Escuelas mexicanas

Descarga administrativa: quimera de las escuelas mexicanas

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Redacción: Rogelio Javier Alonso Ruiz

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo.

El artículo 22 de la Ley General de Educación señala que “las autoridades educativas, en sus respectivas competencias revisarán paralelamente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros [y] lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia”. Al respecto, la SEP (2017) reconoce que para fortalecer el liderazgo educativo es necesario, entre otras condiciones, “disminuir la carga administrativa que, tradicionalmente, ha tenido el director para que pueda enfocarse en la conducción de las tareas académicas de su plantel” (p.37). No obstante que la descarga administrativa es un mandato legal, el INEE (2018) reconoce, al respecto, que entre los problemas más notorios de nuestro sistema educativo se encuentra que “prevalece […] un modelo de administración excesivamente burocrático que limita la capacidad de gestión de las escuelas” (p. 30) y además, que “la sobrecarga de tareas burocráticas para los docentes y autoridades escolares limita el tiempo disponible para su formación continua” (p. 18).

En sintonía con la última idea del párrafo anterior, llama la atención un hecho reciente que ha causado inquietud entre los docentes y directivos de educación primaria del país: el surgimiento de un nuevo registro de evaluación de los alumnos. Lo primero que salta a la vista es que, a diferencia de otros ciclos escolares, en los que el informe de evaluación que se entrega a los padres de familia comprendía una cuartilla, en esta ocasión puede llegar a tener más de diez. Asimismo, para la captura de la calificación, anteriormente la plataforma en la que se efectúa esta actividad solicitaba únicamente la calificación final de cada estudiante, mientras que ahora ésta tendrá que ser desglosada en varios aspectos, que serán promediados para asignar una calificación final. De este modo, el trabajo de los docentes para registrar sus calificaciones también se incrementó: mientras el ciclo escolar pasado, para registrar la calificación de matemáticas en cuarto grado, un maestro de un grupo de 20 alumnos tenía que llenar 20 campos en el formato correspondiente, en esta ocasión tendrá que llenar, como mínimo, 60 campos, es decir, el triple.

Por si fuera poco, en el área de Formación académica, los docentes tendrán que expresar las calificaciones de dos maneras diferentes: una con escala numérica y otra por nivel de desempeño. Las modificaciones en el registro de calificaciones han  tenido incluso objeciones que apuntan hacia cuestiones de racionalización del uso de recursos y cuidado del medio ambiente: siguiendo con el ejemplo del maestro del párrafo anterior, de requerir 20 hojas para imprimir las boletas de su grupo, ahora necesitará 220, de acuerdo al formato oficial de reporte de evaluación. Aunado a lo anterior, la acostumbrada mala comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de autoridades educativas ha generado una diversidad de interpretaciones que redundan en la confusión de docentes y directivos. En suma, se observa que las autoridades educativas convirtieron el registro de evaluación y su comunicación a los padres de familia en un proceso más complejo y laborioso para el docente y el directivo, sin que se adviertan posibles beneficios académicos.

El registro de calificaciones es uno de tantos procesos administrativos que pudieran ser simplificados en las escuelas. Entre estos procesos existen varios ejemplos. Por señalar uno, se puede citar el llenado del Formato 911 por parte de los directivos: en este formato se solicitan datos estadísticos de la escuela referentes a su matrícula y su trayectoria escolar, condiciones materiales de la escuela, personal, etc. Si bien mucha de la información que se pide en tal formato pudiera ser proporcionada automáticamente por una base de datos informática, la SEP ha preferido que los directivos realicen este procedimiento manualmente. Otro ejemplo de un trámite posiblemente innecesario es la actualización de la plantilla laboral por parte de los directivos escolares ante la autoridad educativa: resulta difícil de entender que el patrón, en este caso, la SEP, no tenga conocimiento de los datos personales, académicos y laborales de cada uno de los trabajadores a los cuales les paga un salario y, por tanto, tenga que solicitar a los directivos que se los proporcione, encargando para esto una tarea que implica tiempo y esfuerzo considerable.

La sobrecarga administrativa no es un fenómeno exclusivo de las escuelas mexicanas. De acuerdo con el estudio TALIS 2013 (OCDE, 2014), el tiempo de trabajo de los directores de educación primaria de seis países (entre los que se encuentra México) se concentra, sobre todo, en actividades administrativas (42%). Estas tareas sobrepasan por mucho a otras como las relativas a interacción con estudiantes (13%) o padres (11%) y a tareas relacionadas con el currículum y la labor pedagógica de los profesores (23%). Así pues, si bien la labor del directivo debe atender asuntos administrativos, queda claro que no sólo en México, sino en otras regiones del mundo, se privilegia –quizá en exceso– la labor administrativa del director por sobre las tareas pedagógicas y de organización escolar.

En suma, se observa que la descarga administrativa propuesta por la SEP ha quedado como una promesa que nunca se concretó en las escuelas mexicanas. Sin negar que dentro de las escuelas son necesarias las tareas administrativas, es importante que éstas no se conviertan en un impedimento para que los directores, y mucho menos los docentes, realicen actividades que impacten directamente ligadas al aprendizaje de los alumnos. Es preciso entonces no sólo que se simplifiquen los procesos administrativos sino que, además, se depuren privilegiando, en la medida de lo posible, su pertinencia pedagógica. Asimismo, es necesario que en algunos niveles educativos se haga realidad la figura de subdirector administrativo, la cual sin duda sería provechosa para permitir que no se desatiendan asuntos académicos prioritarios de los planteles. Urge entonces, por el bien de la calidad del servicio educativo brindado, que la descarga administrativa deje de ser un anhelo de las escuelas mexicanas y se concrete en la práctica cotidiana.

REFERENCIAS

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley General de Educación. México: autor, 1993.

INEE. Educación para la democracia y el desarrollo de México. México: autor, 2018.

OCDE. New insights from TALIS 2013. Teaching and learning in primary and upper secondary education. 2014.

SEP. Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación obligatoria. México: autor, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/descarga-administrativa-quimera-de-las-escuelas-mexicanas/

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El verdadero reto de la Reforma Educativa.

Santiago García Álvarez

Hay que preparar técnica y humanamentea los profesores, exigirles pero respetarlos y remunerarlos adecuadamente.

Por: Santiago García Álvarez.

Recientemente se dio a conocer el nuevo modelo educativo nacional para la educación obligatoria. Es un esfuerzo destacable, en el que se concede mayor relevancia a “aprender a aprender” y al uso de las tecnologías. Al mismo tiempo promueve la inclusión y la equidad, impulsa la evaluación de profesores y otorga cierta autonomía curricular a las escuelas.

Nuestro país no es el primero ni el único en plantear nuevos modelos. Se trata de un debate que ha generado polémica, tensiones y variados puntos de vista en distintas partes del mundo.

La educación tradicional del siglo pasado ha derivado en numerosos excesos. Con alguna frecuencia, profesores han ejercido mal su autoridad, con el consecuente daño a los alumnos. Incluso han habido casos de directivos irresponsables en la aplicación de medidas preventivas y correctivas en sus instituciones educativas. Se abusó también del sistema basado en la memoria, de “la letra con sangre entra” y –en general­— de la autoridad como “carta de presentación” y “credencial de ejecución” de la educación.

Estas realidades, entre otras, ocasionaron que el debate educativo se centrara de manera preponderante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las nuevas tecnologías, en los modos de aprender y en los sentimientos de los alumnos. Son muchos y conocidos los programas encaminados a cuidar la autoestima de los niños, reducir el estrés escolar, emplear métodos didácticos más modernos, entre otras cosas. Numerosas corrientes pedagógicas han abordado estas problemáticas y propuesto una serie de soluciones, algunas muy atinadas, que han representado importantes conquistas y otras, lamentablemente sesgadas, derivado principalmente de su alto contenido ideológico.

Hemos vivido muchos años con estas discusiones y se han implementado muchas de las soluciones propuestas. Sin embargo, a nivel mundial y a nivel nacional la educación básica y media sigue presentando innegables problemas.

Se ha puesto tanto énfasis en cuidar la autoestima de los niños que, en ocasiones, quienes la han perdido han sido los profesores. Su traslado a ser “mediadores” tiene ventajas desde el punto de vista del aprendizaje, pero si no es correctamente entendido e implementado, les puede restar fuerza y autoridad, en perjuicio, paradójicamente, de los propios alumnos.

Los niños necesitan respetar la autoridad, tanto en casa como en el colegio. Esto en sí no es malo, aunque sí lo ha sido su extremo —el autoritarismo—, que sin duda ha resultado perjudicial. Tener figuras de autoridad es muy conveniente si queremos un desarrollo maduro y balanceado de la personalidad de niños y niñas, como lo demuestran muchos estudios.

Algo parecido sucede con los directivos de las instituciones educativas. El director de colegio suele vivir amenazado. Cualquier situación —muchas de ellas accidentales— que ocurra en su institución educativa puede derivar en una demanda civil, penal, en un escándalo mediático o en un daño reputacional injusto. El director actual, en su labor cotidiana, se enfrenta a un sinnúmero de problemas administrativos, legales y mediáticos, que le dejan —irónicamente— poco tiempo para pensar y actuar en lo más importante: la formación de los alumnos.

Sin duda es importante buscar métodos educativos que hagan más fácil el acceso al conocimiento. Sin embargo, a veces parecería que se ha abandonado la exigencia. Y cierta exigencia es buena, pues, como se ha señalado, forma el carácter y prepara al alumno a superar retos importantes en su vida.

En el pasado se abusó de la memoria. Parecía el único medio para aprender, llegando a veces a extremos absurdos. Paradójicamente, en la actualidad, con frecuencia se ridiculiza y “sataniza” la relevancia de la memoria, cuando, en realidad, la memoria es valiosa, y no es malo educarla, pero con un enfoque correcto y sin caer en estrategias fallidas del pasado.

Hace algunas décadas, profesores y directivos gozaban de una infinidad de derechos y quizá tenían pocas obligaciones. Actualmente, parece que el péndulo se ha movido en la dirección opuesta. El alumno actual posee numerosos derechos, pero en ocasiones tiene pocos deberes. El profesor actual, por su parte, está cargado de obligaciones, y poco se ha hecho en relación con sus derechos. No me refiero —por supuesto— a los profesores que se han politizado y secuestrado la educación, sino a la gran mayoría de profesores con una verdadera vocación de servicio.

Necesitamos fortalecer la figura de maestros y directivos. Es importante velar también por sus derechos. La autoestima no es privativa de los alumnos; directivos y profesores son humanos, y también tienen derecho a ella. Ciertamente, los alumnos son los “primeros en intención” en un modelo educativo. Pero habría que preguntarse si no son, también, los “últimos en ejecución”, pues para educarlos a ellos es preciso primero trabajar muy bien con los profesores y hacer equipo con los padres de familia. Es fundamental preparar técnica y humanamente a los profesores, exigirles pero al mismo tiempo respetarlos, remunerarlos adecuadamente, acompañarlos y valorarlos socialmente. Si esto se consigue, harán bien su tarea y por tanto los niños recibirán los beneficios. Ahí está el verdadero reto de la Reforma Educativa.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/03/26/1154145

Imagen: http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2014/08/bachillerato-examen-maestros-e1407772771609.jpg

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