El delito de acoso sexual es una de las agresiones mas solapadas y perversas.
En estos días, se debate en España la modificación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de “solo sí es sí”, considerada uno de los instrumentos legales más avanzados en la materia. Esta ley surgió como consecuencia del caso de “la manada”, cuando 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Sebastián en Pamplona. La modificación de la ley de acoso, impulsada por el gobierno español, implica establecer el consentimiento pleno antes de cualquier encuentro sexual. Esto significa que la agresión no está necesariamente rodeada de violencia, ya que la víctima puede encontrarse en un estado de pánico, intimidación o inhibida de defenderse por cualquier otra causa.
Sin embargo, la nueva ley ha abierto una salida para que algunos agresores se beneficien con una reducción de penas, cuyas condenas mayores la nueva legislación reduce a un máximo de 4 años de prisión. Este escenario ha puesto nuevamente en la balanza un tema sensible y es la situación de riesgo inherente a la condición femenina, por ello para tipificar el delito de acoso sexual primero hay que analizar el fondo de los estereotipos que marcan la conducta de hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Las leyes, aunque constituyen un importante avance en el establecimiento de normas de respeto entre individuos, no van al fondo del problema.
El acoso sexual es consecuencia directa de patrones culturales consolidados a través de los siglos, incluso impresos en códigos y leyes sexualmente discriminatorias en un marco de relaciones patriarcales, predominante en casi todas las naciones del mundo. Para combatir esta deformación institucional, aceptada hasta ahora como un elemento inherente a las relaciones entre los sexos, es indispensable comprender que no existen mecanismos transparentes ni herramientas que garanticen una aplicación justa de la ley.
Por lo tanto, para la gente común, es una extraña medida coercitiva que limita los derechos de las personas, exageración legalista que pretende imponer normas de conducta que sólo competen a los involucrados dentro del ámbito de su vida privada. Es decir, una medida considerada por efecto de estereotipos y tradiciones machistas, absurda y represiva. Esto, porque de acuerdo con las costumbres ancestrales, es permitido invadir el terreno íntimo de una persona que está en calidad subordinada, ya sea por razón de su sexo o de su posición en la estructura social.
El hostigamiento sexual, por razones de carácter cultural se refiere primordialmente a la mujer, porque ella ha sido la gran perdedora en la batalla de los sexos. De ahí proviene la fijación de los roles masculino y femenino como el dominante y el dominado, el fuerte y el débil, el activo y el pasivo. Y entonces, la sociedad acepta estas reglas del juego que le indica claramente su lugar en el orden social.
Para hacer de una ley contra el acoso sexual un elemento eficiente, se debe atacar a fondo el origen de las ambigüedades conceptuales, porque pocas violaciones a esta ley se dan ante testigos. Ello se presta a confusiones que pueden resultar aún más humillantes para las víctimas y las coloca frente a su victimario -palabra contra palabra- en un duelo degradante que no propicia un desenlace justo ni garantiza un avance de la sociedad contra el prejuicio y la ignorancia.
El papel de los sexos en el contexto de sociedades patriarcales, está definido por los hombres.
Los senadores dieron media sanción al proyecto de ley que declara emergencia nacional por feminicidios y prevé medidas para proteger a las mujeres de todo tipo de violencia.
El proyecto de ley «Que declara Emergencia Nacional por Feminicidios» fue aprobado este jueves por la Cámara de Senadores. Los parlamentarios reconocieron la necesidad de fortalecer las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencias. Los casos de violencia de género aumentaron durante la pandemia del Covid-19.
El documento tiene por objeto declarar emergencia nacional por feminicidios y complementar lo previsto en la Ley Nº 5777/16 De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia y su decreto reglamentario Nº 6973/17, estableciendo medidas urgentes e inmediatas con la finalidad de reducir el número de víctimas de feminicidios y prevenir, atender y proteger a todas las mujeres de toda forma de violencia.
Se establece como órgano rector al Ministerio de la Mujer para impulsar la aplicación de la ley. Como primer punto deberá integrar un gabinete de crisis, fortalecer la difusión de las medidas de protección a través de campañas de concienciación y los servicios de prevención y asistencia a personas en situación de violencia.
El Ministerio también será responsable de disponer cursos virtuales para el fomento de actitudes no violentas, dirigidos a educadores y educadoras formales y no formales, e implementar en todas las penitenciarías nacionales y regionales programas asistenciales para la reeducación de hombres condenados por femicidios.
El proyecto también pretende capacitar a las fuerzas públicas para que intervengan a tiempo y con perspectiva de género.
Entre otras medidas, el proyecto busca que, previa autorización de las víctimas, se incorporen en los teléfonos celulares de las mujeres en situación de violencia, previa denuncia y como parte de las medidas cautelares, los siguientes servicios: Geolocalización, envío de mensaje SOS a contactos directos, comunicación directa con el 911, grabación de sonido ambiente, captura de imágenes y/o videos, información sobre centros de atención, comisarías, fiscalías y juzgados que correspondan a su jurisdicción.
Asimismo, también se plantea declarar como servicio esencial la asistencia integral a las víctimas de violencia, garantizando el normal funcionamiento de los dispositivos de información de 24 horas.
La propuesta también establece apoyo sicológico a las mujeres víctimas de violencia para contención, atención y acompañamiento sicológico inmediato por vía telemática a través de los servicios en los distintos niveles que ofrecen el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otras instituciones.
En su artículo 8 se menciona la participación de la Secretaría Nacional de Turismo en coordinación con el Ministerio de la Mujer en la conformación de una red solidaria de hoteles y posadas turísticas comprometidas en la protección a las mujeres víctimas de violencia, para hospedarlas en caso de ser necesario de manera temporal y extraordinaria, con sus hijos, hijas y/o personas dependientes.
También se dispone a los centros asistenciales públicos o privados remover los obstáculos existentes para el acceso de diagnóstico médico o constancia médica y sicológica para las mujeres víctimas de violencia.
En el caso de juzgados de turno se determina habilitar un medio telemático para el ingreso de denuncias. También se establece que la no presentación de la copia de la denuncia policial presentada por la víctima no podrá ser impedimento para el acceso a la justicia de las mujeres que acuden a requerir medidas de protección. Además, dispone que los juzgados garanticen el servicio las 24 horas para dichos casos.
A la Policía Nacional se le encomienda prever mayor designación de personal capacitado en las dependencias policiales, además de socializar internamente y en la comunidad los protocolos de atención policial a mujeres víctimas de violencia a fin de brindar atención adecuada y evitar la revictimización.
Asimismo, la normativa contempla que en caso de que un funcionario público reciba una condena firme por hechos punibles cometidos en ocasión de violencia contra la mujer, el mismo quedará inhabilitado por dos años para ejercer la función pública.
El proyecto fue presentado por la senadora Lilian Samaniego y modificado por las comisiones de Equidad y Género; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Derechos Humanos y Bancada de PDP. El documento pasa a consideración de la Cámara de Diputados.
Por varios días se reiteraron las protestas en Madrid y Barcelona contra la detención del rapero español Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión y una multa de 30.000 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona de España. Para detenerlo la Policía ingresó el martes 16 de febrero a la Universidad de Lleida, en Cataluña, donde se había atrincherado. Su encarcelamiento fue repudiado por organizaciones como Amnistía Internacional y por las manifestaciones diarias que terminaron con decenas de heridos y detenidos. Barcelona, 17 de febrero.
Febrero 2021 | Saul Loeb, AFP
Richard Barnett fue uno de los partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump que tuvieron más visibilidad el 6 de enero, cuando una multitud tomó por asalto el Capitolio para evitar que el Congreso ratificara la victoria electoral de Joe Biden. Llegó hasta la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y posó allí para los fotógrafos. El episodio terminó con cinco muertos y los congresistas evacuados del edificio.
Barnett fue también uno de los primeros en ser detenidos, cuando volvió a Arkansas. Está acusado de entrar de manera violenta a un edificio con acceso restringido, participar en disturbios y robar propiedad pública, en este caso, cartas que encontró en la oficina de Pelosi.
En sus redes sociales, Barnett, de 60 años, había defendido posiciones afines al supremacismo blanco y había dicho que estaba preparado para una muerte violenta.
Foto: Saul Loeb, AFP
Enero 2021 | Juan José Peralta / ABI / AFP
Después de unas 20 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 11 de diciembre el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Una multitud celebró frente al Congreso el resultado de esa sesión, que permitió que el proyecto pasara a consideración del Senado. Votaron a favor 131 diputados, 117 lo hicieron en contra y seis se abstuvieron. La iniciativa, identificada con los pañuelos verdes, ha sido un reclamo emblemático del movimiento feminista argentino.
Foto: Ronaldo Schemidt, AFP
Diciembre 2020 | Juan José Peralta / ABI / AFP
El domingo 8 de noviembre el economista Luis Arce y el dirigente sindical David Choquehuanca tomaron posesión de sus cargos como presidente y vicepresidente de Bolivia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz. El evento marcó el retorno al poder del Movimiento al Socialismo, liderado por el depuesto presidente Evo Morales, luego de casi un año en que el país fue gobernado por un régimen de facto encabezado por la abogada Jeanine Áñez.
Foto: Juan José Peralta / ABI / AFP
Noviembre 2020 | Martin Bernetti / AFP
Manifestantes a favor de una nueva constitución chilena festejan los resultados del plebiscito del domingo 25 de octubre en la Plaza Italia, a la que renombraron Plaza Dignidad. Un año después de que más de un millón de personas llenaran el centro de Santiago en el levantamiento social de 2019, los chilenos votaron para cambiar una constitución que fue aprobada en dictadura y que sustenta la desigualdad en el país. Más de 78% de los votantes se manifestaron a favor de iniciar un proceso constituyente, y 79% aprobó que la nueva constitución sea elaborada por personas elegidas para ese fin, en lugar de incluir también a legisladores actuales.
Foto: Martin Bernetti / AFP
Octubre 2020 | Ernesto Ryan
La Marcha por la Diversidad fue convocada este año, el 25 de setiembre, con la consigna “Orgullo es luchar”. Esta edición fue la primera desde que llegó al gobierno una coalición que incluye en sus filas a representantes de los sectores más abiertamente contrarios a las políticas inclusivas.
Foto: Ernesto Ryan
Setiembre 2020 | Ernesto Ryan
A 26 años de la protesta del Filtro, se realizó una nueva marcha que reclama justicia por las muertes de Fernando Morroni y Roberto Facal. En 1994 el gobierno de Luis Alberto Lacalle accedió a extraditar a España a tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer a la organización separatista armada ETA. En la noche del 24 de agosto la Policía realizó el operativo de traslado de los vascos que estaban internados en un hospital Filtro rodeado de miles de personas que se oponían a la extradición. Hubo muchos heridos y dos muertos: Morroni, tiroteado por la espalda con múltiples impactos de bala, y Facal, que fue hallado muerto en la entrada de su casa. En la foto, Norma, madre de Fernando Morroni, al finalizar la movilización, junto a integrantes del Colectivo de Acción Callejera.
Foto: Ernesto Ryan
Agosto 2020 | Ernesto Ryan
Francisco Bustillo y José Mujica en la sede de la cancillería, el 20 de julio, poco antes del discurso de asunción del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. En ese discurso, Bustillo marcó un cambio en la política exterior respecto de su antecesor, Ernesto Talvi. Una de las definiciones del nuevo canciller fue la de calificar a Venezuela como una dictadura.
Foto: Ernesto Ryan.
Julio 2020 | Ernesto Ryan
En plena emergencia sanitaria, 37 familias, integradas en su mayoría por migrantes dominicanos, han estado bajo amenaza de desalojo de la pensión en la que viven, en el barrio Aguada. Primero fueron engañadas, convencidas de que estaban comprando su habitación, después se les exigió un alquiler, y finalmente se les informó que debían irse. Les dieron fecha de desalojo para el 11 de mayo, y luego para el 21 de junio. La intervención del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho permitió que el desalojo fuera suspendido.
En la foto, Carlos, Alexander, Soila, su hija Ailín y Marlene, al momento de enterarse de que no iban a ser desalojados.
Foto: Ernesto Ryan
Junio 2020 | Ernesto Ryan
Intervención organizada por Covipostal 4, en el cantero central de Avenida Italia, frente a la cooperativa de viviendas. Se sabía que esta vez la Marcha del Silencio sería atípica. Este 20 de mayo no era posible llevar a las calles, tal como los últimos 24 años, el reclamo de que se conozca la verdad sobre los desaparecidos y termine la impunidad. Pero esta marcha, una de las mayores movilizaciones del país, se reinventó y se llevó adelante de distintas maneras, con actos presenciales o mediante señales en ventanas y veredas, para mostrar que la distancia social no atenúa la memoria.
En un nuevo aniversario de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw y Manuel Liberoff, ocurridos en Buenos Aires en 1976, grupos de personas se reunieron para hacer distintas intervenciones utilizando los símbolos que por décadas identificaron a esta lucha.
Mayo 2020 | Mariana Greif
Romina Vergara y su hija en el merendero del asentamiento nuevo Comienzo, en santa Catalina, el lunes 20 de abril. La ocupación espontánea del predio comenzó a principios de enero, y en la actualidad unas 1.000 familias habitan allí. Algunos de los ocupantes enfrentan un proceso judicial por usurpación, a cargo del fiscal Diego Pérez, y son intimados a abandonar el lugar. La acción judicial comenzó en medio de la epidemia de coronavirus y motivó manifestaciones de los ocupantes frente a Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente. Los vecinos llevan adelante una olla popular, hacen obras para asegurar el suministro de agua y construyen un salón comunal.
Abril 2020 | Ernesto Ryan
Barrio Punta Carretas, cerca del shopping, el 18 de marzo. Cinco días antes, el viernes 13, el gobierno declaró la emergencia sanitaria, tras detectarse los primeros cuatro casos de coronavirus SARS-Cov-2 en Uruguay. Se suspendieron los espectáculos públicos, y ese fin de semana también fueron suspendidas las clases en escuelas, liceos y universidades.
Foto: Ernesto Ryan
Marzo 2020 | Mariana Greif
Comparsa Tronar de Tambores en el Desfile de Llamadas, el viernes 14 de febrero de 2020.
Febrero 2020 | Ernesto Ryan
Entre el 11 y el 19 de enero, el Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle copó, en su decimotercera edición, la ciudad de Mercedes. En la imagen, el espacio Manzana 20, uno de sus epicentros.
Enero 2020 | Alejandro Pagni
Durante la ceremonia de traspaso de mando en Argentina, el 10 de diciembre, el nuevo presidente, Alberto Fernández, el saliente, Mauricio Macri, y la ex jefa de gobierno Cristina Fernández, que asumió la vicepresidencia, se encontraron en el Congreso. El gesto de ella ante el saludo de Macri fue una de las imágenes más comentadas de la asunción. Algunos se indignaron por el desplante y otros defendieron la actitud de la ex presidenta. Uno de los políticos más cercanos a la dirigente, el senador Oscar Parrilli, dijo que “es una de las principales virtudes de Cristina que no sea hipócrita”.
Diciembre 2019 | STR
“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al Socialismo [MAS] no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico”, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, el domingo 10 de noviembre, tras denunciar que la casa de su hermana había sido incendiada. Pocas horas antes había anunciado que llamaría a nuevas elecciones. Los resultados de los comicios del 20 de octubre, que lo dieron ganador, habían sido cuestionados, y esta situación originó una serie de violentas manifestaciones populares. Sin embargo, el jefe del Ejército, Williams Kaliman, le “sugirió” al presidente que dimitiera. Las protestas continuaron tras la partida de Morales a México: en la imagen se ve cómo la Policía arresta a partidarios del MAS en una manifestación en contra de Jeanine Áñez, la senadora que asumió como presidenta de facto.
Noviembre 2019 | Martín Bernetti
Después de una suba en el precio de boleto del metro y de varios días de que usuarios evadieran el pago como medida de protesta, el 18 de octubre estallaron en Chile manifestaciones masivas, que incluyeron la destrucción de infraestructura en varias estaciones e incendios en distintas partes de Santiago. El servicio de metro fue suspendido y el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción en el área metropolitana y encomendó al Ejército el patrullaje de la capital. El toque de queda y la decisión del gobierno de suspender el alza en el precio del boleto no fueron suficientes para terminar con las protestas, que revelaron tener razones más profundas.
Octubre 2019 | Saul Loeb
El 24 de setiembre el Partido Demócrata estadounidense anunció, a través de su líder en el Congreso, la senadora Nancy Pelosi, que iniciará el proceso de juicio político contra Donald Trump, presidente de ese país. La decisión es consecuencia de la divulgación de una conversación telefónica en la que Trump solicitó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara los negocios en Ucrania del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y actual precandidato presidencial demócrata. En la imagen, Trump y Zelenski (al centro) conversan durante una reunión en Nueva York, el 25 de setiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Setiembre 2019 | Lula Sampaio
Ya perjudicados por la deforestación, los bosques del área son vitales para la regulación climática de América del Sur, e incluso del planeta entero. Por eso, la política medioambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió duras críticas de gobernantes de todo el planeta.
Especialmente fuertes fueron las expresiones de Emmanuel Macron, el mandatario francés, que fue anfitrión de la cumbre del G7 desde el 24 al 26 de agosto, quien llegó a amenazar con vetar el acuerdo Mercosur-Unión Europea si Brasil no aborda la protección de la zona amazónica. Finalmente, el gobierno brasileño dispuso la movilización del Ejército y la Fuerza Aérea para apagar los incendios, al tiempo que la comunidad internacional liberó diversos mecanismos de ayuda. En la imagen, una zona próxima a Boca do Acre, en el estado de Amazonas, el 24 de agosto.
Agosto 2019 | STR
El 17 de julio, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, le trasladó la presidencia pro tempore del Mercosur a su par brasileño, Jair Bolsonaro, durante la cumbre del organismo en Santa Fe. El tema más notorio del encuentro fue el acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y el Mercosur, que debe ser ratificado por varios de los países miembros de los bloques.
Julio 2019 | Evaristo Sa
El 9 de junio, el sitio The Intercept comenzó a publicar una serie de investigaciones basadas en conversaciones reservadas entre ex juez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato. El trabajo periodístico muestra que Moro no actuó con imparcialidad en el caso por el que se condenó a Lula, y que existió la intención de dejarlo fuera de la competencia electoral. Gracias a la investigación, la defensa del ex presidente comenzó a trabajar en nuevos argumentos para solicitar su liberación, al tiempo que Moro, devenido ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, ha debido justificar su accionar, mientras se desdibuja su imagen de luchador contra la corrupción. En la imagen, Moro comparece ante la Comisión de Justicia y Constitución del Senado en Brasilia, el 19 de junio. Foto: Evaristo Sa, AFP.
Foto: Evaristo Sa, AFP
Junio 2019 | Ricardo Antúnez
Como ocurre desde 1996, el 20 de mayo miles de uruguayos marcharon por 18 de Julio en reclamo de verdad y justicia sobre las desapariciones ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Este año se anunció la reapertura de la causa judicial de Roberto Gomensoro, muerto en 1973. Su caso volvió a ocupar la atención pública tras la vuelta a la escena del teniente coronel retirado José Gavazzo, quien admitió haber arrojado su cuerpo al río Negro. Foto: Ricardo Antúnez.
Foto: Ricardo Antúnez
Mayo 2019 | Ricardo Antúnez
El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, junto a Tabaré Vázquez, durante la ceremonia de asunción del cargo, el 8 de abril. Feola fue el tercer general en asumir la jefatura del Ejército en un mes. El 1º de abril, el presidente Vázquez había descabezado a la cúpula militar por no haber dado pase a la Justicia ordinaria los casos de violaciones a los derechos humanas confesados por José Gavazzo en un tribunal de honor. El entonces comandante en jefe del Ejército, José González, llevaba 12 días en el cargo, que ocupaba tras la destitución de Guido Manini Ríos, ocurrida el 12 de marzo y relacionada con su postura respecto del mismo tribunal de honor.
Las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar no pueden buscar protección frente a la violencia que sufren debido a la ineficacia de la respuesta del gobierno, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la publicación de un informe sobre el problema oculto pero creciente de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual contra las mujeres de la región.
Basándose en seis misiones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, Not a private matter pone de relieve múltiples deficiencias de un sistema concebido para proteger a sobrevivientes, concretamente mujeres, de la violencia de género intrafamiliar y de la violencia sexual. La situación se ve agravada debido a una devastadora crisis social y económica, el acceso a las armas y el trauma creado por el conflicto armado en curso entre el gobierno de Ucrania y las organizaciones separatistas respaldadas por Rusia.
“Es muy grave que las mujeres, cuyas vidas ya están muy afectadas por el trauma y la destrucción causados por el conflicto, se encuentren sin poder recurrir a ninguna ayuda y abandonadas por las autoridades, que tienen la responsabilidad de protegerlas de la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual”, dijo Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania.
“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.”
“Las mujeres que viven en la región oriental de Ucrania, asolada por el conflicto, no se sienten a salvo ni en público ni en el hogar.
Amnistía Internacional accedió a los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk, controlados por el gobierno, entre enero y noviembre de 2019. La organización no tuvo acceso, en cambio, a las zonas controladas por los separatistas, que no entran en el ámbito del informe.
Las estadísticas oficiales sobre violencia de género en el ámbito familiar, pese a que son poco fiables y están incompletas, muestran un aumento de casos registrados en los últimos tres años. En 2018, hubo un aumento del 76% de los casos denunciados en la región de Donetsk y un 158% en la región de Luhansk en comparación con la media de los tres años anteriores.
Las iniciativas del gobierno no abordan efectivamente la violencia de género intrafamiliar
En los últimos tres años, Ucrania ha adoptado nuevas leyes y marcos institucionales en relación con la violencia de género, que en general están en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos. Estos incluyen la histórica Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género Intrafamiliar de 2018, la introducción de las órdenes de protección de emergencia y de albergues, y la creación de unidades especiales de la policía adiestradas para abordar situaciones de violencia de género interfamiliar.
Aun así, las nuevas leyes e iniciativas tienen a menudo una implementación deficiente, mientras el país sigue estando lejos de ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul).
La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.
La Policía continúa mostrándose reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas de denunciar.
En 10 de cada 27 casos de violencia de género intrafamiliar documentados en el informe, las mujeres no denunciaron a la policía la violencia que habían sufrido porque creían que las autoridades no iban a responder adecuadamente, en el caso de que respondieran.
En un caso, un soldado de servicio propinó una paliza a su esposa embarazada, que no presentó una queja formal porque pensó que no valía la pena, pues el mando militar ya la había presionado para que retirase una queja anterior (cuando su esposo le rompió la nariz), para “no avergonzar a su esposo”.
Sobrevivientes desprotegidas y en peligro
La nueva legislación ucraniana confiere a la policía la facultad de emitir lo que se conoce como órdenes de protección de emergencia, que prohíben a presuntos perpetradores entrar y permanecer en el lugar de residencia de una sobreviviente, así como contactar con ésta durante 10 días. En los casos que documentó Amnistía, rara vez se emplean estas facultades y, cuando lo son, no se hacen cumplir efectivamente.
Pese a los cambios positivos en la legislación nacional, sigue habiendo lagunas en la protección. En Ucrania, la violencia de género intrafamiliar está prevista tanto en la legislación administrativa como en la penal. En la actualidad, no cabe iniciar actuaciones penales salvo que el perpetrador haya acumulado dos penas administrativas por violencia de género intrafamiliar.
Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.
Además, los miembros de las fuerzas armadas y la policía están exentos de actuaciones administrativas ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que en la práctica sirve para protegerlos del enjuiciamiento penal por violencia de género intrafamiliar.
Oksana Mamchenko sufrió violencia física, psicológica y económica de su exmarido, padre de sus 12 hijos e hijas, durante 20 años. Tras marcharse de casa con los niños, el tribunal dictó órdenes de protección temporales en tres ocasiones, prohibiendo a su esposo estar en la misma casa que Oksana y sus hijos y estar cerca de ellos.
Entre enero de 2019 y enero de 2020, Oksana obtuvo tres órdenes de alejamiento y una orden de protección de emergencia contra su exesposo y presentó múltiples quejas ante la policía. Su exesposo ignoró todas las órdenes y las autoridades no las hicieron cumplir adecuadamente. En mayo de 2020 se le impuso un año de condena condicional por no cumplir la orden de alejamiento, pero no se le castigó por violencia de género intrafamiliar.
Violencia sexual
La investigación de Amnistía Internacional indica que las mujeres de la región oriental de Ucrania siguen sufriendo diversos actos de violencia sexual a manos de personal militar, sobre todo en zonas próximas a la línea de contacto.
Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de violencia sexual contra mujeres y niñas civiles perpetrada por miembros de las fuerzas armadas: dos casos de violación, uno de intento de violación y cinco de acoso sexual, cometidos por personal militar en 2017-2018 en zonas residenciales.
“Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar. Estas reformas sólo podrán tener éxito si se basan en consultas reales con sobrevivientes y organizaciones de mujeres”, concluyó Oksana Pokalchuk.
Las autoridades ucranianas deben llevar a cabo reformas legales rápidas y amplias que protejan a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia de género intrafamiliar.
“El gobierno ucraniano ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Este es el momento de redoblar sus esfuerzos. Ucrania debe ratificar el Convenio de Estambul, pues proporcionará a las autoridades una guía clara para la reforma, que incluye seguir mejorando la legislación, instituir programas de educación para funcionarios y el público en general, un mecanismo de denuncia oficial y otros cambios importantes”.
Este 1 de julio es el 5o aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace impulsamos un manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.
Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.
A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.
En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.
Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.
Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador administrativo.
El impacto de la aplicación de esta ley ha tenido como consecuencia un efecto disuasorio y desmovilizador, al hacer más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos, amordazando de este modo a mucha más gente de la que se había sancionado. La aplicación de esta ley también ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
Tan solo en el primer año hubo alrededor de 34.000 sanciones relacionadas con conductas que podrían estar amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. Más de 12.000 sanciones fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y casi 20.000 por falta de respeto o de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad, quedando la interpretación de estos hechos bajo la consideración de los propios agentes.
También preocupan otros artículos de la ley por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos, como el que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad, recordando que diversos organismos internacionales ya han indicado a España que el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista.
Igualmente es motivo de preocupación el artículo que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación, no contemplando la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde no se tuviera posibilidad de notificar con antelación.
Además la Ley Mordaza recogió una disposición adicional con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente” que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años.
Junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana cabe recordar que entró en vigor la reforma del Código Penal igualmente con impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión. Desde entonces personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. La imprecisa redacción de ese tipo de delitos también restringen la libertad de expresión.
La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.
A pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman hoy el Congreso se habían comprometido a reformar esta ley, y a pesar de que el Congreso aprobara impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza sigue a día de hoy completamente en vigor.
En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de 1 millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En este contexto hemos denunciado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el estado de alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y ésto nuevamente bajo la aplicación de la Ley Mordaza.
Y en este contexto llega el quinto aniversario de la Ley Mordaza. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer.
Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último.
SUMATE AL MANIFIESTO: ¡BASTA DE MORDAZAS!
Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/06/29/5-anos-de-mordazas-basta-por-una-nueva-legislacion-que-garantice-los-derechos-humanos
Con el deseo de promover la paridad de género en África, el primer ministro del país, Abiy Ahmed, eligió a mujeres para ocupar la mitad de los cargos del nuevo gabinete. Los nombramientos que más destacan son las carteras de Defensa, Educación y el recién creado Ministerio para la Paz.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, continúa impulsando reformas en el país africano. Esta vez, el mandatario ha elegido a mujeres para ocupar diez de los veinte cargos del nuevo gobierno. Una de las mayores sorpresas estuvo en la cartera de Defensa, donde por primera vez una mujer estará al mando. Los nombramientos fueron aprobados por los legisladores de manera unánime y pretenden impulsar la paridad de género en el país.
“Nuestras mujeres ministras refutarán el viejo adagio de que las mujeres no son capaces de liderar”, dijo Abiy hoy en el juramento de los ministros celebrada en la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara Baja) en Adís Abeba, Etiopía. “Los
nombramientos se realizan teniendo en cuenta la competencia y los antecedentes educativos”, aclaró el primer ministro que llegó al poder el pasado abril.
La ingeniera y exministra de Construcción Aisha Mohammed será la nueva titular de Defensa y hace historia como la primera mujer que logra esa cartera ministerial en el país del Cuerno de África. Asimismo, la expresidenta de la Cámara de Representantes Muferiat Kamil liderará el recién creado Ministerio de Paz, cuando el país se enfrenta a una espiral de violencia étnica en un contexto de mayores libertades impulsadas por Abiy. Vea también: Fin del Estado de Guerra entre Etiopía y Eritrea
La semana pasada, Abiy aprobó la reducción del número de ministros de 28 a 20 y ahora acalla con sus nuevos nombramientos a quienes criticaban que su Gobierno carecía de mujeres. La investidura, el pasado 2 de abril, de Abiy Ahmed como primer ministro generó un gran optimismo, al proceder de una mezcla de religiones -de madre cristiana y padre musulmán- y hablar las tres principales lenguas del país: amara, oromo y trigriya.
Ahmed Shide deja su cargo como ministro de Comunicación y se sitúa al frente de la cartera de Finanzas, reemplazando a Abraham Tekeste en el cargo, mientras que Workneh Gebeyehu se mantiene a cargo de Asuntos Exteriores.
Aunque varias naciones africanas han contado con ministras de Defensa en diversos momentos de su historia, entre ellas Sudáfrica, la República Centroafricana, Kenia y Guinea Bisau, esta es la primera vez que Etiopía nombra un Ejecutivo compuesto por un 50 % de mujeres, una rareza en el continente africano en el que sólo destaca Ruanda por su mayoría femenina en el Parlamento desde hace años.
En poco más de seis meses, el mandatario, de 42 años y primer miembro de los oromos (etnia mayoritaria) en liderar el país, ha revolucionado Etiopía. Entre los logros del mandatario, hasta el momento, destacan numerosas amnistías a presos políticos, el retorno de grupos de oposición en el exilio y la firma de un acuerdo de paz con Eritrea que puso fin a dos décadas de conflicto. Le puede interesar: Un nuevo Cuerno de África
Mediante la obligación de consignar datos, el espionaje en Internet y en las redes sociales y mecanismos de análisis como el “Big Data”, archivos públicos y privados pueden compilar sobre nosotros torrentes de información sobre cuyo contenido y uso nada sabemos. De allí que la Constitución vigente disponga:
Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.
Observación: El acceso irrestricto a “documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Entre otros, proyectos relativos a la política económica, la defensa nacional o la industria de los hidrocarburos, los cuales obviamente contienen información cuyo conocimiento es de interés para especuladores, traficantes de armas, terroristas o competidores. Los documentos relativos al proyecto de reforma constitucional, que el decreto presidencial considera confidenciales, contienen asimismo información de interés para comunicadores y políticos.
Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos (…) por tanto, establece un régimen de acceso total, sin otro límite que la Constitución -que solo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa- o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso.
Sugerencia: se debería sustituir la última oración del Art. 28 por: “Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa”.
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