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México arrastra pendientes con infancia en orfandad por feminicidio

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa*

A pesar de la publicación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, el gobierno federal no ha creado un padrón nacional para cuantificar a esta población ni modelos de atención integral en todas las entidades; además, el Congreso no ha aprobado reformas a favor de estas víctimas.

Anunciado con bombo y platillo hace un año, este protocolo nacional prometía ser la primera acción en la historia de México para garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos, la protección social y la asistencia a niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas por ser mujeres, como lo declaró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 29 de julio de 2020 durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En ese día, Sánchez Cordero reconoció que existían muchos “resabios” tanto en el Código Civil, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en la actuación de los gobiernos estatales y municipales para garantizar plenamente los derechos de las víctimas indirectas del feminicidio.

“Entonces, nosotros queremos hacer una revisión, y la estamos haciendo, en la Secretaría de Gobernación de aquellos resabios todavía de normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles”, dijo entonces la funcionaria.

Como reportó Cimacnoticias desde 2017, una de las principales faltantes era la creación de un censo o registro oficial de niñas y niños huérfanos por feminicidio, con el cual se podría dimensionar el reto que enfrenta México ante esta problemática y así determinar tipos y número de programas y apoyos sociales que se requieren.

Hasta marzo de 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ubicó, por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República, ya que –de acuerdo con declaraciones de la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann — no todas las instituciones atendieron la solicitud de entrega de datos y muchas entidades tenían múltiples registros sin formatos claros.

Por otra parte, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, contabilizó de 2014 al 13 de febrero de 2020 a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.

Las familias de estas víctimas, principalmente abuelas que están a cargo del cuidado de las niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio, también llamaron la atención sobre la ausencia de acciones estatales específicas para la atención integral y restitución de derechos de estas niñas y niños, muchos de los cuales habrían presenciado el asesinato de su madre.

Las organizaciones acompañantes de estas familias también han insistido en la necesidad de que más allá de apoyos económicos se garantice una reparación integral que incluya atención psicológica especializada, necesidades de salud, alimentación o vivienda con cobertura a largo plazo, así como reforzar a las y los cuidadores en esta tarea.


Hasta 2021 sólo los estados de México, Jalisco y Coahuila tenían programas específicos para la atención de la niñez en condición de orfandad por feminicidio; sin embargo, en todos los casos los apoyos se han reducido a compensaciones económicas y a la fecha no se ha medido su efectividad.

Por ejemplo, en 2017 Jalisco instauró el primer programa de este tipo a nivel nacional, el cual ofrece a la fecha 3 mil pesos bimestrales. Aunque lleva cuatro años en práctica, no cuenta con un diagnóstico que identifique las causas que generan la problemática que atiende ni indicadores que muestren si se ha logrado resarcir el daño a estos menores de edad.

Jalisco también es la única entidad con un modelo de intervención psicológica, creado en 2020, para que la niñez tenga un proceso de duelo ante la pérdida abrupta y violenta de sus madres, y para que las personas que asumen su cuidado –en su mayoría adultas mayores– tengan herramientas de “crianza positiva”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las únicas entidades del país que regulan de manera específica en sus normativas la reparación del daño a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Otras entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, prevén de manera general la reparación del daño para el delito de feminicidio en sus Códigos Penales.

El resto del país no tiene regulaciones específicas en la materia; no obstante, las autoridades tienen la obligación de atender a la orfandad por feminicidio por que la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación con las y los niños.

A estas demandas se sumó la necesidad de generar certidumbre jurídica para las y los cuidadores de las niñas y niños en condiciones de orfandad, ya que –como lo demuestran los casos relatados en los reportajes anteriores– además de la exigencia de justicia, las madres de las víctimas de feminicidio deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas.

Un proceso largo pero a medias

Esta lista de demandas por parte de las familias de víctimas de feminicidio datan de al menos la década de los 90, cuando se empezó a documentar el feminicidio en México; sin embargo, fue hasta el pasado 4 de agosto de 2021, cuando el gobierno federal publicó finalmente un Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.

Como se relató anteriormente, este documento se anunció un año antes, sin ser una política pública ejecutable. Incluso en agosto de 2020 el Estado mexicano lo presentó ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW por sus siglas en inglés), para afirmar que estaba atendiendo la demandas de las víctimas.

Durante el año que el protocolo no fue público, Cimacnoticias preguntó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre el avance de este protocolo. Ambas instituciones evadieron dar una entrevista con el argumento de que no estaban a cargo del proceso.

En diciembre de 2020, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, explicó a Cimacnoticias que hasta esa fecha sólo tenían un documento base sobre el que se estaba trabajando con los gobiernos locales porque no todos estaban de acuerdo con la iniciativa. Pese a la insistencia, no hubo más noticias de este documento sino hasta el pasado 4 de agosto, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Tras la publicación oficial del documento, el procurador federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, explicó en entrevista con Cimacnoticias que este protocolo –que sólo es de cumplimiento obligatorio para el DIF– no exige a las Procuradurías de Protección de la infancia ni a ninguna institución la creación de un censo y padrón de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio.  No obstante, el funcionario dijo que a partir de la entrada en vigor del documento, las Procuradurías de Protección deberán registrar estadísticamente las atenciones que brinden a esta población.

Destaca que este padrón de víctimas es una promesa que Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman Zybelmann hicieron el 6 de marzo de 2019, cuando al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, dijeron que como parte de este plan integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.

El procurador Oliver Castañeda también precisó que el Protocolo –cuya ruta de atención inicia en los Ministerios Públicos y marca acciones para todas las autoridades involucradas en la atención de la infancia– no es de cumplimiento obligatorio para las Fiscalías o cualquier otra dependencia fuera del DIF, por lo que llamó a estas autoridades a dar aviso oportuno a las Procuradurías de Protección para que puedan registrar y garantizar la atención adecuada de estas niñas y niños.

Con respecto a los programas estatales de apoyo, el procurador explicó que si bien no desaparecerán los ya existentes en las entidades, el Protocolo no mandata a los gobiernos la creación de nuevos programas o modelos de atención.

El funcionario explicó que durante la elaboración del documento se refirió la necesidad de modificar los códigos civiles estatales para evitar que la familia de las víctimas de feminicidio se enfrenten a la familia de los agresores por la custodia de las niñas y niños, en caso de que el feminicida sea el padre; no obstante, solo quedó en palabra, pero no por escrito, que serán las Procuradurías de Protección quienes hagan una valoración de cada caso desde una perspectiva de género y determinen la condición familiar de las niñas y niños.

Castañeda agregó que este protocolo incluye un apoyo económico para gastos funerarios, así como otros apoyos administrados que están a cargo de otras secretarías de Estado, como las becas Benito Juárez para estudiantes que otorga la Secretaría de Educación Pública.

Pendientes aún reformas estructurales

Desde abril pasado, la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, junto con legisladoras de la Cámara de Diputados, presentaron un paquete de reformas con enfoque de prevención, atención y reparación para reconocer a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres, sin embargo no se ha discutido ni aprobado.

Estas reformas permanecen en análisis en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara baja, que deben elaborar un dictamen, y en la Comisión de Igualdad de Género, que tiene facultad de emitir una opinión.

Las leyes que se buscan reformar son las de Asistencia Social; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y General de Víctimas, así como al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.

A este paquete de reformas le antecede la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada en la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2020, la cual reconoció a estas víctimas indirectas de feminicidio y su derecho a la salud, educación, atención psicológica y a recibir ayuda, asistencia, protección, reparación integral y recursos económicos.

La reforma a la Ley General de Víctimas también obligó a las entidades federativas a contar con un padrón permanente y actualizado de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, desagregando datos por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta. Además, el Registro Nacional de Víctimas deberá contar con un padrón con la misma información. Si bien esta reforma se aprobó en la Cámara de Diputados todavía no se ratifica en el Senado.

En caso de que estas iniciativas federales sean aprobadas por el Congreso de la Unión, los congresos locales aún deberán homologarlas.

*Con información de Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta

Fuente de la información:  CIMAC Noticias

Foto: César Martínez López

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Violencia, feminicidio y salud mental

Por: Elisabeth De Puig

 

La poca atención en salud mental que padece una gran parte del pueblo dominicano en todas las etapas de su vida son bombas de tiempo que explotan cada vez más a menudo.

El auge de los feminicidios y sus últimas manifestaciones siguen sacudiendo el país.   Son parte de la  imperfecta socialización que nos caracteriza. Resolver los conflictos emocionales vía armas, matar y quitarse la vida como ocurre en varios de los casos son producto de comportamientos violentos permitidos en la sociedad donde suceden.

No solo es responsable la persona que comete el delito, también lo es la sociedad que por su misma organización social lo propicia y permite una cultura de desigualdades, inequidades, poder y violencia.

En todos los estratos sociales cualquier discusión casual y poco importante puede acabar en un asesinato, lo que es muy representativo de la violencia estructural , de un laxismo indiscriminado en el porte de armas de fuego  y de una carencia fuerte de herramientas de solución pacifica de conflictos.

Quién no se ha topado con un “tú no sabes quién soy yo”, haciendo referencia a lo que te pueda hacer o pasar, siendo otra demostración del ejercicio generalizado de la violencia incluidas las amenazas e intimidaciones.

No se puede negar que existe una violencia cotidiana difusa e impulsiva en muchos lugares de nuestro país. Su crisol,  pero no exclusivamente, son los barrios urbanos marginales donde la calle, la escuela, la familia son los principales espacios de sociabilidad.

La falta de confianza por parte de una parte de la población en el plan Mi País Seguro, ejecutado en Cristo Rey, como el voto de confianza de otros moradores, confirma la dificultad de luchar contra la inseguridad y la violencia con medidas más bien de tipo cosmético.

Para que los resultados sean sostenibles en el tiempo son necesarias medidas psico sociales multisectoriales, en las que participen diversos sectores del gobierno y organizaciones no gubernamentales o comunitarias, pero fundamentalmente la comunidad debe ser la protagonista de dichas intervenciones.

Tahira Vargas, en su artículo Niñez y armas de fuego,publicado en el periódico Hoy del pasado sábado, recalca que “la formación de la masculinidad en la niñez está permeada por la violencia”.

Muchos niños y niñas no necesitan de armas de juguetes o de juegos electrónicos para iniciarse en la violencia.

P…. , de 11 años, anda como chivo sin ley en un barrio de la capital. No piensa reintegrarse a la escuela en septiembre. Cuando tenía 3 años asistió a la ejecución de su padre, que mataron por querer salirse de una pandilla con todo que llevaba un yeso. P….  se quedó con la madrasta de su madre, que pasó a convivir con un joven que fue asesinado hace 2 años. Hace menos de 3 meses el tercer compañero de la dama fue ultimado en la misma acera frente a todos los transeúntes.  ¿Cómo evaluar los efectos psico sociales a los cuales ha sido sometido este adolescente que no recibió ningún tipo de apoyo psicológico? ¿Cómo canalizará sus miedos, odios, rabias, culpas y carencias afectivas?

No es casual que grupos de adolescentes de Villas Agrícolas pongan de relieve la discriminación, la falta de seguridad, la falta de acceso a la salud y a una educación de calidad como elementos que afectan su calidad de vida.

Un estudio de Berenice Pacheco Salazar, publicado en el 2019, Estar, ser y convivir en la escuela. Una mirada profunda a la violencia escolar en la RepublicaDominicana, señala la prevención y la erradicación de la violencia en los centros educativos como unos de los principales retos del sistema educativo para transformar las escuelas en entornos seguros y formadores y los alumnos y alumnas en personas con espíritu crítico y agentes de cambios.

Como hemos recalcado, la violencia está por donde quiera  desde la más tierna infancia  agravada por el consumo de alcohol y drogas ilegales, con muy escasas posibilidades de reales intervenciones psicosociales. Las mujeres asesinadas y los victimarios suicidas se encuentran en una dinámica social donde cotidianamente se propaga  la violencia de manera transgeneracional.

La poca atención en salud mental que padece una gran parte del pueblo dominicano en todas las etapas de su vida son bombas de tiempo que explotan cada vez más a menudo y a las cuales hay que prestar más atención que nunca por las nuevas situaciones que ha generado la pandemia de Covid 19.

 

Fuente de la información:  Acento

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Colombia: la generación que perdió el miedo

Por: Víctor Linares / El Salto


Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019


Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”.

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos.

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes.

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”.

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”.

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones.

Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra

“Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz)

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”.

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior.

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz).

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.


Fuente:  El Salto.

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Feminicidio, abuso sexual y venta para matrimonios forzados, violencias que viven niñas en México

Por: Aline Espinosa Gutierrez

El año pasado, del total de casos de feminicidio ocurridos en el país, 11.6 por ciento (112) correspondió a niñas de 0 a 17 años de edad, también se registraron 114 mil denuncias por abuso sexual hacia niñas y 5 mil mujeres fueron desaparecidas, de las cuales 88 por ciento tenían entre 14 y 17 años de edad, informaron integrantes de organizaciones civiles durante el conversatorio “Violencia contra las niñas”, realizado con motivo al “Día Naranja”, el cual se conmemora el 25 de cada mes a fin de generar, concientizar y trabajar por la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

La académica de la Universidad de Sonora, Amelia Iruretagoyena Quiroz; la psicóloga y fundadora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, Raquel Schlosser; y la abogada especialistas en derecho de las mujeres  y una de las fundadoras de “Nosotras Tenemos Otros datos”, Patricia Olamendi Torres agregaron que en lo que va del 2021 se han registrados 3 casos de feminicidio infantil: el de Wendy Yoselin Ricardo Sevilla de 16 años en el Estado de México; el de Maricela Escorza Salinas de 16 años de origen otomí ocurrido en la Ciudad de México; y el de Nicole Santos Palafox de 7 años, en Hidalgo, en tanto que alrededor de 23 mil niñas siguen siendo víctimas en Guerrero de la práctica conocida como “venta de menores” con fines de matrimonio forzado o de explotación sexual, problemática que data desde hace mucho en el país.

Cada una de estas niñas, agregaron, no podrá tomar decisiones propias, no tendrá oportunidades laborales ni escolares, comenzará una vida sexual más temprana y se verá obligada a vivir con sus agresores, lo que refleja que México siga siendo considerado como uno de los primeros países con más embarazos en niñas y adolescentes y que una de cada 10 menores de edad hayan reportado sufrir algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los10 años de edad.

Resaltaron que la violencia sexual es la que más afecta a las niñas cuando se encuentran sin protección alguna o las agreden en condiciones de indefensión. Estos casos en particular se suscitan en los entornos familiares, los agresores se valen del lazo familiar o de la cercanía con los padres para violentar a las niñas y utilizan el miedo y el sentimiento de afecto para que ellas no denuncien, por lo que el sistema psíquico de la niña se hiere de gravedad.

Este tipo de violencia, dijeron, tergiversa la forma en que las niñas conciben su sexualidad, rompe sus vínculos de confianza con sus familiares y las personas, activan un factor de sobrevivencia en ellas, pues se mantienen alerta en todo momento del peligro que las acecha, tratan de adivinar las necesidades de sus agresores y se someten a los deseos de estos a fin de no salir heridas y permanecer con vida. Todo esto repercute en la estabilidad emocional y salud de las niñas, muchas de ellas desarrollan síndromes psicológicos que prevalecen en toda su vida.

Datos citados por la panelistas registraron que de 2015 a 2018 hubo 194 casos de feminicidio de niñas y adolescentes, 3 mil 44 casos de corrupción contra menores de edad, 671 homicidios dolosos de menores de edad, 12 mil 545 lesiones dolosas contra menores de edad, 201 casos de tráfico de personas menores de edad, cifras que prevén, son mayores, ya que en el país no existe un registro específico de delitos contra niñas y adolescentes y no todos los delitos son denunciados.

En cuanto a la violencia familiar y en las escuelas, 6 de cada 10 niñas entre uno y 14 años de edad declararon haber sido víctimas de algún método violento de disciplina y una de cada 2 niñas dijo haber sufrido de agresiones psicológicas en sus hogares en 2019. Reprocharon que el castigo corporal, las agresiones verbales y otras humillaciones sean consideradas como “normales” y aceptadas tanto en las familias como en las escuelas cuando no debería ser así.

Todas las niñas, niños y adolescentes, dijeron, merecen vivir una vida libre de violencia y contar con espacios seguros. Este grave panorama en el que se encuentran los derechos de las niñas evidencian el desinterés de las autoridades mexicanas en cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño o con lo estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales reconocen los tipos de violencia contra ellos.

Exigieron que el Estado mexicano separe los Derechos Humanos de las niñas y adolescentes, de los de las mujeres, con el fin de reconocer las dificultades específicas que las menores de edad enfrentan, además, desarrolle medidas especiales para proteger a las niñas, cuide el principio del interés superior de la menor de edad y adopte una mayor diligencia en todo su actuar.

Asimismo, solicitaron que la práctica conocida como “venta de menores” sea erradicada,  que se cree un sistema de recopilación de datos que sólo se enfoque en documentar  los delitos contra las niñas y adolescentes, y se dé apoyo económico y reparación del daño a las y los menores de edad que quedan huérfanos por el asesinato violento de sus madres.

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México: Madres de víctimas de feminicidio «clausuran» Fiscalía General de Justicia, denuncian violencia institucional

Por: Erika Lozano

Madres de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia de género clausuraron simbólicamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la tarde de este viernes. Las mujeres demandaron una audiencia con la Fiscal General, Ernestina Godoy, a quien acusaron de obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas.

«Hay una indolencia por parte de quienes deberían proporcionarnos seguridad y atender nuestros casos», denunció Carolina Ramírez, sobreviviente de feminicidio proveniente del estado de Veracruz, quien señaló que se han organizado en un grupo víctimas a nivel nacional. «Exigimos justicia para no morir, no queremos ser una estadística y cuando las autoridades no nos atienden nos ponen en riesgo», denunció.

Mujeres víctimas de ataques con ácido, sobrevivientes de feminicidio, madres de víctimas de las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, de la Ciudad de México, así como provenientes de estados como Morelos y Veracruz, se sumaron a la protesta para exigir un «alto a la violencia feminicida», además, demandaron a las autoridades que investiguen los casos de «violencia intrafamiliar» como tentativas de feminicidio.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, denunció la inacción de las Fiscalías especializadas en violencia de género, y agregó «hoy decidimos clausurar de manera simbólica este lugar que nos es ajeno a las víctimas, porque no encontramos el acompañamiento que debería brindar una institución como esta a las personas que hemos sufrido una violencia».

Osorio recordó que las autoridades deberían investigar con la «debida diligencia» todas las muertes violentas de mujeres, como lo señala la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación «Mariana Lima Buendía. «Nosotras nos hemos vuelto fuertes, y la fuerza que tenemos es porque hemos aprendido a acompañarnos», dijo.

«Nosotras no quisiéramos estar aquí hoy, quisiéramos estar viviendo tranquilamente sin los agresores», explicó la activista y exigió una respuesta por parte de las autoridades, quienes, insistió, «están en deuda con las víctimas».

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org

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México: Cuatro años del feminicidio de Lesvy en la UNAM

Por: Erika Lozano

“En el cuarto año de la siembra de Lesvy decidimos regresar al Jardín de la Memoria para acompañar sus últimos pasos en este plano y reafirmar que la memoria colectiva es vínculo social”, señaló el Grupo de Acompañamiento Político a la Familia de Lesvy en un comunicado. A cuatro años de su feminicidio, la familia de Lesvy convoca a una velada este 2 de mayo para recordarla y seguir exigiendo justicia.


Con este acto, dicen, también “acompañarán la memoria” de Aidée, joven estudiante asesinada dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente el 30 de abril de 2019. “Frente a su indiferencia, nuestra alegre rebeldía, frente a la impunidad, la justicia feminista que se construye nombrando a las que hoy no están en este plano pero que acompañan cada uno de los pasos que hemos dado por ellas, por todas”, señaló el Grupo.

El 3 de mayo de 2017, Lesvy fue asesinada junto a una caseta telefónica en la UNAM, en el jardín conocido como Camino Verde del Instituto de Ingeniería, un lugar que su familia y las colectivas que la acompañan, resignificaron en un “Jardín de la Memoria”. En octubre de 2019 se llevó a juicio a quien fuera su ex-novio, Jorge Luis González, y, aunque fue declarado culpable, la sentencia aún sigue pendiente.

La madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres, y a raíz del feminicidio de su hija, se ha orientado desde hace ya más de 3 años a visibilizar y exigir justicia en casos de violencia de género contra niñas y mujeres. Junto a otras mujeres, sigue exigiendo justicia para todas las víctimas de feminicidio del país.

Fuente e imagen:  desinformemonos
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México: Feministas mapean zonas de violencia en Puebla

Por: Leslie Zepeda / Zona Docs

Dos organizaciones feministas, 33 Mujeres y la Observatoria Todas MX dieron a conocer los resultados de la intervención Territorio Seguro que realizaron durante el último mes en Puebla para identificar las zonas de mayor riesgo para las mujeres que habitan la capital de este estado. Realizaron un experimento colocando 10 siluetas de mujeres en los puntos donde las mujeres de Puebla identifican mayores peligros. Los resultados del experimento fueron evidentes, el 80% de las siluetas desaparecieron en un promedio de 12 horas

Territorio Seguro tiene como objetivo la creación de políticas públicas que garanticen la elaboración de herramientas y/o estrategias que protejan los derechos de las mujeres en las calles de México.

Durante el último mes, 33 Mujeres junto con la Observatoria Todas MX comenzaron a realizar labores de concientización en la capital del estado de Puebla. Del 25 de marzo al 25 de abril, a través de entrevistas recabaron las voces de mil mujeres de este territorio; 500 se llevaron a cabo en 400 colonias distintas y 500 más a través de la plataforma Google Forms.

“Vamos por esos territorios seguros, no sólo para caminarlos, sino para apropiarnos de ellos. Porque aspiramos a una vida libre de violencia, porque ya no hay un lugar seguro para nosotras, ni en la calle, ni en la escuela, ni en el medio digital, en ningún lado” comentó la activista Yndira Sandoval, quien estuvo a cargo de la metodología de la intervención.

Yndira Sandoval explicó que para el desarrollo de Territorio Seguro decidieron realizar trípticos que incluyeron un violentómetro, un directorio de instancias para solicitar ayuda, información para conocer, identificar y prevenir la violencia, datos para contactarse con las organizaciones, además de un cuestionario. Con este último consiguieron un mapeo de los sitios más peligrosos, de acuerdo con la percepción y experiencia de las mujeres que habitan este territorio.

Desaparición, feminicidio

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) estima que en Puebla han desaparecido mil 463 mujeres en los últimos 3 años, lo que representa el 52.61% de las personas desaparecidas en dicho estado.

Al mismo tiempo, informaron que la Secretaría de Gobernación registró que seis estados de la República concentran el 62% de los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, los cuales son: Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México.

“Lo que más nos preocupó fueron justamente las desapariciones y que en menos de 12 horas se dieran estas desapariciones. Recordarles que fueron colocadas en espacios donde mujeres nos dijeron que ahí, dentro de su propio territorio era donde más se generaban tipos de violencia” agregó la presidenta de 33 Mujeres, Edurne Ochoa.

A pesar de esta realidad, ambas organizaciones denunciaron las graves declaraciones del actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa en junio de 2020 con las que revictimizó a las mujeres que son desaparecidas:

“Ha habido casos donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas como desaparecidas con su novio en algún lugar en Puebla, y mientras ya quedaron en el registro de desaparecidas.”

Entre el resto de los hallazgos proporcionados, informó la presidenta de 33 Mujeres, que 8 de cada 10 mujeres resaltaron identificar el caso de alguna niña o mujer desaparecida, ya sea familiar, amiga o conocida en el mismo territorio. En el caso de las mujeres que son violentadas, el 62% de las entrevistadas tienen el conocimiento de alguna mujer que vive violencia.

Sin ningún apoyo institucional lograron realizar un atlas de la violencia en Puebla, reconocieron, por lo que, les resulta imposible que las propias autoridades, con las herramientas a su alcance, no hagan lo necesario para que en Puebla o en cualquier otra ciudad de México pare la violencia hacia las mujeres:

“Si organizaciones de la sociedad civil tuvimos la posibilidad durante un mes de intervenir nuestros territorios, de diseñar e implementar estrategias con nuestra silueta, de colocarlas, monitorearlas y llevar una bitácora de qué tipo de violencia sufrieron […] Nos parece increíble que las propias autoridades no tengan la posibilidad ni la voluntad política de generar estos atlas de riesgo de violencia y desigualdad en Puebla Capital. Lo cual puede funcionar para la implementación de política pública, para recuperación de espacios, para poder destinar presupuesto real al 51.2% de la población que somos las mujeres” afirmó Edurne Ochoa.

Para finalizar la presentación proporcionaron la metodología utilizada en Territorio Seguro, con el objetivo de replicar el proyecto en las demás ciudades del país. Y es que, coinciden en que es necesario realizar esta intervención en cada municipio, pero saben que no les es posible a ellas solas. Por ello, hicieron hincapié en la apertura que tienen para compartir su forma de trabajo, así como, para guiar a quien lo solicite.

Este trabajo fue realizado por ZONA DOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.

Fuente: https://piedepagina.mx/feministas-mapean-zonas-de-violencia-en-puebla/

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