ESI, jornada extendida y federalización educativa, propuestas del Frente de Todos

Por: María Elena Polack.

Cumplir «a pleno» la Enseñanza Sexual Integral (ESI), aprobada en 2006 por el Congreso, repensar la jornada escolar y hacer un mapeo para conocer a fondo la situación en las provincias, reglamentar la educación intercultural bilingüe y el capítulo de enseñanza cooperativa y social comprendido en la ley nacional de educación 26.206, lograr que el Consejo Federal de Educación funcione como un espacio de discusión y pueda diseñar políticas educativas, desarrollar formas de participación de los estudiantes, evitar la precarización laboral docente. No es el programa educativo de campaña del Frente de Todos, pero podría tomárselo como la columna vertebral de la intención de ese espacio liderado por Alberto Fernández, luego de un encuentro de pedagogos, funcionarios de educación de 15 provincias y referentes gremiales que debatieron ayer en 10 mesas los aspectos más destacados una eventual presidencia del kirchnerismo.

La presentación de las conclusiones de 10 grupos de trabajo estuvo a cargo de Adriana Puiggrós, ex directora general de Escuelas bonaerense en la gobernación de Felipe Sola; Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Cterea); Flavia Tariggi, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento; los rectores Adrián Cannelloto (Universidad Nacional Pedagógica) y Nicolás Trotta (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), y Luis Scasso, director adjunto de la oficina regional Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

«Se mueren las pibas. No puede haber una cuestión de conciencia. La ESI no puede esperar. Hay que educar para una vida más feliz y más saludable. Lo tenemos que discutir respetuosamente», planteó Alesso y despertó el aplauso más fuerte de los asistentes al auditorio de la UMET, en Sarmiento 2037 de esta ciudad. Entre presentes y adherentes al encuentro, figuraron los responsables de educación de La Pampa, María Cristina Garello; María Cecilia Velázquez (Santa Cruz), Mariela Nassif (Santiago del Estero), Juan Pablo Litchmajer (Tucumán), Marcela Mosqueda (Chaco), Paulina Calderón (San Luis), Alberto Zorrilla (Formosa), Daniel Gutiérrez (Catamarca), Cristina Storioni (Neuquén), Juan Luna (La Rioja), Ivonne Aquino (Misiones), Marta Irazábal de Landó (Entre Ríos), Diego Romero (Tierra del Fuego) y Felipe de los Ríos (San Juan).

Mejorar la educación

La dirigente gremial docente fue la que tuvo definiciones políticas más fuertes. «Tenemos la obligación de mejorar la educación y nos hemos hartado del debate berreta del macrismo», dijo Alesso y arreciaron los aplausos. Aunque no hizo referencia a las razones por las cuales, por ejemplo, en gobernaciones conducidas por el kirchnerismo como Santa Cruz, las huelgas docentes de los últimos años han sido récords de cantidad de días sin clases en las aulas de gestión pública, anticipó que vendrá «una nueva etapa en la educación argentina». Y advirtió: «Los trabajadores hemos sufrido mucho en estos cuatro años de macrismo». Y, sin datos precisos, habló no solo de las condiciones salariales de los docentes, sino también de los problemas de infraestructura. «Hay paredes electrocutadas (sic)», sostuvo y planteó que deben darse «condiciones dignas para enseñar y para aprender.

No solo habló de educación. «Debemos darnos como ciudadanos y docentes una primera discusión sobre cómo caemos repetidamente en el pasado y nos hundimos. Hay que construir una institucionalidad para que cada cuatro años no tengamos que pagar endeudamientos externos», dijo Alesso, que señaló que «los mejores pedagogos de la Argentina están identificados en este espacio de pensamiento».

Institucionalidad

Adriana Puiggrós trató de sintetizar en varios puntos todos los temas de debate de las mesas de discusión para dar un cierre al encuentro. «Hay un clamor para tener un país federal. No diseñado por los unitarios», señaló al pedir la «plena vigencia de las leyes» vinculadas con el sistema educativo, entre las que se encuentran, por ejemplo, la de Enseñanza Sexual Integral, que ha sido cuestionada por varias provincias por cuestiones de conciencia religiosa.

En cambio, ninguno de los expertos planteó iniciativas pendientes de aprobación como la ley de obligatoriedad de la sala de 3 años, que en 2017 tuvo el voto unánime de la Cámara de Diputados y nunca fue analizada para su aprobación definitiva en el Senado. Ni tampoco sobre cómo lograr el objetivo de los 190 días de clase acordado por el Consejo Federal de Educación hace casi una década. Las huelgas docentes, los feriados nacionales, provinciales o municipales básicamente les restan tanta cantidad de días de aula a los estudiantes argentinos que ni siquiera se logran cumplir las 180 jornadas previstas antes de la ley nacional de educación.

Al hacer referencia a las deficiencias del sistema educativo, que se han verificado tanto en evaluaciones internacionales como nacionales que se han desarrollado en la última década, no se confirmó si tendrán continuidad como ya se las conoce. Fue Nicolás Trotta quien hizo alguna mera mención al respecto. «Pensar la calidad no se vincula con las pruebas estandarizadas que se buscan imponer. Todos se llenan la boca hablando de mejorar la educación, para eso hace falta dinero y un nuevo contrato social».

«Lo que hagamos hoy se vincula con la Argentina que vamos a ver construida en 20 a 30 años. Nos debe llenar de dolor haber dejado un 27 por ciento de pobreza», admitió Trotta al referirse a las cifras del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y recordar el actual guarismo de 35,4 y anticipar que «hay que romper la mediocridad de hoy».

Trotta también hizo referencia a la relación de tensión que hubo entre el gobierno de Mauricio Macri y los docentes. «Se dedicó a enfrentar [a los gremios] evitando el debate de fondo de qué modelo queremos para el país». Consideró que «hay que federalizar la educación para romper las asimetrías del desarrollo», aunque admitió que «no se puede resolver todo en el corto plazo».

«Fin de la banalización»

A su turno, Flavia Terigi denunció que «el Ministerio de Educación ha perdido una gran porción de cuadros técnicos» y fue aplaudida al sentenciar: «Estamos finalizando una etapa de banalización de los problemas educativos». Puso como buen ejemplo la reforma del nivel secundario que encara Río Negro al destacar que el Ministerio de Educación provincial promovió «la figura de profesor por cargo que implicó un 30% de aumento del presupuesto» en ese rubro.

Aunque no brindó detalles, incluyó la necesidad de «discutir el espinoso tema de la calidad de la educación y del tema salarial» y cuestionó la existencia del servicio cívico voluntario impuesto recientemente por el gobierno macrista.

«[El Gobierno] deja una suerte de principio de cambio cultural que habrá que revisar, como la innovación como ocurrencia individual o el emprendedurismo», señaló Terigi al pronosticar que «el Ministerio Nacional de Educación debiera fortalecer políticas sobre todo en las provincias que tienen mayores deficiencias educativas. Las normas que ya existen son potentes desde el punto de vista del reconocimiento».

Adrián Cannellotto destacó que en las mesas de trabajo hayan participado tanto la Unipe, de gestión estatal, como la UMET, privada y cuestionó los intentos de tomar modelos educativos exitosos en otros países para aplicarlos en la Argentina. «Copiar no es la solución, está demostrado. La educación tendrá que repensar la federalización que le pega de lleno a la educación», indicó al añadir que en la actualidad «se conjuga una enorme deuda externa y una enorme deuda interna social y que hay que acercar la idea de un pacto social para pensar los temas que son relevantes para el futuro».

En su condición de funcionario de un organismo internacional, Francisco Scasso hizo un repaso sobre los indicadores educativos de América Latina, admitió que «hacer rankings no tiene mucho sentido» y deslizó su opinión de que se ha hecho «poco para educar en contexto de calle». A su criterio, «hay que recuperar la integralidad de la política pública como primer desafío y la educación, como segundo desafío».

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FUBA: la izquierda se alió a los K y votaron nueva conducción, pero fue impugnada

Por: Ricardo Braginski.

Las divisiones internas dentro de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) parecen no tener fin. En junio, y después de 17 años de predominio de la izquierda, el arco “reformista” (que agrupa a radicales, peronistas y socialistas, pero que está conducido por Franja Morada) logró imponerse en un congreso y retomar la presidencia de la organización. Y si bien la anterior conducción de izquierda denunció “fraude”, la nueva FUBA terminó siendo ratificada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las autoridades de la UBA.

Las buenas noticias les duraron poco a los reformistas, porque en las elecciones de centros de estudiantes de este conflictivo 2018 la izquierda (aliada con el kirchnerismo) dio vuelta el marcador, y ahora esas agrupaciones unidas son mayoría.Aprovechando la nueva situación, se apuraron y convocaron para este lunes a un nuevo congreso, con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades.

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Erigieron como co-presidentes a Fernando Ramal (del Partido Obrero) y Eva Dimopulos (de La Mella, cercana al kirchnerismo). Mientras que Lucía Cámpora -de La Cámpora- y Sacha Unamuno -de Nuevo Encuentro, el espacio de Martín Sabbatella-, serán los vicepresidentes.

Pero ahora los que impugnan el congreso son los reformistas. Afirman que no se está cumpliendo con el mandato de un año que fija el estatuto (la actual conducción debería seguir hasta junio de 2019, dicen) y, además, que no puede haber dos presidentes y dos vices, porque la reglamentación de la FUBA no lo permite.

Congreso de la fuba . Silvana Boemo

Congreso de la fuba . Silvana Boemo

“La actual conducción tiene que terminar su mandato. El estatuto dice que se debe convocar al nuevo congreso con 10 días de anticipación de concluido el ciclo y, además, que se debe hacer un congreso por año: en 2018 ya se hizo. Para nosotros, esto equivale a un intento de destitución. Tampoco puede haber dos presidencias o dos vicepresidencias: están violando el estatuto. Por eso impugnamos el congreso del lunes ante la IGJ y no descartamos hacer alguna acción ante el rectorado o el Consejo Superior de la UBA”, le dijo a Clarín Felipe Vega Terra, consejero superior estudiantil y dirigente del reformismo.

Eva Dimopulos (elegida nueva copresidenta por La Mella) defendió ante este diario la posición de la izquierda. “Nosotros desconocemos el congreso fraudulento que hicieron ellos en junio, porque trucharon dos delegados y en ese momento lo certificamos ante un escribano. Con lo cual, no estamos acortando ningún mandato. En cuanto a la cantidad de presidentes, acá sucede como en los gremios o incluso la CGT, donde la forma de gobierno va variando con el tiempo. En la CGT, por ejemplo, hubo un solo conductor, pero luego triunviratos. Acá es lo mismo”, dice.

Alegría. Militantes del Partido Obrero festejan, antes del nuevo congreso de la FUBA. Junto al kirchnerismo, volvieron a ser mayoría. SILVANA BOEMO

Y afirma que pretenden cambiar el estatuto, para ajustarlo a las dos presidencias, pero que para eso necesitan un congreso extraordinario con dos tercios de los delegados y –dice- el reformismo “nunca quiere dar ese debate”.

Vega Terra reafirma que el congreso de junio “no fue trucho” y que cumplieron con todas las normativas. “La elección no recibió ninguna impugnación, ni del Poder Judicial, ni del rectorado ni de la Inspección General de Justicia. En el congreso que hicieron el lunes, en cambio, no estuvo la IGJ, por ejemplo”, afirmó.

El esquema del “cogobierno” entre el Partido Obrero y La Mella (conocido como el “doble comando”) fue el esquema que estas organizaciones impusieron en los últimos años para garantizarse un acuerdo entre esas dos fuerzas más importantes de la izquierda en el mundo universitario de la UBA. Si hay dos presidentes, no hay ninguno que tenga más poder que el otro, y así se garantiza la unidad, por más que el esquema no esté establecido en el estatuto de la Federación. Ahora que sumaron a sectores kirchneristas, como La Cámpora o Nuevo Encuentro, también habrá dos vicepresidencias.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/fuba-izquierda-alio-votaron-nueva-conduccion-impugnada_0_Hc0FhJvjJ.html

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