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La infancia en África entre el conflicto y la pobreza

Autor: Telesur

Los niños en África viven una infancia rodeada de adversidades que van más allá de simples trivialidades, éstos pequeños deben asumir difíciles retos desde muy temprana edad.
1. Difícil acceso a la educación y aprendizaje

Muchos de los niños en África desconocen un aula de clases. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2017, uno de cada cinco niños entre seis y 11 años no estaba escolarizado, y la situación es mucho peor para las niñas de ese continente ya que el 23% no asiste a la escuela primaria en comparación con el 19% de los varones.

2 Escasez de agua

África enfrenta una cruda escasez de agua durante todo el año, en este continente las lluvias son casi inexistentes. El periodo de sequía es uno de los más largos del planeta y los niños no escapan de esta realidad que los azota de manera indiscriminada durante todo su crecimiento.

3 Desnutrición y mala alimentación

Según el último informe realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) en 2017, la deficiencia de peso en África por edad es de 13,9 mientras que en Nigeria el porcentaje de desnutrición alcanza el 47 por ciento de la población infantil.

4 Acceso a la salud

En la mayoría de los países del continente africano el sistema de salud es privado, aunado a la corrupción hospitalaria y a la escasez de medios humanos y técnicos, por lo que los pobladores menos privilegiados son vulnerados y marginados en este sentido. Los infantes son los más propensos a enfermarse ya que poseen un sistema inmunológico débil por la mal nutrición y la falta de vitaminas.

5 Sometimiento al trabajo forzado

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala a África como el mayor explotador laboral infantil, indica que 59 millones de infantes entre cinco y 17 años son forzados a ingresar al campo laboral, en situaciones extremas y peligrosas en muchos de los casos. Uganda, Sierra Leona, Somalia y Nigeria encabezan la exposición de menores al trabajo forzado.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/infancia-africa-conflicto-pobreza-20180615-0029.html

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Etiopía intensifica labor para erradicar el trabajo infantil

África/Etiopía/08 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina

Etiopía intensifica hoy su labor para implementar las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y presta especial atención a las leyes sobre la erradicación el trabajo infantil.
De acuerdo con Mesfin Girma, experto en niños del Ministerio de Asuntos Sociales y Laborales, la OIT clasifica a los hombres y mujeres menores de 18 años como niños y cada tarea que hace ese grupo de edad, incluido el doméstico, es equivalente a la explotación laboral.

De ahí que para esta nación del Cuerno africano sea una prioridad en lo adelante, según Mesfin, erradicar todo vestigio de trabajo en menores, tomando en cuenta que alrededor del 80 por ciento de la población etíope se dedica activamente a las tareas domésticas rutinarias, como ir a buscar agua, recoger leña y cuidar a los bebés.

El trabajo infantil también se está empleando en la agricultura y la cosecha, dijo el funcionario, y los padres no tienen la suficiente conciencia creada en ese sentido.

Pero eso cambiará, manifestó Mesfin, quien además alertó sobre el hecho de que la ley etíope categoriza como niño a menores de 14 años.

En esa etapa, se supone que el menor llega al 8vo grado si está matriculado en la escuela, indicó el especialista, y negar a los niños el acceso a los derechos de educación, salud y otros servicios es inaceptable por ley.

Los padres que son encontrados culpables de negar los derechos mencionados por insertar a sus hijos en el trabajo, aunque sea doméstico, están sujetos a responsabilidad legal, concluyó.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=158034&SEO=etiopia-intensifica-labor-para-erradicar-el-trabajo-infantil
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¿Los muros cayeron? Levantemos al IEMS semiescolar. México

México / 4 de marzo de 2018 / Autor: Observatorio Pedagógico del Valle de México / Fuente: Revista El Arcón de Clío

César Medrano Mariscal

Escribo a poco más de tres semanas del 19 de septiembre de 2017, fecha en la que se derrumbaron suficientes estructuras para poner en entredicho otras tantas, sobre las cuales, hemos ciegamente fincado nuestra seguridad. ¿De verdad debemos nuestro sustento a la infatigable voluntad humana indidualista? ¿Cómo deberíamos actuar ante los desastres humanos que desnuda la naturaleza cada cierto tiempo? Si se caen los edificios, ¿persisten las instituciones? ¿Es el IEMS una institución con significación profunda y social? Mi medio de sustento, ¿debería comprometerme más allá del pago que recibo? Este movimiento de tierra, ¿debería mover también al modelo semiescolarizado? Han pasado diez años desde la creación del modelo, en cuya base está la imperiosa necesidad de atender a la población joven y rezagada de la Ciudad de México que requiere cursar o concluir su educación media superior, bajo la premisa de reunir “dos formas de trabajo académico: sesiones tipo clase (típicas de los sistemas escolarizados) y el estudio independiente (que promueven los sistemas abiertos).”

La operación de este modelo, cuyos contenidos se retoman desde el sistema escolarizado y se han adaptado con esta lógica mixta, pasa por la subcontratación del personal docente, la sobreexplotación del personal de enlace o responsables del modelo en cada plantel (a quienes les asignan tareas cuyas funciones pasan desde la prefectura hasta el papel de contratista) y la ocupación de espacios de tiempo ocioso del sistema escolarizado en los planteles. De tal suerte que, comparando la Fundamentación del proyecto educativo con lo que se ofrece y cómo se ofrece, podemos concluir que el sistema semiescolarizado es un servicio educativo subcontratado que se certifica por el IEMS.

¿Por qué, si a estas conclusiones hemos llegado de una u otra manera quienes trabajamos acá, no lo decimos abiertamente? Porque compromete mi contratación y pago: esta es la magia de la tercerización laboral que, al mismo tiempo, corrompe la solidaridad entre los trabajadores y provoca debilidad en el sistema.

El IEMS en general, y el sistema semiescolarizado en particular, persiste por su demanda: siguen llegando aspirantes que solicitan este tipo de servicio. Las autoridades han interpretado esta demanda desde un punto de vista comercial y en este sentido ajustan la oferta con un justo a tiempo: más alumnos, más contratación docente y viceversa.

Pero resulta que nuestros estudiantes no están solicitando entradas al cine, requieren urgentemente alternativas que los saquen de la violencia, el subempleo, las adicciones, el hambre; que los reinserten, que les de motivos y herramientas plausibles, reales, situadas. Luego, el IEMS debe responder a esa demanda social para consolidase como institución social y retomar su relevancia comunitaria.

Con esto en mente, trasciende mi interés desde el trabajador hacia el ciudadano, y propongo:

a) Se revise el modelo semiescolarizado en contenidos y operación,

b) Se dote de infraestructura y materiales específicos, y

c) Se contrate de base al personal docente.

Los muros han caído, pero no estamos en los escombros. Todavía no.

¿Los muros cayeron? Levantemos al IEMS semiescolar. México

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Menos y peor empleo: ¿de qué van las reformas laborales?

Por. Luis Salas Rodríguez

En respuesta a una solicitud de la principales centrales sindicales de Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), convocó para el 23 de octubre próximo en Montevideo, Uruguay, una audiencia pública sobre la reforma laboral promovida por el gobierno de facto de Michel Temer y aprobada por el congreso brasileño a mediados de este año.

Por más que la OEA sea una instancia desacreditada a la hora de tratar conflictos regionales, y por más que quepa depositar pocas esperanzas en su accionar dada su complicidad tanto con el golpe de estado brasileño como con los factores de poder económico que lo impulsaron -que son los mismos que están tras esta reforma-, no se puede pasar por alto la importancia de esta convocatoria.  No solo por lo que, en estricto sentido, concierne a los trabajadores y trabajadoras de Brasil; sino también porque dicha reforma afecta a los trabajadores y trabajadoras del resto de los países de la región.

Considérese el siguiente dato: según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), durante 2016, unos 132 países enfrentaron “presiones/discursos de necesidad de ajuste fiscal” y 105 realizaron, en consecuencia, reformas laborales y a sus sistemas de pensiones. En todos estos casos los perjudicados fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes salieron de dichas “reformas” con menos derechos, estabilidad e ingresos.

Una de las más recientes y sonadas fue la promovida en septiembre pasado por el presidente francés Emmanuel Macron, en medio de violentas protestas de los sindicatos que sacudieron París. Sin embargo, desde España hasta Puerto Rico, pasando por Colombia, México o Grecia, con mayor o menor intensidad, bien por la vía de hecho o bien la de derecho, la misma ofensiva contra los trabajadores se ha venido imponiendo en los últimos años.

En lo que tiene de fundamental, esta oleada de precarización laboral es la consecuencia a largo plazo de la consolidación de un diseño institucional global que ya avanza hacia su cuarta década, basado en impulsar la competitividad y la productividad de las economías y las empresas, no mediante la promoción de la innovación tecnológica, el combate contra los monopolios o las malas prácticas corporativas, sino poniendo a competir a los trabajadores entre ellos a ver quién gana menos o queda más precarizado.

Esto lo explicó muy bien en una nota de 2015 para CELAG el economista argentino Guillermo Oglietti: el diseño institucional de la llamada “globalización” desencadenó una competencia salarial desleal de carácter internacional. Con el modelo de economías más cerradas de la postguerra, tanto los trabajadores como las agencias reguladoras (ministerios del trabajo, etc.) tenían mayor capacidad para establecer los salarios en niveles compatibles con el interés común y la voluntad democrática. Incluso, si no había sindicatos, los trabajadores influían sobre las decisiones políticas a través del voto. Y así fue como los pueblos con frecuencia consiguieron que las agencias reguladoras representasen los intereses de los trabajadores.

Pero este diseño fue herido de muerte por la globalización neoliberal. El nuevo sistema permitió que las empresas de desplacen por el globo buscando reducir sus costos, en especial los laborales. Y lo consiguieron plenamente porque ni el poder sindical ni la capacidad regulatoria del Estado, pudieron globalizarse de la misma forma.

Así las cosas, como es sabido, bajo este esquema las empresas y capitales están hoy  habilitados para moverse a lo largo y ancho del mundo buscando abastecerse de las materias primas e insumos más baratos, de suerte que si un país cuenta con una legislación o institucionalidad proteccionista en materia laboral, el sistema crea el incentivo para la competencia salarial desleal.  En consecuencia, el gobierno de dicho país tanto como sus trabajadores, quedan expuestos al chantaje de los célebres “inversionistas” (tanto locales como extranjeros), quienes obligan a los primeros a precarizar a los segundos, y su vez, a los segundos a aceptar pasivamente la precarización, so pena de quedarse sin empleos y sin nada cuando los capitales en cuestión se marchen a otros país que sí lo hizo o se nieguen a venir al suyo hasta tanto la reformas no se hagan.

La competencia salarial desleal es análoga, en este sentido, a lo que ocurre con las devaluaciones y las llamadas guerras monetarias, a través de las cuales bajo la misma excusa de aumentar la competitividad, se fuerza a la baja el peso de los salarios en la distribución de ingreso y los costos corporativos. En la medida en que un país lo hace –es decir, devalúa- el resto se ve presionado a hacer lo mismo para seguir siendo “competitivo”, desencadenándose un espiral devaluacionista cuyos platos rotos pagan los ciudadanos de dichos países.

Así las cosas, en el momento mismo en que el congreso brasileño aprueba el proyecto precarizador de Temer, no solo establece un cúmulo de derechos y garantías que los trabajadores y trabajadoras de Brasil deben perder para “seguir siendo competitivos”, sino además un nuevo rasero mediante el cual tanto ellos como sus pares regionales y del mundo serán medidos. Es decir, si el costo que han tenido que pagar los trabajadores y las trabajadoras brasileñas para seguir siendo atractivos a la explotación de los empresarios –que es lo que en el fondo significa “ser competitivos”- es perder el derecho a la sindicalización, tener que trabajar jornadas de 12 horas, desproteger el embarazo y la lactancia, etc., entonces los trabajadores de los países vecinos deben sacrificar más derechos aún.

En los tiempos que corren, tras el derrape financiero de 2008 y la consiguiente paralización del comercio global causante de una fuerte restricción externa para nuestras economías periféricas, la fórmula encontrada para “reanimar” los mercados es explotar a los trabajadores al máximo, apoyándose para ello en lo ya consolidado tras la globalización neoliberal de principios de los 80. Lo paradójico de este asunto es que esta fórmula es exactamente la misma que trajo a la economía global a la situación en que se encuentra. Tras la primera oleada neoliberal a comienzos de los 80, hubo que recurrir al endeudamiento privado como mecanismo para no deprimir el consumo, que es la consecuencia lógica de la depresión salarial. Este modelo se hizo insostenible en 2008, cuando estalló de la burbuja de las hipotecas. Ahora, para esta segunda gran oleada, se desea avanzar sobre lo que dejo la primera y lo que se pudo reconstruir durante la Década Ganada. Ya el gobierno peruano anunció que reformará su legislación laboral para no rezagarse con respecto a la brasileña. Lo propio anunció Mauricio Macri en Argentina, también lo exigen los empresarios en Uruguay e inclusive en Venezuela, así como es esperable que sea el corazón del menú de condiciones planteadas por le FMI (Fondo Monetario Internacional) al gobierno ecuatoriano tras su reunión pautada para noviembre próximo. En determinado momento, todos los países de la región estarán compitiendo entre sí para ver quién remata mejor a sus trabajadores y trabajadoras ante el altar del neoliberalismo recargado del siglo XXI, tan solo para descubrir tempranamente que eso del ajuste expansivo es una quimera ortodoxa con resultados desastrosos en la vida real.

Fuente: http://www.celag.org/menos-peor-empleo-van-las-reformas-laborales/

 

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España: La recuperación económica se basa en un tsunami de devaluación salarial y precariedad

Por: La izquierda Diario

La salida actual de la crisis de la economía española se está produciendo tal y como todos los datos económicos indican a costa de los trabajadores, lo que se manifiesta en una intensa devaluación salarial y una profunda precarización laboral.

Aunque el crecimiento económico y el beneficio empresarial se han restablecido prácticamente a los niveles pre-crisis, los trabajadores sin embargo han sufrido una devaluación salarial media del 12,6% durante el período 2008-2016, una vez descontada la inflación, y una tasa de temporalidad del 26,8% durante el último año.

La economía española ha venido obteniendo crecimientos del PIB durante los tres últimos años del entorno del 3,3% y ha alcanzado, a finales de 2016, un volumen total del PIB en su máximo histórico- al haber sido superado el dato de 2008- y lograr los 1,18 billones de euros. Pero esta riqueza no ha ido a parar a los bolsillos de la clase obrera, sino que ha servido para atajar la crisis financiera, reducir la deuda pública y restablecer la rentabilidad empresarial. Y todo ello a costa de las clases populares. Es decir, posibilitar que la crisis la paguen los trabajadores y los ricos sean… cada vez más ricos.

La realidad económica no ofrece sino un cuadro intenso y generalizado de devaluación salarial y precarización de trabajadores, que ha recaído sobre todo en los más jóvenes, las mujeres, los desempleados mayores de 50 años y los parados de larga duración. Así, los datos económicos tan positivos de los que el Gobierno de Rajoy no deja de presumir se basan exclusivamente en un retroceso brutal de las condiciones de vida de la clase trabajadora, como no se había producido en décadas.

El retroceso experimentado se ha basado en una devaluación salarial que, según determinados sectores y sobre todo para los contratados más precarios, ha alcanzado rebajas salariales con picos del 20-30%. Es decir, una auténtica devaluación salarial de caballo. Además, se ha llevado a cabo una implantación extensiva y muy generalizada de la precarización que supone que al menos un 60% de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial no esté conforme con la jornada laboral que se le ha impuesto y que tiene en muchos casos salarios tan bajos que implican que el 12,6% de los asalariados no llegue ni a percibir el salario mínimo de 707,70 euros al mes brutos. Mientras, por otra parte, se les obliga en muchas ocasiones a realizar horas extras, en lugar de ampliarles la jornada, y, por supuesto, sin recibir retribución alguna por esas jornadas extra.

En general se ha producido un sometimiento duro de los trabajadores a los empresarios, facilitado por las reformas laborales emprendidas por Zapatero en 2010 en primera instancia y continuadas por Rajoy en 2012, que terminó por darle la vuelta de tuerca necesaria para asegurar el incremento del beneficio de los empresarios sobre la base de aumentar la explotación de los trabajadores.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, permite tras la reforma laboral cambios salariales decretados unilateralmente por el empresario. Además, se han abaratado los costes del despido en torno a un 40% y se han facilitado y ampliado las causas de despido procedentes y la imposición de EREs y ERTEs en las empresas, entre otras muchas medidas antiobreras.

El empleo como factor de pobreza

La realidad salarial es desoladora, un tsunami de temporalidad y devaluación salarial, como lo demuestran todos los datos laborales y económicos. Esta situación está provocando un fenómeno que se caracteriza por un grave incremento de la miseria entre los trabajadores y trabajadoras, que incluso cuando están empleados, un número muy cuantioso de ellos (sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y empleados de baja cualificación), se vean incapaces de afrontar los gastos esenciales para su supervivencia.

Esto queda claramente expresado si tenemos en cuenta que la cuantía del salario más frecuente hay que distinguirla del salario medio, que es más bien una “engañifa” estadística. El que más se da entre los trabajadores es de tan solo 16.498,47 euros al año lo que implica en realidad 993 euros mensuales netos al mes por 14 pagas. Por lo tanto, si antes de la crisis ser mileurista era una desdicha ahora es contemplado con admiración por la mayoría de los trabajadores que ni siquiera alcanzan ese salario.

Pero la situación es mucho peor que esto. El salario que percibe el 10% de los trabajadores que menos gana (trabajadores a tiempo parcial) es de tan solo 350 euros mensuales, por lo que no les permite ni siquiera cubrir los gastos mensuales de alimentación pese a estar trabajando.

Incluso el salario medio que ya indicamos, que supone un auténtico engaño estadístico dado que las medias distorsionan la información, implican un salario medio de tan solo 1.309 euros netos en 14 pagas, es decir, muy ligeramente por encima de los 1.000 euros, lo que tampoco resulta ninguna bicoca. Conclusión: muchos más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras son mileuristas o incluso ganan menos de 1.000 euros.

Si analizamos los datos facilitados por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se facilita información detallada de los gastos familiares comprobamos que con el nivel de salarios existentes resulta imposible pagar los gastos básicos de comida, ropa, energía y vivienda. Por lo que solo con dos o más sueldos y la aportación, en muchos casos, de la pensión que puedan recibir abuelos o padres, un inmenso sector de familias trabajadoras pueden salir adelante, y con muchas penurias.

Además, el sector de los trabajadores más “protegidos”, es decir aquellos que disponen de un convenio y que vienen a ser un poco más de la mitad de los asalariados, también se ven atacados duramente en sus ingresos. Así, tenemos que ocho de cada diez convenios firmados no están garantizando el poder adquisitivo actualmente, pese a que la inflación está en mínimos históricos. El 83,6% de los convenios firmados a julio de este año no disponían de cláusulas de garantía salarial en el caso de que la inflación desborde el aumento salarial pactado. Aumento pactado que es de un raquítico 1,33%.

Según los datos de la última EPA en junio de 2017, y pese a haber superado los niveles de PIB de 2007, tan solo se había recuperado la mitad del empleo perdido. De los 3,8 millones de ocupados que se perdieron por el camino quedan aún por recuperar nada menos que 2,4 millones de empleos, más de la mitad de los perdidos todavía. Esto es así porque la población ocupada ha pasado de 20,7 millones que hubo en 2007 a 18,3 millones, último dato tras el fin de la temporada turística de este verano.

Sin embargo, como decíamos, el PIB ha sido ya incluso algo mayor al máximo histórico de 2007, lo que implica que la productividad obtenida, es decir el grado de explotación de la mano de obra, ha permitido que con algo más de dos millones menos de trabajadores, se obtenga una riqueza de conjunto superior que se han embolsado el su mayor parte los empresarios.

Además, el nivel de desempleo sigue siendo muy elevado. Según la última EPA del mes de junio todavía permanece en un elevado 17,2% pese a que se ha reducido desde el 26,94% de 2013. El 54,6% de los parados es de larga duración y la tasa para los jóvenes menores de 25 años es del 39,5% y para las mujeres el 19%. Teniendo en cuenta, además, que las prestaciones al desempleo se han reducido considerablemente y solo llega a algo más del 50% de los parados.

Otro dato a tener muy en cuenta es la disminución del peso de las rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. Las rentas del trabajo se han reducido hasta el 47,6% del PIB, una reducción de 30.000 millones, cuando el 2008 representaban el 50%. Mientras, las rentas de capital han crecido y son ahora un 43%, dos puntos de crecimiento desde el 2008.

Todo esto nos lleva a que, según datos del INE basada en la encuesta de condiciones de vida que elaboran, casi tres de cada diez ciudadanos se encontraban en riesgo de exclusión social (28,6%). De entre ellos el 6,4% tiene una situación de carencia material severa

Las cúpulas sindicales burocratizadas trabajan para el Gobierno y los empresarios

Mientras tanto, las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CC.OO. y UGT han estado reuniéndose y firmando acuerdos tanto con la CEOE como con el gobierno neoliberal del PP de Rajoy durante todo el período de crisis.

Sirviendo de sostén al gobierno de Rajoy y acordando con la CEOE indirectamente la devaluación salarial y la precariedad laboral -según se tratase de trabajadores sujetos a convenio o directamente desregularizados y abandonados a su suerte-, cuando no directamente traicionando mediante acuerdos sectoriales firmados por las cúpulas sindicales a espaldas de los trabajadores. Así fue recientemente el caso del acuerdo con la patronal hotelera en contra de lo defendido por Las Kellys, o el de Telemarketing, o en su día el acuerdo con Movistar, traicionando la denominada “revolución de las escaleras” de los técnicos de Movistar.

La realidad es que la burocracia de CC.OO. y UGT no sólo dejó pasar sin pena ni gloria la Reforma laboral de 2012, sino que ha firmado todo lo que la CEOE les ha puesto encima de la mesa, incluidos los acuerdos salariales causantes de la devaluación salarial. Su filosofía de “la moderación salarial” para salir mejor de la crisis lo único que ha garantizado es el enriquecimiento de los empresarios a costa de los trabajadores. Así las subidas salariales medias en los convenios firmados fueron: del 1,16% en 2012, prácticamente un 0,5% en 2013, 2014 y 2015 y un 1,02% el 2016. De los trabajadores fuera de convenio, más de la mitad del total de asalariados, mejor ni hablar, basta con ver los datos existentes.

CC.OO y UGT ahora han comenzado una campaña reivindicativa sobre la necesidad de incrementar los niveles salariales. Pero esto no irá muy lejos. De hecho, la CEOE está ofreciendo un aumento salarial de entre el 1% y el 2% más medio punto más porcentual por productividad que a los sindicatos les parece insuficiente, de momento, puesto que están solicitando una horquilla de aumento de entre el 1,8% y el 3%. Pero el dirigente de la CEOE Juan Rosell ha argumentado que no hay necesidad de subir mucho más allá de lo que se ha venido negociando en los diferentes convenios durante todo este período. Es decir, la propia moderación salarial practicada debilita ahora enormemente la posición de CC.OO. y UGT a la hora de exigir tan solo un poquito más.

Mientras los trabajadores y trabajadoras no destituyan a las cúpulas burocratizadas de CC.OO. y UGT y se hagan con el control democrático de estos sindicatos, desarrollando una política sindical apoyada sobre la base de la movilización y la extensión y unificación de las luchas, confluyendo con los trabajadores insertados en el denominado “sindicalismo alternativo”, no habrá salida.

@as_juancarlos

Fuente:http://www.laizquierdadiario.es/La-recuperacion-economica-se-basa-en-un-tsunami-de-devaluacion-salarial-y-precariedad?id_rubrique=2653

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España: Manos Unidas reclama igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a la educación

España/Septiembre de 2016/Periodistadigital

«La vuelta al cole se complica para miles de niños y niñas», denuncia Misiones Salesianas

Redacción, 08 de septiembre de 2016 a las 10:23

Más de 24 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden acudir a las escuelas para formarse debido al conflicto en sus países. Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Níger…

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En un mundo que evoluciona de manera imparable hay, según la UNESCO, 758 millones de adultos mayores de 15 años, que no saben leer ni escribir una frase simple. Esto supone que más de 750 millones de personas están condenadas a la exclusión y a la pobreza por carecer de los conocimientos básicos que les permitan comprender el devenir del mundo que los rodea o carecen de conocimientos para reclamar sus derechos o afianzar sus libertades como individuos. Las dos terceras partes de estas personas, 505 millones, son mujeres.

Las personas de entre 25 y 64 años, que generalmente componen la fuerza laboral de un país, son también las que presentan las cifras más altas de analfabetismo, 509 millones. Esta carencia de conocimientos esenciales va pareja a la vulnerabilidad en todos los campos: enfermedad, explotación laboral y violación de los derechos humanos. Además, la probabilidad de que no encuentren trabajo o los engañen con los salarios es mucho más alta. El analfabetismo es, en definitiva, sinónimo de pobreza y rechazo.

Para Manos Unidas la educación es un derecho humano esencial para el desarrollo sin el que no sería posible cumplir ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). De hecho, la alfabetización forma parte del ODS 4, que tiene como objetivo «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, para todos».

«La posibilidad de leer o de comprender los documentos escritos, está directamente relacionada con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo de los pueblos y sociedades», asegura Fidele Podga, coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas. Por ello, en 2015, la ONG aprobó 219 proyectos de carácter educativo por un importe superior a los 11,6 millones de euros. Estas iniciativas beneficiaron de manera directa a cerca de 112.000 personas. Además de hacer hincapié en la educación escolar, muchos de estos proyectos tuvieron como destinatarias fundamentales a las mujeres, que sufren con mayor virulencia las consecuencias del analfabetismo.

El 8 de septiembre, Día de la Alfabetización, Manos Unidas denuncia que en el mundo hay más de 500 millones de mujeres analfabetas; más de 500 millones de mujeres que sufren soledad, aislamiento y marginación por no saber leer ni escribir; más de 500 millones de mujeres que pueden ser engañadas por no comprender lo que leen o por no tener nociones básicas de números. El acceso a los derechos básicos, al respaldo legal y a los avances científicos y tecnológicos, es mucho más difícil para las más de 500 millones de mujeres analfabetas.

«Cuando se dota a la mujer de autonomía y de posibilidades de desarrollo, esto revierte en sí misma, en su familia y en su comunidad«, asegura Podga. «Para lograr el empoderamiento de las mujeres y la superación de las desigualdades estructurales a través del poder de movilización de la comunidad, es necesario que tanto mujeres como hombres participen en igualdad de condiciones en la identificación, diseño y ejecución de sus propios proyectos sociales y vitales. Esa participación depende de la auténtica comprensión de la realidad, para la que resulta fundamental poder leer y escribir», señala el coordinador de Estudios y documentación de Manos Unidas, quien recuerda queManos Unidas «busca siempre la sostenibilidad de los proyectos y un mayor impacto en sus intervenciones».

 

Más de 24 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden acudir a las escuelas para formarse debido a los conflictos en sus países, según alertan las agencias internacionales. Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Níger… son lugares en los que ir a la escuela supone jugarse la vida.

“Así, la vuelta al cole 2016 se ha convertido en una de las más difíciles de los últimos años para miles de niños y niñas en todo el mundo”, explica Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. La destrucción de las escuelas y la huida de los profesores hace que los sistemas educativos, ya de por sí débiles, se destruyan. Volverlos a poner en marcha es difícil y varias generaciones se pierden por el analfabetismo y la falta de capacitación.

En el Día de la Alfabetización, que se celebra mañana, 8 de septiembre, desde MISIONES SALESIANAS pedimos un verdadero compromiso internacional con la educación de los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo. “Como nosotros, son muchos los que creen que la educación es la herramienta clave para la lucha contra la pobreza, pero se necesita una apuesta honesta para que la educación sea universal”, dice Muñoz.

Los misioneros salesianos en los más de 130 países en los que trabajan hacen una gran labor en esta materia y más de un millón y medio de niños y niñas en edad escolar van a escuelas y centros de formación salesianos. “Sin embargo, no nos conformamos.Queremos que todos los niños y niñas del mundo tengan las mismas oportunidades y puedan ejercer su derecho a la educación”, añade la portavoz.

Para ello, desde MISIONES SALESIANAS, lanzamos la campaña El Otro colegio. Más que un colegio. “Con ella pretendemos que todos nos sintamos responsables y comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes”, explica Muñoz. Ir al colegio no es sólo recibir conocimientos, es tener la oportunidad de desarrollarse como personas, de ser ciudadanos de provecho, de conseguir un futuro con posibilidades. Ir al colegio es una manera de cambiar el futuro de miles de niños y niñas en todo el mundo.

 

Fuente: http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2016/09/08/manos-unidas-reclama-igualdad-de-oportunidades-para-las-mujeres-en-el-acceso-a-la-educacion-religion-iglesia-misiones-salesianas-alfabetizacion.shtml

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