Aportes permitirían cubrir necesidades del sector educación en Junín. Son 38 instituciones educativas colapsadas y 400 módulos de aulas prefabricadas que se necesitan implementar.
Inversión privada permitiría cubrir necesidades del sector educación en Junín.
América del Sur/Perú/larepublica.pe
La directora regional de Educación Junín, Maritza Galarza, confirmó que en esta región existen 38 instituciones educativas colapsadas debido a la antigüedad de la infraestructura, y que los fenómenos climatológicos debilitaron algunas edificaciones. Indicó, además, que se requieren 400 módulos de aulas prefabricadas para trasladar a estudiantes para que realicen sus actividades escolares.
Por este motivo indicó que es necesario el aporte de la inversión privada, para cubrir las dificultades del sector que no son atendidas con inmediatez, por temas de presupuesto. A ello sumó que diferentes regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa trabajan con modalidades de inversión para educación mediante obra por impuestos o por Asociaciones Públicas Privadas (APP), que garantizan el financiamiento que se solicite.
Al respecto, la especialista en educación primaria, María Patiño Peceros, comenta que el temor de muchos maestros es creer que las entidades privadas o asociaciones aportantes, busquen privatizar la educación al intervenir de manera económica. Algo que desmiente al considerar que más son aliados para solventar los gastos de implementación educativa.
Asimismo, indicó que dichas modalidades de inversión solo facultan la proporción de dinero para infraestructura o materiales necesarios más no se involucran en la tarea pedagógica, haciendo imposible que la educación gratuita se privatice.
La educación gratuita, recuerda la especialista, es una política de Estado, como derecho fundamental de todo ciudadano.
Por su parte, la directora regional de Educación, Maritza Galarza Núñez, invocó a los docentes a trabajar en conjunto para utilizar las oportunidades que conlleven a mejorar la calidad educativa, al contar con ambientes adecuados para los estudiantes, con el uso de estas formas de inversión que no ponen el peligro la gratuidad de la educación pública.
El ministro de educación de Alberta dice que se están haciendo progresos en toda la provincia para reducir el tamaño de las clases.
David Eggen habló con Ryan Jespersen de 630CHED sobre el hecho de que se está haciendo un esfuerzo a pesar de la percepción pública, ya pesar del informe de un auditor general que no fue amable con el gobierno provincial.
En febrero, el informe citó la falta de un plan de la provincia para alcanzar las metas de tamaño de clase, a pesar de que se invirtieron alrededor de $ 2.7 mil millones en la iniciativa en los últimos 14 años.
Eggen insistió en que si bien el progreso puede parecer lento, ha sido constante.
«Hemos contratado maestros, he creado un presupuesto para la inscripción de los últimos cuatro presupuestos», dijo.
«Probablemente hayamos contratado a 3.600 docentes y personal de apoyo. Así que estamos comenzando en la dirección correcta «.
El ministro expresó una comprensión de la percepción pública a la luz del informe del auditor general. Pero agregó que los Nuevos Demócratas han construido fuertes presupuestos de educación en los últimos cuatro años, incluido el Fondo para el Mejoramiento del Aula implementado en los dos años anteriores.
«El noventa y siete por ciento del dinero que pasa sobre mi escritorio va directamente a las juntas escolares», dijo Eggen. «Así que tal vez tenemos que tener una mayor transparencia sobre cómo se gasta el dinero en el aula para hacer reducciones demostrables en el tamaño de las clases».
Escuche abajo: El Ministro de Educación de Alberta David Eggen en el Show de Ryan Jespersen
Un movimiento que Eggen citó como ejemplo de cambio fue el recorte a los salarios de los superintendentes luego de que saliera a la luz que eran extremadamente altos e incluían beneficios. Él presentó su plan para usar sus fondos de manera más efectiva.
«Para reducir el tamaño de la clase necesitas dos cosas», explicó.»Necesita tener maestros y personal de apoyo, y necesita tener aulas físicas. Estoy construyendo las aulas.
«Tenemos la mayor construcción de aulas en la historia de Alberta: 194 proyectos en marcha en este momento».
Eggen también dio un golpe a la oposición, así como al gobierno anterior. Según el ministro, los planes del líder de la UCP, Jason Kenney, de hacer recortes presupuestarios serían «desastrosos» para el sistema educativo de Alberta.
«Hicimos sacrificios en otras áreas de nuestro gobierno para asegurarnos de que gastamos en educación», dijo Eggen. Y si alguien piensa que hay alquimia mágica en la que Jason Kenney puede hacer recortes masivos y equilibrar el presupuesto en las espaldas de los niños, ya tienen otra cosa por delante «.
El presupuesto actual dedicado a reducir el tamaño de las clases asciende a alrededor de $ 297 millones, según Eggen.
EEUU/29 de mayo de 2018/Fuente: https://www.elconfidencial.com
La magra recaudación fiscal en muchos estados hace que las condiciones del sistema educativo sean más que precarias. Pero lograr un incremento de fondos es una tarea titánica.
La protesta empezó en Virginia Occidental. Miles de profesores de escuelas públicas salieron a la calle para exigir mejoras salariales y más presupuesto educativo. La huelga dejó sin clase a 275.000 niños durante nueve días y animó a los docentes de Kentucky, Oklahoma, Arizona y Colorado a seguir el ejemplo. La movilización consiguió algunas victorias, pero sobre todo ha sido el testimonio de algo mayor, más profundo. Una ventana al impacto de los recortes sociales que proliferan en Estados Unidos desde hace 25 años.
Pongamos el caso de Oklahoma. Dos de cada diez escuelas de este estado sólo dan clase cuatro días a la semana. No hay dinero para más. Tampoco para normalizar el salario de los profesores, muchos de ellos obligados al pluriempleo e incluso a recurrir a la beneficiencia, ni para mantener los cursos de música, teatro o lenguas extranjeras. Según algunos libros de texto grasientos y despellejados por el uso, George W. Bush sigue siendo presidente.
“Los salarios no han aumentado en más de diez años”, dice a este diario Alberto Morejon, profesor del instituto Stillwater, en Oklahoma. “Los colegios no pueden comprar nuevos libros de texto. Las mesas y los libros están cayéndose a pedazos. No hay presupuesto para material, así que los profesores tienen que comprarlo con su propio dinero”.
Morejon, de 25 años, creó un grupo de Facebook para organizar la protesta bajo el lema “The Time is Now!” (¡Es el momento!), que sumó más de 70.000 miembros en unos días. La movilización dio algunos resultados: los profesores lograron un aumento salarial de 6.100 dólares al año, en lugar de los 10.000 dólares exigidos, y se añadirán 50 millones al presupuesto, algo menos de los 75 pedidos. Los otros empleados educativos también recibieron un aumento.
“Cuando miras al resultado general, tuvimos mucho éxito”, dice a El Confidencial Katherine Bishop, vicepresidenta de Oklahoma Education Association, la asociación de profesores más grande del estado. “En los últimos diez años hemos recortado más de mil millones de dólares, mil millones, de la financiación”, reitera.
Un árbol caído frente a un instituto público en Filadelfia cerrado por falta de fondos, en septiembre de 2013. (Reuters)
Sin dinero en las arcas estatales
Pero había un problema. Oklahoma no tenía dinero para financiar este aumento del gasto. Los recortes fiscales han disminuido los ingresos públicos de tal manera que el Gobierno se ha quedado seco. Esto se ve en la reducción del presupuesto educativo (un 28% desde 2008) y en la reducción del Medicaid, el programa de salud para la gente con menos recursos; se ve en el cierre de hospitales rurales, en el hacinamiento de las prisiones y hasta en la policía. A los agentes de Oklahoma no se les permite conducir más de 100 millas al día para no gastar demasiado en gasolina.
La pérdida de prestaciones sociales tampoco se ha visto compensada por un aumento del ingreso fiscal en los hogares. Al menos no en todos los hogares. Los beneficios del recorte general de impuestos de 2004 se concentraron arriba. El 1% más rico de Oklahoma se llevó una rebaja del 26%; al 5% más rico se le dedujo un 43%. El 60% de abajo sólo recibió una rebaja del 10%.
La situación ha requerido medidas desesperadas y el Congreso de Oklahoma ha logrado aprobar el primer aumento de impuestos desde 1990. Un hito en este estado de fervientes republicanos. Sin embargo, los legisladores no cancelaron las exenciones dadas a los beneficios corporativos, como sugirió el sindicato de docentes. En su lugar, subirán los impuestos a la gasolina, el diésel, los paquetes de tabaco y las compras por internet. Tasas que afectarán al bolsillo de todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos. Además de un aumento del 2 al 5% en el impuesto a los pozos de petróleo.
Hay una razón específica por la que no se veía un aumento de impuestos en casi 30 años. Desde 1992, gracias a una ley aprobada en un referéndum con poca participación y promovida por el grupo mediático más importante del estado, Oklahoma requiere una mayoría parlamentaria del 75% para aprobar cualquier subida fiscal. Un umbral prácticamente imposible de alcanzar.
El caso de Oklahoma refleja la tendencia de fondo en Estados Unidos. Aunque algunos estados, como Nueva York, otorgan mejores condiciones a sus docentes, el profesor medio de secundaria en EEUU gana un 60% del sueldo que percibe alguien de su mismo nivel educativo, muy por debajo del 102% que ganan los profesores franceses o el 94% de los alemanes. El horario del docente americano también más largo: pasa 981 horas al año en clase, casi un 40% más que la media de la OCDE.
Miembros del Sindicato de Profesores de Chicago durante una huelga, en septiembre de 2012. (Reuters)
«Vote them out!»
Respecto al gasto público en general, el umbral del 75% para subir los impuestos también se da en Arkansas, con excepción de las tasas al alcohol y al tabaco; en Michigan está vigente sólo para los impuestos de propiedad. Una docena de estados exigen un 60% de quorum para cualquier aumento fiscal. Estas leyes de supermayoría han sido promovidas por los lobbies Americans for Prosperity y American Legislative Exchange Council (ALEC),financiadas por los hermanos Koch: dos empresarios cuya riqueza industrial ha sostenido las campañas más conservadoras de EEUU en los últimos años.
Los profesores han llegado a la misma conclusión que otros grupos activistas: “Vote them out!”, es decir: hay que expulsar a determinados parlamentarios, y con ellos a las corporaciones energéticas que financian sus campañas, de los escaños. Las elecciones legislativas del próximo noviembre, que también renovarán gran parte de las cámaras de Oklahoma, son su oportunidad.
“Estamos organizando foros de debate, haciendo que la gente se implique. Sobre todo queremos asegurarnos de que todo el mundo se registre para votar”, dice Katherine Bishop, de la OEA. La organización de la que es vicepresidenta ha presentado a una treintena de candidatos para cargos públicos, independientemente de su ideología demócrata o republicana. El portavoz de la OEA, Doug Folk, declaró: “Puedes ser conservador (…) y puedes tener un poco de sentido común a la hora de votar por algo de financiación”.
“El estado apenas nos dio lo que pedíamos”, añade Alberto Morejon. “El objetivo ahora es elegir a mejores personas en noviembre, para que podamos traer un cambio real no sólo a la educación sino a todos los servicios básicos de Oklahoma que han sido ignorados durante años”.
A pesar del avance de los últimos años, cerca de 264 millones de niños en el mundo siguen sin tener acceso a servicios educativos. El Secretario General se ha reunido con el enviado especial de la ONU para educación y un grupo de activistas jóvenes que solicitan una mayor y mejor financiación de la enseñanza.
El acceso a la educación es un derecho humano reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 busca convertirlo en un servicio igualitario, equitativo y de calidad para todos.
Sin embargo, António Guterres, que ha recibido este viernes a los embajadores de la juventud de la organización TheirWorld, acompañados por enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial, Gordon Brown, ha declarado que “actualmente, no se pone suficiente énfasis en la educación universal ni en la financiación para educadores, servicios ni para el futuro de los niños”.
Hacer posible lo imposible.
Los jóvenes han actuado como portavoces de 1,5 millones de adolescentes y niños de Pakistán y Bangladesh que han firmado una solicitud para incrementar y mejorar la financiación en enseñanza. Estas se unen a los más de 10 millones de peticiones que ya existían.
El titular ha manifestado el apoyo de la Organización a la propuesta de creación de un Servicio Financiero Internacional para la Educación, un mecanismo de inversión para cumplir con estos objetivos, que ha sido respaldada por el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional.
Es el momento de “hacer posible lo imposible”, ha indicado Gordon Brown.
Educación, ¿sueño o realidad?
Millones de jóvenes en el mundo no conciben la educación como un derecho, sino como un privilegio: 61 millones de niños no tienen acceso a educación primaria, 60 millones a los primeros cursos de secundaria y 142 millones a los últimos de este ciclo.
“Las caras humanas detrás de las estadísticas son descorazonadoras. En lugar de estar en la escuela, los niños y niñas están atrapados como obreros, esposas, soldados o víctimas de trata”, indica Gordon Brown.
La ausencia de educación refleja una promesa incumplida.
Desde 2002, el porcentaje en educación de la Ayuda oficial al desarrollo ha disminuido de un 13 a un 10 %, mientras que el porcentaje en infraestructura de un 24 a un 31 %.
Además, esta ayuda para educación no se ha destinado debidamente a los países que más lo necesitaban. De hecho, en el año 2014, solo el 24 % de toda esta ayuda fue otorgada a los países de con bajos ingresos y, de estos recursos, más del 30 % se dedicó finalmente a becas en los países contribuyentes.
“La mayor división que existe hoy en el mundo es entre la mitad de nuestro futuro, que estará bien educada, y la otra mitad, que se quedará atrás. Y los que se han quedado atrás incluyen a 75 millones de niños y 10 millones de refugiados, en zonas de conflicto u otras emergencias, cuya educación se ha visto interrumpida y para los que la ausencia de educación refleja una promesa incumplida”.
Servicio Financiero Internacional para la Educación
Aumentar en 10.000 millones de dólares la financiación para alcanzar el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, garantizando de cara a 2030 que todos los niños tengan acceso a un educación primaria y secundaria de calidad.
Trabajar con los países comprometidos con la mejora de su educación y, juntos, con las primeras distribuciones, fundar 200 millones de centros de enseñanza para jóvenes y niños.
Ayudar a terminar con el matrimonio y el trabajo infantiles, la trata de niños y la discriminación contra las niñas en las escuelas.
Contribuir para erradicar el analfabetismo, que actualmente afecta a cerca de 750 millones de adultos, dos tercios de los cuales son mujeres.
Facilitar la consecución de otros Objetivos, como los respectivos a la salud, el hambre, el género, la igualdad, el empleo y la calidad de vida.
El Servicio pretende maximizar el impacto de los recursos con la ayuda de los Estados, a quienes se solicita que avalen la iniciativa proporcionando apoyo financiero para que funcione.
Los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana, por lo que “nuestro sueño de alcanzar un futuro sostenible depende de que apoyemos el derecho de todos los niños a la educación”, ha declarado el Secretario General.
Fuente de la reseña: https://news.un.org/es/story/2018/05/1433482
ONU/ 22 de mayo de 2018/Fuente: http://www.onunoticias.mx
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido este viernes a los embajadores de la juventud de la organización TheirWorld, acompañados por enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial, Gordon Brown, declaró que “actualmente, no se pone suficiente énfasis en la educación universal ni en la financiación para educadores, servicios ni para el futuro de los niños”.
El titular ha manifestado el apoyo de la Organización a la propuesta de creación de un Servicio Financiero Internacional para la Educación, un mecanismo de inversión para cumplir con estos objetivos, que ha sido respaldada por el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional.
En distintos países de todo el mundo, faltan fuentes oficiales creíbles de información sobre las políticas de educación. Esta falta de transparencia dificulta el monitoreo y el seguimiento por parte de la sociedad civil a las obligaciones de los Estados respecto a este derecho
El acceso a datos oficiales fiables y regulares es fundamental para la rendición de cuentas por los Estados en el sector educativo, lo que se recuerda con el tema de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2018, la cual demanda a los gobiernos que «¡cumplan sus compromisos con la educación!».
En ese sentido, el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS) y la Campaña Mundial por la Educación (CME) impulsan la campaña de comunicación y movilización a través de las redes sociales #FundData, por la cual instan a organizaciones internacionales y gobiernos a financiar instituciones de estadística y la producción de datos a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa tiene miras a ofrecer a las coaliciones que defienden el derecho a la educación a nivel nacional y a la sociedad civil en general información creíble que pueda utilizarse para exigir a los gobiernos que cumplan sus compromisos.
La Coordinadora de Política, Acción e Investigación de la Campaña Árabe por la Educación para Todos, Sawsan al Refai, profundiza el tema del acceso a la información y la transparencia, con énfasis en los contextos de emergencia, en un artículo que escribió para la Alianza Mundial para la Educación [léalo aquí].
Estas iniciativas se enlazan con otra campaña importante desarrollada por el equipo del Informe Global de Monitoreo de la Educación de UNESCO (GEM, por su sigla en inglés), denominada “Make It Public”, la cual insta a todos los gobiernos a producir informes regulares de monitoreo de la educación nacional, detallando avances y desafíos respecto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación. Sepa más sobre la campaña aquí.
Para formar parte en esas campañas y presionar sus gobiernos por más transparencia, puedes difundir a través de las redes sociales los mensajes a continuación, que fueron preparados por UIS y CME, con los hashtags #FundData #SAME2018 #GAWE2018 #KeepYourPromises #MakeItPublic:
Fuente de la Reseña: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/mundo/170-organizaciones-internacionales-demandan-acceso-a-datos-sobre-el-cumplimiento-del-derecho-a-la-educacion-para-darle-seguimiento-a-los-compromisos-de-los-estados-en-esta-materia#
Centroamérica y El Caribe / Costa Rica/ 07.05.2018 / Fuente: www.nacion.com.
Para calcular el 8 % del PIB, es necesario considerar todos los gastos con fines educativos. Eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje.
El financiamiento de la educación pública reviste enorme interés, no solo por la elevada inversión anual de recursos públicos, sino por los réditos esperados por la sociedad en términos de cantidad y calidad de graduados en todos los niveles del sistema. Si los programas de estudio se diseñan de manera adecuada, existirá una importante correlación entre los niveles de educación y la posibilidad de que sus beneficiarios encuentren oportunidades de empleo bien remunerado.
La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma
El artículo 78 de la Constitución Política dispone la obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica. Ambas son gratuitas y costeadas por la nación, así como la educación diversificada en el sistema público. En cuanto a la educación superior, el mismo artículo constitucional asigna al Estado el deber de facilitar la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. En ese nivel, el mandato constitucional no insiste en obligatoriedad ni en la gratuidad, como lo hace en los niveles inferiores. Además, dispone que el apoyo estatal a quienes opten por la educación superior deben focalizarse en las personas de menores recursos.
Por su parte, el artículo 85 dispone que el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades públicas y “les creará rentas propias, independientes de las originadas” por ellas mismas. Las universidades estatales cuentan con un patrimonio, pero se espera que produzcan rentas independientes para ayudar a cubrir sus costos. Esas rentas pueden provenir de ventas de servicios de consultoría altamente especializadas, lo cual no solo liga fuertemente a las universidades con la sociedad donde operan, sino que les suple valioso material empírico para fortalecer la base teórica de las carreras. Las rentas también pueden provenir del cobro de matrículas (lo cual incluye préstamos) a los estudiantes de hogares acomodados. Así operan prácticamente todas las universidades del mundo.
Costa Rica optó por fijar el aporte anual del Estado a la educación pública en al menos un ocho por ciento del valor de la producción nacional (8 % del PIB), lo cual es alto, y más aún si se tiene en cuenta el nivel de presión tributaria y el enorme déficit fiscal. Para calcular el porcentaje es necesario tomar en cuenta todas las erogaciones estatales que, por una u otra vía, van a la educación, y eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje. Dejar esos gastos fuera del cálculo es elevar la contribución estatal todavía más y ya existen costos asociados con la educación que no suelen tomarse en cuenta para el cómputo, como los subsidios con cargo al presupuesto nacional por concepto de pensiones a exempleados del sector educativo.
Por otra parte, la evidencia empírica muestra que la inversión nacional en educación no rinde lo que debiera, pues otras naciones obtienen resultados superiores, como lo demuestran las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés.).
La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma. Es preciso emplearlos con eficiencia. Las universidades públicas también deben procurar hacer su aporte financiero mediante la generación de los recursos esperados por la Constitución.
Los medios económicos del país son limitados. Esa verdad no es menos cierta cuando se trata de causas tan importantes como la educación. El 8 % del PIB es un esfuerzo muy importante. En las circunstancias actuales no puede ser ampliado a capricho. En cambio, es indispensable sacarle el mayor provecho.
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