LOMCE España

Page 2 of 7
1 2 3 4 … 7

210.000 firmas para exigir inclusión de la atención para alumnado con dislexia en la futura ley de educación

Noticias

Europa/España/11 Noviembre 2017/Fuente: El diario la educación

Desde la Federación Española de Dislexia quieren que la próxima ley educativa incluya medidas específicas en relación a la detección y trabajo con niñas y niños con dislexia.

En el mes de marzo pasado la Federación Españolade Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (FEDIS) decidió poner en marcha una campaña en la plataforma Change.org para pedir que la futura ley de educación contemple medidas más concretas para la detección e intervención de la dislexia.

Hoy han presentado en el Congreso de los Diputados, de la mano de Ciudadanos y su diputada Marta Martín, 210.000 firmas de las 221.000 que se habían recogido, en el momento de escribir estas líneas.

Según Jesús Gonzalo, presidente de FEDIS, y teniendo en cuenta cálculos como los de la OMS y algunas otras investigaciones, en España podría haber una incidencia de un 5% de alumnado con dilexia y otros dificultades como la discalculia o la disortografía. Unos datos menores que los cálculos de la Organización Mundial de la Salud que se elevan hasta el 15% de toda la población mundial.

Según Gonzalo esta diferencia bien puede explicarse por la transparencia de los idiomas, y frente al inglés, muy poco transparente, el castellano sí lo sería. De ahí la menor incidencia.

Desde FEDIS entienden que el artículo 79 bis de la LOMCE fue un aso adelante en el tratamiento de este alumnado al exigir a las administraciones educativas poner las “medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades”.

Lo que intentan con esta recogida de firmas es que estas medidas sean más concretas dentro de la nueva ley de educación. Principalmente para poder exigir a las comunidades autónomas que tengan en cuenta la situaciones de estas y estos menores dentro del sistema. Según Gonzalo, la transferencia de la competencias supone una enorme diferencia entre autonomías a la hora de atender a este alumnado. Ejemplifica con las dificultades que, por ejemplo en Madrid, se ponen a la hora de hacer la EBAU con adaptaciones y teniendo en cuenta las circunstancias del alumnado cuando se encuentren faltas de ortografía en las pruebas. Algo que, asegura, no pasa en otras comunidades autónomas.

Piden las posibilidad de hacer adaptaciones, por ejemplo, en el tiempo para la realización de los exámenes o que estos sean orales o mixtos, para facilitar al alumnado el poder realizarlos. También que la detección temprana de estos trastornos sea efectiva. Gonzalo habla de un futuro plan en Andalucía que tiene previsto el funcionamiento en niñas y niños desde los 3 años. Ha de ser cuanto antes mejor y universalizado. El objetivo es que con este desarrollo precoz, a los 6 o 7 años ya se sepa qué alumnos simplemente tenían algún desfase madurativo que se haya corregido en este tiempo, y quiénes plantean dislexia u otras DEA. De esta manera podría mejorarse la atención y el aprendizaje de, según los cálculos de FEDIS, unos 700.000 menores en todo el sistema educativo.

Según Jesús Gonzalo, aproximadamente el 40% del abandono escolar temprano podría explicarse por trastornos como la dislexia, la discalculia y otras DEA (hasta el 60% si te suma el TDAH).

Un asunto, claro, que también relaciona con las dificultades por la falta de personal en los centros educativos, sobre todo en los departamentos de orientación, y también sobre formación e información sobre la dislexia. Según Gonzalo, hay docentes que incluso dudan de la realidad de la dislexia y esto, claro, provoca problemas importantes a la hora de detectarlo y ponerle solución.

Marta Martín, diputada da Ciudadanos, estuvo presente en la entrega de las firmas recogidas, precisamente en el Día Internacional de la Dislexia, y explicó que es un asunto en el que se encuentran muy comprometidos. De hecho han realizado una jornada en 40 municipios y 10 comunidades autónomas con proposiciones no de ley y mociones instando a las administraciones que pongan en marcha planes para la intervención de la dislexia, y también para que se pongan en marcha acciones culturales y planes de ayuda y acción para ayudar a las niñas y los niños.

Ha recordado también la aprobación de la PNL sobre el tratamiento  de la dislexia y de otras dificultades específicas de aprendizaje y también la esperanza de que esta necesidad de una mayor equidad e inclusión educativa se vea reflejada en el futuro pacto educativo que se negocia en el Congreso.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/08/210-000-firmas-para-exigir-inclusion-de-la-atencion-para-alumnado-con-dislexia-en-la-futura-ley-de-educacion/

Comparte este contenido:
Leer más »

España: El PSOE anuncia un “otoño calentito” en educación y pide recuperar Ciudadanía

Noticias

Europa/España/02 Septiembre 2017/Fuente: El país

Los socialistas reclaman que el pacto educativo contemple no subvenciar centros que segregan por sexos y que la Religión no cuente en la nota final

El PSOE de Pedro Sánchez prevé un “otoño calentito” en educación. Con la subcomisión para alcanzar un pacto educativo a punto de retomar los trabajos en el Congreso y a días de que empiece el nuevo curso escolar, los socialistas anuncian tres proposiciones de ley sobre materia educativa que desentierran algunos de sus desencuentros con el PP.

Entre estas iniciativas, está una “contra la segregación” en la que incluyen recuperar la materia de Educación para la Ciudadanía que la última reforma educativa del PP, la LOMCE, eliminó de las materias obligatorias o volver a reclamar que no se financien con fondos públicos centros que separan por sexos.

La secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha anunciado este jueves distintas medidas tras reunirse en la sede de Ferraz con los consejeros de Educación de su partido (Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Andalucía).

La diputada ha denunciado la “situación de parálisis” que conlleva la LOMCE y ha asegurado que su partido “no va a estar callado”. “Nos espera un otoño calentito en materia educativa”, ha dicho. Una de las encomiendas del pacto educativo, sobre el que se esperan los primeros resultados en diciembre, es elaborar una nueva ley sobre la materia que sustituya la citada LOMCE. Martínez Seijo asegura que con las propuestas que van a presentar -cuyo contenido aún no han elaborado- quieren evitar “los males mayores” de esta normativa “que se han perpetuado en el tiempo”.

La iniciativa que han previsto contra la segregación, se basará tanto en la financiación pública de centros que separan a niños y niñas por sexos como en la “exclusión” que supone la asignatura de Religión para la formación cívica de los alumnos. Sin citar expresamente la materia de Educación para la Ciudadanía, la diputada socialista ha señalado que es necesaria una asignatura de “valores cívicos sea obligada y que la Religión deje de tener valor académico”. Esta última materia recuperó peso con la LOMCE, que la incluyó entre las asignaturas que cuentan para la nota media del expediente.

Las otras dos iniciativas se basan en el «respeto» a las comunidades autónomas para la creación de plazas concertadas y en «devolver» las competencias a los consejos escolares de los centros.

Fuente: https://politica.elpais.com/politica/2017/08/31/actualidad/1504180559_020680.html

Comparte este contenido:
Leer más »

La CEOE quiere cambios en la educación española: estas son sus 10 peticiones

Hector G. Barnés

Por: Hector G. Barnés

En la mañana de este jueves, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado ‘La educación importa’, un libro blanco en el cual se refleja la posición de la patronal española sobre el ámbito educativo en un momento en el que este asunto se está debatiendo en una subcomisión del Congreso un nuevo pacto de Estado. El acto ha contado con la presencia del Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que ha afirmado que “la calidad del sistema no se consigue invirtiendo más, sino mejor”. Todo un aviso.

El documento es tremendamente crítico con la situación de la educación española, ya que considera que no se encuentra lo suficientemente preparada para hacer frente a los cambios propiciados por la globalización, como la liberalización de los flujos de productos y servicios y el desarrollo de las tecnologías de la información. Por ello, el libro señala que las reformas “deberán concebir y aplicar un esquema altamente flexible en la formación personal y universitaria, capaz de atender con agilidad la evolución de una demanda de competencias para el empleo que reflejará, a buen seguro, los cambios propios de un contexto laboral, económico y social dinámico y complejo”.

“Tenemos cientos de miles de empleos que no se pueden ocupar por falta de preparación adecuada”, ha señalado el Director de Educación

Son tres los pilares en los que se apoyan las reivindicaciones de la patronal: una mayor presencia de las empresas en las instituciones educativas y en las toma de decisiones; la optimización del gasto; y una mejora en la empleabilidad de los jóvenes españoles a través de fórmulas como la formación profesional dual. Como ha señalado durante el acto Jesús Núñez, presidente de la Comisión de Educación de la CEOE, “tenemos cientos de miles de empleos que no se pueden ocupar por falta de preparación adecuada”.

Entre los problemas que recoge el documento se encuentran el estancamiento en torno a valores mediocres de rendimiento escolar y unos bajos niveles de excelencia, así como grandes diferencias entre los resultados de las distintas regiones de España, según los resultados de PISA. También la baja eficiencia del sistema: el Libro recuerda que aunque “España, con un 4,2%, se sitúa 1,1 puntos porcentuales por debajo de la Unión Europea en 2013”, la relación entre gasto y resultados “ha ido divergiendo en la primera década del presente siglo”.

Se hace especial hincapié en los problemas de oferta y demanda en las cualificaciones ofrecidas por las universidades: en el de la excesiva oferta “en la familia de ‘Educación, Artes y Humanidades’” y en el de la limitada demanda “en Ingeniería, Industria y Construcción”. “La falta de perfiles STEM (‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’) y el conocimiento de idiomas, por ejemplo, son debilidades en las que tenemos que trabajar para dar un importante salto de calidad educativa”, se ha mostrado de acuerdo el Ministro.

El decálogo de la patronal para la educación

Las propuestas de este nuevo documento, que busca influir en el debate educativo, se concretan en 10 puntos que, según los autores, “permitirán corregir, en buena medida, nuestros déficits básicos en materia de educación y formación”:

Mejorar la transición de la educación al empleo: más FP

Según el diagnóstico del mundo empresarial, existe un “desajuste creciente entre las competencias demandadas en el mercado laboral y las que poseen los trabajadores desempleados”. Con el objetivo de reducir la brecha, el Libro propone impulsar la integración de la red de centros de formación profesional y potenciar la formación profesional dual “adaptada a las características diversas del sistema productivo español”. Las alternativas formativas, así como un programa nacional de orientación profesional, permitirían reducir los niveles de abandono escolar temprano.

Reivindican incrementar el papel de los empresarios en la gobernanza de la FP y en los mecanismos decisorios de la oferta educativa

Según el Ministro, la FP “facilita la inserción del alumnado en el mercado laboral gracias al alto grado de adecuación de los títulos a la actividad laboral que se realizará al finalizar”. Méndez de Vigo ha recordado que entre los objetivos del Gobierno se encuentra alcanzar las 100.000 plazas de Formación Profesional Dual para el año 2020.

Mayor protagonismo de las empresas

“Las compañías no pueden ser por más tiempo meros consumidores pasivos de un capital humano ‘precocinado‘”, señalaba un informe del Foro Económico Mundial que el empresariado español suscribe, ya que sugiere que “el empresariado ha de implicarse más activamente en la formación de los jóvenes”. La reivindicación principal es, por lo tanto, “incrementar el papel de los empresarios y de sus organizaciones en la gobernanza ejecutiva de la formación profesional, así como en los mecanismos decisorios de la oferta educativa”.

El mundo empresarial solicita tener presencia en los procesos de reforma del Sistema Nacional de Cualificaciones, en la definición de los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, en el Consejo de Universidades y en la definición de los currículos de Grado y Postgrado, así como el establecimiento de marcos de colaboración Universidad-Empresa.

Rosell susurra al Ministro Méndez de Vigo. (EFE/Emilio Naranjo)
Rosell susurra al Ministro Méndez de Vigo. (EFE/Emilio Naranjo)

Un nuevo currículo: más STEM

El documento recuerda que el Foro Económico Mundial recomendaba recientemente que “las empresas deberían trabajar codo con codo con los gobiernos, los proveedores de formación y otros actores, a fin de imaginar aquello a lo que un verdadero currículum del siglo XXI debería parecerse”. El documento propone potenciar las enseñanzas STEM “mediante el refuerzo de los laboratorios y los talleres”, aunque no desdeña en secundaria “el enfoque humanístico”. Creatividad, pensamiento, comunicación y colaboración son competencias esenciales, así como el fomento del meta-aprendizaje.

Evaluación continua para centros y profesores

La CEOE reivindica la evaluación como “poderoso instrumento de mejora”, por lo que esta debe aplicarse a todos los niveles. Tanto de manera interna en cada uno de los centros educativos como externa (“tomando en consideración el nivel socioeconómico y cultural de sus alumnos”). Sin embargo, reivindica utilizar PISA y la información que proporciona “para evitar evaluaciones externas muestrales que sean redundantes”.

Más tecnología en las aulas

Asignaturas como Matemáticas o Tecnología son el entorno ideal para introducir el entrenamiento en ‘software’ u otras tecnologías digitales, con las que también debe estar familiarizado el profesorado. El Libro reclama de nuevo una mayor presencia de las empresas en este aspecto, tanto “en el desarrollo de las plataformas digitales y de soluciones tecnológicas para facilitar metodologías de enseñanza más eficaces” como en “el desarrollo de proyectos con escolares en los sectores económico, cultural y social”.

Promueve la transparencia en los centros, “de modo que los ciudadanos puedan conocer el uso que se hace de sus impuestos”

Un MIR para los profesores

Según el documento, la profesión de docente en España es, al menos en colegios e institutos, “débil y burocratizada”. Con el objetivo de revertir la situación, se propone la adaptación del MIR para la formación del profesorado, como ya ocurre en el sistema sanitario español, así como establecer sistemas de incentivos y de promoción (vinculados a la evaluación) que permitan que los profesores disfruten de un Plan de Carrera.

Mayor autonomía en los centros

Uno de los principios de la LOMCE era promover la independencia de colegios e institutos, una propuesta que terminó quedándose a medias. El documento de la CEOE propone tanto establecer Planes de Mejora individualizados para cada centro como la promoción de proyectos educativos diferenciados según las particularidades del entorno y, sobre todo, “reducir la presión regulatoria sobre los centros escolares”. Además, promueve la transparencia, “de modo que los ciudadanos puedan conocer el uso que se hace de sus impuestos”.

¿Y los colegios concertados?

El Libro estipula que sería recomendable “mirar al futuro desde una actualización de los principios interpretativos del marco constitucional en el ámbito de la libertad de enseñanza (artículo 27) y de sus criterios de aplicación”. Sin embargo, no va mucho más allá, y se limita a señalar como acción recomendada “actualizar el sistema de conciertos”.

Marco común para todo el Estado

Según la patronal, la consolidación del sistema de Autonomía ha desdibujado las responsabilidades de Comunidades Autónomas y Estado en materia educativa, por lo que apuestan por establecer unas definiciones y prioridades comunes, así como un marco normativo básico común a todo el Estado y un nuevo sistema de financiación económica.

Un acuerdo para todos

La subcomisión para el Pacto Educativo que concluirá el próximo verano tiene como objetivo establecer unos acuerdos mínimos que den lugar a una nueva ley que sustituya a la LOMCE. Como ocurre con todos los agentes del entorno educativo, la CEOE solicita un acuerdo que no solo dé estabilidad al sistema, sino también que procure “su modernización efectiva”. Para ello es necesario “orillar los enfoques puramente ideológicos de la educación” y acordar “una visión ampliamente compartida de las metas y del rumbo”.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-25/libro-blanco-educacion-ceoe_1388736/

Comparte este contenido:
Leer más »

¿Por fin un pacto educativo?

Victoria Camps

Un gran acuerdo sobre la enseñanza debería buscar la estabilidad, dejando a un lado las diferencias partidistas, y tener en cuenta que las familias y el entorno social son elementos esenciales del sistema.

Por: Victoria Camps.

De todos los derechos que un Estado social debe garantizar, el derecho a la educación ha sido el más damnificado por las rivalidades de los distintos grupos políticos. El comienzo fue bueno, con dos leyes (la LODE y la LOGSE) que nos situaron a nivel europeo en muy pocos años. Se sucedieron luego una serie de reformas, hasta cinco leyes más, que han sido motivo reiterado de críticas y querellas entre Administraciones y entre los profesores y la Administración. Son la prueba evidente de que algo tan básico para un país como es la educación no ha dejado de ser instrumentalizado por las luchas partidistas. Hasta la saciedad se ha dicho y repetido que la educación debiera ser una cuestión de Estado.

OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA

 Ahora parece que nos encontramos en los prolegómenos de lo que sea. El resultado de las últimas elecciones es un Parlamento fragmentado, propicio para los pactos, en el que se han dado los primeros pasos a favor de un pacto por la educación. Aplaudamos la buena voluntad y crucemos los dedos para que el propósito no se tuerza. No puede decirse sin más que nuestro sistema educativo es malo, pero sí que muestra una serie de defectos no menores que deben abordarse con una actitud distinta a la que ha sido habitual hasta ahora. Sin intervencionismos inútiles y con valentía para constatar lo que no funciona. Un pacto por la educación debería proponerse, de entrada, dos cosas: dejar de lado las diferencias partidistas e implicar a toda la sociedad. Debe buscarse la estabilidad educativa que permita avanzar sin sobresaltos y retrocesos. Y hay que partir del supuesto de que el sistema educativo no lo constituyen solo las escuelas, sino también las familias y el entorno cultural. El diagnóstico previo para pactar posibles cambios y formas de proceder en el futuro tiene que ser compartido por los grupos políticos y por las fuerzas sociales que más pueden contribuir a la mejora del sistema en su conjunto.

El giro que debería producirse  es el que va de la cantidad  a la calidad

De la cantidad a la calidad, tal es el giro que debería producirse para que la universalidad de la educación, ya lograda en términos cuantitativos, llegue a ser realmente aprovechada por quienes ahora no la aprovechan, y responda al objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades que amplíe y asegure el nivel cultural de toda la sociedad. La falta de calidad que hoy detectamos se resume en dos puntos: fracaso y abandono. Tanto el fracaso escolar como el abandono del sistema son excesivamente altos si nos comparamos con la media europea. Son demasiados los alumnos que no consiguen la graduación mínima de la ESO y muchos los que abandonan los estudios a los 16 años. Añadamos lo que reflejan los temidos informes PISA: la comprensión lectora y el conocimiento de matemáticas y ciencias de nuestros alumnos no es para sentirse orgullosos de lo que aprenden. Saben, en efecto, muchas cosas que sus abuelos desconocían a su edad, pero tienen grandes lagunas en lo más básico. ¿Fallan los métodos de aprendizaje? ¿Falla la selección del profesorado? ¿Se tiene una idea equivocada de lo que debe ser educar? ¿Se está imponiendo una especie de educación terapéutica, dirigida más a que crezca la autoestima del niño que a enseñarle cosas? ¿Se ha discutido alguna vez cuáles son los conocimientos mínimos que deben mantenerse en el currículo a pesar de los cambios tecnológicos? ¿Hasta cuándo tendremos una formación profesional desprestigiada, poco atractiva y poco coherente con las ofertas de empleo?

Para plantear estos y otros interrogantes y encauzar bien las respuestas hay que analizar los contextos en que se producen. Dónde hay más fracaso escolar y de dónde salen los alumnos que abandonan tempranamente la formación. Sin duda, de las familias más desfavorecidas. Las estadísticas al respecto son claras y unánimes. Los informes corroboran que el derecho a la educación está garantizado solo formalmente. Todos los niños están escolarizados, en efecto, pero fracasan y abandonan los más vulnerables, los que no disponen de un entorno social favorable al estudio. Uno de los agujeros del sistema educativo es esa deficiencia en la equidad. Hay libertad para escoger escuela, en efecto, pero ¿quién escoge la escuela pública y quién puede preferir la concertada? ¿No hay escuelas públicas convertidas en auténticos guetos de la inmigración? Aunque la libertad para escoger esté garantizada, existen las llamadas “preferencias adaptativas”: no todos pueden de hecho preferir lo que quisieran. Unos límites invisibles eliminan posibilidades para aquellos cuya renta es demasiado baja.

El derecho a la educación es tan fundamental que es el derecho que hace posibles otros derechos. La salud, el trabajo, la cultura, la vivienda son menos accesibles para quienes han tenido que aparcar muchos deseos ante necesidades más perentorias. Nadie pone en duda que las desigualdades económicas y culturales afectan también a los resultados de la educación. Cuando lo único que de verdad crece en nuestro mundo son las desigualdades, un pacto por la educación no puede cerrar los ojos ante esta realidad.

Todos los niños están escolarizados, pero existe una gran falta de equidad entre ellos

Pero la educación no solo fracasa porque no todos llegan a aprovechar lo que formalmente se les ofrece, sino porque tampoco está claro que educar deba ser lo que en realidad se está haciendo bajo ese nombre. La Constitución lo dice: educar ha de consistir en el pleno desarrollo de la personalidad humana. Educar es formar una personalidad moral, nos guste o no la expresión; es formar personas autónomas y responsables, capaces de adquirir criterio y de dar cuenta de lo que hacen. Un objetivo nada fácil que, como afirma el dicho famoso, requiere el compromiso “de la tribu entera”. Si es casi imposible comprometer a toda la sociedad para ver la mejor manera de inculcar esos principios, por lo menos habrá que contar con una complicidad mínima entre la familia y la escuela para que el niño no reciba aquí y allá mensajes contradictorios. No siempre la institución docente ha sabido ganarse la confianza de los padres ni estos cuentan con la de los maestros de sus hijos.

La política, de izquierdas y de derechas, se ha hecho escaso eco de aquella máxima feminista que proclama que “lo privado es político”. En nuestro entorno, las políticas de protección familiar no han formado parte de las prioridades políticas: ni guarderías, ni medidas de conciliación laboral, ni reconocimiento efectivo del trabajo doméstico o de las obligaciones del cuidado. No son fallos menores. Afectan también a las deficiencias educativas.

Será bienvenido un pacto que acierte a analizar y discutir sin miedo qué impide que veamos la educación en España como uno de los logros más conseguidos. No basta que el pacto sea político, el conjunto de agentes sociales y culturales son también corresponsables de que se logre una buena educación.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/03/21/opinion/1490126436_777177.html

Imagen: http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2017/03/21/opinion/1490126436_777177_1491837125_miniatura_normal.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

Contra la privatización y la comercialización de la educación

Pedro Badía

Por: Pedro Badía

El educativo es un mercado de miles de billones de euros en el que las empresas están intentando entrar por diferentes vías. El ánimo de lucro pugna con la equidad.

Las familias españolas han gastado casi 3.000 millones de euros entre 2008 y 2014 en educación, es decir, un 32,4% más en comparación a lo que pagaban al comienzo de la crisis. Sin incluir otros gastos complementarios. (Las cifras de la educación en España. Curso 2014-2015. Edición 2017. MECD). Este aumento se debe a que la mayor parte de lo que el Estado ha dejado de invertir en educación lo han tenido que aportar las familias. La ausencia del Estado, con recortes y privatizaciones, repercute especialmente en las personas más vulnerables y esta situación se refleja en las dificultades para acceder al sistema educativo, los problemas para mantenerse dentro y los índices de abandono y fracaso escolar.

La educación es un gran negocio porque es el recurso más sostenible del mundo. Un negocio de unos 6 trillones de dólares de los cuales las grandes empresas solo han llegado a capitalizar un 0,1%. El negocio de la educación es un objetivo compartido por las grandes corporaciones y estimulado por las políticas neoliberales de los gobiernos conservadores.

La privatización de los sistemas educativos es un riesgo para la mayoría de la población porque genera desigualdad y pobreza. El negocio no está tanto en las redes privadas de centros, un negocio nada despreciable, sino en conseguir que las familias inviertan más para tener una mejor educación; y en la gestión del dinero público por entidades privadas.

Lo más importante es entender que la privatización de la educación es un movimiento global que, promovido en muchos casos, a iniciativa de los gobiernos, forma parte de la reforma estructural del Estado.

La privatización adopta distintas formas. Las “escuelas charter”, infraestructuras públicas gestionadas por empresas privadas. La privatización “por defecto” como son las escuela privadas de bajo coste promovidas por fundaciones y que se están abriendo camino en países de Asía-Pacífico; África y América. La existencia de una doble red, públicos, y privados concertados con unas importantes inversiones de dinero público, como son los casos de España, Chile, Argentina, o los Países Bajos. Y la privatización por la vía del “desastre”, que tiene en el caso español su paradigma más cercano.

El gobierno del PP ha aprovechado la crisis económica para articular una ley de educación, la Lomce, que posibilita todas las aspiraciones del ideario más reaccionario de la sociedad, de la política y de la economía. Una ley rechazada por la totalidad del arco parlamentario español y por la totalidad de la comunidad educativa.

El caso sueco es paradigmático. En este país los conservadores han teorizado sobre el estado posibilitador en sustitución del estado del bienestar: libertad de elección de centros, cheque escolar, y un sistema educativo regido por las leyes del mercado que han terminado hundiendo a Suecia en los informes internacionales.

El mercado no entiende de moral ni de ética, solo de beneficios y ánimo de lucro. La educación de calidad solo está al alcance de los bolsillos más pudientes y esto crea desigualdad, inequidad y exclusión. Debilita la democracia, fomentando una sociedad descohesionada, insolidaria y moralmente rota. Desperdicia talento porque es selectiva, elitista y genera pobreza y marginación: ¿cuántos científicos, literatos, artistas, filósofos o tecnólogos se han perdido en las zonas pobres de Nairobi, México DF, Deli o Madrid?

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/04/07/contra-la-privatizacion-y-la-comercializacion-de-la-educacion/
Comparte este contenido:
Leer más »

España: La Marea Verde planea boicotear las révalidas de Wert que arrancan en mayo

Noticias

España/Marzo de 2017/Autora: Marina Alías/Fuente: Voz Populi

La reaparición del ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados este martes para ofrecer un diagnóstico del sistema educativo español que ayude a confeccionar un pacto nacional en materia de enseñanza no ha servido para contener las ganas de boicotear la Lomce que persisten en numerosos agentes de la comunidad educativa. Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, conocida popularmente como Marea Verde, ya están calentando motores para frenar la celebración de las pruebas externas enmarcadas en la controvertida ley aprobada por el actual embajador de España en la OCDE que, pese a no tener efectos académicos, continuarán desarrollándose con fines «muestrales». En la Comunidad de Madrid, las evaluaciones de 6º de Primaria tendrán lugar el miércoles 31 de mayo y el jueves 1 de junio, mientras que las de 3º se desarrollarán durante los días 10 y 11 de junio y, finalmente, el 19 de mayo serán los alumnos de 4º de ESO los que se enfrenten a las llamadas «reválidas».

Para realizar las pruebas, el gobierno regional pagará hasta 645.955 euros a una empresa privada que se encargará del apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados, una cifra que supone un incremento en torno a los 316.000 euros en comparación con el curso pasado, algo que ha empujado al profesorado de la Marea Verde a pensar en volver a movilizarse después del «éxito» que, a su juicio, tuvo la huelga general del pasado 9 de marzo.

«Nos parece fatal que se desvíen fondos públicos a una empresa privada para realizar unas pruebas externas que no evalúan de una forma global todo el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando además nos tememos que se terminarán usando para hacer ránkings sobre los centros, ahondando en las desigualdades», denuncia Sandra Villa, profesora de tecnología y miembro de la Marea Verde en defensa de la educación pública en España.

2.400 centros madrileños

Por ello, la organización propondrá a los sindicatos del país en los próximos días ejecutar un boicot a estas evaluaciones a través de campañas en Twitter, paros parciales e, incluso, salidas a la calle con el fin de que se dé cobertura a los profesores que no quieran realizar las reválidas de la Lomce, a las que comparan con la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI). «La filosofía es la misma. Las antiguas CDI y las pruebas externas de la Lomce no han sido consultadas ni consensuadas con la comunidad educativa; no cumplen los principios de ser una verdadera evaluación, ya que no se parte de los conocimientos iniciales; no son formativas y no evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que no conllevan una evaluación final», añade Villa.

Según la representante de Marea Verde, las pruebas CDI «tampoco iban a publicarse ni iban a servir para hacer ránkings, pero terminaron sirviendo para eso», un fin que tuvo como consecuencias que «aquellos centros que tenían peores resultados empezaron a ser rechazados por las familias, así que cada vez había menos alumnado y la Comunidad de Madrid dejó de invertir en ellos». Para la organización, estas clasificaciones no tenían en cuenta las condiciones socio-económicas de cada centro, una realidad que hubiese servido para ofrecer un diagnóstico de éstos y determinar si necesitaban más «atención o apoyo económico»: «El resultado fue el contrario, al final se convirtieron en centros sin recursos, a los que cada año les iban cerrando un aula, llegando al extremo de ser fusionados con otros centros».

Especialización técnica

Desde la Consejería de Educación de la comunidad gobernada por Cristina Cifuentes explican que las pruebas de 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO son muy complejas a nivel logístico e intervienen multitud de agentes como la administración educativa, los centros, los directores de los centros, los profesores aplicadores y los correctores. «Se van a realizar a unos 60.000 alumnos por curso, lo que supone un total de 180.000 alumnos», señalan. El total de evaluaciones, añaden, se desarrollará en una suma de 2.400 centros madrileños.

«La realización de las pruebas exige numerosas actuaciones que deben ser coordinadas debido al gran número de centros y alumnos implicados como la clasificación de todos los materiales didácticos, la distribución a todos los centros educativos, la recogida de los materiales una vez terminadas las pruebas, la corrección de las pruebas, la recogida de los cuestionarios de contexto a través de una plataforma informática, el tratamiento y análisis estadístico de los datos, el envío de los resultados de las pruebas a los alumnos, la elaboración de un informe individualizado para cada uno de los centros o la puesta en marcha de una plataforma informática que permita el desarrollo de las anteriores actividades», enumeran desde la Consejería.

Otros países de la OCDE

La «externalización» de estos servicios para el desarrollo de las evaluaciones externas, continúan, se hace debido «a la especialización técnica y logística que requiere». «Está extendida en la administración educativa en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno. Es el mismo sistema que se utiliza para desarrollar PISA en todos los países de la OCDE y resto de comunidades autónomas, así como en otras evaluaciones internacionales como TIMSS o PIRLS«, defienden.

«También estamos en contra de las pruebas PISA porque para participar en ellas, España tiene que pagar y éstas tienen un sesgo en el tipo de conocimiento. Estamos de acuerdo con que todo se debe evaluar, pero no con el modo de hacerlo ni con sus fines. Además, dicen que no hay dinero para cubrir las bajas de los profesores con sustituciones, cuando hay alumnos que han llegado a estar 15 días sin un docente, pero luego sí pagan 645.955 euros a una empresa privada para realizar esas pruebas externas. No hay dinero para lo que no les interesa», opina Villa.

Fuente: http://www.vozpopuli.com/educacion/Marea-Verde-boicotear-revalidas-Wert_0_1012399829.html

 

Comparte este contenido:
Leer más »

España: La consejera de Educación dice no entender las críticas hacia el número de plazas en las OPE

Noticias

España/Marzo de 2017/Fuente: El Diario Vasco

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha reprochado este sábado que algunos partidos políticos y sindicatos denuncien falta de personal y critiquen el número de plazas en las OPES de Educación, cuando «conocen las limitaciones» impuestas por el Gobierno central. «Está ya en marcha una nueva OPE de 740 plazas para el cuerpo de maestras y maestros. Me resulta difícil comprender reproches por el insuficiente número de plazas convocadas en las OPEs, porque todos sabíamos dónde estaban las limitaciones reales», ha indicado.

Uriarte ha participado esta mañana en Bilbao en la apertura del XII Congreso ‘Hezkuntzarekin bat. Desberdintasuna gainditzeko gai. Por una educación de calidad’, organizado por el sindicato CCOO de Euskadi, después de que esta semana se hayan celebrado dos jornadas de huelga en el sistema educativo vasco.

En su intervención, ha defendido el modelo vasco Heziberri, del que ha destacado que ha sido consensuado por 13 colectivos, formaciones políticas y sindicatos, y ha lamentado la «obligación» de un sistema estatal como es la LOMCE.

«La LOMCE pretende superar unos objetivos que en Euskadi hace tiempo ya superamos. El Gobierno vasco ponemos en relación las competencias básicas disciplinales», ha indicado, para recordar que la LOMCE exige a los 12-13 años elegir si caminar hacia la FP o el Bachillerato, mientras en Euskadi esa elección se pospone hasta los 14 o 15 años. «Sin embargo, habrá quien siga diciendo que Heziberri es igual a la LOMCE», ha criticado.

Uriarte ha recordado la apuesta del Gobierno vasco por una educación «de calidad». En este sentido, ha reiterado la «excelencia» en las FP y las «mejores condiciones laborales del Estado» en el ámbito de la educación.

Fuente: http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201703/25/consejera-educacion-dice-entender-20170325170114.html

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 2 of 7
1 2 3 4 … 7