Ley de educación pública

Hace algunas semanas se aprobó, luego de prácticamente dos años de tramitación legislativa, la ley que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública. Se trata de un paso histórico para la educación escolar. Es también la concreción de un anhelo del mundo social y educacional, que había demandado, con razones fundadas, que el Estado volviera a hacerse responsable por la educación pública (en el cual hoy estudian más de 1,3 millones de niños, niñas y jóvenes). Desde el mismo momento en que se ejecutó el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios (plena dictadura), comenzó el debilitamiento progresivo de la educación estatal y se hizo evidente la inconveniencia de alojar en este nivel institucional la provisión educacional. Era el momento para corregir el rumbo y la legislación aprobada es un primer paso fundamental.

Si bien la ley aborda distintos problemas y tiene muchísimos detalles, en lo sustantivo hace tres cosas. Primero, crea una nueva figura institucional perteneciente al Estado, de giro único y descentralizada, responsable de administrar las escuelas públicas, con capacidades y recursos antes inexistentes, y dentro de un sistema nacional coordinado. En segundo término, la normativa aprobada establece un modelo de transición que – aunque más lento que lo que se necesita – fija un proceso de traspaso responsable y con posibilidades de ser perfeccionado en el tiempo. En tercer término, la ley de educación pública dota a las escuelas y sus equipos de mejores condiciones para conducir el cambio educativo, entregando atribuciones fundamentales a las escuelas y estableciendo una lógica de trabajo en red y colaboración inédita para nuestro sistema escolar.

Aun cuando lo lógico sería que el juicio a esta nueva ley se realice en función de su capacidad para hacer lo que se propuso hacer (“desmunicipalizar”, para crear un nuevo y mejor sistema), una vez aprobada esta transformación, las reacciones públicas han sido más bien pobres y parciales. Algunos sectores y actores han preferido concentrarse en lo que este proyecto simplemente no hace, ratificando una cierta incapacidad de reconocer el avance fundamental que éste y otros cambios significan; mientras que otros han hecho un esfuerzo decidido por debilitar este proceso antes de su puesta en marcha, instalando ideas falsas sobre la ley (como por ejemplo que el nuevo sistema sería centralizado) y utilizando como herramienta la supuesta bondad de mantener algunas excepciones (municipios de “buen desempeño”) fuera del nuevo sistema por un lapso mayor de tiempo que el resto de las escuelas y comunas.

Pero lo cierto es que, aprobado este cambio, hoy más bien debiéramos poner la atención en los dos desafíos principales que enfrentará la nueva educación pública de aquí en adelante: lograr una implementación verdaderamente transformadora y complementar este cambio institucional con otras políticas urgentes para su recuperación.

¿Qué significa una implementación transformadora de la desmunicipalización? En primer lugar, que este proceso de implementación debe tener como foco central el cambio pedagógico y el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad. Como todo cambio institucional, la presión de esta primera fase estará puesta en las tareas administrativas y de gestión, lo que deberá ser contrarrestado por los Servicios Locales con una selección exigente y rápida de los equipos de apoyo técnico, la activación de las redes de trabajo colaborativo entre docentes y directivos y la liberación de carga burocrática a las escuelas para que éstas puedan centrarse en innovar y mejorar la calidad de la enseñanza. En segundo término, los primeros pasos de este proceso deben darse con una amplia participación de los actores en función de la mejora educativa. La creación de esta institucionalidad local abre la oportunidad de recomponer la confianza en el sistema público a través de un rol mucho más protagónico de los docentes, asistentes, estudiantes y familias en las decisiones educacionales críticas – como la definición de una estrategia de mediano plazo para la mejora de la educación en el territorio – que los Servicios Locales deberán tomar en su primera fase de instalación. Estos actores y la ciudadanía local en general tendrán además el deber de demandar a las autoridades locales, entrantes y salientes, que el proceso de transición se haga con calidad (también exigiendo que los supuestos “buenos municipios” sigan haciendo un buen trabajo) y cautelando siempre el bien mayor: los estudiantes y su proceso de aprendizaje.

Pero una buena implementación no será suficiente. La desmunicipalización requerirá – además de la compleja ejecución y mejora de las Leyes de Inclusión y Carrera Docente – otras reformas complementarias para que el cambio institucional se traduzca efectivamente en una nueva educación pública. La primera de estas reformas es la urgente modificación a la normativa curricular y de evaluación de la calidad (lo que implica iniciar un proceso gradual de ajuste a la actual racionalidad curricular, así como también reformar estructuralmente el hoy denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad), pues ambos estrechan el proceso educativo e inhiben la innovación pedagógica, de la cual la educación pública debe ser líder. La segunda reforma complementaria indispensable es la creación de un nuevo sistema de financiamiento de las escuelas públicas, hoy asfixiadas por una lógica de competencia que nada ha aportado a mejorar la educación escolar. La tercera y última es un plan de expansión y crecimiento de la educación pública, indispensable para comprometer a todos los actores en su recuperación, y para lo cual el instrumento de la Estrategia Nacional de Educación Pública – establecido en la nueva legislación – es una oportunidad única.

La buena implementación de esta reforma a la educación escolar pública, junto con los cambios complementarios indispensables, se transformarán en una prioridad ineludible del próximo gobierno. En este marco, será tarea de todos monitorear rigurosamente este proceso de cambio y hacer de la educación pública el foco central de la agenda educacional.