La red Espacio Sin Fronteras se manifiesta en defensa de uno de los grupos más vulnerables al Covid-19: las personas migrantes y refugiadas
Ante la crisis que enfrenta el mundo actualmente debido a la pandemia Covid-19, la red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin cobertura de asistencia, ni protección social.
“La actual pandemia desenmascara una vez más las falencias del modelo neoliberal, profundizando las desigualdades socio-económicas, los altos niveles de pobreza, que son también causas y consecuencias de la movilidad humana”, afirma la red. Recuerda, así mismo, el rol de la salud pública, sector históricamente en resistencia al desmantelamiento y las privatizaciones de políticas sociales, el cual se transformó en el centro del combate al virus.
En su posicionamiento, ESF señala que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras, con el ensalzamiento de la soberanía nacional. En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.
“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.
Según la red regional, es necesario realizar medidas propositivas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades.
Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.
“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.
Fuente del artículo: https://redclade.org/noticias/personas-migrantes-y-refugiadas-pandemia-del-covid-19/
Desde la semana pasada, Colombia ha presenciado protestas contra las políticas neoliberales del gobierno, que afectan a los derechos de la ciudadanía
Hace una semana, desde el 21 de noviembre, la población de Colombia ha tomado las calles del país. Estas marchas pacíficas se han caracterizado por la creatividad, la alegría, el arte, el baile y por llegar a todos los rincones de las ciudades y los campos.
Pero, ¿qué ha motivado esta movilización? Según Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), este paro nacional es motivado por razones de peso como:
La negación del derecho a la educación para la mayoría de la población juvenil, al disminuir permanentemente los recursos destinados a la educación pública, principalmente universitaria y técnica laboral, y entregarlos a las universidades privadas.
Un plan sistemático de exterminio contra líderes sociales y comunidades indígenas.
El creciente desempleo, principalmente entre la franja más joven de la población.
Una reforma tributaria que ha incrementado los impuestos de manera desmedida para la población colombiana en favor de las empresas.
Una reforma laboral que disminuye el salario mínimo en un 35% para la franja más jóven, y deja por fuera a la mayoría de la población de la posibilidad de pensionarse, mediante una mayor privatización de los aportes obligatorios de las trabajadoras y los trabajadores para su pensión.
Un sistema de salud privatizado y fracasado.
Una gigantesca corrupción gubernamental, que merma los recursos para los programas sociales.
La liberación de gravámenes para grandes grupos económicos y transnacionales, bajo el supuesto argumento de que así se “genera” empleo, y el aumento de los mismos para la ciudadanía en general.
La creación de un holding de empresas privadas para manejar los recursos públicos, entre otros, los de salud, pensiones y educación.
“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región, como Chile. Asimismo, protestan contra la política de seguridad adoptada por el presidente Iván Duque, que resultó en el crecimiento de la violencia y la guerra en el país”, cuenta Cecilia Gómez.
Represión contra las protestas
Pese a la característica pacífica de las protestas, el Estado colombiano las ha reprimido fuertemente, resultando en 6 personas asesinadas en la última semana. Entre ellos, Juan David Rojas, de 15 años, que cursaba grado séptimo en el Colégio Alfonso López Michelsen, víctima de una bala perdida, y Dilan Cruz, de 18 años, que fue gravemente herido por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que usaba una arma no convencional (prohibida por Naciones Unidas).
“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región”
Cruz falleció el 25 de noviembre, justo el día que recibiría su diploma de bachiller. Como muchos otros estudiantes, soñaba con acceder a la educación superior, pero no logró conseguir un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para poder acceder a la universidad.
Otra tragedia derivada de la situación de represión en Colombia fue la muerte del soldado Brandon Cely Páez. En un video que se conoció en redes sociales, el soldado anunció que se quitaría la vida tras sufrir matoneo por parte de sus compañeros. Afirmó que fue estigmatizado por apoyar el paro y denunciar falencias en la institución.
Según Cecilia Gómez, una medida extraordinaria instaurada por el gobierno ha sido el toque de queda en Bogotá. El último viernes, 22 de noviembre, se decretó el toque de queda, el primero desde el 1977, cuando un gran paro nacional contra el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen derivó en violentos disturbios que dejaron una decena de muertos y miles de heridos.
Próximos pasos
Las marchas en Colombia siguen sin previsión de término. El Comité Nacional de Paro (Duque no ha querido dialogar con el Comité de Paro), en reunión el miércoles 27 de noviembre, hizo un llamado a que las personas y organizaciones movilizadas, a que no participen en conversaciones con el gobierno de manera aislada, sino que exijan las negociaciones directas entre el gobierno y el Comité.
Hay actividades de incidencia programadas hasta el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, contando con cacerolazos, asambleas cívicas y conciertos, además de manifestaciones populares en las calles y plazas del país.
Fuente del artículo: https://redclade.org/noticias/protestas-colombia/
América del Sur/ Brasil/ 12.08.2019/ Fuente: redclade.org.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, conoce algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.
El 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de las y los jóvenes en los procesos de cambio, así como generar conciencia sobre los desafíos y contextos a los que las juventudes se enfrentan.
Este año, la ONU celebra la fecha con énfasis en el tema “Transformando la Educación”. Se eligió este mote para “destacar los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación más inclusiva y accesible para todos los jóvenes y, en particular, el empeño de los propios jóvenes”.
Datos divulgados por la ONU expresan que hoy existen en el mundo 1800 millones de personas con entre 10 y 24 años de edad. Más de la mitad de niños, niñas y adolescentes con entre 6 y 14 años no tienen acceso a una educación de calidad.
Día Internacional de la Juventud y el ODS 4
Este año, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié en el Objetivo de número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 4), donde los Estados miembros de la ONU se comprometen a: “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Así se quiere estimular el análisis y el debate sobre cómo los gobiernos, la juventud y las organizaciones y colectivos de jóvenes, además de otras partes interesadas, están transformando la educación para que se convierta en un elemento clave para alcanzar el desarrollo sostenible.
La población joven con entre 18 y 24 años de edad en América Latina y el Caribe ya había ultrapasado la cifra de 108 millones en el 2015, y son muchos los desafíos para la garantía de sus derechos: educación, trabajo, violencia y pertinencia de la escuela ante las trayectorias de vida de las y los jóvenes, son algunos de los temas que se destacan en este debate.
A su vez, la educación secundaria ha tenido un relieve particularmente importante en los últimos años. Muchos Estados de la región han consensuado que la garantía de una ciudadanía plena y participativa involucra la realización de una trayectoria educativa que concluya la educación secundaria, lo que los empujó a elaborar y aprobar marcos legales, reconociendo esta etapa educativa como obligatoria y gratuita. Sin embargo, según datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), en el 2013 el 21% de las y los jóvenes de entre 15 y 17 años estaba fuera de la escuela y solo el 63,4% de las y los jóvenes de entre 21 y 23 años se había graduado en el nivel medio.
Frente a esta realidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas, incluyendo diálogos y encuentros virtuales y presenciales con integrantes del movimiento estudiantil y jóvenes de la región, para discutir retos y avances en la realización de su derecho a la educación. Estas acciones se impulsan con el objetivo de conocer y apoyar sus miradas, planteamientos y demandas para la mejora de los sistemas educativos, fortaleciendo a la vez su participación en espacios clave del debate y seguimiento de las políticas educativas en ámbito regional y nacional.
A continuación, compartimos también algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.
Argentina
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) se dedica al monitoreo de acuerdos del Consejo Federal argentino que hacen referencia a los cambios en la secundaria, e incide por la garantía de una educación sexual integral y el enfrentamiento a la violencia escolar en esta etapa educativa.
El mes pasado, la CADE también se ha manifestado contra el servicio voluntario de adolescentes y jóvenes, implementado por la Gendarmería Nacional del país.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Brasil
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) fue una de las organizaciones que impulsó la promulgación del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024, una de las más importantes conquistas para la garantía del derecho a la educación en Brasil. El plan establece alrededor de 11 metas relacionadas a los derechos de adolescentes y jóvenes, como la que se propone universalizar la atención escolar para toda la población de 15 a 17 años y aumentar, hasta el 2024, el número de matrículas de la secundaria para el 85%. Pasados cinco años de la aprobación del PNE, la CNDE hace seguimiento y presión para que sus metas de cumplan.
Así mismo, en junio de este año, la Campaña denunció ante la ONU el actual escenario regresivo para los derechos de niñas, niños y adolescentes en Brasil.
El evento se enmarca en un programa dedicado a la investigación, docencia, extensión y capacitación enfocadas en las poblaciones jóvenes del país, y buscó reflexionar sobre cuestiones como la perspectiva de género y el reconocimiento de subjetividades negadas históricamente en la educación. Se discutió, así mismo, sobre la importancia de trascender hacia la economía social solidaria como alternativa para una mejor distribución de la riqueza, y la necesidad de reforzar la democracia para promover la inclusión y el desarrollo humano.
Foto: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile
Chile
Organizaciones sociales y educativas reunidas en la Red Contra la Represión a Estudiantes, entre ellas el Foro por el Derecho a la Educación Pública, han denunciado prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as por parte del Estado chileno, ante instancias internacionales de derechos humanos.
En la revisión del ODS 4 en Naciones Unidas, el Foro también reforzó la necesidad de garantizar el derecho a la educación sexual integral para estudiantes y jóvenes, y mejorar las políticas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Colombia
Foto: Grupo Comunicarte
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE)viene participando en las movilizaciones convocadas por organizaciones estudiantiles y de docentes en el país, para exigir que el gobierno nacional cumpla sus acuerdos por el financiamiento adecuado y justo del derecho a la educación, garantizando presupuesto digno para las universidades y la EPJA.
En este sentido, realizó el último mes de mayo un seminario para discutir el financiamiento educativo, el derecho a la educación en el nuevo plan nacional de desarrollo y la actual situación de docentes, estudiantes, jóvenes, personas adultas y comunidades indígenas.
Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) elaboró la publicación “Agenda Joven”, que presenta las expectativas de jóvenes y adolescentes de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí, respecto a su calidad de vida y el cumplimiento de una educación que les permita continuar sus procesos de formación y realizar sus proyectos de vida.
El Colectivo denunció la desatención del gobierno a la educación secundaria y demandó mayor inversión en la educación de personas jóvenes y adultas en el país. Actualmente, sólo 20 de cada 100 jóvenes que egresan de la escuela primaria asisten a la secundaria en Guatemala. Asimismo, más del 50% de estudiantes de los cursos nocturnos no terminan la secundaria.
Foto: CLADE
Honduras
El Foro Dakar Honduras ha presentado denuncias y realizado acciones de incidencia contra la criminalización y represión de estudiantes en el país. Así mismo, ha actuado para garantizar que las voces de las y los estudiantes y jóvenes se tomen en cuenta en los debates sobre las políticas educativas. Son ejemplos: la serie de reuniones y conversatorios que el Foro ha impulsado en articulación con comunidades educativas y estudiantiles para la implementación de la Agenda 2030 en el país, y el apoyo permanente a su lucha por el derecho a la educación y participación.
Foto: Jorge Mejía Peralta
Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) se ha articulado con estudiantes de distintas universidades del país, así como organizaciones y colectivos de jóvenes para elaborar el estudio “Participación Juvenil y Procesos de Transformación Social: Implicancia, Impacto, Retos y Compromisos”.
El estudio, aún en proceso de elaboración, busca sistematizar la participación de las juventudes organizadas frente a los contextos sociopolíticos de transformación social y en la construcción de nuevos paradigmas educativos. Así mismo, el Foro ha actuado para presentar las demandas y perspectivas de estudiantes y jóvenes del país, ante el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, al Estado de Nicaragua.
República Dominicana
El Foro Socioeducativo, en alianza con otras organizaciones del país, presentó al Ministerio de Educación 17 recomendaciones para mejorar la política de alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas.
El documento enfatiza importantes retos y desafíos que tiene el programa de educación para personas jóvenes y adultas del país en materia de planificación, gestión continua, datos abiertos y manejo presupuestario, lo cual limita la eficiencia y eficacia del programa.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/jovenes-de-america-latina-y-el-caribe-transformando-la-educacion/
El documento reúne a 13 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano
En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación:
ALER
El caso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) muestra cómo la institución tuvo que innovar y repensarse, construyendo una planificación estratégica clara y de largo plazo, que le permitiera hacer frente al modelo hegemónico de desarrollo capitalista, explotador y excluyente, a través de la puesta en marcha de acciones de educomunicación e incidencia política por el buen vivir y la realización del derecho a la educación.
Espacio Sin Fronteras
La experiencia de la red se refiere a la iniciativa “Tiendas de Ciudadanía”, que buscó facilitar la integración de estudiantes migrantes en las escuelas de educación básica de São Paulo, Brasil, y sensibilizar estudiantes, docentes, autoridades y la población en general a favor de la educación inclusiva y contra la xenofobia.
CLADE
El caso regional de CLADE, a su vez, presenta la movilización “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos” que, a partir del lanzamiento del “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en AL&C” – el cual presenta datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región – creó estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para exigir la gratuidad educativa y un financiamiento justo y adecuado para la educación en los distintos países, así como el incremento progresivo del presupuesto educativo, a través de la adopción de mecanismos de justicia tributaria.
Argentina
La elaboración de un informe con datos fiables fue la apuesta de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) para hacer incidencia y contraponerse a las políticas de reducción de derechos y de recorte del financiamiento para la educación en su país. En alianza con la academia y los sindicatos docentes, la CADE elaboró el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, que logró poner en la agenda pública un análisis crítico respecto a las políticas educativas, despertando el interés de la sociedad civil y entablando debates con las comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos, medios de comunicación, autoridades políticas, parlamentarias y parlamentarios.
Bolivia
La participación en espacios de incidencia, tanto nacionales como internacionales, y la articulación con actores de la sociedad civil de otros campos, más allá del educativo, fueron estrategias adoptadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) para defender una educación sin discriminaciones y a lo largo de toda la vida. Su experiencia muestra que la articulación a nivel internacional, así como la producción de investigaciones y documentos con propuestas fuertes y factibles, puede llevar al reconocimiento de la coalición como representante legítima de la sociedad civil, abriendo caminos para el diálogo con el gobierno de Bolivia.
Brasil
En un contexto de inestabilidad democrática y de congelamiento de la inversión de recursos públicos en áreas como salud y educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que ya venía incidiendo por la garantía del derecho humano a la educación en el ámbito internacional, comienza a actuar con más fuerza en el exterior, como una forma de fortalecer el debate y presionar al gobierno de Brasil para que cumpla sus responsabilidades con la educación pública.
Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) se articuló a otras 16 organizaciones de sociedad civil para elaborar la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual expresa un conjunto de propuestas para la implementación de una educación de calidad. En el marco de las elecciones del 2017, candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional de Ecuador firmaron públicamente la Agenda, que ahora queda como un compromiso de gobierno, al cual el CSE da seguimiento.
El Salvador
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) elaboró una investigación con datos fiables para justificar la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país, acercándose a diputadas y diputados, y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa Nacional, para elaborar y proponer, en alianza con la sociedad civil, un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.
Haití
La articulación con el Parlamento y la incidencia en la opinión pública fueron estrategias adoptadas por la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) de Haití, para hacer frente al cobro indiscriminado de cuotas escolares por parte del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión en contra de la regulación de estas tasas era tan fuerte que, aunque en el 2009 se haya aprobado una ley para regular las cuotas escolares, la norma solo fue publicada ocho años después. Mantener viva en la agenda pública, la importancia de la ley durante todo este período y demandar desde las bases su publicación fueron dos de los aprendizajes que se recogieron de esta persistente acción de incidencia.
Honduras
El caso del Foro Dakar Honduras presenta la participación de la coalición en el Grupo Local de Educación para incidir en el Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030, integrando a este documento los compromisos asumidos por el Estado Hondureño al firmar la Agenda de Educación 2030.
Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), desde el 2010, tiene dificultades para dialogar con el gobierno. En este contexto, decidió elaborar la “Agenda para Transformar la Educación del País”, a partir de consultas a las comunidades educativas en distintas partes de Nicaragua, que movilizaron a docentes, madres y padres y estudiantes para discutir y analizar la situación de la educación en el país.
Perú
La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) viene apoyando y acompañando el desarrollo de estudios y análisis sobre el estado del derecho humano a la educación a nivel nacional, y en base a sus hallazgos, en el 2017, decidió diseñar y elaborar, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, un informe-luz, como aporte a la evaluación del Estado peruano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.
República Dominicana
El caso del Foro Socioeducativo (FSE) de República Dominicana explica cómo la coalición logró incorporarse de manera orgánica al proceso de revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde su articulación con otras organizaciones de sociedad civil.
Link para descargar el documento:https://redclade.org/wp-content/uploads/Casos_Incidencia_vol_3_v7-1.pdf
Fuente del documento: https://redclade.org/noticias/en-nueva-publicacion-clade-comparte-experiencias-estrategias-y-aprendizajes-de-lucha-por-el-derecho-a-la-educacion/
Luego de las acciones de incidencia que ha realizado de cara a la Cumbre de Líderes del G20 en el 2018, para defender una educación pública, gratuita e inclusiva, con financiamiento justo y adecuado, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue actuando para demandar un compromiso de los países más ricos del mundo con la realización de dicho derecho.
Este año, la presidencia del G20, que reúne a las mayores economías del planeta, incluyendo a Argentina, Brasil y México, es de Japón. En este marco, Marcela Browne, integrante de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), miembro de la CLADE, fue nombrada para, en el año 2019, asumir la coordinación internacional del Grupo de Trabajo (GT) de Educación del Civil 20 (C20), mecanismo integrado por organizaciones no gubernamentales que lidera la relación de este sector con los gobiernos del G20. Marcela Browne coordinó el GT local sobre Educación, Empleo e Inclusión del C20 en el 2018, llevando a este espacio los planteamientos de CADE, CLADE y Campaña Mundial por la Educación (CME).
Ahora, la coordinación local del GT de Educación del C20 está a cargo de Naoko Shiroya, de Plan Internacional Japón, y cuenta con la participación activa de ASPBAE (Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education), red regional hermana de la CLADE y miembro de la CME.
La Cumbre de Líderes del G20 este año se realizó los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. En preparación para el evento, fueron realizados encuentros oficiales temáticos y debates con la participación de la sociedad civil. En este contexto, CADE, CLADE y ASPBAE han participado en una plataforma virtual de diálogos y dos encuentros presenciales, uno realizado en febrero y otro en abril de este año, siendo ese último la Cumbre del C20, que contó con 9 plenarias, 17 oficinas y 160 exposiciones, además de la participación de 830 organizaciones de sociedad civil de 40 países.
“Participamos en distintos diálogos con líderes del G20 de los grupos temáticos anticorrupción, desarrollo e infraestructura financiera, presentando nuestras recomendaciones sobre financiamiento educativo y señalando la importancia de fortalecer sistemas educativos públicos e inclusivos. Durante la Cumbre del C20, también denunciamos el proceso de privatización y mercantilización de la educación en América Latina y el Caribe, con foco en Argentina”, afirmó Marcela Browne.
En estos documentos, se exponen como principales demandas y recomendaciones:
La garantía de una educación de calidad y a lo largo de la vida, desde la primera infancia, que asegure alfabetización e inclusión digital para todas y todos, así como la promoción de paz, justicia y derechos humanos, desde el respeto a la diversidad de culturas y contextos sociales y la formación, el desarrollo profesional y condiciones laborales adecuadas para las y los docentes.
Una educación para la innovación, que garantice el acceso de poblaciones marginadas y las niñas y adolescentes a campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática; el fortalecimiento de la participación de actores clave, especialmente estudiantes y docentes, en el desarrollo de currículos y en la toma de decisiones; y la aplicación de tecnologías accesibles a la educación desde que sean pertinentes a los currículos y contextos de diferentes comunidades y países.
Una educación inclusiva, que supere la violencia y discriminación, y priorice la igualdad de género, especialmente desde currículos que incluyan a los diferentes sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, y garanticen una educación sexual integral; que asegure infraestructura, materiales, formación docente y currículos adecuados para la inclusión y participación de personas con discapacidad; y que genere oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en situación de conflictos, crisis y desastres, sometidas/os a trabajo forzado o en conflicto con la ley.
El aumento de inversiones en los sistemas educativos públicos y la regulación de la actuación del sector privado en la educación, poniendo fin al lucro en este campo y garantizándose al menos 12 años de educación pre-primaria, primaria y secundaria gratuita. Asimismo, el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la Agenda de Educación 2030, con la inversión mínima de 4 a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) o de 15 a 20% de sus presupuestos públicos en educación.
Incidencia por mecanismos de financiamiento educativo que fortalezcan los sistemas públicos
Como forma de asegurar recursos para la educación pública y gratuita, las organizaciones de la sociedad civil plantean: que a nivel mundial y en los países se promuevan reformas fiscales hacia sistemas tributarios justos, equitativos y progresivos; y que se amplíe el financiamiento educativo a través de la cooperación bilateral y multilateral, especialmente a través de la Alianza Mundial por la Educación (AME), del fondo “La Educación no Puede Esperar” y del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, sin que esto implique en el endeudamiento de los países en desarrollo, ni afecte su soberanía o promueva la privatización de la educación.
“Al G20 y en la AME, defendemos que los recursos de la cooperación internacional no deben ser usados de ninguna manera para apoyar las escuelas privadas o cualquier tipo de mercado lucrativo en la educación”, afirma Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y actualmente una de las representantes de la sociedad civil de países en desarrollo en el Comité Directivo de la AME, al lado de Maria Khan, de ASPBAE.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/cumbre-del-g20-clade-incide-por-compromisos-de-estos-estados-con-el-fortalecimiento-de-los-sistemas-publicos-de-educacion/
Según datos de la OIT, el trabajo infantil se concentra principalmente en las zonas rurales y está relacionado a ejes estructurantes de la desigualdad en la región, afectando de manera diferenciada a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el territorio donde nacen o viven, la edad, el género, la pertenencia étnica y el nivel socioeconómico
Este Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de junio), América Latina y el Caribe no tienen motivos para celebrar. Actualmente, 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en la región, de los cuales 6,3 millones realizan trabajos peligrosos. Esta situación se presenta en las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los datos muestran que el trabajo infantil prevalece en los quintiles de la población con menos ingresos, aunque se identifica en diferentes niveles sociales; se concentra principalmente en las zonas rurales; afecta sobretodo a adolescentes y predomina en actividades vinculadas al sector agrícola.
También se verifica que el trabajo infantil está relacionado con los ejes estructurantes de la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, afectando de manera diferenciada a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el territorio donde nacen o viven, la edad, el género, la pertenencia étnica y el nivel socioeconómico.
Según la Iniciativa América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una red que reúne 30 países de la región e incluye la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, es clave reconocer que el territorio es uno de los factores determinantes a la hora de abordar el trabajo infantil. El hecho de que cerca del 52% del trabajo infantil se concentre en el sector de la agricultura, evidencia que zonas rurales y periurbanas están más expuestas al problema, y requieren políticas diferenciadas y más agresivas para disminuir las brechas y contribuir a la erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo adolescente protegido.
“El trabajo infantil es predominantemente rural y agrícola y este sector productivo es uno de los más riesgosos y peligrosos para la infancia y adolescencia debido a las largas jornadas que demanda, la exposición a climas extremos, el contacto con productos químicos, etc. Asimismo, el carácter estacional/temporal de esta actividad fomenta la migración constante por temporadas, lo que les expone a situaciones de abusos, trata, servidumbre o trabajo forzoso”, afirma la Iniciativa América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil en su página web.
De acuerdo a la iniciativa, dado que para muchas familias y comunidades el trabajo infantil en la agricultura forma parte de tradiciones y patrones culturales, algunas actividades pueden ser consideradas parte de la formación y socialización de sus integrantes, lo que relativiza los riesgos y peligros que pueden entrañar para el desarrollo y la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Esto se suma a la dificultad de inspección y entrega de servicios de protección social claves, como educación y salud, y la falta de incentivos a la producción en muchas zonas rurales de países de la región, haciendo más complejas la restitución de derechos de niños y niñas trabajadoras/es y la protección del trabajo adolescente permitido.
¿Qué se entiende por trabajo infantil?
El trabajo infantil pone en riesgo a las personas menores y viola tanto el derecho internacional como las legislaciones nacionales. Priva a los niños y niñas del derecho a la educación o les exige asumir una doble carga: el trabajo y la escuela. El trabajo infantil, que debe ser eliminado, se refiere a un conjunto de actividades laborales llevadas a cabo por menores de edad e incluye:
Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía, y otras actividades ilícitas.
Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcanza la edad mínima especificada para ejercer aquél tipo de actividad (según determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas), y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo del niño o niña.
Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño o niña, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, siendo denominado “trabajo peligroso”.
¡Los niños, niñas y adolescentes no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños!
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una ventana global para visibilizar, informar, movilizar y comprometer a gobiernos, empleadoras y empleadores, trabajadoras y trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general, en pro de la erradicación de la problemática.
Este año, la fecha se recuerda en todo el mundo con el tema “¡Los niños, niñas y adolescentes no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños!”, y tiene el objetivo de poner especial atención en la agricultura como actividad económica con mayor presencia de trabajo infantil.
Además, en esta edición, se vincula el tema con la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – que determina la obligación de los Estados miembros de la ONU de poner fin a todas las formas de trabajo infantil hasta el 2025. Lo enlaza también con los 100 años de la OIT y el vigésimo aniversario de la ratificación global de la Convención 182 de la OIT, que aborda medidas inmediatas para abolir las peores formas de trabajo infantil.
América Latina y el Caribe en lucha contra el trabajo infantil
Frente a los desafíos señalados, organizaciones y movimientos sociales siguen en lucha para transformar la realidad hacia la superación del trabajo infantil. A continuación presentamos algunas de las acciones realizadas por miembros de la CLADE en distintos países de la región:
Brasil – La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), como integrante de la Red Nacional de Combate al Trabajo Infantil, participa en diversas acciones por la erradicación del trabajo infantil, como marchas, audiencias públicas y seminários. El objetivo es sensibilizar y movilizar la sociedad sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el derecho a jugar, estudiar y soñar, vivencias que son parte de la infancia y que contribuyen a su desarrollo. A través de las redes sociales, se difunden las acciones con el hashtag #InfanciaSemTrabalho. Lee + sobre la iniciativa.
Asimismo, la CNDE envió informaciones sobre el estado de los derechos de la niñez en el país a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), como forma de contribuir con un informe que este órgano está elaborando en el marco de la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Campaña señaló retrocesos y riesgos para los derechos de la niñez en Brasil debido a una serie de medidas implementadas por el actual gobierno nacional. Entre ellos, se destacan el hecho de que millares de niñas, niños y adolescentes siguen sin acceso a la educación básica; y el agravamiento de la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo precarias, con la reforma laboral que flexibiliza derechos. Lee + sobre el informe de la CNDE al Alto Comisionado.
Colombia – En la edición 2019 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el país, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y la Organización Mundial del Trabajo (OIT), organizó talleres y diálogos sobre el derecho a la educación con familias, niños, niñas y jóvenes. Las actividades fueron realizadas en el marco de la Feria del Libro (FILBO 2019) y de la Campaña 100 millones para 100 millones, con el apoyo de Naciones Unidas, Frente Amplio por la Educación los Derechos y la Paz, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional y Colectivo Voces y Colores. Lee + sobre estas acciones.
Nicaragua – Datos reunidos en un informe luz elaborado por el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) revelan que uno de cada siete estudiantes en las áreas urbanas y uno en cada tres en las zonas rurales tienen baja escolarización en el país. También según el documento, que fue presentado en abril de este año, ante el Examen Periódico Universal de la ONU al Estado nicaragüense, docentes de la zona rural del país expresan que el estudiantado no asiste a clases por varios días a la semana, de manera reiterada por motivos de movilización, trabajo y seguridad. Lee + sobre el informe elaborado por el FEDH-IPN.
Perú – La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) es miembro del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el país. En este marco, participa actualmente en la consulta para la elaboración de una política nacional de inclusión social con alcance intersectorial e intergubernamental, que defiende el enfoque de derechos, la interculturalidad, la territorialidad, género y ciclos de vida, para incluir a la primera infancia y a las personas adultas y adultas mayores. La CPDE también integra la Mesa Técnica de Educación de Adolescentes, que tiene por finalidad la elaboración de una nueva política de educación de adolescentes que responda pertinentemente a la diversidad de la población de adolescentes en el país.
América del Sur/ Brasil/ 17.06.2018/ Fuente: redclade.org.
El equipo de la coordinación ejecutiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), al lado de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, se suma al paro general que se realiza hoy, 14 de junio, en distintos locales del país.
El paro, llamado #14J en las redes sociales digitales, es convocado por trabajadoras y trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y comunidades educativas del país para protestar contra la reforma en las pensiones y el recorte de recursos públicos para ciencia, educación y otros campos de las políticas públicas sociales que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro, con graves impactos para los derechos de la población brasileña y la profundización de desigualdades e injusticias.
En este contexto, el equipo de la coordinación ejecutiva de la CLADE, con sede en São Paulo, se suma a las manifestaciones y a la huelga general, al lado de la coordinación de la CNDE y de otros colectivos, organizaciones, movimientos sociales, estudiantes, docentes y todas las personas movilizadas para defender los derechos humanos en Brasil.
¡Nos sumamos al paro para manifestar nuestro rechazo a los retrocesos, defender el financiamiento de la ciencia y la educación pública, gratuita, inclusiva y democrática, y contra la reforma en las pensiones que reduce derechos!
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/clade-adhiere-a-paro-general-en-defensa-de-la-educacion-publica/
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