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México: Periodistas protestan por asesinatos que han marcado al gremio en 2022

Por: Natalia Escobar

Un grupo de trabajadores de distintos medios de comunicación se manifestó en el Ángel de la Independencia y marchó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por los 13 periodistas asesinados en lo que va del año en México.

En un inicio, la protesta se convocó por el asesinato de periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de mayo. En medio de la movilización, los y las periodistas se enteraron de dos nuevos asesinatos: la directora del portal «El Veraz», Yessenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Johana García Olivera, quienes murieron por impactos de bala en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

Con las muertes de las dos periodistas, suman 13 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación en lo que va del año, de los cuales 11 han sido plenamente reconocido por las autoridades como periodistas.

En la movilización, Ingrid Sánchez, integrante la asamblea de periodistas Tenemos Que Hablar, leyó un pronunciamiento en el que destacó: “es indignante tener que volver a salir a las calles a pedir justicia por no poder realizar nuestra profesión. Estar en las calles demandando justicia es una necesidad hoy».

En la protesta también participó Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo en 2017. “En todo este tiempo no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México”, señaló en la manifestación.

A continuación, se nombra a los 13 trabajadores de los medios asesinados en 2022:

1.- 10 de enero de 2022.- José Luis Gamboa Arenas, Veracruz, Inforegio Network.
2.- 17 de enero de 2022.- Margarito Martínez, Baja California, freelance y Fixer.
3.- 23 de enero de 2022.- Lourdes Maldonado, Baja California, Sintoniza sin censura.
4.- 31 de enero de 2022.- Roberto Toledo, Michoacán, Monitor Michoacán. Abogado colaborador del medio.
5.- 6 de febrero de 2022.- Marco Ernesto Islas Flores, Baja California, Noti Red. (No reconocido por el gobierno federal).
6.- 9 de febrero de 2022.- Heber López Vázquez, Oaxaca, Noticias web.
7.- 21 de febrero de 2022.- Anahí Michell Pérez Tadeo, “Michel Simón”, Ciudad de México, conductora. (No reconocida su labor periodística como el móvil de su asesinato por el gobierno federal).
8.- 24 de febrero de 2022.- Jorge Camero, Sonora, El Informativo.
9.- 3 de marzo de 2022.- Juan Carlos Muñiz, Zacatecas, Multimedios Testigo Minero.
10.- 15 de marzo de 2022.- Armando Linares López, Michoacán, Monitor Michoacán.
11.- 5 de mayo de 2022.- Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa, Fuentes fidedignas.
12.- 9 de Mayo de 2022.- Yessenia Mollinedo Falconi, portal El Veraz del sur de Veracruz.
13.- 9 de Mayo de 2022.- Sheila Johana García Olivera, portal El Veraz del sur de Veracruz.

México es el país más violento del occidente para ejercer el periodismo, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización activista de protección a la prensa con sede en Nueva York que en 2021 documentó el asesinato de nueve periodistas en el país.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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LA GUERRA QUE EMPOBRECERÁ EL MUNDO

Por: Andreu Missé

Las espantosas imágenes de aniquilación masiva de vidas humanas y destrucción entera de Ucrania, que vemos a diario, están conmocionando a los europeos y a todos los pueblos que anhelan vivir en libertad y democracia. La agresión injustificada de la Rusia de Putin contra la pacífica Ucrania significa un cambio radical para este país y para toda la humanidad. La posibilidad de resolver las diferencias entre los países por la vía del diálogo se ha liquidado abruptamente. La implacable lógica de la guerra se ha impuesto y, junto con la pérdida de derechos, la pobreza se ha convertido en la peor amenaza para millones de personas.

La guerra de Putin no es solo una criminal agresión contra los 44 millones de ucranianos. Supone también un ataque frontal contra el sistema político europeo que aspira a que hombres y mujeres puedan vivir en libertad y con respeto a la dignidad humana. La respuesta heroica de los ucranianos, con su presidente Volodímir Zelenski a la cabeza, se ha convertido en un referente para su país, los europeos y millones de demócratas de todo el mundo. La resistencia ucraniana ha sacudido a la Unión Europea, que se ha visto empujada a tomar decisiones históricas. En apoyo de Ucrania se han adoptado medidas sin precedentes: duras sanciones económicas contra Rusia, acogida ilimitada de refugiados, que ya superan los 3,5 millones, y el envío de armas a los resistentes por más de 1.000 millones de euros. Paralelamente, la mayoría de países, con Alemania a la cabeza, han tomado conciencia de la necesidad de reforzar sus presupuestos de defensa. Y la UE ha adoptado medidas para acabar lo antes posible con la dependencia energética de Rusia.

Defender las libertades

La defensa de las libertades europeas se ha convertido en una prioridad. Los europeos conocen su historia y saben que su actual marco de derechos no existiría si no hubieran luchado y derrotado a Hitler. Exigió una trágica contienda que costó más de 70 millones de vidas humanas, casi la mitad rusos. Se incluyen los 17 millones de víctimas del holocausto, como recordó el historiador Josep Fontana.

La guerra de Ucrania tendrá un terrible coste humano y económico en todo el mundo, especialmente dramático para los más pobres. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el crecimiento de la economía mundial se reducirá en un punto. Es decir, el 25% menos del 4,4 % previsto. Al mismo tiempo, la guerra provocará un fuerte aumento de precios. La OCDE insta a los países a reforzar las medidas de apoyo a los ciudadanos más pobres de la Europa del Este y países bálticos, para quienes los gastos de alimentación y energía representan el 40% de total.

La ONU ha alertado de un riesgo de hambruna en África por la guerra

Europa ha de apuntalar sus mecanismos de justicia y solidaridad

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha alertado del “riesgo inminente” de una hambruna en África a consecuencia de la guerra. Los países africanos producen 23 millones de toneladas de trigo e importan 40 millones cada año de Rusia y Ucrania. La invasión rusa ha bloqueado 15 millones de toneladas de cereales en el puerto de Odesa. Especialmente dependientes son Egipto, Argelia, Nigeria, Marruecos, Sudán y Etiopía. Los precios de los cereales se han disparado y han puesto en situación de riesgo alimentario a 38 millones de africanos. También son grandes importadores de estos cereales países muy poblados como Indonesia y Bangladesh.

En España, la guerra ha agravado las difíciles condiciones de vida de la población más vulnerable, que no se había recuperado todavía de las crisis anteriores. Especialmente dramática es la situación de agricultores, transportistas y pescadores. La escalada del coste del carburante ha llevado a que muchos autónomos y pequeños empresarios tengan que trabajar a pérdidas. La falta de respuesta del Gobierno ha provocado paros masivos de los transportistas que impiden la distribución de productos básicos.

Los costes de reparación de la guerra y protección de las empresas más golpeadas y los ciudadanos más pobres superarán los cientos de miles de millones de euros en Europa. En la UE se vuelve a plantear la necesidad de una nueva emisión de deuda común para financiar las ayudas necesarias. No sabemos todavía las dimensiones humanitarias y económicas de esta catástrofe. Lo que resulta evidente es que Europa precisa mayor unidad, apuntalar sus instrumentos de solidaridad y justicia y fortalecer el mayor espacio del mundo gobernado por el derecho, que es un referente para todos pueblos que aspiran a una mayor libertad y democracia.

Fuente de la información e imagen: https://alternativaseconomicas.coop/articulo/editorial/la-guerra-que-empobrecera-el-mundohttps://alternativaseconomicas.coop

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Dolor oculto: abuso sexual infantil no se denuncia en comunidades de la Amazonía

Por: Geraldine SantosYanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales

En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.

Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.

Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.

Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.

Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.

—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.

Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.
Foto: David Diaz

El miedo a hablar

Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.

Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.

En el pueblo awajún  —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.

—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.

Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.

El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.

Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.

El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.

No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.

Un manto de impunidad

La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.

awajún - noviembre 2020 - Leslie Serles
SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.
Foto: Leslie Searles

Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.

Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.

“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.

Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.

Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.

“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.
Foto: David Diaz

Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.

En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.

La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.

Comisarias sin traductores

—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.

Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.

awajún - noviembre 2020 - Leslie Serles
INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.
Foto: Leslie Serles

—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.

OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.

— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.

El fracaso de dos formas de hacer justicia

Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.

El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.
Foto: David Diaz

Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.

Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.

El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.

—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.

Fuente de la información e imagen: https://ojo-publico.com

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México: Sin el vuelo de las niñas indígenas

Las lágrimas de doña Jus, indígena Na Savi, inundan sus ojos por la ausencia de su nieta Alejandra, víctima de feminicidio en el 2020. Desde que nació siempre fue su hija. Le gustaba jugar con sus amigas y nunca faltaba su risa en su casa. Vivían en una choza de bajareque en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña alta de Guerrero.

Creció en la pobreza extrema, entre las veredas del olvido. Cuando no había que comer caminaba entre las hondas barrancas para cortar quelite. Así pasaban los días. En ocasiones se sentía la punzada en el estómago vacío. No había nada, solo dolor.  Sin embargo, para soportar una cotidianidad, marcada por las carencias, la violencia machista y patriarcal trataba de contemplar la niebla de las montañas. La niña A no imaginó que a sus 14 años le cortarían las alas para emprender el vuelo hacía el horizonte, donde hay esperanzas.

Estaba estudiando la secundaria, era su último año, cuando los agresores buscaron la forma de sacarla de su casa con la idea de entregarle un celular que le habían arrebatado dos días antes, pero no fue verdad. Al contrario, intentaron agredirla sexualmente, pero se defendió sin que pudiera detenerlos. Despúes la torturaron, cercenando su cuerpo hasta que le quitaron la vida.

Esta pesada y cruenta realidad la viven cientos de mujeres indígenas que son silenciadas, vejadas, vilipendiadas, humilladas y mancilladas. Este monstruo de la violencia machista continúa cobrando vidas, sin que las autoridades presten atención. Es más, las mujeres terminan siendo criminalizadas por alzar su voz y pelear por sus derechos. La misma ausencia de las autoridades ha propiciado el aumento de esta violencia feminicida.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentamos la historia de un feminicidio acaecido en el municipio más pobre de Guerrero. Es un testimonio de la abuela y madre de la niña Alejandra, que con el llanto imparable exige justicia por su nieta.

Entre el dolor y la esperanza de justicia estas palabras pretenden ser un eco en los intersticios de la vida humana para erradicar la violencia machista, porque en Guerrero y México no se puede seguir sin el vuelo de las niñas indígenas.

Es un texto escrito en español y en lengua Tu´un Savi. Dejamos el testimonio completo:

Se acostó a dormir mi niña, estaba lloviendo mucho. Estaba triste porque le habían robado el celular. Fue cuando me dijo -abuela ayer me dijo [esa muchacha] que soy flaca. Estábamos por la barranca y me dijo que vaya por el celular. Así me dijo.

A qué vas a ir,  a dónde vas a ir, siéntate porque allá viven puros cholos y te vaya a hacer daño. Así le dije. No me tardo abuela, fue lo que me contestó [mi hija Alejandra].

Me dijeron que en la madrugada fue cuando empezó a forcejear mi niña, gritaba, pero a mí no me consta. Mi hija les dijo que no se quedaría así, no les tuvo miedo, si no hubiera hablado tal vez no la hubieran matado, pero rajaron toda su boca. Qué hizo ella para merecer eso.

Todo fue en la casa de material que está por allá arriba. Fue donde vinieron los ministeriales y quebraron la puerta para rescatarla. Por todos lados se regó la sangre, por todos lados de su cuerpo la cortaron y también sus manos.

En esa casa  la mataron y la fueron a tirar sobre el lodo, la embarraron toda, y como tenía el cabello muy largo se llenó de lodo. Mi hija estaba sin ropa. Qué tanto hizo mi hija, como si hubiera robado, pero no hacemos nada. Esto está complicado y no sabemos que hacer. Ella sólo tenía 14 años.

Eran dos mujeres las que la sacaban de la casa, desconozco sus nombres, pero estudian en la misma escuela [que mi hija]. La persona que la mató en ocasiones toma y me grita diciendo: te voy a matar porque soy hombre. Yo soy hombre, así dice.

Aquí tengo anotado sus nombres de los hombres y de las mujeres también, porque iba a sacar misa por ellos, creo que PL se llama uno.

Sus tíos y todas las personas lloran mucho por ella. Tenía muchas ganas de estudiar, ya hablaba muy bien el español, entendía muy bien las letras. Dicen que cuatro personas son las que saben de su asesinato, pero yo no las conozco, sólo conozco a dos hombres y sus nombres no.

Es triste. Sacaron su pantalón y lo escondieron en el temazcal por eso no lo encontramos, solo su blusa, su brasier y su ropa interior. Tenía mucha ropa mi hija porque hago huipil, los vendo y le compro ropa a mi nieta; tenía un costal  y una mochila lleno de ropa y huipil que también dejó. Se llevó tres huipiles. La quiero muchísimo porque yo no tengo hijas.

Su acta de nacimiento está con su maestro y todos sus papeles de estudios están allá [en su escuela]. Siento que como que no se va a hacer justicia por mi hija. Ella estaba estudiando y la cortaron. No me sé el número de su celular, ella me dijo que no tardaba en regresar [para que le cuente].

La amo mucho por eso la cuidé muy bien. Todas las noches y días lloro porque ella era estudiante. Nosotros no hacemos nada malo. De vez en cuando tenemos algo de dinero y es cuando nos compramos carne para comer. Somos muy pobres. Mi nieto fue el que me dio dinero para comprar el celular, porque ella le gustaba mucho el celular. [Recuerdo que] fui a Tlapa a recoger el dinero y allá compramos el celular, y mi nieta estaba muy feliz. Ese celular fue el que le robaron aquí. La [muchacha] que la venía a sacarla ya huyó al norte, vino cuatro veces aquí y yo no la dejé salir. Déjame ir por el celular abuela, pobre de nosotros porque nos costó mucho, así me dijo.

“El perro que maté no vale ningún dinero”, dijo el agresor. Él se dedica a vender terreno. Mi hijo le dijo que pagará por los daños porque ella es niña y es estudiante, pero él para nada quiso pagar. Gastamos 40 mil pesos para el funeral, con ese dinero compré carne y refresco para que comieran y bebieran los que fueron a dejar flores.

Yo qué hice si todos los días trato de vivir tranquila. Yo no he robado, vivimos bien pobres. Todos los día tengo miedo que entren a matarme también aquí en la casa. Allá del otro lado vive mi hija  y ahí me quedo a dormir. Nosotros no causamos daños a nadie. Mi difunto esposo siempre le decía a mis hijos, -los chivos, caballos o ganados de otras personas no se los roben, anden tranquilos, así les decía, por eso mis hijos no son así. Por qué esas personas nos hicieron esto si nosotros no cometimos ningún delito.

La historia del feminicidio de la niña A en lengua Tu’un Savi

Fernanda Lorenzo Ortiz, poeta Na Savi de la Montaña de Guerrero

Xikandu’u tikua’ái nikixie ra sa ra kuun ní sàvì, salulari kú nú ixaku’uíná ná mà, sá ka’aen ¡nana kuni kia nika’ae  kuyu laki kandu´u yu xi’ia yu’u ivi ka ra ka´aen xi’in ná ku’uin ndaki’in salulari káchie su’va! Kachie vae ma.

Ta nichun kie kù’ùn kun ra, yo ve’e kia kù’ùn kun kundu’u taxiun chi chòlò kú na kan ra kata’án na xi’iún kàchi xi’in ña ra ¡too vitin ku’uin nana! Kachie su’va.

Xa túvi kie kixaa ndakuiyo ña lo’o nda’ayu ña kachi na yuvi ta koe kundaa ini yu ma, ña nika’an kú tikua’ai, ní niká’án tukuen ra ká’áni nae ma, kaan ña yu’uen, ni ví kuachi tikua’a ma.

Ve’e tie’e chínínu kia nixa’aen ikan kia kìxi na sa’án má, ikan kie xàni na yé’e ta nìki’ivi na ra, in kua’a kua’a ká nìkàyù ini ve’e xi’in nìí, in tá kú ní yó’o tuvi nae yó’o tuvi na xa’andia ndi’i na, kuñu lo’o nda’ae yó’o xa’andia ndi’i nae.

Ve’e ta CN xa’ani nae ta nixa’an na sikana nae nú ndo’oyo, tuvi na ñá so’o, náni ka ví xini ña ra mí ndia’ayu kú ña, in ixa chala ví na se’ei ra ni kie ixa vie su ña nixakuina ví ku ña, táxîn ní ndee ndu, ndichi na kie, ndixi na kien koe ki’in ndu, sakan uxi kumî va kuiyae ta nixi’i ña.

Uvi kú mí na si’í tavâ ña’a xiní yu kìvi na, in nú ka’avi na, mí ra xa’ani kan ra, xá’an ra xí’i ra ta kíxaa ra ndia’ayu ko’ó ra kandú’u ra: xá’ani chi tiaa kui, yu’ù ku tiaa, Kachi ra su’va.

Yó’o ndesoi kivi na, xi’i mí na ña’a chi ña taa ndi ku’un tavai misa kia, an PL nani in ra.

Na xitoe chin tákundi’i na ra xáku ní na xa’aen ma, tiaa ní ka’aen ka’avi ña, vénu kaen, vénu letra ñá; kumi na xíni xa’ae xa’ani ña kachi na ra xíní yu na, uvi va na xíni yu ndi su xíní yu kivi na.

Tava na xatue ma nixa’an na ko’oni nae ini i’in kan ta nindáni’in ndia, ndia kotó vae kia ndani’i ndu, chikoto lo’o ndika vae xi’in xatu lo’o tixin vaen kia ndani’i ndu ma; iyo kua toto se’ei chi kunui xìkùn ra ixikoi ya ra satai tikotoe in koxta so’o ku ya, ndee machilae ra in chítu tun tikotoe ndee xiyo kunuu, uni xìkùn kunuu kua’an xi’in ña, tiaa ní xíní sîí tikua’ai chi koo na si’i se’ei.

Ñu’ún acta ña ra nda´a maxtro ñu’ún di’ia ikan ñu’ún ndi’i tutu ña ka’avia, ma koo ví kuachi xa’a se’ei ña kavi kian ra nixa’anda na ñá. Xìní númeroe salulari ña nana, tóviti kù’uen kachie xi’in.

Ñá nda’avi ní xíní sîí yu kuen ndaki’in yu ña ra veno níxa’anu ña, ini ñuu ni ká’añu ra tótoo xáku yu, ña xá’an ka’avi va kie, ta ni kóe ixa ndu nana, tá xa nini’in ndu xu’ún ra ki’in ndu kuñu kuxi ndi ndee ndi, nda’aví ni kú ndu, ra lo’o se’e ñanì vai taxi xu’ún ki’in ndi salulari chi xínísîí ní ña ña ra nixa’ain Tindia’ayu ndiki’in xu’ún ra ikan ki’in salulari ra kúsîì ka ví ini se’ei, ña kan kie ixakui’ina ri yó’o ña nú ndi’i; ñá xíka sanda’aví ña kan ra anda norte ndikáe xinu yuvie kua’aen ma, kumi ichi indikoen tava ña’aen yó’o ra nitáxi yu ña ma ¡ná kú’uin ra ndaki’in salulari nana nda’aví níyo chi xu’un ñue! Kachie.

Koo xu’un nda ví tina xa’aní, nina ñu’ún ixíko ra, nika’an se’ei ù’ùn ciéntoo ná chindu’u ra chi ñalo’o kavi kú ña ra iyo kuchi xa’aen kachi ra su’va ra nixíto mí ví ra. Uvi xiko mili xindi xundi, satai kuñu, tikui vixi, xi’i na kixi nú ita.

Ni kue ixai, ña nda’avi kandu’u vitin tian ku yu, ni koo ni ixakui’ina yu, nda’avi ní ndee ndu, ndia vichi ndia tan va ndatui ki’ivi ra ka’aní ra yu’ù ve’e yó’o, xiyo ká ndika in ña loó se’ei ikan xa’an yu kixin; koe ixa ndi, tata ra nixiyo xi’in ra xindaa yu’u ní ra se’ei: tixu’u sana na Kuri, kuayu sana na, ndiki sana na, ndaxin ndo sana na, taxin koo ndo;  kachi ra xi’in na. ñâkân kia sá iyo se’ei, ni ví ka’an na xa na sá xi’in ndu, ni lo’o kuachi ndu koo nana.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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¿Por qué es importante educar en Derechos Humanos en los centros educativos?

Sarah Ebery, directora de TEMS en The English Montessori School, explica algunas de las razones por las que estos contenidos deben formar parte de la enseñanza educativa actual

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, supuso una firme apuesta hacia la libertad, la justicia e igualdad de todos los ciudadanos del mundo. Pese a ello, hoy en día, ciertos países siguen sin estar de acuerdo en muchos puntos.

Los derechos contenidos dentro de esta Declaración han de ser conocidos por todos, por lo que, su enseñanza desde los centros escolares es crucial. Por un lado, la educación es uno de los elementos esenciales en el desarrollo y progreso de la sociedad. Y, por otro lado, este mismo derecho fundamental dota a las personas de las capacidades necesarias para desarrollar su pensamiento crítico y capacidad de análisis.

En este sentido, los colegios juegan un papel fundamental para dar a conocer y familiarizar a sus alumnos con los derechos contenidos en la Declaración.

Además, para facilitar y mejorar esta comprensión, es positivo que se introduzcan en los proyectos educativos acciones para explicar cómo se están llevando a la práctica estos derechos humanos en el entorno en el que vivimos, pero también en el resto de las partes del mundo.

La sensibilización, solidaridad y desarrollo de la empatía hacia aquellas personas que no disponen de estos derechos son claves de cara a impartir su enseñanza. Entre otros, algunos objetivos que se pretenden alcanzar mediante la instrucción desde los centros educativos son:

—Que los alumnos sean capaces de nombrar los derechos contenidos en la Declaración.

—Que estos sean conscientes de que, en ciertas ocasiones, los jueces deben tomar decisiones difíciles relativas a los derechos humanos.

—Que los alumnos tengan las competencias necesarias para poder desarrollar un pensamiento crítico y utilicen las técnicas persuasivas y el lenguaje más apropiado al escribir y presentar.

De cualquier modo, no hay mejor aprendizaje que el que se vive de primera mano. Por ello, los colegios han de mostrarse como modelos de inclusión, fomentando la igualdad, la libertad, la convivencia y el respeto hacia los demás, haciendo visible el compromiso colectivo con los derechos contenidos en la Declaración.

Además de las actividades desarrolladas dentro del centro educativo, fuera de este, las familias deben también contribuir al aprendizaje de sus hijos con los derechos humanos. Mediante actividades como la lectura, el cine, los documentales, el teatro, la música o los intercambios entre colegios, entre otras muchas cosas más, los más pequeños aprenden y desarrollan su pensamiento crítico y analítico a la vez que estimulan su intelecto.

De cara al futuro, los niños que han crecido en este tipo de ambientes tendrán mayores facilidades para enfrentarse a su futuro personal y profesional, gracias a su capacidad de análisis y sus facultades para juzgar objetivamente y resolver problemas.

Fuente de la información e imagen: https://www.abc.es

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“En América Latina y el Caribe tenemos una deuda con la población afrodescendiente”

Por: Karina Batthyány

La realidad por suerte impone algunos temas para comentar que son noticia y que nos traen a muchas de las columnas que hemos trabajado aquí en InfoCLACSO. El primero es México. ¿Por qué? Porque este martes, 7 de septiembre, al medio día, la Suprema Corte de México dio un paso realmente histórico despenalizando el aborto. Los diez jueces se pronunciaron de manera unánime invalidando un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila que sancionaba la Interrupción del Embarazo en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. Hasta ese fallo, recordemos, el aborto en México había sido tratado de manera exclusiva por las legislaciones de cada uno de los Estados que conforman a la Nación Mexicana.

La sentencia entonces del Máximo Tribunal va a tener efectos generales en todos los Estados. Desde el punto de vista de los hechos prácticos, ya no se podrá encarcelar en ningún lugar del país a las mujeres que decidan practicar un aborto. De las 32 entidades federativas que integran justamente los Estados Unidos de México, sólo 4 hoy permiten el aborto legal, libre y a petición de la mujer hasta las doce semanas de gestación. Recordemos: Ciudad de México, Oaxaca, y recientemente Veracruz e Hidalgo.

Con este fallo, entonces, ahora esto va a ser posible en todo el país. Este fallo judicial es sin dudas un respaldo institucional a la lucha del Movimientos de Mujeres Mexicanas y el Movimiento de Mujeres en América Latina y el Caribe.  Fue bien interesante escuchar al Presidente de la Corte en la argumentación sobre este fallo. Y esta noticia va empezar a generar repercusiones y presiones en todo el territorio nacional de México.

En la Conferencia de Prensa que todos los miércoles da el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró justamente que la decisión unánime del Tribunal debe respetarse y los representantes de las distintas bancadas en los congresos estatales comenzaron a fijar sus posturas. ¿Por qué traemos esta noticia? Porque aproximadamente el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países donde el aborto no está permitido. Y además se estima que entre 5 y 10 mil mujeres pierden la vida al año en abortos clandestinos en América Latina y el Caribe.

Entonces, como antes fue en Uruguay, más cerca en el tiempo en Argentina, esperamos que ahora en México se de este paso hacia una sociedad más democrática, más igualitaria, donde las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Y los Estados -aquí lo importante- generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. Creo que realmente esta noticia se imponía comentarla aquí en InfoCLACSO.

-Realmente una noticia importantísima que viene desde México. Y entiendo ahí, me gustaba tu reflexión antes de ir al segundo tema, sobre lo que significa el trabajo de los diversos feminismos que hay en Latinoamérica y el Caribe. Porque sabemos que es un trabajo entrelazado, donde se toma muy en cuenta lo que sucede en un país para poder llevar esas experiencias a otras… Y creo que es una lucha muy importante, ¿no?

-Absolutamente. La Marea Verde como la solemos llamar específicamente en este tema y que sin lugar a dudas es un logro del Movimiento Feminista Latinoamericano que va avanzando en los distintos países. La noticia de México es para celebrar y para seguir entonces avanzando en éste, que es uno de los temas críticos y uno de los derechos que reclamamos las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

-Tienes una segunda temática para proponernos y debatir…

-Te propongo que nos vayamos teóricamente a Durban (Sudáfrica), porque el 31 de agosto fue el Día Internacional de los Afrodescendientes que se celebra por primera vez en el 2021. Porque en 2020 justamente se llegó a la mitad de lo que se conoce como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes que fue en Durban, y es bueno hacer una revisión de lo que está ocurriendo a propósito de la declaración de este día por parte de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las personas afrodescendientes. En este Decenio –que así se lo ha nombrado, que llegamos a la mitad el año pasado–, si bien se han logrado progresos en los planos legislativos, normativos e institucionales, lo que tenemos para decir es que los y las afrodescendientes aún sufren formas interrelacionadas y complejas de discriminación racial (de racismo), de marginación y de exclusión.

Estos años de inicio del Decenio sumados a la pandemia del Coronavirus, pone de manifiesto la absoluta urgencia de abordar estas persistentes desigualdades estructurales y el racismo sistemático que observamos en el mundo y en particular en América Latina y el Caribe.

Recordemos que la falta de reconocimiento es todavía uno de los principales obstáculos que impiden el disfrute pleno y el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de las personas afrodescendientes. Han transcurrido ya 20 años de la Conferencia Mundial contra el racismo en Durban contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, y este evento que a veces no lo recordamos tanto, fue en sí mismo un hito, porque permitió sistematizar un proceso en términos de los aportes a la humanidad del programa que hasta el día de hoy se considera como el programa más potente de lucha antirracista hasta nuestros días.

Y esto fue importante porque por supuesto tuvo un amplio y un diverso consenso internacional, pero fue liderado por los y las afrodescendientes. A mitad de camino entonces de este Decenio Internacional que es entre el 2015 y 2024, las metas que dieron origen al Decenio –Reconocimiento, Justicia y Desarrollo para las personas afrodescendientes, tienen un avance muy limitado y seguimos teniendo especialmente en América Latina y el Caribe una deuda con las personas afrodescendientes. Deudas que son significativas en nuestra región, porque es la región que concentra la mayor población de afrodescendientes del mundo con estimaciones que fluctúan entre 120 y 170 millones de personas, donde Brasil justamente concentra la mayor población del continente con 112 millones.

A pesar, entonces, de que 1 de cada 4 latinoamericanos y latinoamericanas se identifica como afrodescendientes, esta situación de desigualdad estructural, de discriminación sigue presente. La pandemia lo agravó y tenemos algunas cifras que nos permiten mostrar con evidencia lo que estamos diciendo de cómo persisten estas desigualdades y estas discriminaciones. Por ejemplo, una de ellas, es que justamente las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe tienen 2.5 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que las personas no afrodescendientes. Y a su vez, segunda cifra para que la tengan presente, tienen en promedio menos años de escolarización, tienen también mayores índices de desempleo y menos representación en los cargos de toma de decisiones en todos los niveles, ya sean públicos o privados. Y esto son indicadores de la discriminación y la desigualdad estructural.

Entonces, al racismo tenemos que entenderlo, es parte central también de la cultura del privilegio que tan presente está en nuestros países. Las desigualdades raciales son estructurales, afectan los derechos y se traducen en pobreza, en privación de acceso a elementos del bienestar social de los bienes públicos como el agua, el saneamiento, la electricidad, internet que hoy es tan necesario entre otros elementos.

Tenemos que seguir trabajando en torno a este tema porque queda claro en América Latina y en el mundo la imposibilidad de avanzar hacia desarrollos sostenibles, justos, democráticos, sin deconstruir la matriz de desigualdad, la cultura del privilegio y las desigualdades estructurales que remiten por ejemplo al racismo.

https://www.clacso.org/en-america-latina-y-el-caribe-tenemos-una-deuda-con-la-poblacion-afrodescendiente/

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La pregunta zapatista

Por: Dení Freie

Barcelona, Estado Español. Yo quería ser combatiente zapatista. Estaba segura y por eso comencé a prepararme y a visitar las comunidades zapatistas. Una noche, lo recuerdo perfectamente, estábamos sentadas alrededor de una mesa adentro de una casita de madera. La única luz que había provenía del fuego donde se estaba calentado el café y la cena. Esa luz era tenue y nos hacía parecer como fantasmas, como sombras, como siluetas apenas dibujadas.

Les volví a preguntar, qué hago para ser zapatista, yo también quiero luchar por la democracia y la justicia, y ellos, ellas, volvieron a quedarse callados. Después de un silencio, una de las siluetas habló. Nosotros no queremos que se conviertan en zapatistas, o bueno, tal vez sí. Pero antes que eso, lo más importante es qué quieres hacer tú, qué es lo que quieres hacer en la vida, y a partir de allí, luchar por la democracia y la justicia.

Esa pregunta como respuesta lo cambió todo para mí en ese momento. De pronto comencé a pensar en el futuro y a cuestionarme profundamente qué quería hacer con mi vida. ¿Quedarme en las comunidades para siempre o sólo un tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Estudiar, ir a la universidad o cultivar el campo? ¿Viajar, casarme, tener hijos? ¿Ser esposa, madre, ama de casa, estudiante, profesora, investigadora, activista, poetisa, escritora, periodista? Se abrieron muchas posibilidades, muchos caminos, y en cada uno de ellos se podía luchar por la democracia y la justicia.

Han pasado muchos años desde aquella noche. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) evolucionó increíblemente, pasó de ser una organización clandestina armada a una organización social pública (“del fuego a la palabra”). En varios comunicados del EZLN se ha convocado a la sociedad civil a luchar, a resistir, a no claudicar, desde su propio contexto, en su propia realidad social.

El año pasado comenzó a fraguarse un nuevo proyecto del EZ: viajar por el mundo para conocer en su territorio a las personas y colectivos que luchan y resisten y que, en mayor o menor medida, han tenido contacto con las comunidades zapatistas. Comenzaron a organizarse. El 30 de abril de este 2021, siete zapatistas zarparon en barco rumbo a Europa, el primer territorio para visitar. El 20 de junio llegaron a Galicia, España. Varias personas y colectivos les estaban esperando, fue un momento no sólo emotivo sino también histórico. Días más tarde, el 8 de julio, llegaron a Barcelona, donde vivo actualmente.

Allí estaban, frente a mí, en la Plaça Catalunya, siete zapatistas, el Escuadrón 421, Marijose, Darío, Bernal, Yuli, Ximena, Carolina y Lupita, con su mirada me decían, cuánto tiempo ha pasado, luego nos cuentas cómo te ha ido en la vida, por ahora te vamos a dejar otra pregunta, no sólo para ti, sino también para toda la gente con la que vamos a hablar: ¿qué es lo que están haciendo para luchar, para resistir, para no claudicar? No es una pregunta para evaluar, sino más bien para aprender, para saber cómo podemos luchar en conjunto.

Después de Barcelona, el escuadrón 421 se dirigió a Francia. En París se encontrarán con otro grupo de zapatistas que están viajando en avión rumbo a estas tierras. Después, en grupos, se repartirán por todo el territorio europeo para realizar encuentros con diversos colectivos y organizaciones que les han invitado para hablar, para escucharse, para conocerse.

Yo voy a estar aquí esperando cuando regresen a Barcelona para encontrarnos; mientras tanto, me quedo con la pregunta que me dejaron. Hay muchas cosas que responder, pero, sobre todo, muchos desafíos para solventar: ¿Qué hacemos y cómo nos organizamos ante este mundo que se deshace en pedazos, que agoniza lentamente delante de nosotros?

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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