Educación: la guerra impidió formar para una vida democrática activa y conflictiva

Por: Ángel Pérez Martínez

La criminalidad y el miedo permitieron la persistencia de malas costumbres políticas (corrupción, clientelismo, ausencia de oposición política) y de injusticias sociales, en parte, con nuestra propia complacencia. En los últimos 25 años, según datos de FECODE en Colombia asesinaron a más de 1.000 maestros.

Ahora tenemos la posibilidad de iniciar una vida política en un escenario de paz. Algunos andan con afán buscando cómo ponernos de acuerdo para que todos refrendemos lo acordado en la habana. Una paz sin problemas y contradictores. Algunos sueñan hasta considerar que ojalá no hubiera necesidad de plebiscito, alinear a Uribe, al Procurador y a sus seguidores, listo, todos iremos en el tren de la paz. Pregunto: ¿Y por qué no proyectar desde ya una paz con una democracia activa, plena de dificultades y propia de una sociedad que debe reconocer sus debilidades institucionales, morales y del Estado para poder cambiar de manera estructural la cultura política y las condiciones de desarrollo?

Entre otras cosas porque tenemos que reconocer que algunos asimilamos la paz a lo que Estanislao Zuleta en un afortunado escrito, Elogio a la Dificultad, llamaba imaginar la felicidad: “entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por tanto también sin carencias y sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes”.

No, la paz es el camino para empezar a consolidar formas civilizadas de discusión, de desacuerdos y de resolución de conflictos, sin el uso de las armas, pero no exenta de dificultades. La paz debe ayudar a desarrollar capacidades en la sociedad como razonar y reflexionar con un sentido ético de lo que conviene al paiz, que de ninguna manera será la guerra, pero tampoco el sueño de ríos de leche y miel que algunos suponen.

Al contrario, las dificultades de la vida en sociedad, asociadas a lograr convivir con los demás en paz a pesar de las diferencias, y también, conciliar disensos a pesar de las pasiones, emociones y motivaciones humanas, nunca será una tarea fácil para el ordenamiento social. Menos en un país como Colombia, donde en la mayoría de su territorio, el hogar y la escuela, que son los lugares en el que se vive y se practica la convivencia día a día, han estado influidos de manera negativa por un entorno violento, que ha subsistido por más de 60 años. Según el Centro de Memoria Histórica, 200 municipios son los más afectados por la violencia. Luego en unos territorios, más que otros, el imperio de la Ley y de la fuerza no son del Estado y este caos (debilidad institucional) ha producido realidades duras de aceptar y que los medios de comunicación o las redes sociales reproducen: muertes, secuestros, desfalcos con los recursos público, inequidades, violencia de género y familiar, abusos de toda índole e irrespeto a los derechos humanos básicos.

En este contexto, el país debe reconocer: primero, que se requiere una ciudadanía y una democracia activa para generar un cambio sostenible en las costumbres políticas y en el manejo del poder del Estado y; segundo, que los valores éticos y morales que hoy tiene una parte de las familias y los jóvenes deben ser impactados por la educación, dado el entorno guerrero, delincuencial y de irrespeto por los derechos humanos que por años han subsistido en Colombia

El Ministerio de Educación Nacional, las facultades de Educación, los colegios, los maestros y otras instituciones públicas y privadas deben planear las acciones educativas que permitan no sólo formar a los estudiantes en ciudadanía (área en la cual a los estudiantes no les va bien en las pruebas nacionales e internacionales), sino principalmente cómo llegar a las familias y al entorno social donde viven los jóvenes, a través del sistema educativo y de los medios de comunicación para afectar la civilidad de la comunidad y fortalecer la ciudadanía.

De acuerdo con el Ministerio, las competencias ciudadanas son las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente, valorar el pluralismo y defender y respetar los derechos humanos. Luego mejorar los programas de educación en ciudadanía deben tener el propósito de fortalecer una democracia real y viva, sin unanimismos, donde los ciudadanos tengan un sentido crítico, a partir del conocimiento y de la reflexión sobre la política y el impacto en sus vidas y en el bienestar.

La paz debe permitir educar para ejercer ciudadanía sin temor al poder de las armas, para promover la capacidad de hacer y de ser sin miedo. Capacidad entendida en términos de Amartya Sen, de elegir para proteger y cuidar la libertad, para entender que el desarrollo humano no sólo es económico, también es cultural y político, lo cual pasa por vivir y aportar a la convivencia, a la democracia y al cambio del statu quo. El pedagogo John Deweey sostenía que era “verdad que una sociedad que no sólo cambia sino que tiene también el ideal de tal cambio poseerá normas y métodos de educación diferentes de aquella otra que aspire simplemente a la perpetuación de sus propias costumbres”.

Fuente: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/educacion-la-guerra-impidio-formar-para-una-vida-democratica-activa-y-conflictiva-por-angel-perez-martinez/224279

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México: Implementarán acciones contra delincuencia infantil

México/Abril de 2017/Fuente: El Sol de México

Este mes de abril en que se celebra el Día del Niño, los sistemas nacional, estatales y municipales de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Secretaría de Gobernación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México dan entrada a la iniciativa “Juguemos en las Calles”, que busca celebrar a la niñez, hacer visible que son titulares de sus derechos y que cada rincón del país debe ser un espacio propicio para su desarrollo y bienestar.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, secretario de Derechos de la Niñez, urgió a crear una coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez que agilicen la atención a problemas como el embarazo y trabajo infantil, menores migrantes que se desplazan solos y la atención temprana, entre otros, en tanto que la diputada de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, también secretaria de dicha comisión legislativa, llamó a sumar esfuerzos desde el Congreso y el Gobierno federal para implementar acciones que contribuyan a combatir los índices de delincuencia infantil.

La Secretaría de Gobernación y Unicef, al impulsar la iniciativa “Juguemos en las Calles”, buscan que el 30 de abril la niñez en México, que representa a un tercio de la población total, salga a la calle a festejar su día en plazas, centros recreativos y deportivos, con el propósito de promover y ejercer su derecho a jugar, al esparcimiento, al deporte y al descanso de forma segura y en paz.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno realizarán diversas actividades durante todo este mes, como carreras, convivencias, picnics, conciertos y murales.

Este derecho está mandatado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en su capítulo Décimo Segundo, artículos 60 y 61, donde se establece que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento”.

Además que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad.

En la generación y recuperación de entornos seguros e incluyentes, se tomará en cuenta el interés superior de la niñez. De esta forma, las niñas y los niños tendrán prioridad en estos espacios seguros para el ejercicio y goce de su derecho al juego en libertad, lo que  beneficiará a la comunidad en sus relaciones sociales y las hará más fuertes y unidas.

URGENTE AVANZAR EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Mientras que en la Cámara de Diputados, el legislador perredista, Rafael Hernández Soriano, secretario de Derechos de la Niñez, informó que recientemente se reunió con las nuevas autoridades del DIF nacional y evaluaron acciones que se dan en el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, en donde identificaron puntos de coincidencia pero con limitado alcance porque son esfuerzos dispersos.

Dijo que es urgente avanzar en la materialización de los derechos de la niñez, especialmente porque hay que atender fenómenos que se están dando en varias ciudades, el embarazo temprano que está creciendo mucho en zonas urbanas, el matrimonio infantil que no deja de ser preocupante y que también se presenta en zonas urbanas como en zonas rurales, el trabajo infantil que se está dando en el sureste y los fenómenos de atención a niños migrantes no acompañados que se está dando en la frontera sur como en la frontera norte.

Estos fenómenos requieren atención local y que no se refieren a una sola situación de la niñez, sino a varias que se están dando regionalmente que requieren respuestas articuladas, dijo.

“Hay esfuerzos pero son aislados, algunos de la administración pública federal, otros de legisladores federales, otros de legisladores locales y entonces, por lo tanto tenemos que llevar al seno de algún ente que concentre todos esos esfuerzos para coordinarlos y que se materialice el respeto a estos derechos de la niñez”, indicó el diputado federal del PRD.

Agregó que a pesar de los avances normativos y algunas políticas públicas no hay un respeto y atención a todos los derechos que establece la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ello, propuso  que para agilizar todo el bagaje normativo que tiene que concretarse también en las entidades federativas para armonizar las políticas públicas que se están generando a nivel federal y en algunos Estados con los demás y también compartirlas para que genere una coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez, en donde haya intercambio de los avances en cada entidad así como en la federación para que las demás autoridades se vayan aterrizando y armonizando las leyes.

Desde la Comisión, agregó, “vemos coincidencias de muchos funcionarios federales de esta administración respecto a la necesidad estratégica y de futuro de atender a la niñez de una vez por todas, por ello es urgente articular la coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez”.

Recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, sin embargo, hemos coincidido con tantos funcionarios que no se ha concretado mucho de lo que es señalado en esta ley como derecho o políticas públicas.

Niños migrantes . Imagen Ilustrativa. Foto: Archivo OEM

Niños migrantes . Imagen Ilustrativa. Foto: Archivo OEM

COMBATIR DELINCUENCIA INFANTIL

Por otra parte la diputada de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila llamó a sumar esfuerzos desde el Congreso y el Gobierno federal para implementar acciones que contribuyan a combatir los índices de delincuencia infantil.

Dijo que ante los recientes casos de violencia entre menores, “el estado mexicano no debe ser omiso y debe impulsar políticas públicas para dar a los niños y jóvenes mejores oportunidades, tanto de estudio como de empleo”.

Dijo que a pesar de que existe ya la ley en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, “desde el Legislativo debemos trabajar para robustecer la ley y aumentar las penas por el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado”.

La también Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez dijo que en México hay al menos 12 mil menores de edad presos, de éstos, cinco mil por la comisión de delitos graves, por lo que es necesario trazar acciones para evitar que los niños caigan en manos de la delincuencia.

Además, señaló que en el contexto de pobreza y la falta de acceso que se viven en algunos Estados del país, muchos niños han caído en las redes de la delincuencia en el que viven, es fácil que los menores se encuentren en la vulnerabilidad e indefensión.

Reyes Ávila recordó una encuesta realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en ocho entidades del país en el 2013, en la que 26 por ciento de los adolescentes de secundaria entrevistados afirmó que “le gustaría parecerse a los narcos”.

Por lo anterior, debemos emprender políticas públicas para que los niños tengan mejores oportunidades y no vean la delincuencia como una “opción de sobrevivencia”.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/640415-implementaran-acciones-contra-delincuencia-infantil

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Sudáfrica: Concluye con éxito cumbre de la Unión Africana

Sudáfrica/Febrero de 2017/Fuente: Granma

En el marco de la XVIII cumbre de la Unión Africana (UA), que concluyó este martes con éxito sus sesiones en la capital etíope, trascendió la aprobación consensuada, por octava ocasión consecu­tiva, de una resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo, informó PL.

Esta importante resolución se produjo luego de una semana de labores y tensas negociaciones sobre aspectos clave del organismo, durante la cual se realizaron destacados eventos como la elección del Canciller de Chad, Moussa Faki Mahamat, nuevo presidente de la Comisión de la UA, el órgano ejecutivo;  y del embajador de Ghana, Thomas Kwesi Quartey, vicepresidente.

Expertos en la sede de la UA en Addis Abeba sostuvie­ron que los mencionados a­sun­tos clasificaron entre los más candentes en las largas discusiones a puertas cerradas, tanto a ni­vel de cancilleres y expertos, como de los jefes de delegaciones.

No obstante, un asunto clave que queda pendiente es el del presupuesto de la organización, sufragado en un 70 % por naciones occidenta­les, lo que según directivos de la entidad y líderes de algunos países, pudiera mermar la in­dependencia de actuación de la ua y crear compromisos a favor de quie­nes pagan la mayor parte de las cuentas del organismo multilateral.

La nueva dirección de la UA, incluyendo el presidente pro tempore electo la víspera, el mandatario de la Re­pública de Guinea, Alpha Condé, tendrá además como tareas prioritarias el empoderamiento de los sectores ju­veniles, en correspondencia con el lema de esta cita:

«Aprovechar el Dividendo De­­mográfico a través de Inversiones en la Juventud», debido, entre otros factores, a los altos niveles de desem­pleo en ese grupo poblacional y el pobre acceso a la educación superior.

Otras acciones también im­portantes son la lucha contra el terrorismo y la necesidad de resolver por medios pací­ficos los conflictos actualmente la­tentes en el continente. En ese sentido, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Me­sa, durante su alocución en la cita, refrendó el incondicional apoyo de Cuba a África.

Además de exigir el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a la Isla, en la cumbre se condenó la ocupación ilegal por parte del país norteamericano del territorio de la Base Naval de Guantánamo. Valdés Me­sa llegó este martes a Sudáfrica.

Fuente: http://www.granma.cu/mundo/2017-01-31/concluye-con-exito-cumbre-de-la-union-africana-31-01-2017-22-01-22

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La ciencia no es un lujo

Por: Agustín Lage Dávila

En su discurso al inaugurar el Centro de Inmunología Mo­lecular el 5 de diciembre de 1994 Fidel dijo: «Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este Centro que no es un lujo, es una promesa de salud para nuestro pueblo y es una promesa de ingresos para nuestra economía». Lo dijo con un énfasis muy evidente, y lo escuchamos muy de cerca.

Esa advertencia enfática nos hacía ver que existían (y aún existen) compañeros que piensan que la ciencia es un lujo, un gasto improductivo, o al menos no inmediatamente productivo, que solo pueden permitirse las sociedades opulentas del norte, o los diletantes del sur ; o quizá algo relacionado con un distante futuro de lo que podemos ocuparnos «después».

Son muchos de ellos buenos cuadros, empeñados en defender la Revolución y en hacerle frente con gran esfuerzo, a las presiones económicas de la vida cotidiana. Las urgencias económicas llevan a algunos (por suerte para Cuba, no a sus grandes líderes) a desarrollar una visión de corto plazo. Siempre hemos vivido bajo presiones económicas urgentes, primero por la economía dependiente, y pobre que heredamos del capitalismo periférico, a lo que se sumó luego el feroz bloqueo norteamericano contra Cuba, después la desaparición de la URSS y el periodo especial, y finalmente las tendencias actuales de la globalización neoliberal. Pocos países han vivido bajo presiones económicas de tal magnitud y duración. Y como dicen algunos compañeros con visión cortoplacista, para tener un futuro, primero hay que trabajar para llegar hasta ese futuro. Se les puede comprender, pero esa comprensión no nos exonera de decir que están equivocados, y de explicar porqué.

Y he aquí cuatro razones, dichas de manera muy directa, sin matices, precisamente con el objetivo de motivar el debate:

  1. No hay desarrollo económico posible sin inserción de la ciencia en la economía, no en nichos de excelencia, sino en toda la economía. En el mundo de hoy la producción de prácticamente cualquier cosa tiene un contenido de conocimientos y tecnología grande y creciente. Un componente esencial del desarrollo es el «valor agregado» de las producciones, es decir, la diferencia entre el valor de los insumos materiales y el valor final de lo producido. Esa diferencia la crea el trabajo, pero la función transformadora del trabajo depende cada vez más de los conocimientos y las tecnologías. Ningún país se desarrolla hoy produciendo mucho, con mucha gente y mucho esfuerzo, pero con escaso valor añadido.
  2. Sin capacidad científica no habría tampoco capacidad de asimilar tecnologías foráneas. La capacidad de utilizar el conocimiento y asimilar tecnologías de origen externo está cada vez más vinculada a la capacidad de generar conocimientos y tecnologías propios. No estamos ya en el siglo XX. El reforzamiento de las conexiones de la ciencia con otros procesos económicos y sociales contiene fenómenos relativamente nuevos, difíciles de comprender con los esquemas mentales del pensamiento económico clásico. En este siglo XXI las tecnologías cambian mucho y rápido. Es la práctica de producir conocimiento nuevo (y esto es «la ciencia») lo que habilita a una sociedad para interpretar, adaptar, mejorar y asimilar el conocimiento que se genera en otros países.
  3. Como país pequeño que somos, nuestra eficiencia económica depende de nuestra capacidad de insertarnos en la economía mundial, y eso solamente es posible con las palancas de la ciencia y la técnica. Es parte integrante de la defensa de la soberanía nacional. La palanca principal del crecimiento económico para Cuba no puede ser el tamaño de la demanda interna, como lo es para China, pues somos solamente 11 millones de cubanos. Tiene que ser nuestra inserción en la economía mundial; y esto no lo podemos hacer, como lo hacen los países petroleros por ejemplo, con recursos naturales que nosotros no poseemos. Nuestra inserción en las cadenas productivas transnacionales, y en los flujos mundiales de bienes, servicios y capitales habrá que hacerla con las palancas de la ciencia y la técnica.

Producir bienes de alto contenido tecnológico y valor añadido es poco rentable (con escasas excepciones) para la demanda interna de 11 millones de habitantes, por los altos costos fijos y de capital que tienen estas producciones. La disyuntiva es clara: o creamos capacidades para exportar productos de alto valor, o producimos bienes y servicios de escaso valor.

  1. 4. Sin una economía técnicamente desarrollada no es posible el Socialismo. Esta cuarta razón ha estado menos presente en nuestros debates pero es imprescindible traerla al centro. Ne­cesitamos ciencia y tecnología no solamente para desarrollarnos, sino también para que ese desarrollo sea socialista. El So­cialismo es una consecuencia objetiva del desarrollo de las fuerzas productivas. No era viable con las fuerzas productivas del siglo XIX, a pesar de la superioridad moral de la distribución socialista. Son las fuerzas productivas técnicamente avanzadas las que hacen imprescindible la socialización de la producción; y las que obtienen ventaja comparativa del contexto de educación, cultura y equidad social que solo puede provenir de la inversión presupuestada del estado socialista. Son las fuerzas productivas técnicamente avanzadas las que hacen inviable que sea el mercado la forma principal de relaciones entre las personas.

Una economía «de chinchales» enlazados por las fuerzas del mercado no sería solamente una economía más pobre, sino también menos soberana, y menos socialista.

Por eso tenemos que cuidar la ciencia, como cuidamos la salud, la educación y la cultura: siempre están en riesgo en periodos de dificultades económicas, porque la «racionalidad de mercado» no protege el largo plazo. Por eso tenemos que cuidar los recursos humanos que nuestro país ha creado en seis décadas de inversión social. Tenemos actualmente una de las tasas más elevadas de América Latina de doctores en ciencias con respecto a la población y necesitamos que esa fuerza pueda desplegar todas sus potencialidades.

Entonces el redespegue de la actividad científica y de la inversión en Ciencia, ciertamente e inevitablemente dañadas por el periodo especial y por el bloqueo, no es un lujo sino una urgencia. Tampoco es «teoría»: la centralidad de la ciencia para la construcción del Socialismo próspero y sostenible a que aspiramos tiene que reflejarse en el componente de ciencia y técnica de nuestros presupuestos anuales, y también en la estructura de costos de nuestras empresas; y gestionarse con instrumentos jurídicos y procedimientos concretos que incentiven, además de la producción eficiente de bienes y servicios, la producción eficiente de conocimiento autóctono, y sus conexiones con la economía y con el sistema educacional. Y no se puede evaluar el proceso con anécdotas. Los indicadores duros de porciento del PIB invertido en ciencia, producción de patentes y publicaciones científicas, formación de doctores, componente tecnológico de las exportaciones y otros, tienen que moverse. Y el Estado Socialista tiene que garantizar la direccionalidad del esfuerzo científico para que este respalde los objetivos y ejes estratégicos de nuestro desarrollo social y económico, que aprobamos en el 7mo. Congreso del Partido.

La buena noticia es que lo podemos hacer. Habrá que discutir mucho (y rápido) sobre los métodos concretos, pero lo podemos hacer, y el pueblo lo sabe.

A pesar de los emigrados geográficos y los emigrados mentales que andan por ahí, la masa grande y limpia de jóvenes científicos competentes, comprometidos con Cuba y motivados por su proyecto socialista, está presente, reclamando su puesto en la batalla. Y no son pocos.

Ellos responderán al esfuerzo social en ciencia con sus propios esfuerzos personales, como debe ser cuando se comprende que uno está implicado en las tareas grandes de la Patria. Eso nos dijo José Martí: «la razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería».

Fuente: http://www.granma.cu/opinion/2016-10-25/la-ciencia-no-es-un-lujo-25-10-2016-21-10-52

Imagen: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/ley-de-ciencia-y-tecnologia-necesita-voluntad-politica.html

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Seguridad, defensa y la inclusión social: modelo para armar

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo Toche/http://revistaargumentos.iep.org.pe/

Por: Eduardo Toche

Fue innegable la reacción positiva que tuvo el mensaje a la nación del presidente Humala y, luego, la exposición del presidente del gabinete de ministros ante el Congreso de la República. Las encuestas realizadas posteriormente marcaron una considerable popularidad del Gobierno. No era para menos. Fue explícita la voluntad de querer hacer las cosas de manera diferente, y, en ese sentido, propusieron algunos ejes que servirían de derrotero, entre los cuales resaltó la inclusión social.

Lerner señaló que el gabinete tenía muy clara la estrategia para lograr el crecimiento económico con estabilidad, subrayando que sería “radical” en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Humala.

De esta manera, el premier Lerner señaló que el gabinete tenía muy clara la estrategia para lograr el crecimiento económico con estabilidad, subrayando que sería “radical” en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Humala. Sin embargo, la voluntad expresada, por sí misma, no es garantía suficiente para prever que en la dirección propuesta se arribará a las metas esperadas en el menor plazo posible. La exposición de Lerner propuso algunas, pero no fue explícito en los mecanismos y medios que usaría.
Esto fue muy evidente en lo que concierne a los sectores Interior y Defensa. Al respecto, un primer asunto que dejó muchas dudas fue un aspecto conceptual que deviene en crucial: el hecho de que haya incorporado los anuncios que correspondían a Defensa en el rubro que destinó a tratar los temas de seguridad, denominado Seguridad para Todos.
El escenario cambiante
La imprecisión, tal vez, es una consecuencia de la dinámica que ha adquirido el ámbito de la seguridad y la defensa en las últimas décadas. Latinoamérica comenzó a ser considerada como una de las regiones del mundo con menor conflictividad bélica entre los países, y una manifestación de esta situación son los crecientes cuestionamientos que se imponen sobre el gasto militar y la envergadura de las fuerzas armadas, debido a las crecientes dificultades para justificarlos. Pero, paradójicamente, se convirtió en una de las zonas con mayores índices de criminalidad y violencia. Durante los años ochenta, las tasas de criminalidad en América Latina se duplicaron en comparación con las de la década anterior. En los años noventa se triplicaron, y desde entonces no se han reducido en forma significativa. Hoy, las tasas de criminalidad de la región superan entre tres y cinco veces la tasa promedio mundial. 1
Según el reciente Global Burden of Armed Violence, 2  7 países latinoamericanos están entre los 14 que muestran mayores índices de violencia a nivel mundial, y el Perú se ubica en el puesto 57.

A la incapacidad del Estado para generar desarrollo social se suma el débil desempeño de los sistemas de justicia, fuerzas policiales, ministerios públicos e instituciones penitenciarias, que presentan, en general, inocultables falencias, desequilibrios y problemas.

En efecto, la ciudadanía identifica a la inseguridad ciudadana como el principal problema público, y la traduce como la alta probabilidad de ser víctima de ataques delincuenciales, y es reiterativa en señalar que las causas de esta situación radican en cuestiones sociales, como el desempleo y la pobreza. De igual manera, la evaluación sobre los agentes de seguridad pública es, como podrá suponerse, bastante baja. Estos puntos de vista tienen, sorprendentemente, una alta homogeneidad entre todos los sectores socioeconómicos.
Esto revela, entre otras conclusiones, que la violencia letal está muy vinculada con resultados negativos en materia de desarrollo, en tanto está comprobado que existe un vínculo muy evidente entre las altas tasas de homicidios intencionales y niveles significativamente más altos de pobreza extrema y hambre, menores niveles de escolarización primaria y mayores tasas de mortalidad infantil y de natalidad entre las adolescentes. 3
En esa línea, países como el nuestro —denominados como de renta media— se caracterizan, entre otras cuestiones, por un importante grado de resistencia y desconfianza hacia las instituciones, debido a la alta percepción de fragilidad e inestabilidad. Estos factores hacen que sus estrategias de desarrollo se enfrenten a problemas múltiples, relacionados con la deficiente estructura institucional, la carencia o estrechez de los mercados financieros domésticos, los efectos de la inseguridad sobre el comportamiento de los agentes, la inercia o la corrupción de la administración pública y las limitaciones de los mercados para aprovechar rendimientos crecientes y complementariedades de la producción, entre los más relevantes. 4
Dicho en otras palabras, a la incapacidad del Estado para generar desarrollo social se suma el débil desempeño de los sistemas de justicia, fuerzas policiales, ministerios públicos e instituciones penitenciarias, que presentan, en general, inocultables falencias, desequilibrios y problemas de coordinación que impiden que los operadores estatales cumplan el papel que les corresponde en relación con la seguridad ciudadana. 5
Los primeros anuncios
El presidente Humala y luego el premier Lerner demostraron sintonizar con las demandas de mayor seguridad de la población, aunque, de otro lado, aparentemente los objetivos que se plantearon en este rubro no quedaron claramente alineados con la meta de inclusión social que se han propuesto. Aun así, hubo una medida que apareció como una meta de corto plazo. El premier Lerner, siguiendo las prioridades que ya había anunciado el presidente Humala en su mensaje a la nación, señaló la decisión de reformar el sistema remunerativo y previsional de las fuerzas armadas y policiales, “manteniendo la pensión renovable, realizando los ajustes salariales en forma gradual para lograr el sostenimiento financiero del sistema previsional”.
Para el caso, nadie podría estar en desacuerdo con esta medida, que además es extendible a la función pública en general. Sin embargo, como dicta la experiencia, el solo hecho de aumentar las remuneraciones a un sector de los funcionarios públicos, sin detallar los resultados esperados con ello, conduce a generar dudas razonables sobre el real impacto que tendrán sobre los objetivos que el mismo Gobierno se ha trazado. Más aún si, como es este caso, no se expuso claramente si la medida sería acompañada de una reestructuración de la pirámide funcional del personal que, como concluyeron los diversos diagnósticos previos, se encontraba muy distorsionada.
Pues bien, al parecer, esto último fue lo que finalmente se impuso como criterio inicial para proceder a reformar los aparatos de seguridad. No era ningún secreto que la alta jerarquía de las fuerzas armadas y policía nacional está sobredimensionada, entre otros factores, por la presión que ejerce sobre la pirámide funcional el régimen pensionario y las bonificaciones. Además, como correlato de ello, todo parece indicar que la eficiencia de este número magnificado de generales no era la adecuada, y, asimismo, existen indicios para afirmar que la calidad de los oficiales superiores, aquellos que están inmediatamente debajo de los generales en la jerarquía, era bastante mejor que la de sus superiores.

No puede dejarse de lado el hecho de que se imponga sobre ella una serie de cuestionamientos, especialmente la aparente discrecionalidad que conduce a sospechar sobre la posibilidad de politizar tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional.

Todo ello conducía aseverar que una primera medida a adoptar para reformar los aparatos de seguridad del Estado era, precisamente, el aumento de las remuneraciones de sus efectivos, pero para realizarla se debía operar cambios en la estructura jerárquica, reduciendo el número de generales y buscando formas de promoción de la oficialidad superior, dañando lo menos posible las lógicas de promoción del personal. Ahora bien, seguramente no había casi alternativas sino proceder rápida y sorpresivamente con esta decisión, pero no puede dejarse de lado el hecho de que se imponga sobre ella una serie de cuestionamientos, especialmente la aparente discrecionalidad que conduce a sospechar sobre la posibilidad de politizar tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional.
Más aún, esta posibilidad se potencia debido a la práctica inexistencia de un partido de gobierno, lo cual acrecentaría la necesidad de construir un espacio de apoyo y acción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, las críticas que se han formulado en este sentido no han mostrado mayor preocupación por la inoperancia de los mecanismos de control democrático que deberían actuar en estos casos, como, por ejemplo, las comisiones del Congreso que tienen atribuciones sobre esta materia.En idéntica forma, no se puso en el debate la pertinencia que tiene sobre estos asuntos los sistemas de vigilancia y monitoreo ciudadano. 6
Resumiendo, donde se ha querido ver un “remezón” tal vez es un razonable reacomodo que busca armonizar de mejor manera las relaciones entre las jerarquías militar y policial y el Ejecutivo. Sin embargo, todo indicaría que no es una reacción coyuntural, sino que parece ser una primera acción en función de metas de mediano plazo, es decir, unas fuerzas armadas y policiales más propensas a alinearse con los objetivos de inclusión social que se ha trazado el gobierno.
Algunas preocupaciones
Al respecto, el camino es muy largo, y los primeros indicios dados por el Gobierno no son todos auspiciosos. Por ejemplo, sus voceros no han anunciado cómo van a proceder para la urgente reforma de los ministerios de Defensa e Interior. En el primer caso, incluso, el hecho de nombrar como ministro a un general del Ejército —y, junto a él, la práctica militarización del cuadro de altas funciones— viene teniendo como consecuencia lo que se había advertido: que el ministerio no fortalezca su rectoría en la política de defensa y, en su lugar, se convierta en una especie de vocero de las fuerzas armadas ante el Ejecutivo. Para el caso, las cuestionables declaraciones del ministro de Defensa sobre una norma que sancione el “punto final” en materia de violaciones a los derechos humanos muestra su rol como portador de la voz militar en estos asuntos, aunque contradice flagrantemente los objetivos del Gobierno.
Además, para reforzar el planteamiento de la necesidad de actuar sobre la organización de los sectores Interior y Defensa, debemos enfatizar un aspecto subrayado por el propio Gobierno, y que aparece como una de sus fuentes de legitimidad: la lucha contra la corrupción. Sobre ello, una enorme ausencia de los anuncios del Ejecutivo respecto a los sectores mencionados fueron los mecanismos de transparencia que deben implementarse. Para el caso, el premier Lerner señaló que el Gobierno se propone:
“incrementar en un 20% la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas; alcanzaremos los objetivos del Núcleo Básico de Defensa, y en una segunda etapa iniciar la obtención del nivel de disuasión previsto, lograremos la movilidad estratégica de las fuerzas armadas mediante la estandarización en el equipamiento y el empleo conjunto de las fuerzas, así como el despliegue a nivel nacional.” 7
La pregunta obvia que se formula ante ello es ¿cuál es la finalidad de ese incremento? ¿Por qué es 20% y no 30% o 10%? ¿Qué resultado se espera obtener en función de los horizontes que el propio Gobierno se ha trazado en términos de inclusión social?
Si involucramos recursos para las fuerzas armadas y policiales sin realizar los mínimos ajustes para llevar a cabo esta acción de manera transparente, no solo será imposible que articulen sus acciones con los objetivos que se plantean las municipalidades, gobiernos regionales y sectores del Estado, sino, lo que es más, abriríamos las compuertas para una corrupción generalizada que socavaría aun más la mellada imagen de estas instituciones.

En suma, el Gobierno no debería dar ocasión a que se difunda la idea de que actúa por reacción en los asuntos de seguridad y defensa, en otras palabras, que decide por presión. De buenas a primeras, se podría estar a favor de la tesis de un evidente retraso en el equipamiento y remuneraciones de las fuerzas armadas y policiales, pero lo que es inaceptable es que el país termine financiando gastos que no son prioritarios o, peor aún, que aparezca la sospecha de que la finalidad única haya estado centrada en beneficios particulares y no en una estricta necesidad.


* Investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO.
Referencias Bibliográficas
Alonso, José Antonio (s/f). Cooperación con países de renta media: justificación y ámbitos de trabajo. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. f
Cálix, Álvaro (2007, marzo-abril). “La falacia de más policías, más penas y más cárceles: el problema de la inseguridad y el castigo desde una visión alternativa”. En Nueva Sociedad, nº 208: pp 40-55
Cole, E., Eppert, K. y Kinzelbach, K. (ed.) (2008). Public Oversight of the Security Sector. A Handbook por Civil Society Organizations. UNDP-DCAF. Disponible en

Eduardo Toche. “LO QUE SEGURIDAD, DEFENSA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: MODELO PARA ARMAR”. En Revista Argumentos, Edición N° 5, Noviembre 2011.  

Fuente :http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/seguridad-defensa-y-la-inclusion-social-modelo-para-armar/
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https://lh3.googleusercontent.com/7TxxcdfmE4aMm8NcYdr-HkwnggJGDLa4_BuTv62MLTotJUCqCmrjhC1UhqjjA9Ml-nIaFg=s85
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