En los campos mexicanos de chiles y jalapeños trabajan en condiciones de semiesclavitud cientos de niños indígenas de la etnia rarámuri
Aitor Sáez
1. Marisa, de unos cinco o seis años, no sabe cuál es su edad. Su madre, Josefina, asegura que trae a la pequeña al campo por los riesgos que correría si la deja sola en el rancho del patrón, donde viven. Marisa recoge chiles como cualquier adulto. Se han detectado 623 menores de edad —211 por debajo de los 15 años— en campos agrícolas de Chihuahua desde 2018 gracias a 493 inspecciones, según datos de la Secretaría estatal del Trabajo (STPS). El trabajo infantil aumentó un 8% respecto al ejercicio anterior, cuando murieron al menos 15 chicos en esos latifundios.AITOR SÁEZ
2. El 4 de septiembre una niña de seis años fue arrollada por un autocar en una granja de Camargo mientras sus padres pizcaban chile. Muchas de las muertes de menores en los cultivos se produce por atropello, al arrancar sin revisar que haya niños bajo los autos, en búsqueda de la única sombra que existe en la desértica planicie de Chihuahua. También habido fallecimientos por golpes de calor al pasar más de ocho horas a temperaturas de hasta 45 grados. En oa imagen, dos niños van en camioneta hacia los campos de jalapeños junto a otros trabajadores.AITOR SÁEZ
3. A la izquierda, Carmela, de 12 años, quien dice ir a cosechar por voluntad propia. A la derecha, Barragán almuerza junto a su hijo, también de 12 años, a quien asegura que debe traer a ayudarlo para completar un irrisorio salario de unos 250 pesos diarios (unos ocho euros).AITOR SÁEZ
4. El propietario de la finca, Alejandro Chávez, cuenta que algunas veces ha tratado de frenar el ingreso de menores, pero entonces el resto de trabajadores se solidarizan y se niegan a faenar ese día. Por cada hectárea de chile, se ingresan unos 100.000 pesos (4.000 euros). Por las 150 hectáreas de Chávez las ganancias se elevan a medio millón de euros anuales.AITOR SÁEZ
5. Daisy, de tres años, y su madre Macrina, de 21, recogen chiles. La mayoría de jornaleros en los campos de chile de Chihuahua son rarámuri que tuvieron que abandonar la Sierra Tarahumara (unos 300 kilómetros al este) debido a la sequía y al crimen organizado. Sus tierras se ubican en el llamado Triángulo Dorado, feudo del narcotráfico dedicado a la tala ilegal y a la siembra de amapola y marihuana.AITOR SÁEZ
6. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como autoridades de Chihuahua han detectado formas de esclavitud moderna en los cultivos de la región. Una vez en las granjas, algunos trabajan hasta 15 horas al día bajo amenaza de despido y reciben un mínimo sueldo o ningún pago. Algunos trabajadores son amenazados o maltratados físicamente por abandonar sus trabajos, y se estima que en México hay 341.000 víctimas de esclavitud moderna, según el último Índice Mundial de Esclavitud.AITOR SÁEZ
7. Las monosilábicas conversaciones con los rarámuri se estancan en algún punto. La mayoría hablan un castellano limitado, nunca lo necesitaron en la inhóspita serranía donde tampoco había escuelas. “Lo imprescindible, de entrada, es un traductor. Sin poderse comunicar, no pueden acceder a ningún derecho.AITOR SÁEZ
8. Cuando en 2018 la Secretaría de Trabajo (STPS) lanzó la primera ronda de inspecciones sorpresa, detectaron un promedio de tres menores en cada campo. Desde entonces la mayoría de los productores ha optado por poner guardias en la entrada de sus ranchos, o bien, dar aviso al crimen organizado. n sus tres años de funcionamiento, la STPS ha abierto 38 procesos condenatorios que se canalizaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para su sanción como delito penal. Sin embargo, ningún caso ha llegado a sentencia.AITOR SÁEZ
9. Guadalupe Carrillo llegó de la sierra en 2019 junto a su marido y bebé. Viven en un cuarto de nueve metros cuadrados. Para ganar espacio ha colocado unos palés y lonas afuera para utilizar el exterior de cocina.AITOR SÁEZ
10. Muy pocos latifundistas ofrecen alojamiento en sus ranchos, como los hermanos Chávez, que construyeron unas barracas de hormigón para dar techo a sus jornaleros. Alfonso Silva vive con su esposa y dos hijas, y trabaja en el desecado del chile para producir chipotle, una labor mejor pagada que la colecta. Pese al hacinamiento y compartir baño con otras 50 personas, considera que las condiciones son buenas.AITOR SÁEZ
11. Varios jejenes, unos diminutos mosquitos, se amontonan en los ojos del bebé de Guadalupe para alimentarse de sus legañas. La comunidad rarámuri desplazada sufre discriminación social y graves dificultades de acceso a los servicios básicos. Terminan sobreviviendo al margen de la sociedad empezando por la imposibilidad de entender el castellano sin un traductor que las instituciones no suelen disponer por falta de recursos y voluntad política.AITOR SÁEZ
12. Barracones de madera y lata donde habitan los trabajadores de Godea, comercializadora de chile, cuyo propietario niega el acceso a este medio. En muchos de los ranchos se ha colocado seguridad privada para obstaculizar el acceso a las inspecciones de las autoridades estatales. En varias ocasiones, los equipos de inspección han sido interceptados por varias camionetas con hombres con armas largas.AITOR SÁEZ
13. Daisy, de tres años, y su madre Macrina, de 21. En Camargo, las autoridades localizaron el pasado año a 24 menores rarámuri laborando en campos agrícolas y tan solo a 18 en la escuela. La única aula móvil para esta población queda a 36 kilómetros y el aula fija más cercana, a 250. Una mujer del pueblo los cuida por 50 pesos al día, una cuarta parte de su mísero jornal, un precio caritativo imposible de asumir.AITOR SÁEZ
14. La explotación infantil en campos se penaliza con cárcel. Pese a que se han abierto 38 procesos sancionatorios contra productores, ninguno ha llegado a sentencia y tan solo en dos casos las autoridades estatales han impuesto multas, recientemente. Guadalupe y su bebé, en su vivienda.AITOR SÁEZ
15. Las manos de Marisa, la niña que nunca ha celebrado su cumpleaños: enchiladas, agrietadas, donde el campo esculpió toda su crueldad hasta robarles el tacto. Ha pasado diez sofocantes horas arrodillada, pizcando unos 400 chiles, cinco baldes, 50 pesos (dos euros).
Fuente: https://elpais.com/elpais/2021/01/15/album/1610730904_858575.html#foto_gal_15
Un caso en Brasil evidencia la persistencia de intolerables casos de abuso de los derechos humanos.
La mirada sobre la esclavitud ha adquirido notoriedad en los últimos años a partir de los ataques a figuras de esclavistas que, como se ha analizado largamente, no pueden ser juzgados bajo la ética y las normas del presente. Que el tráfico de esclavos fue un capítulo aterrador, nefasto y aún no superado es una cuestión siempre digna de revisitar, aunque asumiendo ese principio de extemporaneidad que lo sitúe en su perspectiva histórica. Lo que sí requiere una mirada muy exigente del presente es la herencia viva de la esclavitud que perdura entre nosotros. Mucho más extensa de lo que se suele considerar y con tentáculos enormes en todos los contextos.
El rescate de Madalena Gordiano, una brasileña captada por una familia del Estado de Minas Gerais cuando apenas tenía ocho años y pedía limosna, en cuyo seno ha servido casi 40 años como criada sin sueldo, sin derechos, sin educación e incluso explotada económicamente como un activo bajo su propiedad, debe remover conciencias. Y abrir debates.
Gordiano, que al ser liberada en noviembre tras la denuncia de un vecino tenía 46 años y se expresaba con dificultad, es un símbolo del legado de la esclavitud que pervive en Brasil, el último país americano en abolirla después de 350 años de una explotación que dejó una herencia aún insoportable. Se trata de un caso extremo que está en manos de los jueces, pero nos recuerda que la explotación a personas sin recursos —especialmente si son mujeres— y sin el poder que da la raza blanca corroe nuestro universo.
En Brasil, los negros y mestizos, herederos de los africanos, constituyen el 56% de la población, pero su esperanza de vida, sus ingresos, su formación y seguridad es sensiblemente menor a la de la población blanca. El 75% de las víctimas de asesinato son negros o mestizos. En los últimos 25 años, en Brasil han sido rescatadas 55.000 personas de trabajos esclavos, labor más complicada en el caso de las criadas.
La desigualdad a la que condujo el esclavismo y que pervive en la actualidad forma parte de los debates abiertos en el continente americano, desde las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos a la mencionada ofensiva contra las estatuas esclavistas. Pero la fenomenología del abuso de derechos básicos con sabor a esclavitud del siglo XXI es plural y en muchos casos no tiene que ver con un componente racista, desde los niños soldados hasta la explotación sexual o trabajos forzosos de distinta índole. La línea de avance que une el Renacimiento, la Ilustración, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras conquistas más recientes tiene todavía recorrido por delante, incluso en los países más avanzados. No cabe complacencia de ninguna clase.
A las niñas africanas se les roba su futuro y se las está condenando a una vida de discriminación y desigualdad, según el informe “The African Report on Child Wellbeing” de la organización African Child Policy Forum (ACPF). En su sexta edición, el trabajo evalúa el desempeño de 52 países africanos a través del Índice de Amigabilidad con las Niñas (GFI). Asimismo, recoge y transmite el mensaje y voces de las menores participantes.
“Las niñas africanas han soportado durante demasiado tiempo creencias culturales perjudiciales, actitudes patriarcales de género y leyes, políticas y prácticas discriminatorias”, manifiestaba la directora Ejecutiva del ACPF, la Dra. Joan Nyanyuki. “A pesar de la lentitud de los progresos en algunas áreas, las niñas de todo el continente siguen despertando a la realidad cotidiana de la injusticia. Toda una generación de niñas y mujeres jóvenes está fracasando”.
El Informe Africano sobre el Bienestar Infantil 2020: ¿Cuán amigables son los gobiernos africanos con las niñas?, en su traducción al castellano, concluye que “las niñas que viven en África tienen más probabilidades de ser víctimas de la trata, el abuso sexual y la explotación laboral; de casarse mucho más jóvenes y/o de sufrir la mutilación genital femenina que las niñas de cualquier otro lugar del mundo. Las niñas son discriminadas por las leyes relativas al matrimonio y la herencia; y tienen más probabilidades de ser más pobres que los niños.
Educación
En materia de educación, “las menores corren un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental; más probabilidades de ser excluidas de la atención de la salud; y se les niega una educación decente mientras son obligadas a abandonar la escuela“.
África cuenta con una población de 308 millones de niñas menores de 18 años. Sin embargo, en muchos países, sólo una de cada cinco tiene acceso a la educación secundaria. Un tercio de las escuelas primarias y una cuarta parte de todos los institutos no tienen instalaciones sanitarias. El acoso sexual y el abuso emocional contra ellas, tanto por parte de los profesores como de sus compañeros, es algo común, lo que obliga a muchas niñas a abandonar la escuela por completo, según el informe.
“Los hechos dibujan un panorama detallado de la situación de las niñas africanas y nos recuerdan que los esfuerzos de los gobiernos simplemente no son suficientes y no están a la altura de los innumerables desafíos a los que se enfrentan”, añadió la presidenta de la Junta Directiva Internacional de la ACPF, Graça Machel. “Como madre y abuela, me duele el corazón al ver a una madre niña y, por desgracia, tenemos millones de ellas en este continente.”
Chad y Sudán los peores para las niñas
El singular Índice de Amistad con las Niñas (GFI) de la ACPF muestra que las altas tasas de matrimonio infantil y de malnutrición, así como los bajísimos niveles de matriculación escolar, convertían al Chad y el Sudán meridional como los peores lugares de África para nacer niña. A este grupo se les sumaba naciones como Eritrea, el Níger, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y las Comoras.
En cambio, Mauricio era el país mejor valorado. El estado se encuentra entre los países que han reformado sus leyes sobre los derechos de las niñas y las han armonizado con las normas internacionales. La nación insular tiene la tasa más alta de educación preescolar y todas las adolescentes embarazadas tienen acceso a la atención prenatal, según el trabajo. En la categoría de países más con políticas más progresivas en la materia se encuentran también Túnez, Sudáfrica, Seychelles, Argelia, Cabo Verde y Namibia.
“Sin una acción decidida y específica, las niñas africanas quedarán rezagadas a medida que intensifiquemos los esfuerzos para lograr el Programa 2063 de África y, más concretamente, el Programa de África para la Infancia 2040″, remarcaba la Dra. Joan Nyanyuki.
En un reciente informe de La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamado Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo indica que la situación de las mujeres en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe presenta un panorama mixto.
Las mujeres han conseguido grandes logros en el acceso a la educación, pero aún deben sortear numerosos obstáculos para acceder al trabajo decente. Estos obstáculos son la causa de la persistente desigualdad de género.
Aunque el nivel general de educación de la subregión ha aumentado en ambos sexos, las mujeres han superado recientemente a los hombres en este ámbito.
Las mujeres nacidas en torno a 1.955 han tenido más probabilidades que los hombres de terminar la educación superior (es decir, de haber cursado al menos 13 años de educación formal). Entre los nacidos en 1990, el 40 por ciento de las mujeres terminó la educación superior, frente al 25 por ciento de los hombres. La cantidad de personas que tienen seis años de estudios o menos ha disminuido constantemente y, también en esta tendencia, las mujeres se han beneficiado más que los hombres.
La evolución de los niveles educativos ha implicado cambios en la estructura familiar. El promedio de edad al que las mujeres tienen hijos ha subido y el número de hijos nacidos por mujer ha disminuido en todos los países sobre los que se dispone de datos, a saber: Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú (ibid.). Además, ha aumentado la proporción de hogares encabezados por mujeres. En el Brasil y el Uruguay, por ejemplo, estos representan más del 30 por ciento de los hogares. Así, los ingresos de las mujeres han pasado a desempeñar un papel más importante en la sociedad.
El creciente número de hogares encabezados por mujeres obedece a la mayor prevalencia de concubinatos, personas solteras, separaciones y divorcios, así como a la mayor proporción de mujeres que viven con un cónyuge pero también se identifican como jefas de familia.
Con respecto a los salarios, un estudio reciente de la OIT que examina la brecha salarial de género en 17 países de América Latina y el Caribe (que representan el 85 por ciento de la población total de la subregión) concluye que las mujeres ganan en promedio un 17 por ciento menos que los hombres por cada hora trabajada, incluso habiendo tenido en cuenta factores como la edad, el nivel educativo, la residencia urbana frente a la rural, el tipo de trabajo y la estructura del hogar. Si se tiene en cuenta además la cantidad de horas trabajadas por semana, la brecha salarial de género alcanza casi el 25 por ciento (OIT, 2019g).
La brecha salarial de género es más amplia entre los trabajadores que menos ganan. Ello parece obedecer en parte a que las mujeres se ven muchísimo más afectadas que los hombres por la informalidad, así como al incumplimiento de las normas sobre salarios mínimos por parte de los empleadores.
El dato suscita preocupación en cuanto a la tasa de pobreza entre las mujeres trabajadoras. Así pues, tres de las dificultades más acuciantes de la subregión –la desigualdad de género, la pobreza y la informalidad– están íntimamente relacionadas entre sí. Esto implica que toda política diseñada para combatir cualquiera de esos tres grandes problemas tendrá consecuencias indirectas en los otros dos.
En el rango intermedio de los grupos de ingreso, la brecha de género se reduce, pero a partir de la mediana (el percentil 50) comienza a ensancharse. Esto apunta a la posible existencia de «techos de cristal», es decir, a las dificultades particulares a las que se enfrentan las mujeres para llegar a los puestos directivos y otros puestos de alta remuneración.
Las disparidades de género descritas anteriormente pueden ser el resultado de una discriminación directa pero, en términos más generales, también obedecen a normas culturales patriarcales, al machismo en el hogar y a diversos factores que generan un sesgo de género inconsciente. De hecho, muchos de los obstáculos al progreso de las mujeres se encuentran en el seno del hogar. La distribución de las tareas domésticas entre hombres y mujeres sigue siendo abrumadoramente desigual. Las mujeres se encargan del 80 por ciento de las tareas domésticas, lo que limita su participación efectiva en la fuerza de trabajo (CEPAL, 2019; OIT, 2019a y 2019g).
Mundo/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Muchas trabajadoras domésticas se han visto «persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado».
Durante la pandemia del nuevo coronavirus, las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico han desempeñado una labor crucial dentro de la respuesta a la Covid-19 debido a su rol fundamental en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes, así como el mantenimiento de los hogares.
No obstante, este importante rol que han desempeñado las sitúa como uno de los principales colectivos más afectados por la crisis.
Un reciente informe realizado por la organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, se ha debido, entre otras razones, a la precariedad en el empleo que presenta este sector, “caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”.
Trabajo doméstico en América Latina
En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. FOTO: ONU MUJERES
La OIT define el trabajo doméstico como “el trabajo realizado en un hogar u hogares, o para los mismos”. De esta forma, reconoce la organización internacional que si bien las tareas consideradas en el trabajo doméstico pueden variar de un país a otro, “principalmente involucran cocinar, limpiar, cuidar de niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidades, ocuparse del jardín o de mascotas, realizar compras o conducir el automóvil familiar”.
En América Latina y el Caribe, el mercado laboral se encuentra segmentado y discrimina a las mujeres por ser “responsables de los cuidados”. En este sentido, se concibe al empleo doméstico como una de “las pocas alternativas de empleo precario a la que pueden optar las mujeres que no han podido avanzar en la educación o no han tenido acceso a formación profesional”.
Cifras de la Cepal y la OIT, refieren que en esta región entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93 por ciento son mujeres. Por tanto, esta alternativa laboral supone en promedio entre el 10,5 y 14,3 por ciento del empleo de las mujeres en la región, “lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social”, refiere el informe.
Por otra parte, más del 77,5 por ciento de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. Mientras, estimaciones de la OIT señalan que un 17,2 por ciento de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4 por ciento de ellas mujeres.
Esta situación, se ha visto agravada por la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus en la región. De acuerdo con la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, la Covid-19 ha agudizado las desigualdades y las crisis sistémicas previas, registrándose impactos significativos en las trabajadoras del hogar en particular.
Coronavirus y trabajadoras domésticas
Muchas trabajadoras domésticas se han visto alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado. FOTO: ONU MUJERES
Explica el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, que la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y las desigualdades existentes. “Además del fantasma del desempleo, la informalidad, la baja cobertura de la protección social y la falta de contratos escritos en muchos casos les impiden acceder a las ayudas establecidas por los gobiernos”.
Las medidas de restricción impuestas en la mayoría de los países para frenar la pandemia, han incrementado la responsabilidad de los cuidados y el mantenimiento de los hogares, tareas en las que las trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial.
Sin embargo, refiere el informe de la Cepal, OIT y ONU Mujeres, que muchas se han visto “persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado”. Mientras, en otros casos, les han cancelado contratos y se les ha reducido el tiempo de trabajo y el pago.
ONUMujeresElSalvador
✔@onumujeressv
70,4% de las #TrabajadorasDelHogar de la región están afectadas por las medidas de cuarentena, la disminución de la actividad económica, desempleo y la reducción de ingresos y salarios.
Al mismo tiempo, la mayoría de las trabajadoras que sí pueden desplazarse lo hacen empleando el transporte público, lo que las deja expuestas a contraer el virus y a ser potenciales transmisoras dentro de sus hogares. Refiere el documento que “muchas de ellas incurren también en riesgos adicionales asociados con el uso excesivo de productos de limpieza y la realización de compras sin que se les facilite el equipo adecuado de protección para garantizar su seguridad”.
Según estimaciones de la OIT, el 70,4 por ciento de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de la cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas o pérdidas de salarios.
CEPAL
✔@cepal_onu
No podemos volver a la normalidad, el telón de fondo antes del #COVID19, era la cultura del privilegio. #ALC presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad del modelo de desarrollo existente, enfatizó @aliciabarcena en evento #TrabajadorasDelHogar.
Ante este escenario, Noel Vaeza asegura que los estados deben “reconocer y proteger sus derechos para que nadie se quede atrás. Tenemos que abrir espacios de diálogo y considerar las propuestas de sus sindicatos como parte de las respuestas a la crisis y estrategias de recuperación socioeconómica que promueven los gobiernos y las instituciones financieras regionales e internacionales».
Recomendaciones para garantizar derechos
Se debe fomentar la formalización del trabajo doméstico y promover sistemas de protección social integrales. FOTO: UN MUJERES
Propone el informe que para abordar los impactos de la Covid-19 en las trabajadoras del sector se deben impulsar medidas para garantizar la retención de empleos en el trabajo doméstico como ampliar y promover las prestaciones por desempleo para trabajadoras domésticas. Así como garantizar transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia.
Paralelamente, se deben elaborar protocolos de salud y seguridad que atiendan las especificidades del sector. Garantizar la cobertura en salud para todas las trabajadoras domésticas. Asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios. Fomentar la formalización del trabajo doméstico y promover sistemas de protección social integrales.3
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-como-impacta-sector-trabajo-domestico-20200612-0050.html#
Tal vez ha llegado el momento de dar un paso atrás de nuestro enfoque exclusivo en la pandemia, para permitirnos considerar qué coronavirus y sus efectos devastadores revelan sobre nosotros como sociedad.
Lo primero que llama la atención es que, al contrario del lema barato «estamos todos en el mismo barco», las divisiones de clase han estallado. En el fondo de nuestra jerarquía, están aquellos, refugiados, personas atrapadas en zonas de guerra, cuya vida es tan pobre que, para ellos, la pandemia no es el principal problema. Si bien nuestros medios de comunicación siguen ignorando a estas personas, somos bombardeados por celebraciones sentimentales de enfermeras en la primera línea de nuestra lucha contra el virus. Pero las enfermeras son solo la parte más visible de toda una clase de ‘cuidadores’ que se explota, aunque no en la forma en que se explotaba la vieja clase trabajadora retratada en las imágenes marxistas. En cambio, como dice David Harvey, forman una «nueva clase trabajadora».
El dice :“La fuerza laboral que se espera que se encargue de los números crecientes de los enfermos, o que brinde los servicios mínimos que permiten la reproducción de la vida diaria, es, por regla general, altamente de género, racializada y étnica. Esta es la «nueva clase trabajadora» que está a la vanguardia del capitalismo contemporáneo. Sus miembros tienen que soportar dos cargas: al mismo tiempo, son los trabajadores con mayor riesgo de contraer el virus a través de sus trabajos, y de ser despedidos sin recursos financieros debido a la reducción económica impuesta por el virus. La clase trabajadora contemporánea en los Estados Unidos, compuesta principalmente por afroamericanos, latinos y mujeres asalariadas, se enfrenta a una elección fea: entre sufrir contaminación en el curso del cuidado de las personas y mantener abiertas las formas clave de suministro (como los supermercados),
Por eso, en Francia, estallaron revueltas en los suburbios pobres del norte de París, donde viven los que sirven a los ricos. Y es por eso que, en las últimas semanas, Singapur ha tenido un aumento dramático en las infecciones por coronavirus en los dormitorios de los trabajadores extranjeros. Como informó CNN , “Singapur es el hogar de aproximadamente 1,4 millones de trabajadores migrantes, que provienen en gran parte del sur y sudeste de Asia. Como amas de casa, empleadas domésticas, trabajadores de la construcción y trabajadores manuales, estos migrantes son esenciales para mantener el funcionamiento de Singapur, pero también son algunas de las personas más vulnerables y peor pagadas de la ciudad «. Esta nueva clase trabajadora estuvo aquí todo el tiempo: la pandemia lo impulsó a la visibilidad.
Para definir este sector adecuadamente, Bruno Latour y Nikolaj Schultz acuñaron el término «clase geo-social». Muchos de ellos no son explotados en el sentido marxista clásico de trabajar para quienes poseen los medios de producción; en cambio, son explotados a través de las condiciones materiales de su vida: su acceso a agua y aire limpios, su salud, su seguridad. La población local se explota cuando sus tierras se utilizan para la agricultura a gran escala destinada al mercado de exportación, o para la minería extensiva. Incluso si no trabajan para una empresa extranjera, son explotados en el simple sentido de ser privados del uso completo de la tierra que les permite mantener su estilo de vida. Tomemos a los piratas somalíes, por ejemplo: recurrieron a la piratería porque las compañías extranjeras que practican la pesca a escala industrial agotaron su costa en el mar. Parte de su territorio fue apropiado por los países desarrollados y utilizado para mantener nuestro estilo de vida, mientras que la de ellos disminuyó. En este sentido, Latour sugiere que deberíamos reemplazar el término“Apropiación de plusvalía” con “apropiación de existencia excedente”, donde “existencia” se refiere a las condiciones materiales necesarias de la vida.
Como hemos descubierto, en una pandemia, cuando incluso las fábricas están paralizadas, la clase geo-social de cuidadores tiene que seguir trabajando. Entonces, parece apropiado dedicarles este 1 de mayo, en lugar de la clásica clase obrera industrial. Son ellos los verdaderamente sobreexplotados: explotados cuando trabajan porque su trabajo es en gran medida invisible y explotado incluso cuando no trabajan debido a sus condiciones materiales. No solo se explotan en lo que están haciendo: se explotan en su propia existencia.
El sueño eterno de los ricos es el de un territorio totalmente separado de las viviendas contaminadas de los pobres: solo piensen en todos esos éxitos de taquilla posapocalípticos, como la película de Eillium de Neill Blomkamp, ambientada en 2154, en la que vive la élite. una gigantesca estación espacial hecha por el hombre, mientras que el resto de la población reside en una Tierra en ruinas que se parece a una favela latinoamericana expandida. Mientras tanto, en el mundo real de hoy, esperando algún tipo de catástrofe global, los ricos están comprando villas en Nueva Zelanda o renovando bunkers nucleares de la Guerra Fría en las Montañas Rocosas. Pero el problema con una pandemia es que uno nunca puede aislarse por completo. Al igual que un cordón umbilical que no se puede cortar, una conexión con la realidad contaminada es inevitable, sea cual sea su estado social. Como hemos descubierto, en una pandemia, cuando incluso las fábricas están paralizadas, la clase geo-social de cuidadores tiene que seguir trabajando. Entonces, parece apropiado dedicarles este 1 de mayo, en lugar de la clásica clase obrera industrial. Son ellos los verdaderamente sobreexplotados: explotados cuando trabajan porque su trabajo es en gran medida invisible y explotado incluso cuando no trabajan debido a sus condiciones materiales. No solo se explotan en lo que están haciendo: se explotan en su propia existencia.
Fuente e Imagen: https://www.rt.com/op-ed/487517-slavoj-zizek-new-working-class/
Consultado el ministerio por estas cuestiones, ha señalado que para atender a la vez a dos grupos que quieran asistir clase «hay varias formas de organizarlo. Por ejemplo, pueden estar en aulas contiguas y mientras explica a un grupo, el otro hace ejercicios o tareas que les haya puesto».
Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de desescalada aprobado en Consejo de Ministros llamado, oficialmente, «Plan para la transición hacia una nueva normalidad».
Si bien no hay fechas determinadas sí hay un calendario aproximado de un plan que se ha dividido en cuatro fases (0, 1, 2 y 3) y que se prolongará durante ocho semanas, es decir, hasta finales de junio y que empezará el 4 de mayo en todo el territorios salvo cuatro islas (Formentera, en Baleares; La Gracioso, La Gomera y el Hierro, en Canarias), que entrarán antes de esa fecha en la fase 1. ¿Cómo afectan estas fases al ámbito educativo, es decir a colegios, institutos y universidades? De acuerdo a las diferentes fases, será la siguiente:
Fase 0: En el ámbito educativo supone el fomento de la educación on line o a distancia.
Fase 1: Los centros educativos abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. También se abrirán las Universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación. Se contempla también la apertura de laboratorios universitarios.
Fase 2, «es la fase intermedia», dijo Sánchez que anunció que el curso escolar se reanudará en septiembre pero que en esta etapa se permitirán las actividades de refuerzo (el docente decidirá quién necesita dicho refuerzo, según Educación), los niños menores de 6 años podrán acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente sin posibilidad de flexibilización y siempre con limitaciones de aforo. También se podrá celebrar la EBAU.
Esta última cuestión que ha generado mucha polémica. Los problemas que plantea son cómo puede el profesor atender simultáneamente con su misma jornada a los alumnos que acuden presencialmente y a los que se quedan en casa. Y en caso de los semigrupos paralelos, se plantea lo mismo: ¿cómo puede atender un mismo profesor dos grupos a la vez? Ello por no tener en cuenta el caso en que los grupos se tuvieran que dividir en más de dos (en Bachillerato la capacidad máxima por aula es de 35, por lo que si fuesen todos los alumnos habría que hacer 3 grupos)
Consultado el ministerio por estas cuestiones, ha señalado que para atender dos grupos a la vez «hay varias formas de organizarlo. Por ejemplo pueden estar en aulas contiguas y mientras explica a un grupo, el otro hace ejercicios o tareas que les haya puesto. O pueden ir en días alternos o en horarios diferentes. Cada centro lo organizará según el número de alumnos que vayan y sus posibilidades».
En cuanto al trabajo de los profesores a distancia y de forma presencial, Educación señaló que impartir «a la vez es difícil, pero se pueden organizar horarios. No todas las actividades educativas a distancia son clases como tal».
«Como pedirle a un músico que toque varios instrumentos a la vez»
Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de docentes ANPE, señaló que la medida «parte de una concepción errónea porque los profesores están actualmente teletrabajando y atendiendo a los alumnos si estos cursos vuelven a las aulas de este modo. No se le puede exigir a un profesor que entre y salga de un aula a la otra a la vez dos o tres cuestiones diferentes y al mismo tiempo programe y realice actividad telemática con los que voluntariamente hayan decidido no asistir a las aulas».
Comparó la situación con exigirle «a un músico que toque varios instrumentos a la vez o a un actor que interprete varios papeles al mismo tiempo. Creo que hay que diseñar un plan de trabajo específico que tienen que elaborar el propio equipo directivo con la flexibilidad que requiere la situación y contando siempre con el cumplimiento de las medidas sanitarias».
Aumentar la plantilla
Por su parte, el presidente del CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha señalado «para la reducción de las ratios, se debe disponer de plantilla necesaria para su ejecución. Y para ello aumentar las plantillas de los centros educativos para su puesta en práctica. No olvidemos que los docentes siguen con su actividad lectiva online. Así que si la administración quiere imponer clases en junio, tiene que negociarse todo el plan y por supuesto, asumir el coste».
Añadió que el hecho de que «los centros y profesorado hayan tenido que hacer todo ellos para dar continuidad al curso puede justificarse por la urgencia del estado de alarma. Pero sería injustificable que la vuelta no se planificara de manera correcta para que esto no vuelva a suceder. CSIF exige que si se impone la vuelta en junio, la salud sea lo primero, recordando que los centros educativos no son guarderías. Exigimos que dicha vuelta sea negociada y reivindicamos: test masivos, desinfección de todos los centros, que no asistiera ningún personal de riesgo, ratio de 12 alumnos y material de protección como mascarillas, guantes y dispensadores de hidrogeles. Y desde luego todo planificado y presupuestado por parte de las administraciones educativas».
Fuente e Imagen: https://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-propone-solo-profesor-trabaje-aulas-contiguas-para-fase-2-202004300134_noticia.html
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