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México: Confirman fuga de policía que asesinó a normalista y estudiantes responden con protestas en Chilpancingo

Este martes se confirmó la fuga del policía de Guerrero que asesinó al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, el pasado 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cuando tres estudiantes se preparaban para el aniversario 98 de la Normal de Ayotzinapa y en el marco del recrudecimiento de la criminalización y estigmatización de la lucha por la aparición de los 43 normalistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el policía que disparó al normalista de Ayotzinapa estaba en arresto administrativo en Chilpancingo, pero que el lunes “se fugó” porque “no se cumplieron los protocolos”. En respuesta a la declaración del mandatario, normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) protestaron en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde lanzaron petardos contra las instalaciones y quemaron once vehículos.

Los estudiantes lograron superar la valla de policías antimotines que se plantó frente a la Fiscalía y durante aproximadamente media hora protestaron para exigir justicia para su compañero asesinado y la detención inmediata del policía de Chilpancingo. Momentos más tarde los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los normalistas para dispersarlos.

De acuerdo con AMLO, la fuga del policía se dio mientras se encontraba en tránsito por Chilpancingo para que las autoridades estatales lo entregaran a la FGR. La Fiscalía de Guerrero, por su parte, aseguró que nunca tuvo en calidad de detenidos a los policías involucrados en el ataque a los normalistas del 7 de marzo.

“Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos, en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa”, publicó la FGE en un comunicado.

Previamente, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los abogados que los acompañan denunciaron las irregularidades en las versiones oficiales del asesinato de Gómez Peralta y el ataque contra los estudiantes en Guerrero.

De acuerdo con la policía y los medios de comunicación el día del ataque, la policía de Tixtla disparó contra los normalistas porque éstos no se detuvieron en un retén cuando se les ordenó, pero el abogado Vidulfo Rosales advirtió que “no funcionaba en ese momento el retén, sólo el filtro”.

Entre las irregularidades también se encuentra que a pesar de que los peritajes arrojaron que las balas sólo fueron disparadas de afuera hacia dentro de la camioneta donde viajaban los normalistas, las autoridades aseguran que los estudiantes también dispararon armas de fuego.

Los normalistas de Ayotzinapa, además de exigir justicia para Gómez Peralta, acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 que demandan al gobierno federal que cumpla con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Recuerda ONU-DH asesinatos y desapariciones de 46 defensores indígenas en México

Ciudad de México | Desinformémonos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que al menos 46 defensores indígenas han sido asesinados o desaparecidos en México desde 2019, sin que se haya hecho justicia para más del 90 por ciento de los casos.

De acuerdo con los registros de la ONU-DH, sólo en uno de los casos se emitió una sentencia condenatoria en contra de los agresores. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la organización, denunció que «esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia».

«Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, señaló Peña Palacios el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Añadió que los líderes indígenas de los pueblos y comunidades «están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida», así como que su asesinato o desaparición «tiene un efecto amedrentador» sobre toda su comunidad, «que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos».

La ONU-DH reconoció «el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades», y urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios.

Las cifras de asesinatos de defensores indígenas en México podrían ser mayores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el gobierno mexicano en sus diferentes niveles fue el «primer responsable» de las 582 agresiones que tan sólo en 2022 se cometieron contra defensores de la tierra y los derechos humanos ambientales en el país. Ese año, del total de agresiones, 24 fueron asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. A ello se suma que 54 por ciento de los ataques se cometieron contra integrantes de comunidades indígenas que defendían su territorio de proyectos extractivistas, especialmente del sector minero.

A continuación el comunicado completo:

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce y mantiene presente el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades, y llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar sus esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios en contra de personas defensoras.

A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acontecimiento histórico en el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, persisten retos importantes para que la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio. En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Jesus Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.

Desde 2019, la ONU-DH ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30% de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas.

En 32 de los 46 casos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos. Respecto de la distribución geográfica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca con 20 casos, Chihuahua con 5, Guerrero con 4, Michoacán con 4 y Chiapas con 3.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en la adopción de medidas de protección en casos de personas defensoras indígenas. Asimismo, en los últimos años el Estado mexicano ha comenzado la definición de planes de justicia para poder atender el contexto que viven los pueblos indígenas. No obstante, las cifras registradas de homicidios y desapariciones de personas indígenas son un llamado a redoblar los esfuerzos para adoptar las medidas que les garanticen un entorno seguro y propicio y eviten los actos de estigmatización, deslegitimación, criminalización y violencia en su contra, sobre todo en el contexto del diseño e implementación de proyectos de desarrollo.

México fue uno de los países promotores de la adopción del Acuerdo de Escazú. La plena implementación de las obligaciones contenidas en dicho Acuerdo, particularmente en lo que respecta a los derechos de acceso en asuntos ambientales, reforzará la protección de las personas defensoras indígenas de derechos humanos.

De los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras. “Esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia. Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Peña Palacios.

La investigación de los asesinatos y desapariciones debe comprender todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de defensa de derechos humanos que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género e interculturalidad. La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades competentes permitan un pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción a los presuntos responsables.

Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas que continúan desaparecidas y sus más sentidas condolencias a familiares y amistades de las personas asesinadas.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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La frontera de las ambigüedades

Por: Carolina Vásquez Araya

El delito de acoso sexual es una de las agresiones mas solapadas y perversas.

En estos días, se debate en España la modificación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de “solo sí es sí”, considerada uno de los instrumentos legales más avanzados en la materia. Esta ley surgió como consecuencia del caso de “la manada”, cuando 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Sebastián en Pamplona. La modificación de la ley de acoso, impulsada por el gobierno español, implica establecer el consentimiento pleno antes de cualquier encuentro sexual. Esto significa que la agresión no está necesariamente rodeada de violencia, ya que la víctima puede encontrarse en un estado de pánico, intimidación o inhibida de defenderse por cualquier otra causa.

Sin embargo, la nueva ley ha abierto una salida para que algunos agresores se beneficien con una reducción de penas, cuyas condenas mayores la nueva legislación reduce a un máximo de 4 años de prisión. Este escenario ha puesto nuevamente en la balanza un tema sensible y es la situación de riesgo inherente a la condición femenina, por ello para tipificar el delito de acoso sexual primero hay que analizar el fondo de los estereotipos que marcan la conducta de hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Las leyes, aunque constituyen un importante avance en el establecimiento de normas de respeto entre individuos, no van al fondo del problema.

El acoso sexual es consecuencia directa de patrones culturales consolidados a través de los siglos, incluso impresos en códigos y leyes sexualmente discriminatorias en un marco de relaciones patriarcales, predominante en casi todas las naciones del mundo. Para combatir esta deformación institucional, aceptada hasta ahora como un elemento inherente a las relaciones entre los sexos, es indispensable comprender que no existen mecanismos transparentes ni herramientas que garanticen una aplicación justa de la ley.

Por lo tanto, para la gente común, es una extraña medida coercitiva que limita los derechos de las personas, exageración legalista que pretende imponer normas de conducta que sólo competen a los involucrados dentro del ámbito de su vida privada. Es decir, una medida considerada por efecto de estereotipos y tradiciones machistas, absurda y represiva. Esto, porque de acuerdo con las costumbres ancestrales, es permitido invadir el terreno íntimo de una persona que está en calidad subordinada, ya sea por razón de su sexo o de su posición en la estructura social.

El hostigamiento sexual, por razones de carácter cultural se refiere primordialmente a la mujer, porque ella ha sido la gran perdedora en la batalla de los sexos. De ahí proviene la fijación de los roles masculino y femenino como el dominante y el dominado, el fuerte y el débil, el activo y el pasivo. Y entonces, la sociedad acepta estas reglas del juego que le indica claramente su lugar en el orden social.

Para hacer de una ley contra el acoso sexual un elemento eficiente, se debe atacar a fondo el origen de las ambigüedades conceptuales, porque pocas violaciones a esta ley se dan ante testigos. Ello se presta a confusiones que pueden resultar aún más humillantes para las víctimas y las coloca frente a su victimario -palabra contra palabra-  en un duelo degradante que no propicia un desenlace justo ni garantiza un avance de la sociedad contra el prejuicio y la ignorancia.

El papel de los sexos en el contexto de sociedades patriarcales, está definido por los hombres.

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@carvasar

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La memoria políticamente incorrecta

POR: SABINO CUADRA LASARTE

 

Original en euskara

Afirma una leyenda africana que la historia de los safaris sería muy distinta si fuera contada por los leones. Lo mismo sucedería si fuese relatada por los guías y porteadores negros encargados de localizar estos animales, acosarlos y ponérselos a tiro a los bwanas blancos.

Durante la Transición política de los 70 se nos dijo que la reconciliación entre cazadores y leones era necesaria, porque también éstos se habían comido algún que otro bwana. Y así fue que los reconciliadores (UCD, PSOE, PCE, PNV…) defendieron durante el debate de la Ley de Amnistía de 1977, que la historia del franquismo y sus cruentos safaris había que dejarla atrás, borrarla y olvidarla.

Evidentemente, aquella argumentación no fue sino una patraña, porque las cacerías continuaron existiendo y la fauna africana siguió siendo diezmada en bacanales de sangre con el fin de ornamentar paredes y salones de miles de mansiones y palacios europeos. Buen ejemplo de lo anterior ha sido nuestro sátrapa y desvergonzado Borbón, quien siendo presidente de una ONG defensora de los derechos de los animales, no dudó en posar orgulloso junto a las piezas en peligro de extinción por él abatidas.

Últimamente he tenido ocasión de acudir a distintas Jornadas en las que han participado actores cualificados de distintos procesos de transición política: Sudáfrica, Colombia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador…. Pues bien, si valoráramos los avances dados en estos países en materia de investigación oficial de las violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento a sus responsables y el otorgamiento de reparación a sus víctimas, veríamos que, con mucha diferencia, el país que ocuparía el último lugar del ranking sería el Estado español. Por lo tanto, no hay de qué presumir.

La recién aprobada Ley de Memoria Histórica ha llegado tarde, muy tarde y se ha quedado corta, muy corta. La verdad en ella amparada abarca a un amplio abanico de víctimas, pero se niega a indagar sobre sus victimarios. Junto a ello, el acceso a la justicia sigue siendo ignorado olímpicamente y la reparación contemplada va poco más allá de ser meramente declarativa. Sin embargo, de lo que se trata es, no solo de levantar el mando del silencio que cubrió los crímenes del franquismo, sino también la losa de la impunidad que ampara a sus perpetradores, a quienes se sigue protegiendo.

Una memoria histórica que se pretendiera democrática debería ir bastante más allá de conformarse con rellenar huecos en la historiografía recibida, reponiendo algunas de sus páginas arrancadas. Se trataría así, además de lo anterior, de reescribir el relato desde el principio y hacerlo desde el punto de vista de los leones y los porteadores, que no es otro sino el de la defensa incondicional de todos los derechos humanos, la condena de sus violaciones y la reparación para todas sus víctimas.

En este sentido, la memoria histórica referida al Estado español debería señalar que las violaciones flagrantes de estos derechos, si bien  comenzaron el 18 de julio de 1936 (asesinatos, desapariciones,…), se han mantenido durante más de 80 años y han tenido sus últimos episodios en la playa de El Tajaral –Ceuta–, y en las vallas que cercan el Barrio Chino de Melilla, donde hemos visto de nuevo imágenes de actuaciones policiales en las que seres humanos, como en el 36, eran tratados como animales.

La Constitución de 1978 no puede ser punto y final para ninguna memoria histórica, pues existe un cordón umbilical que une la dictadura franquista con el régimen actual, cual es el de la impunidad. Cordón trenzado por gruesas hebras policiales, beneméritas, económicas, políticas y judiciales heredadas del franquismo, que explican, entre otros, hechos tales como el golpe de estado del 23-F, los crímenes de estado del GAL o los miles de casos de constitucionales torturas habidas en Euskal Herria en las últimas décadas.

La afirmación de que “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”, del ministro del Interior, Martín Villa, sobre los sucesos de Sanfermines de 1978, ha sido el guión seguido después por los posteriores ministros del Interior: Barrionuevo, Corcuera, Rubalcaba, Fernández Díaz… El actual, Grande Marlaska, ni siquiera ha admitido la existencia de errores en la actuación benemérita de Melilla, pues para él ésta fue razonable y proporcionada. La versión oficial afirma así que la única violencia que allí existió fue la de quienes después resultarían asesinados, desaparecidos y machacados. Nada nuevo bajo el sol. Nuevamente es el bwana, Grande Marlaska, quien escribe la historia del safari de Melilla. No es de extrañar en alguien que ha hecho oídos sordos y ojos ciegos ante las denuncias por torturas a él presentadas, razón por la que el Tribunal Europeo de DD.HH. ha condenado al Estado español en reiteradas ocasiones.

Hay quienes tienen puestas grandes esperanzas respecto a lo que pueda suponer la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. ¡Ojalá éstas -lo decimos sinceramente-, puedan convertirse en realidad! Apurar hasta la última gota las posibilidades de la misma es una obligación indudable. Pero también lo es el seguir golpeando contra las puertas que sigue dejando cerradas: derogación de la Ley de Amnistía, acceso a la Justicia para poder juzgar los crímenes del franquismo, restitución de bienes apropiados e indemnización por daños causados, bebés robados,… De lo contrario, se podría estar vendiendo la primogenitura de la memoria histórica por un plato de lentejas con más o menos sacramentos.

Frente a las grietas que se han abierto en el muro de la impunidad del franquismo aparecen hoy dos posibles políticas. La primera consiste en taponar aquellas con algunas reformas y tratar de cerrar así para siempre este capítulo. La segunda trata de agrandarlas a fin de que pueda caer de una vez por todas aquella muralla. Al igual que sucede en otros ámbitos (feminista, ecologista, sindical…), ésta segunda se sitúa dentro del ámbito de lo políticamente incorrecto. ¡Qué le vamos a hacer!

Fuente de la información e imagen:  https://vientosur.info

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Philippe Meirieu: La escuela como espacio de justicia y democracia

Por: Tv pública

En una nueva emisión de Caminos de tiza se debaten las propuestas pedagógicas de Philippe Meirieu, investigador y escritor francés, especialista en ciencias de la educación. Entre sus aportes fundamentales se destaca el lugar de la escuela como espacio de inclusión, desaceleración, justicia y democracia.

Mirta Goldberg analiza la obra del pedagogo francés junto a Gabriel Brener, especialista en Educación de las Universidades de Buenos Aires y Hurlingham; Nicolás Levit, Maestro de Escuela Primaria y Licenciado en Educación (UNAHUR) y Daniela Pace, Licenciada en Educación y Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 19 de Hurlingham.  También participa Gustavo Galli, Director de Enseñanza Media de la DGCYE de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente de la información e imagen: https://www.tvpublica.com.ar

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Chile en la encrucijada

Por: Carolina Vásquez Araya

El país sudamericano vive una jornada histórica capaz de transformar su futuro.

Entre conservar un texto constitucional -acordado y escrito durante la dictadura- o plasmar en una nueva Constitución un marco surgido del diálogo y el consenso entre distintos sectores de la ciudadanía, se debate hoy domingo el futuro de Chile. La propuesta de cambio no solo representa un salto cuántico en la manera de plantear la ruta hacia el futuro, sino constituye también la respuesta a las aspiraciones de paz, justicia y equidad de las grandes mayorías. Ante esa perspectiva, ambos bandos -el Apruebo y el Rechazo- han dejado patente la profunda división que aún persiste en el pueblo chileno.

La campaña orquestada contra el Apruebo, desde los sectores mas conservadores, utilizó todos los recursos creados por los estrategas de la Guerra Fría para inyectar en la población el miedo y la incertidumbre. Los ecos de la dictadura y la furiosa reacción de los círculos del poder económico ha sido el detonante de una campaña llena de mentiras y amenazas. Estos sectores utilizaron su poderosa influencia mediática para espantar toda posibilidad de cambio y manipular los conceptos propuestos por las voces reunidas en la Convención Constitucional, desde donde surgió la propuesta.

El temor de la derecha chilena se refleja en su rotundo rechazo a la aprobación de un texto constitucional en el cual predomina la apertura hacia la participación de todos los sectores de la ciudadanía, incluidos los históricamente marginados grupos sociales -pueblos originarios, mujeres y juventud- así como la protección de la riqueza natural con una visión integradora hacia el desarrollo. La manera como se han gestionado y explotado los recursos durante las últimas décadas, ha generado una polarización extrema entre sectores y un empobrecimiento sostenido de las capas menos beneficiadas por el sistema neoliberal.

Los movimientos populares por el cambio en Chile tuvieron su máxima expresión durante las manifestaciones callejeras en Octubre de 2018. Ignorar su trascendencia equivale a intentar frenar las mareas. Durante meses se han debatido pública y abiertamente, con una gran transparencia, los artículos redactados para la nueva Carta Magna, contrario a lo sucedido durante el proceso de redacción de la constitución actual, pergeñada en la intimidad de los despachos de la dictadura. Ha sido un esfuerzo ejecutado por representantes de todos los sectores, contra fuertes campañas de desprestigio y desinformación desde los círculos de poder más afectados por este potencial giro de ruta.

Rescato un breve poema de Nano Stern, compartido en Twitter, porque refleja en unas pocas palabras el sentir de muchos chilenos, dentro y fuera de sus fronteras: “Cuánta sangre, cuántos ojos, /cuántas luchas, cuántos sueños, /cuántos anhelos y empeños, /cuántos años de despojos… /Es tiempo de abrir cerrojos/ y andar un camino nuevo; / se los digo y me conmuevo/ porque ya ha llegado el día:/ con esperanza, alegría y convicción, voto apruebo.”

Lo que hoy suceda en este trascendental referéndum marcará el futuro inmediato, ya sea con una votación que abra o no la puerta hacia el cambio; porque esa marea continuará su trayectoria canalizando las demandas del pueblo chileno por un marco jurídico capaz de consolidar un sistema más equitativo, justo y definitivamente responsable; los fantasmas de la Guerra Fría y las amenazas de los sectores conservadores tienen su plazo marcado. Por eso y por mucho más, yo también voto Apruebo.

Un texto constitucional debe responder a los anhelos de justicia y equidad.

 

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

 

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Niñas madres

Por: Tlachinollan

María, una niña de 12 años del pueblo Me phaá, nunca imaginó que después de participar en la posada de la iglesia, sería raptada por un vecino de la comunidad. El violador ubicó a la víctima y buscó el mejor momento para interceptarla y subirla a su vehículo. La oscuridad del callejón que lleva a la casa de la menor, fue el lugar propicio para llevársela. No solo fue víctima del ultraje sino de las amenazas que resonaban en su mente: “si te atreves a denunciarme, te voy a matar”. Tuvo que padecer en silencio esta tropelía y soportar en su cuerpo la asquerosidad del perpetrador. Fue un martirio. Por las noches, su mamá tenía que consolar a su niña sin saber qué remedio darle. La pequeña no se atrevía a decir lo que había sufrido.

Ya no era la misma niña que jugaba y cuidaba a sus 4 hermanitos. Sus malestares físicos y psicológicos se complicaban. Además de estar triste, ya no tenia hambre y sufría de mareos. La doctora del pueblo la atendió y constató que llevaba tres meses de embarazo. Ante esta evidencia, María tuvo que confesar a sus padres lo que había padecido en el mes de diciembre. Acudieron a la comisaría a interponer la denuncia, sin embargo, el comisario no se atrevió a intervenir. Tuvo miedo a las represalias, porque el agresor de 40 años se desempeñaba como servidor de la nación. Su cargo como funcionario público le daba poder en la comunidad, y por lo mismo, actuaba con total impunidad.

Los padres de María no se amedrentaron. Consiguieron dinero prestado para interponer la denuncia en la fiscalía de Tlapa. Fue admirable su sacrificio y el acompañamiento en todo el proceso de la denuncia penal. Las cinco horas del viaje con la polvareda del camino, así como las complicaciones del embarazo de María, no fueron obstáculo para acudir a Tlapa, con tal de que la investigación avanzara. Su persistencia rindió resultados al emitir el juez la orden de aprehensión. De inmediato el agresor tuvo conocimiento por los contactos que tenía en la misma fiscalía. Se amparó para asegurar la protección de la justicia federal, sin embargo, el recurso no prosperó por tratarse de un delito grave.

Al advertir que su situación legal se complicaba, buscó apoyo con políticos de la región para evitar que la orden de aprehensión se ejecutara. Su familia acudió con el comisario municipal para pedir que citara a la mamá de la menor. Ante el temor de que la autoridad actuara arbitrariamente, la mamá optó por presentarse en la comisaría. Los padres del acusado la señalaron como responsable de lo que le fuera a pasar a su hijo. Insistieron en que su denuncia era falsa y que, por lo mismo, también la denunciarían por sus declaraciones sin fundamento. Trataron de convencerla, por la buena y por la mala, para que se desistiera de la denuncia. Ante la negativa le advirtieron que se metería en problemas más graves. Creyeron que al ofrecer dinero lograrían su objetivo. Todo fue en vano, porque la postura firme de la mamá de María fue una demostración de dignidad, porque ni las amenazas ni el dinero doblegaron su afán de justicia.

Ante la imposibilidad de evitar que la orden de aprehensión se aplicara, el agresor huyó de la región y planeó cruzar la frontera para librar la cárcel. Su preocupación fue evadir la justicia y desentenderse de la situación de la niña que dejó embarazada. Los padres de María, a pesar de la vejación que sufrió, le pidieron que tuviera al bebé con la promesa de que ellos la adoptarían como otra hija más. El umbral de la maternidad fue una experiencia dolorosa para la menor por todo lo que implicó la violación y lo que representó la gestación del feto en su cuerpo diminuto.

María tuvo que sobreponerse a un sinnúmero de problemas de salud ante la falta de atención médica en su comunidad. Tuvo que soportar en silencio todos los estragos de un embarazo temprano. Se resignó a tener un hijo, sin poder dimensionar lo que esto representa para su corta vida. En una comunidad pequeña, el embarazo de una niña, el escándalo es mayor contra la mujer, no contra el hombre. Es un hecho grave imposible de ocultarlo y revertirlo contra el agresor. El escarnio clava sus flechas contra la menor, dejando una herida que lacera y que no se cierra.

María tuvo que permanecer confinada en la precariedad de su casa con piso de tierra. El mundo se le derrumbó, se truncaron todos sus sueños y resquebrajaron sus ilusiones, como las demás niñas de la Montaña. En medio de las complicaciones de su embarazo, su abuelo, que es partero, le tocó atenderla. Entre sus rezos y brebajes logró que su nieta tuviera un parto normal. Desde hace nueve meses María tuvo que asumir el rol de madre, además de amamantar a su niña tiene que velar por su salud y trabajar para sostenerla. Ha buscado un empleo pero no la quieren contratar, porque es una niña madre, que además de cargar su morral, carga sobre su espalda a su pequeña niña.

En el mes de febrero, cuando la fiscal general del estado, la maestra Sandra Luz Valdovinos, se reunió con varias familias en la ciudad de Tlapa, platicó con María y su tía. Escucho la triste historia de María que cargando a su bebé le narraba llorando lo que había sufrido. A pesar de enfrentar una situación sumamente precaria, centró su exigencia en que se hiciera justicia, por la violación que había sufrido. La fiscal conoció a su bebé y la reciedumbre de una niña madre que lucha para que se castigue a quienes violan a las mujeres. En el mes de marzo, la fiscalía notificó a los papas de María había detenido a su agresor en la ciudad de Tijuana, cuando se disponía a cruzar la frontera.

El calvario de María, es representativo del gran número de casos de niñas que asumen el rol de madres por diferentes causas. La violación sexual de niñas es un problema creciente que las autoridades encargadas de investigar los delitos no han revertido. Existen graves deficiencias y vicios entre el mismo personal que no integra bien la carpeta de investigación y no realiza todas las diligencias que amerita el caso. No hay peritos que realicen los estudios que se requieren. Hace falta personal especializado para proporcionar una atención apropiada a las víctimas de violación sexual. El número de denuncias no corresponde al alto número de casos de mujeres violentadas, porque no hay suficiente personal que las atienda y lo peor de todo, es que no se les brinda un trato adecuado y se les revictimiza. Es común que las denuncias que se interponen se filtren a los medios amarillistas que se encargan de publicar casos que requieren sigilo. Hacen escarnio de los agravios que denuncian las víctimas causando mayores riesgos a su integridad física y vida misma.

A nivel regional los matrimonios forzados de niñas es otro problema que no es atendido en su justa dimensión por las autoridades estatales ni municipales. A pesar de los esfuerzos que existen para implementar estrategias de atención interinstitucional para evitar los matrimonios forzados, no se logra incidir en el ámbito comunitario. Se ha avanzado en los diagnósticos para ubicar en qué municipios hay mayor incidencia de los matrimonios forzados y se ha logrado convocar a las autoridades municipales para que se involucren como parte de la estrategia interinstitucional. La realidad es que no existe interés genuino en la mayoría de los presidentes municipales. Se reducen a formalizar convenios pero no se comprometen a implementar acciones concretas para que en su municipio se atienda a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado.

En el ámbito municipal no se pueden centrar las estrategias de atención, se requiere trabajar en el nivel comunitario, sobre todo en las localidades donde la práctica es generalizada. Pero la intervención no se puede reducir a un programa de pláticas para sensibilizar a los hombres sobre la gravedad de estas prácticas. Tiene que trabajarse una propuesta integral con la participación de personas de la misma comunidad. Es un trabajo que requiere una inserción a la dinámica comunitaria, conocer el contexto y ubicar el sentido que le dan a estos matrimonios de niñas. No es suficiente enfocarse a este problema, implica detonar acciones eficaces en el campo educativo, en el tema de la salud y den el mejoramiento productivo. También es urgente un atención especializada  a la niñez indígena, que desde pequeños tienen que salir con sus padres a trabajar en los campos agrícolas. La precarización de la vida comunitaria es un problema estructural que no esta siendo atendido por los gobiernos municipales. Lo más grave es que las autoridades municipales en lugar de revertir los rezagos sociales, se interesan en establecer negocios privados con los recursos públicos. Hacen alianzas con las empresas que ya tienen experiencia en cómo realizar obras de mala calidad para obtener grandes ganancias. Lo más grave es que los presidentes municipales y el partido gobernante han optado por establecer alianzas con grupos del crimen organizado, quienes se encargan de la seguridad del municipio, a cambio de que se les garantice tener el control territorial. Imponen su ley atemorizando a la población y controlando giros comerciales. También forman parte de los proveedores del municipio. Son el poder fáctico que tienen el control de las instituciones y que opera con el uso de las armas, para allanarle el camino al presidente municipal en su proyección política. Esta criminalidad enquistada en las instancias municipales son la mayor amenaza que enfrenta la población por la supeditación del poder político al poder de la delincuencia organizada. En este entramado criminal las niñas madres, se encuentran en total indefensión. En lugar de encontrar protección y cobijo en las autoridades municipales se topan con los perpetradores.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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