano, ahora asociado a los requerimientos de la cuarta revolución industrial.

Ante el entusiasmo por la transformación digital de la educación resulta sugerente mantener una distancia crítica que permita a comunidades educativas, profesorado, estudiantes y familias conocer y discutir sus aristas y tensiones internas. Así, podremos tener mayor claridad en torno a la construcción/consolidación de proyectos educativos de actualidad que sean capaces de atender las necesidades educativas del siglo XXI sin ceder el control de la educación a actores ajenos.

Luchar por una educación crítica y democrática en el siglo XXI conlleva superar el fetichismo tecnológico. Así, antes de invitar sin discusión a docentes y escuelas a “modernizarse”, es importante considerar la compleja circunstancia histórica de la IA, así como las potenciales implicaciones (favorables o no) de su uso respecto a las actividades educativas cotidianas.

* Profesor FFL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

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Colombia: Mujeres afro que a través de la educación transforman sus territorios; estas son sus historias de valentía

Cuatro mujeres lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito una maestría en gerencia y práctica del desarrollo junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico. Ellas esperan regresar a sus comunidades para compartir sus nuevos conocimientos.
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Libro(PDF): Cultura, ciudadanías y educación en el entorno digital

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital.

Este libro reúne un conjunto de artículos que expresan algunas de las presentaciones realizadas en el 5.o Encuentro Latinoamericano de la Red de Investigadores e investigadoras sobre apropiación de Tecno­logías Digitales [RIAT] y II Reunión del Grupo de Trabajo de CLAC­SO, “Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades”. Los problemas que se abordan en estos artículos dan cuenta, por un lado, del modo como van consolidándose las relaciones y las expe­riencias de investigación en el marco de la RIAT y, simultáneamente, de la potenciación y diversidad que imprime la conformación de un grupo de trabajo en el marco de CLACSO: si bien se observa que el interés por los procesos de apropiación que se producen en el ám­bito educativo, continúa teniendo un peso relativo muy importante, se desarrollan también investigaciones y reflexiones sobre otras problemáticas que, subrayadas por el rol que las relaciones con las tecnologías digitales tienen a partir del escenario producido por la pandemia por covid-19, reclaman análisis especializados y pro­puestas de intervención.

Autoría: Roxana Cabello. Silvia Lago Martínez. [Editoras]
Roxana Cabello. Silvia Lago Martínez. Delia Crovi Druetta. Guadalupe Álvarez. Gloria Álvarez Cadavid. Fernando Andonegui. Manuel Area-Moreira. Roberto Canales Reyes. María Belén Fernández Massara. Susana Finquelievich. Romina Paola Gala. Martín Ariel Gendler. Victoria Matozo. Héctor Molina Arriagada. Susana Morales. Renzo Moyano. Graciela Natansohn. María Belén Odena. Ingrid Ojeda Cea. Martín Alejandro Pizarro. Flavia Romina Samaniego. Luis Ricardo Sandoval. Francisco Sierra Caballero. Sofía Torres. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. RIAT.

Año de publicación: 2023

País (es): Argentina. Uruguay

ISBN: 978-987-813-449-9

Idioma: Español

Descarga: Cultura, ciudadanías y educación en el entorno digital

Fuente e Imagen: https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2797&c=1

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Honduras: Después de varias protestas, Secretaría de Educación asigna docente en Escuela de Azacualpa

De acuerdo con Daniel Esponda, secretario de Educación, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.

Tegucigalpa, Honduras – Este lunes la Dirección Departamental de Educación en Tegucigalpa, amaneció tomada por docentes, padres y madres de familia del Centro Básico Manuel Bonilla, de la comunidad de Azacualpa, Distrito Central, como una medida de presión para que les asignaran un docente, una solicitud que venían haciendo desde que inició el año lectivo.

Luego de esta protesta –la segunda en lo que van del año– la Departamental les asignó una docente hasta noviembre, mes en el que concluye el año escolar, esto significa que de no reverse el problema de la estructura docente, el siguiente año este problema continuará.

El centro educativo está a 17 kilómetros al Suroriente de la capital de Honduras, y con un poco de dificultad por la distancia –pero más por el mal estado de la carretera—, los cuatro decentes asignados llegan a impartir las clases a los niños y niñas.

La comunidad educativa de la Aldea Aguacate, donde esta ubicado el Centro Básico Manuel Bonilla, se han presentado a las instalaciones de la Departamental en Tegucigalpa, para denunciar el robo de estructuras docentes.

Mariluz Zepeda, directora CEB Manuel Bonilla. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

De acuerdo con la directora, Mariluz Zepeda, los docentes se han distribuido la carga académica para poder atender a los 139 estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, los estudiantes más afectados han sido los de tercero y cuarto grado, en primer lugar, y el resto de los estudiantes debido a que los docentes no los pueden atender al cien por ciento.

Por su parte, Fanny Valladares, madre de familia –que está al pie de la lucha para el nombramiento del docente faltante—, comentó a Criterio.hn, que en la Departamental les informaron, en relación a la estructura docente que se extravió, “ya no se puede hacer nada, porque se hizo una transferencia a otro centro educativo”.

Sin embargo, con la asignación de la docente para el tercer ciclo los estudiantes de tercer y cuarto grado ya podrán recibir sus clases con normalidad, ya que la maestra asignada para estos grados estaba atendiendo a los estudiantes de secundaria. la ´preocupación de los padres y madres era que los niños corrían el riesgo de perder el año escolar”. Esta situación seria una completa violación al derecho humano a la educación de niños y niñas, que además urgen de una escuela en optimas condiciones.

El centro Básico Manuel Bonilla, además de docentes, necesita reparación de conexiones eléctricas, mobiliario, reconstrucción de un puente de acceso al Jardín de niños Emanuel, dotación de material didáctico, pizarras nuevas, e iluminación en sus aulas.

Esta problemática, según de acuerdo con un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (AASJ), en el 2023 está afectandoha afectado al 25 % de los centros educativos del país..

FALTA DE DOCENTES: PROBLEMA DE PERCEPCIÓN

Desde que iniciaron las clases este 2023, ante la falta de docentes los padres, madres, estudiantes y docentes se han visto obligados a tomarse los centros educativos como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades educativas.

Daniel Esponda, secretario de Educación. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

Según, dijo a Criterio.hn, el ministro de Educación, Daniel Esponda, esta situación es “un problema de percepción”, ya que, de los más de 23 mil 600 centros educativos, en la Secretaría de Educación “el número de escuelas que nosotros hemos tenido reportes en lo va del año hasta la fecha son menos de 100, eso significa que es menos del 0.00 10%”, sien embargo el problema sigue latente y la más afectada es la niñez hondureña.

De acuerdo con Esponda, han atendido todos los reclamos que han recibido, “debemos señalar que unos son correctos, en algunos centros educativos hacen falta docentes”, reconoció.

Esponda, justificó que la falta de docentes se debe a que “El sistema educativo hondureño opera con las mismas plazas que dejó el presidente Zelaya, es decir tenemos los mismos docentes de hace 14 años y la población estudiantil en nuestra región ha crecido”.

Lea también: Educación: más allá del discurso de matrícula gratis

DENUNCIAS

El concurso docente que inició en 2022 y que se encuentra en etapa de audiencias públicas, pese a esta medida ha sido fuertemente cuestionado y criticado, de acuerdo con docente ya que denuncian que se continúan nombrando docentes de dedo.

Los mas afectados con la falta de docentes en los centros educativos son los niños y niñas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

El viceministro de Educación, Edwin Hernández, en entrevista con Criterio.hn señaló “la asignación de plazas –salvo en algunos departamentos en donde ha habido una falta de agilización de parte de las autoridades, y eso ha generado problemas—, por lo general en 15 departamentos vamos bien”.

Sin embargo, Dafne Unilia Rodríguez, docente y fiscal de la junta directiva central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), indicó que este colegio magisterial ha recibido denuncias. “hay profesores que mencionan que se están violentando algunas disposiciones para el nombramiento de profesores”.

Además, Rodríguez mencionó que los docentes afiliados a este colegio magisterial han denunciado que a docentes nuevos –recién nombrados— se les han completado sus horas clase, dejando de lado a los maestros con antigüedad.

Otra de las problemáticas, que enfrentan los centros educativos es la perdida de estructuras docentes que pertenecían a docentes jubilados o que han fallecido. “Hay denuncias de centros educativos donde no se han llevado maestros y las estructuras se pierden (…) estos movimientos son los que no entendemos por qué los hacen”, manifestó Dafne Rodríguez.

Además, señaló que el docente que ha sido nombrado con una estructura perteneciente a otro centro educativo “no puede entrar en propiedad en esa plaza, este es el problema de los interinos famosos que nunca logran tener una plaza”.

De acuerdo con Daniel Esponda, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que los niños y niñas de los grupos con mayor nivel de exclusión de la cobertura educativa son aquellos que viven en la zona rural, que representa el 48.7%; los que tienen entre 3 y 5 años es decir el 65 % y los adolescentes de entre 12 y 14 años o sea el 55.1 % y los adolescentes de 15 a 17 años el 74.6 %.

https://criterio.hn/despues-de-varias-protestas-secretaria-de-educacion-asigna-docente-en-escuela-de-azacualpa/

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