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En Argentina, aprobada la Ley de Egreso: una ayuda para los adolescentes sin cuidados parentales

América del Sur/Argentina/LaNacion.com
En la Argentina hay 14.675 niños y adolescentes privados de cuidados parentales, es decir, que debieron ser desvinculados de sus familias de origen por situaciones de abandono, abuso o violencia y alojados al cuidado en instituciones especiales. Al cumplir 18 años deben abandonar esos institutos, pero la enorme mayoría no cuenta con apoyo ni herramientas suficientes para enfrentar la vida adulta.

Ante este problema, el Senado aprobó, ayer, por unanimidad una ley que establece un programa de egreso integral para jóvenes de entre 13 y 21 años sin cuidados parentales. El plan incluirá el otorgamiento de un beneficio económico equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil -que hoy es de $ 8060- a ser percibido cuando egresen de las instituciones hasta los 25 años. Como contrapartida deben continuar sus estudios, capacitarse laboralmente o trabajar.

«El Plan de Egreso Integral permitirá que los jóvenes sin cuidados parentales realicen una transición saludable, planificada, gradual y acompañada a la vida adulta, proporcionándoles oportunidades para el desarrollo de habilidades de autocuidado», expresó Carrizo.

La senadora Sandra Giménez (FPV-Misiones) elogió el propósito de la ley porque «significará una oportunidad» para aquellos jóvenes hoy contenidos en institutos de cuidados formales. «Difícilmente podamos dimensionar lo que significa para ellos enfrentar en soledad la vida adulta sin apoyo familiar. Con esta norma se les garantizará un acompañamiento integral para fortalecer su autonomía», exaltó.

En un relevamiento realizado por Unicef, Flacso y la Asociación Civil Doncel, publicado a fines de 2015, quedó en evidencia la problemática sobre la difícil inserción social de los jóvenes sin cuidados parentales. De ese informe se desprende que sólo la mitad de los egresados participó en la decisión de dejar el hogar en el que se encontraba. El 50% no recibió información sobre empleo y vivienda antes o después de egresar. Los jóvenes, a su vez, manifestaron que recién se sintieron listos para vivir solos a partir de los 20 o 21 años.

Mariana Incarnato, directora ejecutiva de la asociación civil Doncel, elogió la sanción de la ley porque, según indicó, apunta a subsanar la «falta de políticas a nivel nacional que garanticen apoyo económico y emocional» para este grupo de jóvenes.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2029280-una-ayuda-para-los-adolescentes-que-salen-de-institutos

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UNICEF cifra en 2,7 millones los niños acogidos en instituciones en el mundo

UNICEF/LaInformacion.com

Advierte de que el dato es la «punta del iceberg» puesto que muchos países carecen de registros adecuados

Al menos 2,7 millones de niños viven acogidos en instituciones en todo el mundo, según los últimos datos publicados este jueves por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que ha advertido de que esta cifra probablemente es solo «la punta del iceberg» ante los problemas para recabar datos y la imprecisión de los registros en buena parte de los países.

Esta cifra se basa en los datos recabados por UNICEF en 140 países. Europa Central y del Este tienen las mayores tasas del mundo, con 666 niños de cada 100.000 viviendo en instituciones, más de 5 veces más que la media mundial (120 niños por cada 100.000).

Los países industrializados, y Asia oriental y la región del Pacífico ocupan el segundo y tercer lugar, con 192 y 153 niños por cada 100.000, respectivamente, ha precisado la agencia de la ONU en un comunicado.

 «Con la acogida en orfanatos o instituciones, los niños que ya son vulnerables debido a la separación familiar están en un mayor riesgo de sufrir violencia, abusos o daños a largo plazo en su desarrollo cognitivo, social y emocional», ha subrayado director asociado de Protección Infantil en UNICEF, Cornelius Williams.

«La prioridad es evitar la acogida institucional y mantenerlos con sus familias, especialmente en los primeros años», ha sostenido. En este sentido, UNICEF ha instado a los gobiernos a reducir el número de niños en instituciones mediante la prevención de la separación familiar cuando sea posible, y la búsqueda de casas en entornos familiares, como hogares de acogida.

Además UNICEF ha recordado que se necesita una mayor inversión en programas familiares basados en la comunidad. De acuerdo con los datos de la investigación, algunos de los principales factores que causan el ingreso en centros son la desintegración familiar, problemas de salud, discapacidad, pobreza o un acceso deficiente o desigual a los servicios sociales.

FALTA DE DATOS

Por otra parte, el estudio pone el acento en que todavía hay muchos países que carecen de un sistema funcional para recoger cifras exactas del número de niños en situaciones de cuidado alternativas. En muchos países las cifras oficiales solo recogen una pequeña parte del número real de niños que viven en instituciones, y a menudo los que están en centros privados no se registran.

«Es fundamental que los gobiernos tengan listados exactos y completos de todas las instalaciones de acogida, y también que hagan recuentos regulares de los niños que viven en ellas, para ayudar a fortalecer los registros oficiales», ha defendido Claudia Cappa, especialista en estadística de UNICEF y coautora del estudio. «Así seremos capaces de medir el alcance del problema y trabajar con los gobiernos para dar una respuesta eficaz», ha concluido.

Fuente: http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/UNICEF-cifra-millones-acogidos-instituciones_0_1031597204.html

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Argentina: Por unanimidad, sancionaron una ley para prevenir el ciberacoso

Argentina/ 23 de mayo de 2017/Fuente: http://www.chacodiapordia.com

La iniciativa impulsa acciones de promoción que sirvan para identificar el delito y poder prevenirlo. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social. La diputada Celeste Segovia, abogó por el “compromiso en el cuidado de la niñez” como una “responsabilidad de toda la sociedad”.

El Parlamento chaqueño sancionó la ley que establece la «obligatoriedad» de realizar avisos publicitarios destinados a brindar información para la prevención del delito de ciberacoso de menores.
La autora de la iniciativa, Celeste Segovia, agradeció a la Comisión de Legislación General y al personal legislativo por el ímpetu de «avanzar en el compromiso de aprobar el proyecto».
También destacó las acciones en cuanto a las jornadas que se llevan adelante en los distintos ámbitos para aprender «el lenguaje de los chicos» en cuanto a las nuevas tecnologías.
«El ciberacoso en general es el uso de información electrónica para acosar a un individuo y constituye un delito penal en muchos países. La ley que estamos por aprobar es bastante amplia porque habla del ciberacosos a menores. El grooming tiene fin sexual a menores de edad y se usa a través de Internet y de todas las tecnologías actuales», precisó la diputada justicialista, quien llevó al Recinto la opinión favorable también del Ministerio de Desarrollo Social.
Advirtió que los acosadores cibernéticos «ganan la confianza de niñas y niños, crean lazos emocionales y abusan de ellos. El groomer puede tener lugar en cualquier ámbito y pueden ser de cualquier edad y estrato social y económico».
Apeló a la ley 7162 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, marco del marco del despacho favorable de la Comisión de Legislación, basada en el «compromiso en el cuidado de la niñez como una corresponsabilidad de toda la sociedad».
El legislador del PRO, Luis Obeid celebró la visibilización que le otorga la sanción de una ley a un delito que afecta de manera particular a la niñez. Y recordó el caso de Micaela Ortega, mencionado en la iniciativa, una niña de 12 años que «fue engañada con una identidad falsa de Jonathan Luna, de 27 años, haciéndose pasar por una nena de 12 años. Empiezan con un diálogo y posteriormente se citan y ese fue el día fatal para que este tipo la violente y la mate». «Ojo con esto», advirtió Obeid y afirmó: «Quiero aprovechar esta oportunidad para poner en alerta a más de un padre. Esto es lo grave del grooming, por eso levanto las dos manos, no una».
La titular de la Comisión de Salud, la radical Mariana Salom coincidió con sus pares preopinantes y añadió la cuestión de la extorsión con que el acosador también influye en niños y niñas. «si bien hay distintas formas de grooming también se hackean cuentas. Y muchas veces los papás no llegan a conocer todas las tecnologías. Hay formas de cuidarlos a través de la configuración, de estar atentos y de protegerlos», dijo Salom apelando a que las publicidades se hagan en ese sentido.
Inclusión de niños y niñas a espectáculos recreativos

Posteriormente, también por unanimidad, abordaron el proyecto 4349 que establece el acceso gratuito a espectáculos públicos para niñas, niños y adolescentes alojados en instituciones públicas.

La iniciativa, de autoría de la presidenta del Poder Legislativo, Élida Cuesta, acumuló un proyecto similar del diputado Darío Bacileff Ivanoff, quien tomó la palabra en el Recinto.

«Tiene que ver con el cumplimiento por parte del Estado, de principios, garantías y obligaciones de los derechos del niño, para incluirlos en los espectáculos públicos, cuando se trate de niños institucionalizados», expresó el legislador, previo a que la iniciativa se sancione por unanimidad.

Fuente de la Noticia:
http://www.chacodiapordia.com/legislativas/noticia/122831/por-unanimidad-sancionaron-una-ley-para-prevenir-el-ciberacoso

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México: Implementarán acciones contra delincuencia infantil

México/Abril de 2017/Fuente: El Sol de México

Este mes de abril en que se celebra el Día del Niño, los sistemas nacional, estatales y municipales de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Secretaría de Gobernación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México dan entrada a la iniciativa “Juguemos en las Calles”, que busca celebrar a la niñez, hacer visible que son titulares de sus derechos y que cada rincón del país debe ser un espacio propicio para su desarrollo y bienestar.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, secretario de Derechos de la Niñez, urgió a crear una coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez que agilicen la atención a problemas como el embarazo y trabajo infantil, menores migrantes que se desplazan solos y la atención temprana, entre otros, en tanto que la diputada de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, también secretaria de dicha comisión legislativa, llamó a sumar esfuerzos desde el Congreso y el Gobierno federal para implementar acciones que contribuyan a combatir los índices de delincuencia infantil.

La Secretaría de Gobernación y Unicef, al impulsar la iniciativa “Juguemos en las Calles”, buscan que el 30 de abril la niñez en México, que representa a un tercio de la población total, salga a la calle a festejar su día en plazas, centros recreativos y deportivos, con el propósito de promover y ejercer su derecho a jugar, al esparcimiento, al deporte y al descanso de forma segura y en paz.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno realizarán diversas actividades durante todo este mes, como carreras, convivencias, picnics, conciertos y murales.

Este derecho está mandatado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en su capítulo Décimo Segundo, artículos 60 y 61, donde se establece que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento”.

Además que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad.

En la generación y recuperación de entornos seguros e incluyentes, se tomará en cuenta el interés superior de la niñez. De esta forma, las niñas y los niños tendrán prioridad en estos espacios seguros para el ejercicio y goce de su derecho al juego en libertad, lo que  beneficiará a la comunidad en sus relaciones sociales y las hará más fuertes y unidas.

URGENTE AVANZAR EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Mientras que en la Cámara de Diputados, el legislador perredista, Rafael Hernández Soriano, secretario de Derechos de la Niñez, informó que recientemente se reunió con las nuevas autoridades del DIF nacional y evaluaron acciones que se dan en el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, en donde identificaron puntos de coincidencia pero con limitado alcance porque son esfuerzos dispersos.

Dijo que es urgente avanzar en la materialización de los derechos de la niñez, especialmente porque hay que atender fenómenos que se están dando en varias ciudades, el embarazo temprano que está creciendo mucho en zonas urbanas, el matrimonio infantil que no deja de ser preocupante y que también se presenta en zonas urbanas como en zonas rurales, el trabajo infantil que se está dando en el sureste y los fenómenos de atención a niños migrantes no acompañados que se está dando en la frontera sur como en la frontera norte.

Estos fenómenos requieren atención local y que no se refieren a una sola situación de la niñez, sino a varias que se están dando regionalmente que requieren respuestas articuladas, dijo.

“Hay esfuerzos pero son aislados, algunos de la administración pública federal, otros de legisladores federales, otros de legisladores locales y entonces, por lo tanto tenemos que llevar al seno de algún ente que concentre todos esos esfuerzos para coordinarlos y que se materialice el respeto a estos derechos de la niñez”, indicó el diputado federal del PRD.

Agregó que a pesar de los avances normativos y algunas políticas públicas no hay un respeto y atención a todos los derechos que establece la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ello, propuso  que para agilizar todo el bagaje normativo que tiene que concretarse también en las entidades federativas para armonizar las políticas públicas que se están generando a nivel federal y en algunos Estados con los demás y también compartirlas para que genere una coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez, en donde haya intercambio de los avances en cada entidad así como en la federación para que las demás autoridades se vayan aterrizando y armonizando las leyes.

Desde la Comisión, agregó, “vemos coincidencias de muchos funcionarios federales de esta administración respecto a la necesidad estratégica y de futuro de atender a la niñez de una vez por todas, por ello es urgente articular la coordinación nacional de legisladoras y legisladores pro derechos de la niñez”.

Recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, sin embargo, hemos coincidido con tantos funcionarios que no se ha concretado mucho de lo que es señalado en esta ley como derecho o políticas públicas.

Niños migrantes . Imagen Ilustrativa. Foto: Archivo OEM

Niños migrantes . Imagen Ilustrativa. Foto: Archivo OEM

COMBATIR DELINCUENCIA INFANTIL

Por otra parte la diputada de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila llamó a sumar esfuerzos desde el Congreso y el Gobierno federal para implementar acciones que contribuyan a combatir los índices de delincuencia infantil.

Dijo que ante los recientes casos de violencia entre menores, “el estado mexicano no debe ser omiso y debe impulsar políticas públicas para dar a los niños y jóvenes mejores oportunidades, tanto de estudio como de empleo”.

Dijo que a pesar de que existe ya la ley en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, “desde el Legislativo debemos trabajar para robustecer la ley y aumentar las penas por el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado”.

La también Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez dijo que en México hay al menos 12 mil menores de edad presos, de éstos, cinco mil por la comisión de delitos graves, por lo que es necesario trazar acciones para evitar que los niños caigan en manos de la delincuencia.

Además, señaló que en el contexto de pobreza y la falta de acceso que se viven en algunos Estados del país, muchos niños han caído en las redes de la delincuencia en el que viven, es fácil que los menores se encuentren en la vulnerabilidad e indefensión.

Reyes Ávila recordó una encuesta realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en ocho entidades del país en el 2013, en la que 26 por ciento de los adolescentes de secundaria entrevistados afirmó que “le gustaría parecerse a los narcos”.

Por lo anterior, debemos emprender políticas públicas para que los niños tengan mejores oportunidades y no vean la delincuencia como una “opción de sobrevivencia”.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/640415-implementaran-acciones-contra-delincuencia-infantil

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Centros para menores en Guatemala, infiernos donde la rehabilitación no es posible

Centroamérica/Guatemala/POR AFP

La muerte de 40 adolescentes en un refugio y un motín en un centro correccional en el que murieron cuatro funcionarios, ambos hechos ocurridos en un lapso de menos de 15 días, pusieron de relieve la ineficiencia del sistema de rehabilitación de menores en Guatemala.

Ambos centros ubicados en el municipio de San José Pinula, 10 km al este de la capital, tienen un largo historial de denuncias de abusos y maltratos por parte de funcionarios en contra de los menores.

Las autoridades guatemaltecas ordenaron el martes la investigación de 49 internos de un correccional donde fallecieron dos empleados del centro durante un motín que inició el domingo y provocó la muerte dos más por las graves heridas tras ser trasladados al hospital.

En el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde un incendio produjo la muerte de las 40 menores, se ha denunciado incluso abusos sexuales y se sospecha la existencia de una red de prostitución, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

«El hogar no es abrigo ni protección porque hay denuncias de abusos y mala alimentación, pero lo más grave es que se sospecha que fomentaban la trata de personas, la prostitución y violaciones», dijo a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

Los centros son administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), que actualmente tiene cinco hogares de protección donde se encuentran unos 1.500 menores, y cuatro correccionales con una cantidad similar de internos.

El refugio se mantenía bajo la lupa de activistas debido a reiterados casos de fugas y el despido de funcionarios acusados de cometer abusos.

Para Ibarra, la falta de acción estatal para aplicar las leyes vigentes y la corrupción de los administradores han hecho de esos centros «verdaderos infiernos» de los que no cabe esperar «ninguna posibilidad de rehabilitación».

Ibarra comentó que si los jóvenes llegan a un refugio o correccional es porque no han tenido otras oportunidades, dada la ineficiencia del Estado en procurar educación, salud y condiciones necesarias para una vida digna.

En el Hogar Seguro, además de las 40 jóvenes muertas, el incendio del 8 de marzo causó lesiones a otras 18, de las cuales la mitad fueron llevadas a hospitales especializados en Estados Unidos.

La tragedia en el albergue provocó airadas protestas, principalmente en la capital, con manifestaciones que denunciaron los hechos como un «crimen de Estado».

«Vemos que hay ausencia de un sistema de protección a la niñez y adolescencia. Hay una desarticulación en el trabajo de las instituciones del Estado», dijo a la AFP Sandra López, directora de Prevención de la ONG Refugio de la Niñez.

Lamentó que el Estado carece de programas de atención individualizados para los menores y en los hogares no existe personal especializado.

Ibarra y López coincidieron en que urge mejorar el modelo actual de los refugios y reclusorios, evitar la internación de los menores y revisar los métodos de rehabilitación.

López planteó crear de una escuela de padres para que los progenitores tengan la capacidad para encauzar al menor en rebeldía.

Cuando el país aún no salía del asombro por la muerte de las menores, un sangriento motín estalló el domingo en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II, cercano al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En los correccionales «no hay condiciones dignas y los abordajes a los menores son inadecuados. Por eso no podemos esperar que estos patojos (niños) puedan rehabilitarse», apuntó López.

Los jerarcas de la SBS fueron destituidos tras el incendio en el refugio, y fueron detenidos el extitular de la entidad, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

A raíz del motín, el presidente Morales anunció una reunión urgente con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial para revisar las políticas de atención a la niñez, mientras que un juez ordenó investigar a 20 de los internos por las muertes de los empleados en el correccional.

Fuente: http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Centros-Guatemala-infiernos-rehabilitacion-posible_0_1622837787.html

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Niña denunció abuso en Hogar Seguro de Guatemala antes de morir

Guatemala/21 de marzo 2017/Fuente: TeleSur

Horas antes de morir, Mileny Eloisa Hernández denunció los abusos que padecían las niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
«La verdad aquí (en el Hogar Seguro Virgen la Asunción) nos tocan, las educadoras no dicen nada, nos tratan mal… Eso sí es violación porque a nosotras nos amarran todas las noches», denunció con visible angustia la menor Mileny Eloisa Hernández horas antes de morir en el incendio que dejó como víctimas mortales también a otras 39 compañeras en el albergue.

En un video difundido por el medio local Canal Antigua, Hernández asegura que en el lugar era amarrada, golpeada y recibía otros maltratos de los funcionarios públicos incluidos policías.

«Si uno viene por recibir maltrato de sus padres, no es justo recibirlo aquí también», dijo. 

Las violaciones de los derechos de los menores salieron a la luz desde 2013, sin embargo, el Gobierno de Guatemala no atendió las demandas de justicia.

«Esto se había advertido en repetidas oportunidades. No tuvimos la capacidad de poder anticiparnos a este evento, que no es natural, como una lluvia, un terremoto», aseveró el director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, al diario Prensa Libre.

Añadió que las instituciones en este país «siguen siendo incapaces de hablar entre sí y las reacciones de culpabilizarse unos con otros son evidentes, pero solo son el reflejo de lo que ha venido pasando en los últimos 15 años».

Unas 40 niñas murieron en el incendio en el albergue donde permanecían encerradas bajo llave.

Entretanto, otras menores que permanecían en el lugar también requieren atención por los abusos a los que han sido sometidas. De acuerdo con la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Flor Gómez, al menos nueve menores están bajo cuidados médicos por encontrarse embarazadas.

Fuente de la Noticia:

http://www.telesurtv.net/news/Nina-denuncia-abuso-en-Hogar-Seguro-de-Guatemala-antes-de-morir-20170319-0017.html

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El mundo NO es un lugar seguro para los y las jóvenes institucionalizadas(os).

Por: Luis Bonilla-Molina 

La terrible muerte de las niñas en Guatemala nos alerta sobre una realidad mundial

El repudio y la rabia ante unos hechos que pudieron ser evitados

Las jóvenes, los niños(as), los adolescentes son tod@s tiernamente rebeldes.  Nos muestran el mundo por venir con sus críticas a lo existente y su desprecio por las rutinas instituidas. Son el presente despertando al mañana en clave de melodías, colores en el pelo, garabatos en las paredes, juegos virtuales, nuevos lenguajes encriptados, piercing en los labios, desenfado ante las certezas de los más grandes.

Cuando los mayores olvidamos nuestra responsabilidad con la vida, ya sea al no resistir a sociedades que generan desigualdades, marginación, pobreza y cultura de la posesión o, al olvidar que la tarea más importante que tenemos es la de acompañar y proteger a los más pequeños, entonces la rebeldía acompañada de violencia se multiplica por doquier y surge la solución colectivamente aceptada, de separar a grupos de chicos y chicas, bajo la tutela de los gobiernos.

Para quienes hemos hecho de la pedagogía social y crítica una perspectiva de análisis, militamos en la utopía de otro mundo posible, agradecemos a la vida   -y a nuestras compañeras-  por bendecirnos con la paternidad, nuestra rabia, nuestra indignación, nuestra tristeza, no conoce límites ante hechos como los ocurridos en Guatemala. Nuestras conciencias, nuestros espíritus, nuestras vidas ya no serán nunca las mismas; ese fuego nos alcanzó para reclamarnos, para increparnos, suplicarnos y, para que digamos y hagamos muchas cosas,con el único propósito que nunca más suceda algo tan monstruoso.

Nuevamente son los más jóvenes, quienes nos obligan a movilizarnos, a movernos de nuestra zona de confort, impulsando tareas y moviendo mentes para que esto no vuelva a ocurrir.  No es la primera vez que algo así sucede en el mundo, pero lo cierto es que si no nos movilizamos ahora, volverá a ocurrir en el futuro próximo y, el espejo en casa no será un lugar amigable con nuestras conciencias.

 

El imaginario de las políticas públicas sobre jóvenes institucionalizados

Un(a) joven institucionalizado(a) es aquel que por causas socioeconómicas que coloquen riesgo su salud, existencia, vida o derechos humanos, así como las y los jóvenes en conflicto penal con la ley, son separados de sus familias, para que sean los Estados Nacionales quienes asuman la garantía de sus derechos fundamentales mientras alcanzan una adecuada reinserción social.

Las políticas sociales han variado a través de la historia, expresando correlaciones de fuerzas sociales, paradigmas económicos, políticos, sociales, religiosos, teniendo cada uno de estos factores impacto en legislaciones y acuerdos mundiales. A los efectos de este artículo, me interesa fundamentalmente precisar lo ocurrido desde la segunda guerra mundial, por su importancia en la reconfiguración del mundo, desde ese momento hasta el presente.

Inicialmente presenciamos la tensión entre el abordaje pedagógico activo y la noción de “infante”. Mientras el primero de los enfoques (el pedagógico), influenciado por los textos de Makarenko, enfatizaba en el trabajo como camino para transformar la conciencia, los sectores más conservadores mantenían el concepto de “infante” (el que “no habla”. a quien hay que construirle la conciencia).  En el primero de los casos, la perspectiva psicológica, psiquiátrica, médica, policial y jurídica,era complementarias o coadyuvaban a la consolidación de aprendizajes para la vida; en el segundo de los casos el cuerpo y la consciencia eran objeto de cosificación normativa para enseñar a ser.

En la década de los setenta del siglo XX se produce un vaciamiento de la perspectiva pedagógica en el abordaje del tema.  Se construye el paradigma de la “situación irregular” como eje orientador de políticas públicas. Ya no era un cuerpo sin voz sino un ser al que había que convertir en “normal”. La pedagogía -como parte del proceso de su desmantelamiento a escala interncional-  es execrada de las políticas públicas para el este sector.  Se impone la perspectiva jurídico-policial-psiquiátrica como un triunfo de la mirada panóptica de la normalidad. Las infraestructuras de talleres y aulas ceden ante la reconfiguración de espacios con la tipología  carcelaria. En casos como el de Venezuela, se crea una institución especializada y el tema es separado del Ministerio de Educación; incluso los profesores son transformados en los llamados “maestros guías” quienes no requerían ser docentes para trabajar allí.  Claro la tarea era cuidar, retener, mantener aislados a est@s jóvenes.

En este periodo, desde la educación popular se desarrollan importantes iniciativas y propuestas metodológicas de trabajo con los llamados “jóvenes con déficit de inserción social“.  Pero, estas iniciativas –en su mayoría-  funcionan fuera de los sistemas educativos y son vistos por los Estados Nacionales como “programas complementarios“.  Las pedagogías críticas y la educación popular en especial, plantean la urgente necesidad de superar la “normalización” de la juventud, pero ello no logra formar parte del eje de construcción de políticas públicas para el sector.

La idea de “infante” es complementada con el término “menor de edad“, convirtiéndose en elemento sustantivo de las nuevas legislaciones para el sector. El derecho a la educación pasa a ser un enunciado bonito que no se desarrolla a plenitud en el sector de los y las jóvenes institucionalizados(as).  La formación permanente y continua de los y las jóvenes se limita a la permanencia de algún docente en estas instituciones, quien “refresca” conocimientos, pero la realidad es que los jóvenes institucionalizados, en su mayoría, permanecen fuera del sistema escolar.

En términos prácticos para que se cumpla el derecho a la educación, deben los estados nacionales contar con un mínimo de condiciones para ello,asociados a presupuesto, infraestructura, planes y programas de estudio, formación de docentes para el área, perspectiva pedagógica de procesos.

En consecuencia pregunto  ¿cuál es el presupuesto educativo para la atención integral de l@s jóvenes institucionalizad@s? ¿Cuáles son las universidades pedagógicas que forman docentes para trabajar con est@s jóvenes?  ¿Cuáles son los programas específicos para trabajar con estos jóvenes que les permitan continuar su escolaridad y/o lograr su formación profesional/laboral?  ¿Quien supervisa y aprueba, desde una perspectiva educativa, la construcción de la infraestructura que alberga a est@s jóvenes institucionalizad@s?  De la respuesta que asumas se desprenderá cuanto cumple su Estado nacional el derecho a la educación de l@s jóvenes institucionalizad@s.

La Convención de los derechos de los Niños, Niñas y jóvenes de Beijing (1989) y las directrices de Riyadh (1990)

La fuerte presión social internacional, para que las legislaciones nacionales garantizaran los derechos humanos fundamentales de los más pequeños y los jóvenes,posibilita la convocatoria, por parte de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Conferencia Mundial de Beijing (1989).  Allí se construye el consenso planetario y de los gobiernos del mundo, respecto al piso mínimo de derechos para los niños, niñas y jóvenes. A mi juicio, lo más importante ocurrido allí, es que emerge el concepto de ciudadanía, independientemente de la edad, dejando a un lado conceptos como “infante” o “menores de edad”.  Los niñ@sy jóvenes dejan de ser objetos de derecho, para convertirse en sujetos de seguridad jurídica para sí mismos y sus iguales.  A pesar de ello, las legislaciones y prácticas institucionales marcharon a ritmos individualizados y diferenciados.

En 1990 Naciones Unidas aprueba las directrices de Riyadh, complementarias a la Convención de Beijing, pero orientadas a l@s jóvenes en conflicto con la ley y los institucionalizados.  De este importante instrumento normativo mundial destaco tres aspectos:

  • Primero, que considera que “los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control“;
  • Segundo,, que “los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública”, a los cual agrega “los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos“;
  • tercero, caracterizan el tipo de institución en la que deben estar los jóvenes institucionalizados al señalar que “sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven. Los criterios para autorizar una intervención oficial de esta índole deberán definirse estrictamente y limitarse a las situaciones siguientes: a) cuando el niño o joven haya sufrido lesiones físicas causadas por los padres o tutores; b) cuando el niño o joven haya sido víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de los padres o tutores; c) cuando el niño o joven haya sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; d) cuando el niño o joven se vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento de los padres o tutores; y e) cuando se haya manifestado en el propio comportamiento del niño o del joven un grave peligro físico o psicológico para el niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni el propio joven ni los servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la reclusión en una institución (…) Los organismos gubernamentales deberán dar a los jóvenes oportunidad de continuar su educación a jornada completa, financiada por el Estado cuando los padres o tutores no los puedan mantener, y de adquirir experiencia profesional.

El texto de las directrices de Riyadh constituye un impresionante avance en la materia.  Sin embargo, ha resultado precario el seguimiento a este instrumento jurídico global. Imagino las dificultades que pudieron haber tenido Naciones Unidas para exigir su cumplimiento, por parte de los países miembros, pero ello no le exime de las responsabilidades, por el poco seguimiento hecho al respecto.  Esperamos que el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, el señor António Guterres retome la agenda más importante en el presente en materia de derechos de niños, niñas y jóvenes, pues si un Estado no cumple con sus deberes muy poco le podrá pedir a sus ciudadanos y el resto de instituciones.

Los ODS, la meta 4 y la necesidad de reconocimiento de otras realidades educativas

Precedida de una gran campaña internacional, en 2015, las naciones del mundo suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que le da continuidad a los llamados Objetivos del Milenio. Finalmente se logra construir una meta educativa mundialmente consensuada, con la aspiración de alcanzar educación de calidad a escala planetaria.

En el proceso de construcción de este propósito, no todo había sido un camino de rosas. De hecho en su momento denunciamos, que en el más importante evento precedente en materia educativa a los ODS, como lo fue el Foro Mundial de Educación de Incheon Corea, los educadores resultaron ser los grandes ausentes. La desproporción entre banqueros, economistas, financistas, industriales respecto a los pedagogos en la cita de Incheon no fue un error menor, sino la confirmación de un rumbo economicista en la educación mundial que explica en buena medida porque los jóvenes institucionalizados no están presentes en los indicadores para alcanzar una educación de  calidad. Los hechos de Guatemala debieran servir de alerta y como reflexión, para incluir este tema en la agenda educativa mundial contenida en los ODS (2015-2030)

Los invisibles de los invisibles en el cumplimiento del derecho a la educación

Lo venimos señalando en artículos, mensajes en las redes sociales y foros. El derecho a la educación de los jóvenes institucionalizados se ha convertido en un tema tabú en el siglo XXI. La educación de los jóvenes institucionalizados está prácticamente desaparecida,del foco de las políticas públicas, a pesar que todos dicen que la violencia juvenil es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades.  Los jóvenes institucionalizados serán los invisibles de los invisibles hasta que tu, yo, nosotros, decidamos movilizarnos para revertir esta situación.

Guatemala somos todos. Silencio colectivo y sociedad de cómplices en materia de derechos humanos en el siglo XXI

Me sumo a la condena al gobierno y las autoridades que debieron evitar la tragedia de Guatemala. Pero, me preocupa enormemente que ello oculte el hecho que Guatemala no es una excepción, sino la confirmación de una regla de no cumplimiento de derechos humanos fundamentales, en los lugares donde viven y conviven l@s jóvenes institucionalizados por razones socio económicas, afectivas o de conflicto con la ley.

En la última década hemos presenciado un vergonzante silencio de nuestras sociedades respecto a este tema.  Pareciera que a nadie le preocupa cuantos médicos, enfermeras, maestros, entre otros profesionales permanecen en instituciones que pueden albergar desde treinta hasta cientos de jóvenes.  Si no existen profesionales para atenderlos y tienen dificultad para sacarlos para que les puedan prestar atención   -como fue el pretexto de supuesto riesgo de fuga en el caso de las niñas de Guatemala-  entonces, porque como sociedad no nos preguntamos ¿cuales son las condiciones que prevalecen en estos lugares?

De continuar este silencio colectivo, que es propio de sociedades cómplices, no quedará duda alguna, que el mundo NO es un lugar seguro para los y las jóvenes institucionalizadas(os)

*Fuente: https://luisbonillamolina.wordpress.com/2017/03/15/el-mundo-no-es-un-lugar-seguro-para-los-y-las-jovenes-institucionalizadasos/

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