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En contra de la “meritocracia»

Buenos Aires, Argentina / 24 de Mayo 2016 /Autor: Antonio Galarza. Fuente Antonio Galarza

Nací en un hogar humilde, hijo de una empleada doméstica (o sirvienta, como le decían realmente a mi vieja) y un empleado administrativo. El menor de siete hermanos. Durante los noventa (y antes y después, pero especialmente en los noventa) nos cagamos de hambre, siempre juntando el mango para nunca llegar a fin de mes. Vi a mi viejo un par de veces desocupado, la primera en pleno contexto menemista, después del corralito de Erman González. Durante ese tiempo sin trabajo, había adoptado la costumbre de salir a la noche a caminar con mi mamá. Con el tiempo me di cuenta que “caminar” significaba ir a algunas panaderías a buscar algo de lo que había sobrado del día -las cortezas del pan de miga, por ejemplo- para darle de comer a sus hijos. Tiempo después, ya con trabajo cuyo sueldo nunca alcanzó y con demasiado esfuerzo, me mandaron al secundario a un colegio confesional, a ver si la educación privada me daba alguna oportunidad en la vida.

A los 15 años tuve mi primer trabajo de temporada: en negro por supuesto, armando quemadores de calefón desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, de lunes a sábado. También fui repartidor en una verdulería. Como era de esperar, allá por 1999 la cosa no daba para más y antes de terminar el industrial me tuve que poner a laburar de forma permanente en una fábrica. Terminé el colegio trabajando a la tarde-noche y con el sueldo pude pagar el último año de cuotas, que con lo que cobraba mi viejo ya era imposible de sostener y debíamos muchos meses. Seguí laburando en la fábrica dos años más (y en mis “ratos libres” me clavaba ocho o diez horitas trabajando de cocinero) hasta que en agosto de 2001 me rajaron de todos lados. No tenía guita para pagarme un pasaje a España, ni ciudadanía. Para mí, como para muchos, no había una Europa adonde escapar.

Como siempre había sido buen estudiante, con 21 años y perspectiva de nada, en el 2002 empecé el profesorado en historia en la Universidad pública. Al mes de empezar, sin un mango, lo rajaron a mi viejo del trabajo, sin pagarle nada. Nos volvimos a cagar de hambre, literal, aunque ya estábamos todos grandes y no hacían falta “caminatas”. El primer año lo sorteé gracias a vender la guitarra y apuntes prestados, y algún que otro trabajito que duró poco y nada. Ya en segundo, conseguí un plan “barrios bonaerenses” que me ayudó a pagar apuntes hasta que saqué beca de ayuda económica en la facultad. También volví a trabajar en gastronomía en las temporadas de verano (una fábrica de pastas, una parrilla, un hotel 5 estrellas, algunos café-bar y la fotocopiadora de la facultad me contaron entre sus filas durante los cinco años que duró la carrera). Con esfuerzo, tras largas noches de estudio metido en la cama para no gastar gas, tirando todo el día en la facultad a fuerza de mate y galletitas, siempre en bici pese al frío marplatense, me recibí en 2007 de profesor en historia, con diploma de graduado sobresaliente. Gracias a las buenas notas que siempre tuve accedí a becas, de la Universidad primero y de CONICET después. Me recibí de licenciado y de doctor en historia. Me dediqué de lleno a la investigación, algo que ni siquiera imaginaba cuando empecé a estudiar. Gané un concurso como ayudante en la misma Universidad donde estudié, en la que ahora doy clases, y soy investigador de CONICET. Hoy soy un privilegiado porque laboro de lo que me gusta y puedo vivir de eso.

Según el lente con el que mires mi historia, puedo ser un claro ejemplo de MERITOCRACIA. Al menos según la ideología que nos quieren vender hoy desde los medios masivos y desde el gobierno: salí de pobre gracias al esfuerzo personal, pese a todas las dificultades, lo que se dice un auténtico SELF-MADE-MAN. Mi historia pegaría bien en una publicidad decorada con globos amarillos que intente mostrar que el sistema funciona bien y que el mercado siempre le da oportunidad a los que saben esforzarse. Hasta podría dar una charla de auto-superación personal para alguna fundación u ONG inventada por algún garca para no pagar impuestos.

Pero no. Como muchos, le metí esfuerzo, sudor y lágrimas, sí. Pero sin el ESTADO, sin la ayuda de políticas concretas -becas de ayuda económica, becas de investigación, educación PÚBLICA- hoy seguiría cortando chapas o preparando comidas en algún restorán, trabajos dignos si los hay, por supuesto. Pero las políticas de educación pública y gratuita, las ayudas económicas para estudiar, el apoyo al sistema científico, me dieron la oportunidad que jamás hubiera tenido por haber nacido pobre. El esfuerzo tiene que estar, sí, pero cuando te tocó perder de entrada, como fue el caso de mi familia, si el Estado no te ayuda, olvídate: el esfuerzo, con suerte, te sirve para subsistir, mal, como a mi abuelo o a mis viejos. SIN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (y la Educación pública en general) es imposible. Por más esfuerzo que le hubiese metido, nunca hubiera podido estudiar en una Universidad arancelada o con ingreso restrictivo que significaba tener que pagarme un apoyo y no poder trabajar. No nos comamos “el chamuyo de la meritocracia”, ni el de que la gente tiene que recuperar la cultura del sacrificio o que a la universidad no se va a hacer política. No tenemos que recuperar nada porque nunca lo perdimos, y la política forma parte de la educación y de nuestras vidas. Lo que ese discurso persigue en realidad es legitimar el desfinanciamiento de la educación pública, porque la consideran un gasto y no una inversión: que nadie se queje, que nadie haga un paro o una marcha.

Lo único que tiene que hacer el gobierno es aumentar el presupuesto educativo, para que más pibes -como yo en su momento- tengan la oportunidad de estudiar.

Autor: Antonio Galarza. Doctor en Historia, profesor de la Universidad Nacional del Plata, departamento de Historia. Socializado por: Carlos A. Bracho León

Fuente Web: https://mdp.academia.edu/AntonioGalarza

Fuente imagen: http://palabrasalmargen.com/images/Imagenes_articulos/internas/50_Paul.jpg

 

 

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Entrevista a Puiggrós: El peligro de la lógica del mercado en educación

Argentina, 20 de mayo de 2016. Autor: Julián Mónaco. Fuente: UNIPE

Entrevista de Julián Mónaco a Adriana Puiggrós

“Anoche contesté el mensaje de una estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste que me decía que en la subsede le cobraban 1.280 pesos por mes y me preguntaba si eso era legal. Le dije que en cuanto salga la reglamentación, presente un amparo”. Diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires hasta el pasado 10 de diciembre, Adriana Puiggrós impulsó la flamante Ley 27.204, a la que adjudica una gran importancia coyuntural. Antes de dejar su banca, consiguió que tome estado parlamentario un nuevo proyecto de Ley Nacional de Educación Superior.

¿Por qué era necesario introducir reformas en la Ley de Educación Superior? La Ley 24.521 es parte del paquete de leyes menemistas y aplica las recetas del Banco Mundial en educación. Tiene varios aspectos negativos. En primer lugar, abre el camino para una universidad restrictiva, porque les permite a las facultades poner, en determinadas circunstancias, exámenes de ingreso muy discriminatorios y sin tener en cuenta las decisiones de los consejos superiores o de los propios estatutos. Lo cual lleva a una disgregación de la universidad como tal. Además, abre la puerta al arancelamiento de un modo nada ambiguo, porque habla de la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones. Por último, determina un escasísimo control de los fondos que utilizan las universidades. Vale recordar que el gobierno de Menem no tenía suficiente fuerza política como para abrir totalmente la entrada de inversiones privadas en educación superior, para tercerizar funciones, y para establecer directamente el arancel y las restricciones al ingreso. Entonces lo que hizo fue abrir alternativas de un modo no tan directo. Esas alternativas las incluyeron pero en ese momento no fueron totalmente tomadas por las universidades.

¿Por qué es importante que la Ley 27.204 prohíba totalmente los exámenes de ingreso? Lo que opusimos fue una valla para evitar lo que seguramente tratará de hacer este gobierno, que es aplicar el modelo chileno: poner un examen muy discriminatorio al terminar el secundario. Es la idea de la economía de mercado aplicada a la educación: para restringir al máximo la inversión estatal en universidades se restringe al máximo el número de alumnos mediante un examen de ingreso altamente seleccionador.

¿Qué pasa con las facultades que actualmente trabajan con este tipo de exámenes y con sistemas de cupos? En Argentina no tenemos universidades pero sí facultades, que son básicamente algunas de Medicina, que trabajan de este modo. Pero no son todas, sino solo algunas. Tenemos facultades más modernas, como la de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, que apuntan no sólo a formar médicos, sino también paramédicos, rubro en el que la Argentina tiene un gran déficit: por cada paramédico hay siete médicos. Faltan enfermeros, obstetras, acompañantes terapéuticos. El otro modelo es el de la Universidad Nacional de La Plata, que permite que entren 80 alumnos por año cuando se presentan 2.000 aspirantes. Y a los ingresantes se los admite con la única idea de que estén siete años cursando para luego incorporarse a la corporación médica de La Plata, que es la que fija el número, sin tener en cuenta las necesidades de la Provincia de Buenos Aires y del país en general.

¿Por qué la Ley 27.204 hace hincapié en poner a la universidad en un diálogo fuerte con el Estado? Porque corremos el peligro de que las universidades públicas ingresen completamente a la lógica del mercado. Hoy estamos frente a un capitalismo distinto al de los noventa. En esa década la idea dominante era privatizar todo lo posible y achicar el Estado. Ahora no es solamente eso, sino que también se agrega la idea de que el capital colonice el Estado. Hay grandes bancos como el HSBC o el Santander que han avanzado muchísimo en distintas universidades públicas de la región, que tercerizan parte de sus funciones. Por ejemplo, las cuentas sueldo de muchas universidades son administradas por el Banco Santander, así como los campus informáticos y las aulas informáticas son administradas por Google. El capital privado quiere colonizar las universidades públicas. Por eso la modificatoria dice también que las universidades públicas no podrán establecer convenios con organismos públicos o privados nacionales o extranjeros con objetivos de mercantilizar la educación.

Aun habiéndose concretado la salida de la modificatoria, ¿cree que es necesaria una nueva Ley de Educación Superior? Con mi equipo de trabajo y desde el Frente Para la Victoria hemos presentado un proyecto para una Ley Nacional de Educación Superior que tiene estado parlamentario. Hay algunos puntos fundamentales como la reafirmación de la responsabilidad principal del Estado en la educación superior y la articulación del sistema universitario, que habida cuenta de la proliferación de institutos, universidades, sedes, subsedes y colegios universitarios es muy caótico. También ocupan un lugar muy importante los derechos de los estudiantes, hay un paquete de beneficios que incluye becas, albergues y pedagogía universitaria de apoyo. Respecto de los derechos y las atribuciones de los docentes, entre otras cosas se establece que los docentes interinos a los que no les hayan abierto un concurso al cabo de dos años pasan a tener todos los mismos derechos que los docentes concursados.

 

Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Unipe40.pdf.

Fuente imagen: http://www.tarea.org.pe/imagenes/bole115_debatir.jpg

 

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Ex ministro de Educación de Chile: “Yo dije que la revolución pingüina se iba a repetir”

 Martín Zilic, quien fue ministro de educación cuando los estudiantes comenzaron con las movilizaciones de la denominada “Revolución Pingüina”, recordó lo que fueron las protestas hace una década y analizó los avances en educación.

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Argentina: Ingreso y gratuidad de la Universidad

Buenos Aires, Argentina / Mayo 2016 /Autor: Julián Mónaco. Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/

Aprobada en el Senado a fines de 2015, la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior modificó seis artículos y agregó otros dos a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada durante la presidencia de Carlos Menem hace ya veinte años. La discusión alrededor de esta modificatoria –que a cinco meses de su sanción todavía no ha sido reglamentada– ayuda a comprender algunos de los nudos conflictivos de un debate que, incluso en un tiempo prolífico en materia de legislación educativa, no ha tenido como correlato una nueva normativa, aun cuando existe un amplio consenso respecto de su necesidad.

La Ley 27.204 nació como proyecto en la Cámara de Diputados en 2013, con un fuerte impulso de la entonces diputada por la Provincia de Buenos Aires del FPV, Adriana Puiggrós. En mayo de ese año, obtuvo el voto afirmativo de todos los bloques, excepto del PRO y del diputado de Compromiso Federal, Eduardo Amadeo. Finalmente, en octubre del año pasado el proyecto consiguió la media sanción restante en el Senado de la Nación, con el voto afirmativo de 40 de los 52 senadores presentes. Los doce que votaron en contra (diez de la UCR y dos del bloque Justicialista de San Luis que lidera Adolfo Rodríguez Saá) impugnaron con fuerza el segundo artículo que establece, entre otras cosas, que las universidades públicas nacionales deberán rendir cuentas ante la Auditoría General de la Nación (AGN) ya no solamente respecto de los fondos presupuestarios recibidos, como lo hacían hasta ahora, sino también de los fondos producidos por ellas mismas, cada vez más importantes y que muchas veces alcanzan a los invertidos por el propio Estado.

La senadora de la UCR Silvia Elías de Pérez se opuso al uso de los conceptos de supervisión y fiscalización por parte del Estado. “Dos palabras –argumentó en la sesión del 28 de octubre del año pasado– que realmente nosotros sentimos que van en contra de la autonomía”. En respuesta a este tipo de críticas, que continúan todavía hoy, Puiggrós es contundente: “Este ítem no tiene nada que ver con la autonomía universitaria y no va en contra de ella. Pero sí limita las acciones que pueden realizar organismos que viven de fondos presupuestarios”.

Fue el artículo quinto, sin embargo, el que más polvareda levantó: mientras que la LES permitía que en las universidades con más de 50.000 estudiantes cada facultad resuelva discrecionalmente su régimen de admisión (poniendo en cuestión una de las políticas privilegiadas por el radicalismo tras el regreso de la democracia: el ingreso irrestricto), la modificatoria establece que todos los egresados del secundario, por el solo hecho de serlo, ya están en condiciones de comenzar una carrera universitaria, sin necesidad de rendir exámenes de ingreso o de esperar por un cupo.

Previsiblemente, esta cuestión disparó el interrogante de si las universidades pueden hacerle frente a una política de este tipo con su infraestructura, docentes y presupuesto actuales, es decir, sin una mayor inversión estatal. Y también volvió a poner sobre la mesa la pregunta de si es posible garantizar la calidad de las carreras (o al menos de algunas de ellas) una vez que se masifican (1).

Apenas una semana después de la sanción de la ley, Marcelo Yorio, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), emitió un comunicado asegurando que la regulación del ingreso a una carrera como medicina, que requiere no solamente de docentes sino también de múltiples escenarios de prácticas, todos ellos limitados y costosos (laboratorios básicos y clínicos, centros de investigación básica y aplicada, salas de simulación, consultorios, dispensarios, centros de salud, hospitales y ambientes comunitarios), es la única herramienta para garantizar su calidad. En 2004, la carrera sancionó una resolución que limita el ingreso a partir de un orden de mérito según las notas obtenidas en el ciclo de nivelación. Cada año se presentan cerca de 2.500 aspirantes para un cupo de 630.

En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, el Consejo Directivo votó la eliminación del curso anual de ingreso a Medicina, a las licenciaturas en Obstetricia y Nutrición y a la tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Además de aprobar las ocho materias del curso, el acceso a Medicina exigía responder correctamente a más de 40 de las 60 preguntas de cada uno de los dos exámenes finales. Obteniendo entre 30 y 39, permitía ingresar a las licenciaturas. Quienes obtenían un puntaje menor, realizando un curso complementario, podían ingresar a la tecnicatura. Si en los últimos años la cantidad de ingresantes a Medicina se mantenía entre 300 y 600, este año se prevé que saltará a unos 3.500.

“No hemos recibido ninguna ayuda financiera extra, así que seguimos con la misma capacidad áulica y el mismo número de docentes”, explica Ana Lía Errecalde (2), decana de la Facultad y titular de una de las cátedras de Histología, que este año abrirá cincuenta comisiones: cuarenta más que el año pasado. Sus estudiantes, que tenían clases de dos horas dos veces a la semana, cursarán cada quince días. Todo ello, asegura Errecalde, afectará negativamente la acreditación que carreras como Medicina están obligadas a realizar periódicamente ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por otorgar títulos que habilitan el ejercicio de profesiones que, al ser de interés público, están reguladas por el Estado. “Este tipo de carreras –agrega– sí deberían poder poner alguna forma de selección de sus alumnos”.

Voces como las de Yorio y Errecalde muestran que la reglamentación de la ley impulsada por Puiggrós será vital: para ser posible, el ingreso irrestricto deberá ir acompañado de una amplia transferencia de recursos financieros así como de una transformación edilicia en la mayoría de las universidades. Pero además, una nueva ley de educación superior deberá ser explícita respecto de las estrategias que hagan del ingreso irrestricto una conquista efectiva y no una fuente de deserción masiva. Una vez más: abrir las puertas de la universidad no significa asegurar la inclusión inmediata y exitosa de los ingresantes en la vida universitaria.

“El desafío para las universidades –afirma Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica (UNIPE)– es darse una política que permita hacer la transición entre la secundaria y los estudios superiores. Eso implica responder cuáles son las operaciones que tienen que hacer los jóvenes para inscribirse en una trayectoria universitaria y sin desertar en el primer o el segundo año, teniendo en cuenta que es allí donde se concentran los mayores problemas. Son preguntas que las universidades recién están comenzando a hacerse y que deberían aparecer en una nueva normativa” (3).  Otro de los aspectos fuertes de la modificatoria apunta a proteger la gratuidad de todos los estudios de grado. Si el texto de la LES de 1995, cuya aprobación fue exigida por el Banco Mundial para liberar un crédito de 165 millones de dólares destinados al Programa de Mejoras de la Educación Superior, dejaba abierta la posibilidad de su mercantilización, la Ley 27.204 prohíbe establecer sobre los estudios de grado cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa de modo directo o indirecto.

La polémica alrededor de este punto incluyó la puesta en circulación del viejo argumento de que en una universidad como la argentina, en la que buena parte de los estudiantes provienen de hogares con ingresos medios y altos, la gratuidad genera mayor inequidad. Este tipo de posiciones suelen analizar la educación superior en términos de costo (inversión estatal) y beneficio (cantidad de egresados), desconociendo que la experiencia universitaria en nuestro país, aun si no redunda en egreso, nutre las trayectorias, tanto a nivel profesional como personal, y, por supuesto, a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, vale recordar que la matrícula de las universidades argentinas no ha dejado de crecer desde la vuelta a la democracia (en 1983 era de 400.000 estudiantes, en 2015 ya trepaba a más de 1.600.000) y que, sobre todo en los últimos años, esa expansión incluyó desde jóvenes de los sectores populares que son la primera generación de sus familias en pisar la universidad hasta adultos que completaron sus estudios secundarios en el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES) (4).

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ofrece profesorados pagos (en Biología, Química y Física, entre otros), dictados en forma virtual, a aquellos egresados que se encuentran trabajando en colegios secundarios de la provincia. Este tipo de carreras, que en 2015 costaron a la UNRN cerca de $6.000.000, también deberán ser gratuitas. “De acuerdo a nuestro criterio como legisladores –explica Puiggrós– todas esas modalidades, y todas aquellas de primer nivel y posteriores al secundario, deberán ser consideradas grado”.

Juan Carlos del Bello, Secretario de Políticas Universitarias al momento de sancionarse la LES y actual rector de la UNRN explica: “A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley, el Ministerio de Educación tendría que haberse comunicado con todas las universidades para que indiquen el costo de las carreras que hoy son aranceladas a fin de cubrirlas con un presupuesto especial. Si el gobierno actual discrepa con esta ley deberá elevar un proyecto para derogarla, si no lo hace, pero tampoco nos transfiere recursos, no nos va a quedar otra salida más que recurrir a la Justicia”.

También aquí la reglamentación de la modificatoria jugará un papel fundamental y es probable que la discusión se centre en la definición de qué es (y qué no es) un estudio de grado. Lo cual implicará posturas fuertes de las universidades nacionales, cuyos ingresos dependen, muchas veces, del dictado de diplomaturas, especializaciones, tecnicaturas y profesorados pagos.

El debate que generó la sanción de la Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior demuestra que la tarea de defender la gratuidad de todos los estudios de grado y el ingreso irrestricto ya ha comenzado. Y obliga a quienes aspiran a defender esas conquistas a interpelar a la sociedad con ideas y prácticas concretas y potentes que, para ser efectivas, deberán disputar en el presente. Lo cual supone volver sobre el propio pensamiento para no resignarse ante los “aires de época” ni quedar atrapados en la pura nostalgia. Elaborar esas prácticas e ideas requerirá, como siempre, de imaginación y construcción políticas.

Autor: Julián Mónaco. Editorial UNIPE. Argentina. Licenciado en Comunicación, facilitador pedagógico digital e integrante del equipo editorial de UNIPE.

Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Unipe40.pdf

Fuente de la imagen: http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef01b7c830dfd3970b-pi

 

 

 

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Universidad: Ingreso y Gratuidad

Alejandro Grimson

Un fantasma recorre los claustros universitarios. Es el fantasma de López Murphy. Nadie desea que se repita un episodio de reducción presupuestaria que genere una crisis. Pero las noticias y tensiones disparan preguntas.

¿Qué está ocurriendo en las universidades? Después de varios años de fuerte expansión, han regresado tensiones y conflictos. Paros en colegios secundarios universitarios, movilizaciones por el boleto estudiantil, huelga de docentes, declaraciones del ministro y de rectores, reunión con el presidente. ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Las universidades públicas argentinas son parte de las instituciones con mayor reconocimiento social. Fuente de orgullo, también generan intensos debates. La Argentina no sólo tiene universidades de alto prestigio, sino que ha privilegiado el sistema público sobre el privado, tanto en cantidad de estudiantes como en términos de investigación científica.

En la llamada “época de oro”, en 1960, antes de la “noche de los bastones largos”, había nueve universidades nacionales. En 2010 sumaban 47. Hace muy pocos años que en las 23 provincias argentinas hay al menos una universidad pública. Casi la mitad fueron creadas en los últimos treinta años de democracia. En 1960 había 160 000 estudiantes universitarios en el país, lo cual representaba el 0,8% de la población. Esa cifra se fue incrementando durante las últimas tres décadas, así como la proporción sobre el total. En 2010 había más de 1.700.000 estudiantes, más de diez veces más que cincuenta años antes, y abarcaban el 4,3% de la población. En proporción, los estudiantes universitarios se multiplicaron por cinco en cincuenta años. Entre 2001 y 2011 se sumaron 395.000 estudiantes al sistema universitario, lo cual implica un crecimiento del 28%. En el mismo período los egresados aumentaron un 68%, pasando de 65.000 a 109.000 egresados anuales.

En términos comparativos, es indudable que tanto Brasil como México cuentan con sólidos sistemas universitarios en la región. Los salarios reales de los docentes son aproximadamente el doble que en Argentina. Ahora bien, mientras el 4,3% de la población argentina está conformado por estudiantes universitarios, en Brasil sólo alcanzan el 3,4%, y en México el 2,1%. Además, mientras en la Argentina el 3,4% de la población asiste a instituciones públicas, en México ese porcentaje desciende al 1,4%, y en Brasil al 0,9%.

Una cifra que se acerca a dos millones no refleja a una pequeña elite. Una gran parte de los estudiantes trabaja y estudia, y un elevado porcentaje, que alcanza el 70% en muchas universidades nuevas, no son hijos de universitarios. Son, por lo tanto, la primera generación universitaria de sus familias. La ampliación del acceso es un avance altamente significativo.

Desde 1983, la universidad pública argentina responde a la herencia de la Reforma de 1918, vinculada al ingreso irrestricto, el cogobierno y la autonomía, así como a la herencia de la gratuidad, instituida originalmente en 1949. Esos elementos se encuentran presentes en las universidades de varios países, pero en el nuestro aparecen conjugados, lo que constituye un caso bastante singular.

El Instituto Cifra-CTA calcula que entre diciembre de 2001 y diciembre de 2014 el salario promedio de los docentes universitarios se recompuso un 56%, con el detalle de que durante la crisis de 2002-2003 había llegado a descender un 30% respecto de 2001. Esto fue parte de un aumento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología, acompañado de importantes obras de infraestructura.

El triunfo de Mauricio Macri generó mucha preocupación entre los universitarios. El actual presidente había cuestionado la creación de nuevas universidades: “¿Qué es esto de hacer universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar…” Al comenzar la nueva gestión parecía que una persona ajena a la gestión de las universidades públicas asumiría en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Esto provocó un gran revuelo, que no es muy difícil de entender. En primer lugar, las universidades siempre han sido lugares donde los diferentes radicalismos tuvieron cierto peso. De los doce años de gobiernos kirchneristas, durante seis años el secretario fue el expresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Dibbern, quien siempre se autodefinió como “un radical no k”. A esto debe sumarse la gestión de Juan Carlos Pugliese que juntos totalizan nueve años de gestión radical de las universidades durante el kirchnerismo. En segundo lugar, varios presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional de origen radical nunca plantearon un cuestionamiento de la política universitaria del gobierno. En tercer lugar, al nivel de las universidades y sus rectores no existió una grieta en la Argentina. Como en cualquier ámbito hubo tensiones, pero nunca hubo en estos últimos años una división absoluta, ni entre radicales y peronistas, ni entre grandes y chicas. En el CIN se respetaron acuerdos de alternancia y composición plural.

Por eso, los niveles de conducción universitaria sintieron un alivio cuando finalmente asumió la Secretaría el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard. A nadie le preocupaba su filiación política. El clima indicaba que un rector que conoce el sistema puede tener preferencias o políticas opinables, pero nunca destruye instituciones. Ya el tema presupuestario general y de los salarios en particular pasa por otros andariveles, ya que más allá de cada funcionario, en las paritarias es obvio el peso de los funcionarios de economía.

Sin embargo, la preocupación regresó mucho más pronto de lo previsto. La alta inflación desde diciembre y el ajuste de las tarifas de los servicios provocaron dos problemas: aceleraron los reclamos gremiales y tornaron inviable el presupuesto previsto para gastos operativos.

A fines de abril un alto funcionario del Ministerio de Educación le explicó a algunos rectores algunos lineamientos de sus políticas. Entre muchas palabras, aludió al “crecimiento excesivo”, a la “calidad relajada”, a un “sistema pervertido”, a la “discrecionalidad en el manejo recursos”. Literalmente dijo que “se han creado carreras a troche y moche”. “Hubo fiesta. Hay que apagar la música, arremangarse y ponerse a trabajar”. Una expresión, para los más moderados, poco afortunada. Es que resulta imposible que alguien que conozca el día a día de las universidades públicas pueda ser tan desatinado. Los menos moderados tuvieron expresiones que dejamos a la imaginación del lector.

Propuso trabajar en articular universidades públicas y privadas, mientras criticaba a las universidades públicas. Y ofreció ejemplos de que no puede ser “que cada uno decida su carrera” cuando sobran en una profesión y faltan en la otra.

Innumerables fuentes confirman que los radicales a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias no tienen claro el futuro inmediato. Hay un gobierno del PRO, que les cedió a ellos ese cargo. Ese funcionario debería disponer de mil quinientos millones de pesos para llevar a cabo sus políticas. Hasta ahora no tiene fondos.

Por otra parte, las paritarias con los docentes y no docentes son una incógnita. Todo apunta a una pérdida relevante del poder adquisitivo, pero hasta ahora las propuestas oficiales a los docentes resultan imposibles de aceptar por parte de los sindicatos.

Por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires una huelga en el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una gran repercusión. Menos conocido es que en estos años se crearon colegios secundarios universitarios en zonas de niveles socioeconómicos bajos, cerca de barrios populares o villas. En 2016 las escuelas secundarias de las Universidades General Sarmiento, Avellaneda, Quilmas y San Martín no han recibido fondos para pagar sueldos ni gastos.

Además de los salarios, las universidades tienen gastos operativos. Según varios rectores hay dilaciones con los gastos operativos previstos en la ley de presupuesto para varias universidades del conurbano. Habrá debate sobre si se trata de un incumplimiento de la ley de presupuesto y si no se trata de una medida discrecional. Algo similar sucede con el presupuesto de nuevas carreras, creadas a través de “contratos-programa”.

Por otra parte, en el contexto inflacionario se potenció el reclamo estudiantil por el transporte que ya produjo una movilización masiva en la ciudad de La Plata.

El gobierno parece ajustar con el fantasma de López Murphy. Este ministro de economía de De la Rúa anunció una reducción del presupuesto universitario y provocó una movilización gigantesca que terminó con su propia renuncia en marzo de 2001. Pero López Murphy no disponía del actual “ajuste por inflación”. Ahora viene el ensayo y error de ir probando en qué cifras puede generarse fragmentación de la comunidad universitaria, tanto en el plano sindical como en la presión de los rectores. Eso depende de una relación de fuerzas. Por supuesto, siempre lo más imprevisible para el gobierno es la reacción del movimiento estudiantil. La población universitaria actual en la Argentina hace que haya estudiantes en toda la trama social.

Mientras tanto, el mapa de las universidades es complejo. Mientras algunas comienzan a recibir las transferencias al día, otras están realmente cerca de situaciones de emergencia. Algunas están por suspender la comida en los colegios secundarios o han buscado créditos para solventar gastos básicos. Otras quizás sobrelleven mejor esta coyuntura, salvo la incertidumbre de las paritarias. Y el interés general, la preocupación genuina por lo que sucede en el conjunto del sistema, el compromiso por resolverlo colectivamente, es básicamente algo que quizás se construya en un futuro lejano.

El discurso neoliberal ha achacado acerca de la ineficiencia de las universidades públicas. Si sólo gradúan al 20 o 30% de los ingresantes, ¿por qué no nos ahorramos el dinero y reducimos drásticamente el presupuesto? Primero, ese millón y medio de pibes que están en el sistema público, se reciban o no, pasan por una experiencia universitaria que mejora sus conocimientos y mejora nuestra sociedad. Segundo, ellos y todos tienen derecho a acceder al conocimiento. Tercero, si se hiciera una selección anterior, probablemente muchos pibes de sectores más humildes que finalmente acceden al título quedarían por el camino. Cuarto, el problema de la graduación no se resuelve regresando al examen de ingreso de la dictadura militar, sino realizando inversiones apropiadas para incrementar el porcentaje y la cantidad de graduados.

En otro orden de cosas, ¿quién dijo que lo que hacen las universidades en graduar y graduar? Sólo un gran desconocimiento del sistema universitario puede provocar esa suposición. Las universidades hoy son el principal lugar donde trabajan los investigadores de ciencia y tecnología del país, es decir, son las mayores productoras de conocimiento, en articulación con el Conicet. Por ello mismo, realizan transferencia de tecnología, patentes y trabajan junto a empresas en procesos de desarrollo. Están insertas en la trama social local: realizan actividades culturales y extensión trabajando con comunidades en todo el país. Son un nodo crucial de la internacionalización y de la inserción global de la Argentina: las decenas de universidades públicas tienen acuerdos académicos y científicos con los países más importantes del mundo. Son además parte del desarrollo de las industrias culturales de carácter público. La relevancia de las editoriales universitarias, sus publicaciones científicas y culturales es enorme en el país.

Está comenzando a regresar, aún de modo solapado, un eficientismo neoliberal. Puramente ideológico, desconoce las realidades de la universidad pública actual. Hasta qué punto las palabras que revelamos aquí se harán públicas y regirán las políticas oficiales, es aún una incógnita. La profunda ignorancia sobre las universidades puede terminar desatando irrefrenables fantasmas del pasado.

Buenos Aires, Argentina / Mayo 2016 /Autor:Alejandro Grimson. Fuente: .pagina12.com.arFuente artículo: http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299222-2016-05-13.html

Fuente de la imagen: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209403227140080&set=pb.1306569157.-2207520000.1463221868.&type=3&theater (Fernanda Saforcada, CLACSO)

Socializado por: Carlos A. Bracho León

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Chile: Rector U. Católica del Maule: «Es necesario discriminar entre instituciones»

Chile/entornointeligente.com/ 3 de Mayo de 2016

la tercera / ¿Qué le parecen los resultados de la gratuidad?

Se reconoce que hay un esfuerzo del Estado por generar esta alternativa a los estudiantes y a las familias, lo cual se valora. Ahora, hay que mejorar en el futuro, y eso implica un compromiso también de los estudiantes. Los recursos no son elásticos y el país está haciendo un esfuerzo enorme en esto. El alumno con gratuidad, tiene la responsabilidad de aplicarse para que efectivamente el beneficio cubra la totalidad del tiempo de estudio.

De las estimaciones que tenía ¿qué porcentaje menos de alumnos recibirán el beneficio?

Respecto de las proyecciones, bajó un 30%. Son 1.049 estudiantes que quedaron fuera, de ellos 602 pueden apelar y ya hemos trabajado con 200, que es muy probable que sí la obtengan.

Hace algunas semanas se conoció la situación de alumnos de su universidad que aparecían mal pre seleccionados, ¿Qué sucedió con ellos?

A 120 jóvenes no le correspondía la asignación de la gratuidad. A un grupo de 167 era por haber excedido el tiempo nominal de  la carrera. Y hay 108 estudiantes que sólo tendrán gratuidad por un semestre, ya que es lo que les falta para completar la duración de la carrera.

¿Qué cambios necesita la gratuidad para 2017?

Para el año 2017 será necesario mejorar los respaldos técnicos que acompañen el trabajo del Ministerio de Educación, así como la comunicación y el diálogo entre los actores. No basta con las buenas intenciones, es necesario que éstas se transformen en caminos dialógicos que valoren la provisión mixta de la educación. Esto pasa por considerar la experiencia y virtudes, por ejemplo, de las universidades que conforman el Cruch, del mismo modo es necesario valorar el aporte público de otras instituciones fuera del Consejo de Rectores y reconocer su innegable contribución al país.

¿Qué requisitos debieran tener las universidades?

Es necesario discriminar claramente entre instituciones y evidenciar claramente a aquellas que orientan su quehacer desde la perspectiva del negocio o del enriquecimiento, respecto de aquellas que sólo persiguen bienes públicos y cuyos fines no se tensionan con el dinero. Sin embargo, el cambio principal es la capacidad de establecer un gran consenso que ponga a la base el bien común y una mirada país para los próximos 50 años y que no se limite a la mirada exclusiva de los resultados numéricos, sino que considere la cultura y el alma nacional.

¿Qué opina con respecto a la posibilidad de que la gratuidad se presente nuevamente en una glosa?

Es mejor una eventual glosa presupuestaria para abordar la gratuidad que una reforma a la educación que no considere una mirada transversal que garantice una visión de país.

Con Información de la tercera

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/8337509/CHILE-Rector-U-Catolica-del-Maule-Es-necesario-discriminar-entre-instituciones

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