El impacto causado por el covid-19 ha sido terrible en el entorno más vulnerable, el de las personas de mayor edad, tanto en la altísima mortalidad sufrida en las residencias como en las condiciones en que se encuentran quienes han sufrido la pandemia en su hogar. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa el especial cuidado que merece la tercera edad y las personas dependientes, un enorme desafío de alto contenido ético que el conjunto de la sociedad debe afrontar, tanto en lo que se refiere a su salud como a la propia calidad de vida. La insuficiente falta de financiación del sistema de dependencia, aun a pesar de la ley que la regula, provoca, por ejemplo, que en España haya más de 230.000 personas dependientes todavía sin prestación y casi 150.000 a la espera de ser valoradas, sin contar con que las ayudas son precarias y muy raramente sirven para paliar los déficits de asistencia.
Galicia, a la cabeza del envejecimiento demográfico en España, tiene en consecuencia un reto mayor que el de otras regiones para prestar a toda esta población la atención obligada. En 2035 un 33% de los habitantes de la comunidad tendrá más de 65 años, es decir, uno de cada tres gallegos ya estará en la franja de la tercera edad. Y para entonces pasará de tener el 4,1% de su población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5%, lo que supone nada menos que 28.000 personas más que ahora. Si a ello se suma el desplome de la natalidad y en consecuencia la falta de relevo generacional, la atención en los hogares de nuestros mayores en dificultades se torna una misión casi imposible.
La ley de Dependencia supuso, sin duda, un salto cualitativo en la protección social de este amplio colectivo poblacional, aunque cuenta con severas dificultades financieras para su pleno desarrollo. Las políticas de asistencia social necesitan un giro para paliar una situación deficitaria en lo que se refiere a la oferta pública de residencias, sometidas en la actualidad a unas listas de espera insoportables. En el otro lado de la balanza, el vacío lo ocupa la iniciativa privada, cuyo catálogo de atención de mayores se rige por los precios de mercado, solo aptos para quien pueda pagarlos y no todos pueden hacerlo. Resulta apremiante seguir impulsando más y mejores alternativas frente a un problema que crecerá exponencialmente debido a la baja tasa de natalidad y a los cambios que se vienen produciendo en los entornos familiares, donde además los núcleos tradicionales mutan hacia otros modelos que no contemplan la convivencia con los mayores.
El futuro solo puede abordarse, por un lado, con la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la creación de una red residencial sostenida en parte a través de las aportaciones de los peticionarios, cuyas pensiones serán imprescindibles para sufragar los gastos de un sistema equilibrado que cubra el amplio abanico de necesidades de una generación con hábitos muy diferentes a los de sus ancestros.
La previsible demora en crear una completa oferta pública estable obliga a alcanzar acuerdos con centros privados a través de los necesarios concursos. Prueba del colapso y los trastornos sociales que provoca la carencia de un proyecto para los mayores en el conjunto del país no radica solo en las eternas listas de espera, sino también en los ingresos hospitalarios de ancianos que ocupan camas en los centros sanitarios al oponerse sus familias al traslado domiciliario porque aquellos no pueden regresar sin apoyos o porque éstas carecen de medios para atenderlos en el hogar. Solo en 2020, la Xunta internó de urgencia en residencias a casi 800 ancianos que no podían valerse por sí mismos y no tenían a nadie que los pudiera cuidar.
Esta es la situación actual, a la que se suma que más del 85% de los cuidadores son familiares sometidos a la presión de tener que conciliar sus vidas privadas y laborales con la atención a sus mayores. No obstante, el escenario demográfico de futuro es aún peor. Urge que las administraciones actúen en consecuencia, previendo que la generación de los baby-boomers llegará en la próxima década a la senectud. Y en menos de veinte años, el sistema tendrá que atender al doble de personas que en la actualidad, una cifra que las proyecciones elevan a dos millones de ancianos. La población envejecida se incrementará, habrá más dificultades en el acceso y en la conservación de la vivienda, tendrá una menor cobertura familiar y menos ingresos para hacer frente a sus necesidades, el pago de las pensiones se complicará y, con las restricciones a la inmigración, habrá también menos personas que puedan intervenir en el sistema de cuidados.
Además de residencias adaptadas a las exigencias de tiempos pandémicos, hace falta un programa moderno de atención. Adaptado a las nuevas circunstancias laborales y a los cambios sociológicos en los entornos en el que se priorice una efectiva atención domiciliaria, con proyectos para acompañamiento a las familias y una mayor cobertura de cuidadores, tanto en extensión de las horas invertidas como de su estatus y condiciones laborales.
La Xunta viene esta semana de anunciar por boca de su presidente Feijóo en el debate sobre el estado de la Autonomía un nuevo modelo de residencias de mayores, que se enviará en las próximas semanas al Parlamento. Entre las novedades, figura que todos los centros nuevos deberán estar divididos en unidades de convivencia de 25 personas como máximo, que servirán como pequeños hogares dentro de cada residencia. También se crearán las primeras unidades de cuidados intermedios en las que se atenderá a los mayores, que tras recibir el alta de un centro de salud, necesiten un “acompañamiento social”. Al anuncio se suma el acuerdo entre PP y PSdeG para la creación de 2.000 nuevas plazas públicas en residencias de mayores en tres años. Son pasos, que a falta de conocer el recorrido final, apuntan en la buena dirección.
El Gobierno, por su parte, ha impulsado un plan de choque, de común acuerdo con autonomías y agentes sociales, que implica una inversión en tres años de 3.600 millones de euros con el objetivo prioritario de reducir las listas de espera e introducir avances en los servicios y prestaciones. La administración central calcula llegar a un porcentaje de financiación del 26,5% para paliar los recortes promulgados por el PP, pero aun alejado de la cifra prevista por la ley. La Xunta se ha comprometido a reducir la burocracia y agilizar la valoración de los beneficiarios de ayudas, consciente del galimatías jurídico existente, y del sufrimiento de muchos afectados. Los concellos, a los que se ha transferido la competencia autonómica del servicio de ayuda al hogar, ven como estas partidas se llevan la mayor parte del gasto social. Ni aun así los fondos llegan ni hay profesionales suficientes para su atención. Con el coste de los cuidados disparado, el aumento de dependientes y la demanda creciente de personal cuadrar las cuentas es un triple reto.
El envejecimiento de la generación más numerosa, más allá de su impacto en la pirámide poblacional, afectará también sensiblemente a la economía y a la distribución de la riqueza. Por eso resulta esencial salvaguardar los derechos básicos del Estado del bienestar para evitar un aumento de la desigualdad y, especialmente, la defensa de la dignidad en una sociedad que, como hemos visto y sufrido, no puede permitirse dejar de lado a sus mayores.
Fuente de la información e imagen: https://www.laopinioncoruna.es
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