Contra la privatización y la comercialización de la educación

Las familias españolas han gastado casi 3.000 millones de euros entre 2008 y 2014 en educación, es decir, un 32,4% más en comparación a lo que pagaban al comienzo de la crisis. Sin incluir otros gastos complementarios. (Las cifras de la educación en España. Curso 2014-2015. Edición 2017. MECD). Este aumento se debe a que la mayor parte de lo que el Estado ha dejado de invertir en educación lo han tenido que aportar las familias. La ausencia del Estado, con recortes y privatizaciones, repercute especialmente en las personas más vulnerables y esta situación se refleja en las dificultades para acceder al sistema educativo, los problemas para mantenerse dentro y los índices de abandono y fracaso escolar.

La educación es un gran negocio porque es el recurso más sostenible del mundo. Un negocio de unos 6 trillones de dólares de los cuales las grandes empresas solo han llegado a capitalizar un 0,1%. El negocio de la educación es un objetivo compartido por las grandes corporaciones y estimulado por las políticas neoliberales de los gobiernos conservadores.

La privatización de los sistemas educativos es un riesgo para la mayoría de la población porque genera desigualdad y pobreza. El negocio no está tanto en las redes privadas de centros, un negocio nada despreciable, sino en conseguir que las familias inviertan más para tener una mejor educación; y en la gestión del dinero público por entidades privadas.

Lo más importante es entender que la privatización de la educación es un movimiento global que, promovido en muchos casos, a iniciativa de los gobiernos, forma parte de la reforma estructural del Estado.

La privatización adopta distintas formas. Las “escuelas charter”, infraestructuras públicas gestionadas por empresas privadas. La privatización “por defecto” como son las escuela privadas de bajo coste promovidas por fundaciones y que se están abriendo camino en países de Asía-Pacífico; África y América. La existencia de una doble red, públicos, y privados concertados con unas importantes inversiones de dinero público, como son los casos de España, Chile, Argentina, o los Países Bajos. Y la privatización por la vía del “desastre”, que tiene en el caso español su paradigma más cercano.

El gobierno del PP ha aprovechado la crisis económica para articular una ley de educación, la Lomce, que posibilita todas las aspiraciones del ideario más reaccionario de la sociedad, de la política y de la economía. Una ley rechazada por la totalidad del arco parlamentario español y por la totalidad de la comunidad educativa.

El caso sueco es paradigmático. En este país los conservadores han teorizado sobre el estado posibilitador en sustitución del estado del bienestar: libertad de elección de centros, cheque escolar, y un sistema educativo regido por las leyes del mercado que han terminado hundiendo a Suecia en los informes internacionales.

El mercado no entiende de moral ni de ética, solo de beneficios y ánimo de lucro. La educación de calidad solo está al alcance de los bolsillos más pudientes y esto crea desigualdad, inequidad y exclusión. Debilita la democracia, fomentando una sociedad descohesionada, insolidaria y moralmente rota. Desperdicia talento porque es selectiva, elitista y genera pobreza y marginación: ¿cuántos científicos, literatos, artistas, filósofos o tecnólogos se han perdido en las zonas pobres de Nairobi, México DF, Deli o Madrid?