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Luces y sombras de la reforma educativa

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

  • Dos meses de trámite parlamentario a puerta cerrada se han traducido en la aprobación de 320 enmiendas al texto original del Ministerio de Educación y FP para la nueva ley educativa. Un documento que no parece haber concitado, en la calle, todos los apoyos.

La Lomloe, la nueva ley educativa, llega esta semana al Pleno del Congreso en el que, si no hay sorpresas de último minuto, conseguirá los apoyos parlamentarios necesarios para que siga su curso hacia la aprobación.

Más de tres centenares de enmiendas han pasado el corte de las 1.100 que se habían presentado en total. Más o menos una cuarta parte. Las últimas fueron rechazadas o aprobadas en la sesión de la Comisión de Educación del pasado viernes que, durante alrededor de 10 horas, supuso un ejercicio de paciencia y aguante para propios y extraños.

De todas las medidas, más o menos importantes o de más o menos peso, cabrían destacar las conducentes a evitar que continúe acrecentándose la segregación escolar en todo el país (aunque con diferencias autonómicas) y la creación de guetos educativos y, al mismo tiempo, aun no suponiendo la apuesta por el fin de la escuela concertada que ciertos sectores esperan, las diseñadas para poner cierto coto a la privada financiada con fondos públicos.

Guetos, segregación y concertada

Algunas de las medidas aprobadas por el texto y que, presumiblemente, pasarán todos los trámites necesarios, ponen el ojo en uno de los problemas que en los últimos años más ha crecido en el sistema educativo. La segregación, principalmente socioeconómica, de los centros educativos. En la mente, los datos de la Comunidad de Madrid, una comunidad a la cabeza en la formación de centros gueto en los que se reúne, de forma más o menos sobrerepresentada, alumnado de estrato socioeconómico bajo, otro de procedencia migrante, o con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Lomloe trata de abordar este problema otorgando nuevas funciones a las comisiones de escolarización que, además de realizar su trabajo habitual, tendrán que estar atentas a que no se produzca una segregación entre los centros educativos de las zonas de escolarización. Además, existe la pretensión de que esta escolarización tenga en cuenta a la población socialmente heterogénea.

En paralelo, mientras la demanda social desaparece como uno de los criterios que ha de tenerse en cuenta a la hora de la admisión de alumnos, vuelve a tomar peso la cercanía del domicilio al centro educativo.

Parte de las medidas relacionadas con la disminución de los guetos guardan relación con las que pretenden atajar a la concertada, como la eliminación, como veíamos, de la demanda social como criterio de escolarización, o la programación de la red por parte de las administraciones atendiendo a criterios que eviten la segregación.

En este cajón de sastre también podrían contarse la vuelta de tuerca a la prohibición del cobro de cuotas por parte de los centros privados sostenidos con fondos públicos. Una práctica prohibida desde la LODE pero que, de una manera u otra, se ha estado incumpliendo. A partir de la aprobación de la Lomloe, no se podrán pagar estas cuotas voluntarias y se intenta evitar que actividades complementarias por las que se cobra ocupen el horario lectivo o que supongan una discrimación del alumnado.

Estas, y otras medidas, como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción y gestión de centros concertados (que ha supuesto sonados casos de corrupción, amén de dejar a barrios de nueva construcción sin ningún centro público cercano), han encendido los ánimos de la comunidad educativa de la concertada.

Hace semanas comenzaron una campaña bajo el nombre de Más Plurales, en la que han recogido cientos de miles de firmas, además de organizar varias concentraciones frente al Congreso de los Diputados en los últimos días. Una campaña que no parará hasta que consigan paralizar la tramitación de la Ley. Algo que parece complicado.

Educación pública, eje vertebrador

Este ha sido uno de los mantras de la ministra, Isabel Celaá en los últimos meses. Con los cambios introducidos en los últimos dos meses a base de enmiendas, todavía lo será un poco más.

En varios lugares se apuesta por la creación de más plazas públicas. En la media estatal, los centros públicos tienen un peso aproximado del 65% de la escolarización, frente al 35 % de la privada y privada concertada. Claro está que hay enormes diferencias entre territorios como Madrid, País Vasco y Cataluña, en donde el peso de una y otra está mucho más cerca del 50 %, frente a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha… en donde la pública siempre ha tenido que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la población.

Tal vez la materialización más clara de esta intención se refleja en la escuela infantil de 0-3, para la que ya se ha anunciado un programa de cooperación territorial que ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros para la creación de plazas públicas para el ciclo. En la ley también se habla de esto y se deja muy clara la intención de que estas plazas sean, además de públicas, «asequibles», principal problema para muchas familias que, simplemente, no pueden hacerse cargo de los costes. La intención, aumentar la escolarización de un 30 % a, aproximadamente, un 50 %

El artículado también hace referencia a la creación de plazas públicas allá donde sean necesarias. En los últimos años, además de esos barrios que nunca han tenido un centro público, hemos visto cerrar otros por falta de escolares mientras en los cercanos concertados se mantenían los conciertos o aumentaban. El hecho de que la ley recoja que «la Administración debe ofertar plazas públicas suficientes» no es una simple fórmula. Es uno de los elementos para el incremento progresivo de los puestos de titularidad pública.

Bien es cierto que algunas de estas medidas, así como otras que desde la derecha y la concertada católica se han interpretado como un ataque a la libertad de elección de las familias, han sido lo necesario para que el PP avisara a los partidos que apoyan la Lomloe de que, en cuanto esta sea publicada la llevarán ante el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón, como siempre, es quién pagará el desarrollo y puesta en marcha de la nueva legislación. Esta no va acompañada de una memoria económica, aunque ya hace unos días, el Ministerio hizo públicos los datos que le corresponden dentro de los Presupuestos Generales del Estado de aprobarse. Unos 5.900 millones, un 139 % más que el presupuesto anterior y que, lógicamente, juega con un elevado porcentaje de los fondos europeos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Habrá que esperar a ver cómo se traducen estos fondos en las diferentes comunidades autónomas también, pero un paso importante es que el texto legal asume el compromiso, al menos de palabra, de alcanzar en unos pocos años, el 5 % del PIB dedicado a la educación. Hoy estamos por debajo del 4 % y esa diferencia puede suponer unos 10.000 millones de euros más.

Luces y sombras

Como viene denunciando buena parte de la comunidad, la Lomloe no supone ningún cambio en las ratios que rigen el sistema educativo (20 en primaria y 25 en secundaria obligatoria). Unas ratios que solo en parte se están cumpliendo ahora, con la pandemia y que, en buena medida eran superiores en los centros educativos gracias a la excepcionalidad de poder ampliarla un 10 % en el caso de que fuera necesario. La excepcionalidad, durante los años de la crisis se convirtió en la normalidad, con aulas, en la postobligatoria, por encima de los 30 chavales y chavalas.

A esto podríamos sumar otros elementos que han podido pasar más o menos desapercibidos, como el sistema de entrada a la inspección educativa que, de seguir como reza el texto, dejará de ser através de concurso oposición para ser, sin más, una valoración de las aptitudes de quien quiera entrar en esta rama de la docencia.

Y todavía más dudosa es la disposición adicional cuadragésima octava en la que se pone sobre la mesa la posibilidad de retirar a un docente funcionario de la atención educativa directa con alumnado cuando muestre «una manifiesta falta de condiciones para ocupar su puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición». Aclara el texto (aunque no demasiado) que este cambio se produciría como consecuencia de «un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa». No se aclara la base para decidir qué es una manifiesta falta de condiciones para ocupar el puesto.

Aunque la ley realiza algunos avances, de mayor o menor calado, en relación a la inclusión educativa, como la escucha de la preferencia de las familias hacia la escolarización ordinaria frente a la especial; o la apuesta en infantil por la detección precoz y la puesta en marcha de medidas y ajustes razonables, o la consideración de las necesidades educativas a la hora de evaluar al alumnado en las diferentes etapas, el statu quo actual se mantiene, dejando la puerta abierta a la creación de más aulas específicas y centros de educación especial a pesar de las críticas del Comité que vigila el desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/18/luces-y-sombras-de-la-reforma-educativa/

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Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

 

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

 Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del ValleENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

 Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/11/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional-por-daniel-mato/

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Universidades chinas admiten más estudiantes con discapacidad

Colegios y universidades de China registraron un aumento en la inscripción de estudiantes con discapacidades de 2017 a 2019, informó hoy martes la Federación de Personas Discapacitadas de China.

Un total de 12.362 estudiantes con discapacidad fueron admitidos en universidades en 2019, cifra superior respecto a los 10.818 en 2017 y 11.154 en 2018, dijo la federación.

La federación ha trabajado con los departamentos correspondientes durante años para facilitar el empleo de estudiantes universitarios con discapacidades a través de ferias especiales de empleo en línea y presenciales y una plataforma de servicios en línea para ayudar a las personas con discapacidades a encontrar trabajo o a emprender.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139471449.htm

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Colombia: Parche Maestro 2020: inclusión e innovación educativa

América del sur/Colombia/Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • 25 cafés/sesiones de ideación, 10 experiencias de maestros y maestras, seis conversaciones, tres charlas, 25 talleres, una presentación de materiales, dos paneles, cinco países. En total, 1.054 participantes inscritos a cafés/sesiones de ideación y talleres (el resto de actividades se ofrecieron en abierto); pertenecientes a 201 instituciones educativas, ubicadas en 101 municipios colombianos. Este ha sido Parche Maestro 2020, Escuela de verano para, por y de docentes, celebrada entre el 7 y el 11 de septiembre. ¿Celebrada dónde? De manera virtual, “en la red”, debido a la situación de pandemia en que nos encontramos, aunque, en ciertos momentos, se llegó a tener la sensación de que era presencial.

La segunda edición de Parche Maestro se planteó dos elementos claves del quehacer docente: cómo mantener y acrecentar los vínculos entre docentes e instituciones educativas para favorecer una educación que continúe ocupándose de la inclusión social de diversos grupos o poblaciones, y cómo poner en escena el rol de las tecnologías educativas y, por extensión, otras prácticas de innovación educativa, discutiendo sus alcances y reflexionando sobre los asuntos que se pueden o no resolver apelando al uso de plataformas digitales.

Esta segunda edición ha tenido, en su agenda oculta, otro objetivo: ir más allá de los límites locales y regionales, a los que se limitó en su primera edición. Así, podemos decir que la Escuela de verano Parche Maestro ha devenido en un evento educativo colombiano.

La celebración del Parche ha tenido un centro gestor de las redes de comunicación, Medellín; ha contado con unos destinatarios iniciales, las y los docentes de la regiones de Antioquia, Cauca, Córdoba y Santander; ha sumado participantes de otros Departamentos de Colombia (Valle del Cauca, Urabá). Igualmente, han participado maestras y maestros de México y Argentina. Han aportado ideas y reflexiones expertos y expertas de Argentina, Colombia, España, México y Uruguay. Ha contado con dos entidades organizadoras e impulsoras, Fundación Proantioquia (Medellín) y Fundación Kreanta (Barcelona); y con diversos aliados institucionales: USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), Grupo Diverser (Universidad de Antioquia), Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia; sin olvidar en esta alianza a otras entidades que han aportado su apoyo, como el Instituto Humboldt, Plan Ceibal (Uruguay), INSOR (Instituto Nacional para Sordos, que se encargó de la interpretación mediante el lenguaje de signos), Parque Explora, Fundación Compartir, Comfama (Caja de Compensación Familiar de Antioquia), Bancolombia, Editorial Magisterio, Gatoloko Films y Fábula Historias.

Es, pues, una característica significativa a destacar: si el pasado año Parche Maestro, celebrado presencialmente, tuvo un alcance geográfico limitado, este año, gracias a la virtualidad, ha llegado a lugares de la ruralidad colombiana que, de otra manera, hubieran quedado sin poder participar. Ello ha sido posible gracias a que se han dedicado recursos a fortalecer las conexiones digitales, vía Internet, de las instituciones educativas, de manera que las y los docentes pudiesen conectarse con mayor seguridad y fiabilidad.

Además del importante alcance que, en cuanto al número de participantes y de territorios tan diversos, ha tenido Parche Maestro, creemos que, por su carácter singular, es interesante resaltar dos de las actividades realizadas: la exposición de experiencias de maestras y maestros y los cafés/sesiones de ideación.

Las experiencias han representado un verdadero punch vivencial. Maestras y maestros, con atrayentes y hondas reflexiones sobre su quehacer docente, se han desnudado pedagógicamente ante sus iguales y han hablado sobre cómo utilizan en el aula los recursos digitales, el arte, el juego, los museos, el género, el color de la piel, el cuerpo, las emociones. Con un lenguaje directo, el propio de “pares”, han explicado cómo trabajar todas esas temáticas, con qué instrumentos cuentan para ello y qué resultados han obtenido. Han sido verdaderos relatos pedagógicos que nos han enseñado a interpretar el mundo escolar desde el punto de vista de unos protagonistas comprometidos y comprometidas, que han mostrado sus historias de vida diaria en las aulas.

Esta exposición de las Experiencias ha contribuido a poner de manifiesto el saber silencioso construido en la práctica escolar por unos actores que, habitualmente, tienen pocas posibilidades de mostrarlo públicamente y ponerlo al alcance de otros maestros y maestras (proceso colaborativo). A su vez, la explicación pública de las propias experiencias ha servido para que los y las protagonistas realicen un ejercicio reflexivo sobre su propio proceso docente (autoconfianza) que les puede permitir reorientar sus prácticas en el aula (innovación).

Los cafés/sesiones de ideación son una iniciativa que rompe con el rol tradicional de una persona experta que, en mesa redonda, en conferencia o charla, trasmite saberes de forma horizontal, tutti quanti. En este caso, se trata de una conversación “a demanda previa”, centrada en los intereses de un colectivo (miembros de una misma institución o un grupo de docentes del mismo nivel educativo), en la que se mezclan saberes, geografías, paisajes y “obstinación pedagógica” (a decir de Carina Kaplan). Es un espacio para tejer vínculos en grupo, en equipo; para generar relaciones y complicidades interpersonales; para crear un clima de trabajo y compartir valores.

Cada café/sesión ha contado con la participación de una persona experta, pero ha correspondido al equipo directivo desarrollar un liderazgo con el cual se ha conseguido que cada docente se convierta en colaborador de los demás, de acuerdo con el proyecto de centro y que entienda su proyecto como parte del todo. Los cafés/sesiones de ideación persiguen generar confianza en el seno de la institución educativa, permiten a los docentes el aporte creativo, la colaboración con la institución y con sus pares, e involucrarse con sus fortalezas y debilidades. En algunos casos, la acción desarrollada durante el café/sesión de ideación tendrá continuidad y fortalecimiento posterior.

Con este bagaje, Parche Maestro 2020 ha marcado también el inicio de una “escuela de verano permanente”, un continuum formativo y de intercambio de saberes y experiencias entre pares que estará (está) vivo y dinámico a lo largo de cada día del año. Ha dejado de ser únicamente un evento anual para convertirse además en un espacio permanente de diálogo, de “parcheo”, de estar con otros y otras docentes de manera relajada, tranquila, en buen ambiente, compartiendo. Hoy, ese espacio pueden encontrarlo en www.parchemaestro.com. Les invitamos a visitarlo y hacer uso de sus contenidos.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/educacionesenmovimiento/2020/10/21/parche-maestro-2020-inclusion-e-innovacion-educativa/

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Entrevista a Verónica López Leiva: “La inclusión transforma la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables”

Entrevista/América del sur/Chile/eldiariolaeducacion.com

Faltan 10 años para que se agoten los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hay países, como Chile, que aún tienen deberes por hacer, por ejemplo, en materia de educación inclusiva. El avance en este desafío es, precisamente, el motor que mueve desde hace cuatro años el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Mediante el trabajo colaborativo de distintas universidades, el proyecto estudia las lógicas de inclusión y exclusión en el sistema educativo chileno “a través de un enfoque transdisciplinario”, en palabras de su directora Verónica López Leiva. Psicóloga de profesión, López encabeza un equipo de más de una docena de investigadores dedicados a analizar las prácticas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles.

El concepto de inclusión con el que trabajan desde el Centro de Investigación abarca un enfoque muy amplio. ¿En qué se basa?

El trasfondo teórico tiene que ver con la reconceptualización en las ciencias sociales del concepto de la otredad y la diferencia, no solo respecto a la situación de personas con discapacidad, sino también en otros ámbitos como la identidad de género, las minorías étnicas, etc. Sin embargo, es cierto que referentes teóricos importantes vienen del campo de los estudios de la discapacidad que señalan que no es la persona quien tiene una discapacidad, sino que la discapacitamos.

¿Cómo se pueden trabajar estos ámbitos desde la escuela?

Desde sus inicios y desde su función social, en nuestros países, que tienen una historia de independencia, la escuela ha intentado hacer patria, a través de un enfoque con fines muy nacionalistas, para generar una mini sociedad, una mini patria dentro de la comunidad. Es decir, reproducir el papel del Estado a través de la escuela y, generalmente, el Estado es más excluyente que inclusivo. Por eso, primero la escuela fue solo para niños –niños de la elite–. Eso ha ido cambiando en el mundo. En Chile, por ejemplo, este año celebramos el centenario de la primera Ley de Educación Obligatoria para la enseñanza de 1º a 4º básico [de los 6 a los 10 años].

¿En qué punto está Chile, respecto a otros países de América Latina, en la inclusión escolar de niños y niñas de pueblos originarios, discapacidad o diversidad sexual?

Si lo miramos en términos de cobertura, Chile tiene muy buenos números porque más del 90% de los niños está escolarizado. Pero dentro del 10% que falta están sobre todo aquellos con discapacidad, de origen étnico en situación de ruralidad, etc. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad se escolarizan en escuelas regulares o especiales hasta 8º básico [14 años]. Pero menos de un 10% de los estudiantes con discapacidad ingresa luego a la educación media [14 a 18 años], aunque esta es obligatoria. El último estudio de discapacidad que salió en Chile señala que un estudiante con discapacidad del estrato socioeconómico más alto tiene un nivel de escolaridad y rendimiento más alto que una persona sin discapacidad del estrato más bajo. En este país todo está muy marcado por la desigualdad socioeconómica. Este carácter altamente segregador y excluyente de la sociedad chilena se replica en la escuela.

¿Qué obstáculos han identificado para la inclusión en el modelo educativo chileno?

Hay tres nudos críticos a partir de los cuales hemos definido nuevas líneas de investigación y hacemos incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Uno es la lógica de la rendición de cuentas [a través de pruebas]. Hay un problema respecto a cómo definimos la calidad de la educación porque se hace mediante un examen estandarizado a nivel nacional que se realiza anualmente, conocido como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). La prueba define unas áreas estratégicas que suelen ser lenguaje y matemáticas, que se transforman en áreas de riesgo: si te va mal pierdes mucho y si te va bien ganas mucho. Eso hace que dejes fuera el resto de áreas y a los niños que les va peor en las estratégicas. Este es un factor importante de exclusión y segregación.

¿Y los otros dos?

El segundo es un sistema de financiamiento basado en la lógica de voucher, una financiación no basada en la educación, sino en un sistema de subvención a demanda que acaba tratando a los padres como clientes. En Chile, las escuelas no reciben financiamiento por ser escuelas, necesitan tener niños y que estos asistan regularmente para que el Estado les entregue dinero. Ahora, con la pandemia, el Ministerio de Educación insiste en el retorno a los colegios y, si bien hay algunos argumentos que son ciertos, como la importancia de la presencialidad, uno se pregunta si eso no tiene que ver con el sistema de financiamiento, porque en la medida que las escuelas no tienen niños asistiendo no reciben la subvención, que son una de las puntas de las anclas del sistema educativo neoliberal. El tercero es confundir la integración con la inclusión, es decir, pensar que la inclusión tiene que ver con niños diferentes a mi hijo pueden entrar [a ser parte de un colegio], pero que se las arreglen solos. Eso es integración, porque la inclusión –como constructo político– aboga por la transformación de los sistemas educativos: transforma los currículums, la gestión, la organización, las prácticas pedagógicas y la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables.

Hay centros educativos que optan por separar al alumnado que convive con una discapacidad, o a niños, niñas y niñes trans, por ejemplo. ¿Es posible trabajar con un enfoque inclusivo desde ahí?

Esta discusión tan propia del mundo de la discapacidad, hoy se traslada al mundo trans y a otros. Por ejemplo, a pesar de que en Chile tenemos nueve etnias reconocidas, oficialmente, no está considerado un país plurinacional. No se reconoce más que la lengua española y eso tiene efectos respecto a la educación multicultural porque el Estado no obliga a aprender las lenguas de estas etnias. Algunas escuelas en el sur, como en La Araucanía, dicen tener proyectos educativos interculturales pero, en realidad, son escuelas con una mayoría de niños mapuche. Al final, lo que termina produciéndose es una segregación porque los niños están en un contexto donde, socialmente, sus pares son iguales a ellos. La inclusión tiene que ver con la gestión de la heterogeneidad: de credo, identidad de género, visión política, origen étnico, etc. Es cierto que este niño puede estar victimizado, ser víctima de bullying o incluso intentar un suicidio, pero es el dilema de siempre. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que atienden solo estudiantes que conviven con una discapacidad o que se definen e identifican como trans. Ahí se plantea la discusión entre el deber del Estado y el bien común de la sociedad versus el interés de los padres y lo que es mejor para ese niño o niña.

¿Qué han observado en materia de educación inclusiva durante esta pandemia y en el contexto de la emergencia sanitaria que aún atravesamos?

En relación a la inclusión educativa en contexto de pandemia han sido muy evidentes las diferencias que se producen por la brecha digital. Entre el 80 y el 90% de los estudiantes con niveles socioeconómicos más altos del sector oriente [más acomodado] de Santiago tienen acceso a un ordenador con buena conexión a Internet; en cambio, en el sector poniente [más vulnerable] eso no llega al 30%. Los niños no tienen ordenador, ni buena cobertura en algunos sectores. Hay otros países como Paraguay, Uruguay o Argentina que están trabajando para disminuir esa brecha digital de forma rápida y en Chile esto no ha ocurrido. Uno hubiera esperado más para disminuir la brecha digital de forma más rápida.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/08/la-inclusion-transforma-la-creencia-sobre-quienes-pensamos-que-son-los-ninos-mas-educables/

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El dictamen de la ONU sobre la inclusión en España tendrá escaso impacto en la Lomloe

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

  • A pesar de que algunos ven en este dictamen un nuevo «varapalo moral» a la actuación de España en relación a la educación inclusiva, su impacto en el posible futuro desarrollo de la ley de educación parece menor.

«Como jurista me siento avergonzado». Juan Rodríguez Zapatero, abogado de cabecera de quienes defienden la inclusión educativa, es tajante. La situación vivida por Rubén Calleja desde 2009 (mal trato recibido por parte de su profesorado en primaria, escolarización en un centro de educación especial a pesar de la negativa de sus padres, o el hecho de ver a estos sentados ante el juez acusados de abandono familiar) y sus padres, Lucía Loma y Alejandro Calleja, ha sido el detonante del último dictamen de la ONU en el que se vuelve a criticar con dureza al Estado por sus (escasas) políticas educativas de inclusión.

Rodríguez Zapatero cree que el dictamen tiene una lectura política, moral: «Un claro varapalo que confirma y reitera que el Estado sigue sin cumplir» lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En la línea, recuerda, del informe que en 2018 señalaba el incumplimiento sistemático de ese documento, ratificado por España en 2008. Rememora el abogado, además, el artículo 96 de la Constitución que dice: «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno».

Pero, a pesar de llevar ya dos tirones de oreja por parte del Comité de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención, parece que un cambio legislativo en la línea de apostar rápidamente por una única vía ordinaria de educación, no va a llegar con la Lomloe.

Joan Mena, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en la Comisión de Educación, asegura que están trabajando junto al grupo socialista y al Ministerio de Educación en las enmiendas a la Lomloe que, si no hay nuevas prórrogas, comenzaría hoy el plazo de tramitación de enmiendas parciales, después de 13 prórrogas desde el 31 de marzo.

El portavoz de la formación morada asegura que trabajan para que se garantice el derecho de cualquier familia a escolarizar a sus hijos e hijas en centros ordinarios si así lo desean. Un primer paso, afirma, hacia la inclusción educativa.

La eliminación de la doble vía con centros especiales y aulas específicas en centros ordinarios no entra hoy por hoy en la órbita ni del Ministerio de Educación ni de los dos partidos que conforman el Gobierno. Mucho menos en la de la oposición, con el PP a la cabeza, que ha participado de esta discusión siendo la defensora del derecho de las familias a elegir centro educativo, en principio, cuando este es de educación especial (mayoritariamente concertados).

Mena asegura que el escenario del sistema único de escolarización es el que les gustaría pero hoy no parece posible.

Para Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, ya desde la LOE de 2006 ha habido «voluntad» de caminar hacia la mayor inclusión posible. Y, ahora, con el texto de la Lomloe «se propician cambios para acentuar más» esta tendencia, como los relativos al artículo 74 y a la disposición adicional cuarta (que prevé un plazo de 10 años para que el sistema ordinario tenga los recursos necesarios para desarrollar la inclusión de todo el alumnado).

EL secretario de Estado asegura que ahora, una vez en el Congreso, el texto no está en manos del Ministerio, aunque, dice, «no me extrañaría nada que hubiera enmiendas en esa dirección», es decir, en la de ahondar más en la inclusión.

Pero el texto de la ley sigue manteniendo la posibilidad de escolarización tanto en los centros educativos especiales como en las aulas específicas. Bien es cierto que introduce cambios de cierto calado en lo relativo a los dictámentes psicopedagógicos de escolarización que en buena parte de los casos son el germen de una segergación que las familias, primero, no quieren y, segundo, les cuesta años y una gran cantidad de recursos revertir por la vía judicial.

A pesar de esta situación, para Enrique Galván, director de Plena Inclusión, pasos como el de este dictamen o el del informe de la ONU de 2018 pueden suponer que el texto de la Lomloe se acerce, un poco más, a la inclusión educativa. Desde la organización no defienden el cierre de los centros educativos especiales, ni siquiera cree que este vaya a suceder, al menos, en un corto plazo.

Para Galván, el quid de la cuestión es que el Estado, las administraciones, vean la cuestión de la inclusión no como una metodología o como un principio. «No incorporan una visión de Derechos Humanos». Critica, en el caso de Rubén Calleja (uno de los más emblemáticos de los sucedidos en los últimos años), que una familia ha de estar litigando durante años con la Administración pública para que esta cumpla con el derecho que asiste a este joven y que queda reflejado en la legislación española.

A los responsables políticos les falta conciencia de lo que supone la inclusión, cree Galván. Es decir, «una reforma del sistema educativo (no una adaptación del chaval al sistema) no de la educación especial», asegura. Esto requeriría, entre otras cosas, un cambio en la formación del profesorado, en la accesibilidad de los centros educativos; un trabajo con las AMPA para evitar el estigma según el cual, que haya alumnado con necesidades educativas especiales supone la bajada de aprendizaje del resto de compañeros; una mayor personalización y recursos para apoyos en la escuela ordinaria,… Un largo etcétera que necesita de recursos. De muchos rescursos económicos.

Alejandro Tiana insiste en la necesidad de que el movimiento por la inclusión vaya más allá del sistema educativo para que consiga la fuerza necesaria para convencer a la sociedad de que aquella, la inclusión, es beneficiosa para el conjunto. Y en cada paso del camino preguntarse «¿hasta dónde podemos llegar?». Certifica, el secretario de Estado, la dificultad en este campo, en el que la discusión sobre la posibilidad de que todo el alumnado, sea cual sea su circunstancia, pueda estar en los mismos centros. Una discusión que ocurre, incluso, entre los colectivos de personas afectadas.

«La reforma educativa podría ser una oportunidad si sacamos la lucha partidista y nos enfocamos en la mejora», asegura Enrique Galván. Aunque también tiene claro que en la coyuntura actual, con la Covid-19 desbaratando de muchas maneras el normal curso lectivo, va a ser muy complicado conseguir acercar posturas o que la inversión educativa aumente lo necesario. En cualquier caso, para él, la inclusión es un proyecto a largo plazo y que no se podrá solucionar en una legislatura.

Más alla de la Lomloe. Otros efectos del dictamen

Además de este «varapalo moral», Rodríguez Zapatero señala las posibles consecuencias del texto. En él se recogen algunas recomendaciones en relación a la legislación educativa española y otras cuestiones de obligado cumplimiento que tienen que ver con resarcir tanto a Rubén Calleja como a sus padres: indemnización económica por las costas de todos los juicios que han tenido que realizar hasta la fecha, por los daños morales causados en este tiempo, el que se asegure la matrícula en un ciclo formativo de FP en condiciones de inclusión. También ordena una investigación en relación a las denuncias de mal trato y discriminación que han interpuesto sus padres a lo largo de los años («y asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles»), el reconocimiento de la vulneración de los derechos de Rubén a una educación inclusiva y a «una vida libre de violencia y discriminación». El dictamen también exige que el Estado dé publicidad al propio texto, «en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población».

En este sentido, Rodríguez Zapatero, que ha estado ayudando y asesorando a la familia Calleja Loma desde el inicio del proceso, afirma que, aunque la Convención no se haya visto transpuesta en el ordenamiento jurídico español con un texto que determine, por ejemplo, el tipo de indemnizaciones que el Estado tendría que pagar en casos como este, hay un precedente que puede ayudar a la familia a dar pasos en esa dirección a partir de ahora.

El dictamen habla de resarcimiento. Pero no es el Estado el que lo hará motu proprio, sino que la familia tendrá que reclamarlo. Y Juan Rodríguez señala un precedente que puede ayudar en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2018 en la que se impuso al Estado a pagar una indemnización a una madre por los daños morales causados por el asesinato machista de su hija. La sentencia vino provocada por un dictamen del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, explica el abogado. Rodríguez asegura que el funcionamiento de ambos organismos es muy similar y que podría ser esta una vía para la reclamación: el Tribunal Supremo.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/23/el-ultimo-dictamen-de-la-onu-tendra-una-incidencia-escasa-en-el-proyecto-de-la-lomloe/

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Propuestas para favorecer la educación inclusiva en tiempos de coronavirus

Por Educaweb

La pandemia ha disparado la exclusión educativa del alumnado pobre, las mujeres y las minorías sociales, y más del 40% de los países con ingresos medios y bajos no han prestado atención a estos estudiantes vulnerables, según un estudio reciente de la UNESCO

La educación a nivel mundial, con o sin coronavirus, está marcada por la exclusión, especialmente de los pobres, las mujeres y las minorías sociales, étnicas y/o culturales. No obstante, la pandemia ha empeorado la exclusión educativa de estos colectivos, asegura la UNESCO en su nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: inclusión y educacióntambién conocido como GEM 2020y que se ha lanzado recientemente.

Y es que el 40% de los países con ingresos bajos y medianos no han prestado apoyo a los y las estudiantes desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas, desvela el estudio, que analiza los progresos de 209 países en materia de educación inclusiva. También señala que menos del 10% de los gobiernos del mundo poseen leyes que ayuden a garantizar la plena inclusión de la educación.

Bajo el lema ‘todos significa todos’, el estudio destaca que un total de 258 millones de niños y jóvenes quedaron absolutamente excluidos de la educación durante el confinamiento, lo que equivale al 17% de la población en edad escolar a nivel mundial.

Por ello, la UNESCO insta a la sociedad y a los gobiernos a centrar sus esfuerzos en los alumnos y las alumnas que se han quedado atrás debido al confinamiento, y que cuando las escuelas reanuden su actividad se haga especial énfasis en su educación, con el objetivo de favorecer sociedades «más resilientes e igualitarias».

«Repensar el futuro de la educación es más importante tras la pandemia del COVID-19, que exacerbó y puso de relieve las desigualdades. Si no se actúa, se obstaculizará el progreso de las sociedades», ha señalado la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, en un comunicado.

El panorama de la inclusión educativa en España

El informe analiza cómo se encuentran los países en cuanto a inclusión educativa y analiza las variables que inciden en la exclusión: el género, la edad, la ubicación, la pobreza, la discapacidad, la etnia, el idioma, la religión, la condición de migrante o desplazado, la orientación sexual o la expresión de la identidad de género, entre otras. En el caso de España, el informe destaca lo siguiente:

La tasa alta de repetidores en España agrava la exclusión

La tasa de repetición en Educación Secundaria ha registrado un 8,5% en España en 2016, siendo la segunda más alta de Europa después de Luxemburgo, que ha registrado 10,2%. Esto supone todo un reto, ya que la repetición escolar está ligada al abandono escolar temprano y por ende a la exclusión educativa y social.

La segregación escolar está al alza

En los países de la OCDE, entre ellos España, dos de cada tres estudiantes inmigrantes asisten a escuelas donde casi la mitad del alumnado es inmigrante también. Aunado a esto, las escuelas y aulas con alumnado más vulnerable tienen más probabilidades de contar con maestros y maestras menos cualificados.

Se ignoran los beneficios de aceptar y valorar la diversidad

En Europa, 23 de 49 países, entre los que se encuentra España, no abordan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género en sus planes de estudios, lo que constituye un factor importante de exclusión educativa.

Falta formación docente en la diversidad y la inclusión

Poco más de la mitad del profesorado en España considera que adapta su enseñanza a la diversidad cultural de los estudiantes «bastante» o «mucho», y casi el 30% de los directores escolares de secundaria obligatoria advierte que hay una gran necesidad de desarrollo profesional para promover la equidad y la diversidad en los centros educativos.

El informe también advierte que algunos docentes de secundaria en España tienen bajas expectativas respecto a los logros académicos de los estudiantes inmigrantes, lo que aumenta la probabilidad de que estos abandonen de manera prematura la educación.  Por ello, se requiere de mayor formación docente en aspectos relacionados con la diversidad y la inclusión.

Cómo favorecer la educación inclusiva ante el coronavirus

Para promover la educación inclusiva, especialmente en tiempos de coronavirus, la UNESCO ofrece 10 recomendaciones:
1. Entender la educación de manera más amplia e implantar políticas inclusivas
La educación debe incluir a todos los y las estudiantes, independientemente de su identidad, origen o capacidad, apunta la UNESCO. Para ello se requieren más leyes, políticas y prácticas en este principio, que valoren la diversidad y garanticen la inclusión en todos los ámbitos y todas las edades. También se debería adoptar una perspectiva inclusiva al preparar los planes del sector educativo.
2. Centrar la financiación educativa en el alumnado más vulnerable
Los gobiernos deben asignar financiación para fomentar un entorno de aprendizaje inclusivo para todo el alumnado, así como financiación específica para darle seguimiento al más rezagado o que no tiene acceso a la educación.
3. Compartir competencias y recursos dedicados a la inclusión
La UNESCO señala que los recursos para abordar la diversidad son escasos y están concentrados en pocos centros educativos. Por ello se necesitan mecanismos e incentivos para trasladarlos a todas las escuelas.
4. Tener en cuenta a las comunidades y las familias en las políticas de inclusión
Los gobiernos deben abrir espacios para que la comunidad educativa y la sociedad expresen sus preferencias al elaborar políticas de inclusión en la educación. También las escuelas deberían desarrollar el diálogo con los padres y madres sobre el diseño y la aplicación de las prácticas escolares inclusivas.
5. Establecer cooperación entre los distintos ministerios, sectores y niveles gubernamentales
Todos los ministerios que comparten la responsabilidad de la educación inclusiva deben colaborar de manera conjunta para definir las necesidades, intercambiar información y desarrollar programas específicos.
6. Dejar espacio para que las ONG cuestionen y supervisen la inclusión educativa
La UNESCO recomienda a los gobiernos mantener el diálogo con las ONG dedicadas a la educación para garantizar que sus servicios conduzcan a la inclusión. También propone que las administraciones permitan a las ONG supervisar los compromisos de los gobiernos en educación inclusiva y defender a los estudiantes excluidos.
7. Hay que asegurar que los sistemas inclusivos desarrollen el potencial de cada alumno
Los niños y las niñas deben aprender en base a un mismo plan de estudios que reconozca la diversidad y responda a sus necesidades particulares. Asimismo, la infraestructura escolar no debe excluir a nadie y debe aprovecharse el potencial de la tecnología, especialmente en tiempos de coronavirus.
8. Preparar, empoderar y motivar al personal educativo
La educación inclusiva debe ser un aspecto central en la formación inicial y continua del profesorado. Asimismo, la diversidad del personal educativo fomenta la inclusión.
9. Recopilar y evaluar datos sobre y para la inclusión educativa
Los ministerios de educación deben colaborar con otros para reunir datos poblacionales y educativos que permitan analizar el estado de la educación inclusiva, evaluarla y así poder planificar estrategias de actuación.
10. Fomentar el intercambio de experiencias en inclusión educativa

La UNESCO insta en su informe a promover entre todos los agentes educativos el intercambio de buenas prácticas en inclusión educativa, ya sea a través de redes de docentes y plataformas regionales mundiales.

Un vídeo divulgativo de la UNESCO con algunas propuestas para propiciar la educación inclusiva
Imagen y vídeo: UNESCO

¿Sabías que…?

Coincidiendo con el lanzamiento del informe GEM 2020, la UNESCO lanzado un sitio web con información sobre leyes y políticas relacionadas con la inclusión en la educación en cada país del mundo.

  •  Las condiciones ambientales y físicas de los centros pueden generar exclusión educativa. En España, por ejemplo, se ha evidenciado que el alumnado expuesto a altos niveles de contaminación en la escuela tiene menos desarrollo cognitivo y aprende menos que los estudiantes de centros menos contaminados, explica el estudio de la UNESCO citando los resultados de una investigación realizada en Barcelona.
  • Cuando los estudiantes están inadecuadamente representados en los currículos y libros de texto pueden sentirse excluidos. En España, por ejemplo, hay una baja representación de las mujeres en los libros de texto: la proporción de personajes femeninos es solo del 10% en primaria y el 13% en secundaria. Además, solo el 0,6% de los libros de texto de Educación Física de primaria, publicados entre 2006 y 2013, incorporan personas con discapacidad.

Fuente: https://www.educaweb.com/noticia/2020/07/02/propuestas-unesco-favorecer-educacion-inclusiva-tiempos-coronavirus-19253/

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