Fapar

Por: Nieves Mira y Carlota Fominaya

El anuncio de la ministra Celaá respecto al inicio del próximo curso ha pillado por sorpresa a la comunidad educativa.

Aún quedan cuatro meses para el comienzo del nuevo curso escolar, pero el ministerio de Educación ya está estudiando con las comunidades autónomas cómo organizar la vuelta a clase «guardando las imprescindibles medidas de seguridad sanitaria» en el caso de que no pueda haber grupos de más de 15 alumnos por aula.

Fue la titular de Educación, Isabel Celaá, quien adelantó este lunes que «si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado en las aulas», y recordó que no hay fecha concreta para el comienzo de dicho curso, ya que es cada comunidad quien fija su calendario. Mientras, la comunidad educativa ha reclamado a Celaá medidas claras y precisas, así como garantías sanitarias, tanto para volver a las aulas durante la desescalada (alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, menores de 6 años y educación especial), como para iniciar el siguiente.

Más medidas

El anuncio de que será la mitad de alumnos los que puedan volver en septiembre ha levantado ciertas dudas entre las asociaciones de padres y las familias, muchas temerosas de que se pueda perder el ritmo de las clases online. «Valoramos como positiva cualquier medida que vaya destinada a garantizar la seguridad de los alumnos, pero creemos que es un poco pronto para concretarla, porque de aquí a septiembre hay que trabajar junto con las autonomías para valorar la situación y conjugarlo con la conciliación de la vida familiar», cuenta Miguel Ángel Sanz, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR).

En principio, desde FAPAR están de acuerdo con esa reducción del aforo de las clases, insisten, pero entendiendo «que la medida debe estar recogida dentro de otras más amplias», sin descartar ninguna opción e, insisten, trabajando con las autonomías.

«Se pueden encontrar soluciones, el trabajo online se ha desarrollado a una velocidad supersónica, y hay gente que podrá quedarse en casa trabajando. Hay que procurar que se queden en casa los chicos con más autonomía para el trabajo online», cuenta Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Incide en que «hay chicos que pueden hacer el trabajo online bien y sus padres los pueden cuidar», pero habrá «otros que no y tendrán que estar de manera presencial. Y me parece que cada escuela tendrá que buscar la solución, sin pretender que sea todo en base a las grandes reglas generales para todo el país».

«Habrá que hablarlo y buscar una solución, porque habrá casas en las que el abuelo tenga que echar una mano y otras a las que pueda no importarle que el niño siga las clases a distancia, pero también alumnos con mayor dificultad a los que esto resulte imposible», cuenta el presidente de CECE. Respecto a la posibilidad de contratar a más profesores y establecer turnos, añade que «no es una cuestión tanto de recursos, pues a todos nos gustaría tener más, pero la pregunta es si el país lo puede financiar, busquemos soluciones buscando el bien de todos».

Incertidumbre entre familias y profesores

Mientras, las familias, se enteran de esta posible medida con escepticismo. Manoli, que tiene dos hijos mellizos en primero de ESO y en la misma clase, espera que, de tener que repartirlos, al menos les toque en el mismo turno. «Con su padre y conmigo trabajando y el hermano pequeño en la guardería, lo peor que nos puede pasar sería que cada día fuese uno al instituto. Si ya de por sí es complicado y tenemos que tirar de la familia para que no se queden solos, no quiero imaginar cómo será un inicio de curso al 50%».

«Si pones la mitad de alumnos en una clase me parece perfecto, es lo necesario. Lo que no es normal es, por ejemplo, una clase en Infantil con 25 alumnos. Si me pones 12 es lo suyo, pero claro, eso debería suponer que contrates a más maestros o habilites más aulas, porque ¿cómo vas a dejar al resto en su casa?», se pregunta Rocío, maestra de Educación Infantil.

En esta discriminación hace hincapié Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia: «Es injusto para los trabajadores que tienen cargas familiares y se ven en la tesitura de o bien renunciar a su puesto de trabajo, o bien a incrementar el gasto familiar para poder trabajar por el mismo (o menor, en la mayoría de los casos) salario». En su opinión, el Gobierno «debería escuchar a los expertos antes de anunciar medidas que transmitan seguridad y confianza, y no todo lo contrario, como hasta ahora», dice en referencia al anuncio que sorprendió de la ministra, que sorprendió a todos los miembros del sector.