LEPINA

Desde 2009, El Salvador mostró avances importantes –los cuales han sido reconocidos por el Comité de los Derechos del Niño en su más reciente informe– aprobando una legislación especializada en la materia, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA), que reconoce a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos; creó el Sistema Nacional de Protección Integral, compuesto por las instituciones garantes de cumplirlos, prestar servicios y brindar protección, entre estas, se instaló una jurisdicción especializada; se creó el CONNA, como máxima autoridad y rector de la política pública de niñez y adolescencia; se reorientó la función del ISNA, que pasó a ser la institución gubernamental encargada de desarrollar programas de atención y se incorporó a las entidades de atención –antes conocidas como ONG y/u Hogares de acogimiento– como corresponsables y miembros de la Red de Atención Compartida (RAC).

Los avances más destacados de estos años son la Política Nacional de Protección Integral de Niñez y la Adolescencia; la instalación del sistema de justicia que responde a amenazas y vulneraciones a los derechos de esta población; la instalación por el CONNA de 16 Juntas de Protección y el funcionamiento de más de 148 Comités Locales de Derechos.

Un elemento novedoso que incorpora la LEPINA es el rol de las organizaciones de la sociedad civil (RAC) como contraloras de las políticas públicas y del funcionamiento de la institucionalidad estatal; su participación en los organismos de toma de decisión de las instituciones del Sistema es determinante para asegurar la transparencia y el contrapeso social en la priorización de las políticas y programas para la niñez y la adolescencia.

Además, su papel es indispensable para asegurar el funcionamiento efectivo del Sistema de Protección, que esencialmente depende del lugar que ocupe este tema en la agenda económica y social del Gobierno. Así como, en atender los desafíos expuestos recientemente por el Comité de los Derechos del Niño, al recomendar que se adopten medidas urgentes para asegurar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños –y niñas– afectados por las maras, la violencia de género y la explotación y los abusos sexuales, la salud de los adolescentes, el nivel de vida y la educación.

El Comité expresó su preocupación por la escasa atención prestada a las causas estructurales de la violencia, que se pone de manifiesto en los limitados recursos asignados a las medidas de prevención y rehabilitación contenidas en las políticas nacionales, y la prevalencia de un enfoque represivo de la seguridad.

En este marco, ha recomendado al Estado que asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la aplicación de la LEPINA y el funcionamiento del Sistema de Protección; que establezca un proceso de elaboración de presupuesto que incorpore la perspectiva de los derechos del niño, en particular, aumentar las asignaciones presupuestarias para la salud y la educación, definir partidas presupuestarias para la niñez en situaciones de pobreza, violencia o migración; así como de las instituciones que trabajan directamente en su protección.

A partir de este breve recuento, preguntémonos ¿son estas las prioridades definidas en las actuales políticas públicas?, ¿se ha destinado los recursos suficientes para garantizar el funcionamiento efectivo del Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia?, ¿está fortalecida la sociedad civil para ejercer la contraloría social que le corresponde? Al respondernos a estas y otras interrogantes, podremos identificar si el cumplimiento de los derechos de la infancia es la prioridad del Estado Salvadoreño.

Fuente de la entrevista: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Es-una-prioridad-estatal-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-la-ninez-20191120-0791.html