Honduras, América Latina sigue resistiendo el embate de la ola privatizadora de la educación, en esta ocasión los compañeros y compañeras del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño salen a las calles a defender la educación pública con calidad financiada por el Estado como derecho social.
El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), afiliado a la Internacional de la Educación, realiza el el día de hoy una Mega Movilización de la Plataforma de Lucha, en contra de la privatización de la educación pública y en rechazo a la Ley de Inclusión Financiera que atenta contra la Jubilación digna de los docentes.
Con esta Ley de Inclusión Financiera se pretende continuar saqueando los fondos de diferentes Institutos de Previsión Social, fondos que son el producto del sacrificio de los trabajadores y trabajadoras que cotizan al sistema.
Por esta razón La Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH convocó a todos sus afiliados y afiliadas a unirse a la movilización que se concentró frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), este jueves a las 3:00 pm.
Colprosumah se moviliza bajo la consigna:
¡Di no a la privatización, Sí a la escuela pública!
Defendamos la escuela pública
Rescatemos el aula de clases
Porque nos asiste la razón persistimos en la lucha.
Las cinco centrales de maestros y administrativos docentes llegaron a un acuerdo con el Municipio a través de la Secretaría de Educación, para el reconocimiento de mejoras en materia laboral.
Según la secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, fueron abordados diversos temas, entre ellos la nivelación y homologación salarial de los administrativos, y en la que se acordó la conformación de una delegación de ambas partes para acudir al Ministerio de Educación y agilizar el trámite para la entrega de los nuevos lineamientos, con que se permita la elaboración de un nuevo estudio que conlleve a ajustar el valor a reconocer al personal.
“Hay que volver a hacer el estudio financiero, para pagar esa deuda que tienen los administrativos, sabemos que el Consejo de Estado ha emitido un concepto y sabemos que el Ministerio de Educación, con base en este concepto, está elaborando los lineamientos que nos los darán a conocer”, precisó la funcionaria.
Estudio necesario
Así mismo, el Municipio deberá elaborar un estudio para la revisión de las cargas laborales y el manual de funciones, puesto que se cuenta con diferentes grados de auxiliares administrativos, pero es necesario identificar las funciones específicas y los perfiles para desarrollar las actividades en los colegios públicos.
De otra parte, se acordó la puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de Educación, que la administración anterior tuvo pero no funcionó, y la meta es crearla, ya que desde allí se analizará toda la política educativa del Municipio.
De igual manera, se llegaron a acuerdos para formación y capacitación docente. pago de horas extras, e incentivos para docentes y directivos docentes.
La funcionaria destacó que está vigente el plazo de los 10 días hábiles para la elaboración de las actas, y posiblemente el viernes en un acto protocolario los voceros de Simatol y administrativos suscriban el acuerdo final con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
En Cusco, van 42 días de huelga. En Ayacucho queman llantas e intentan invadir el aeropuerto y en Junín bloquean la Carretera Central
Ante la huelga indefinida que acatan los maestros en diversas regiones del país, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, lanzó una cifra alarmante: más de un millón de alumnos se están viendo afectados por la paralización de las actividades escolares.
“Estamos hablando de un millón cien mil estudiantes que están perdiendo clases y 360 mil en el Cusco que están a punto de perder el año. La huelga es un derecho fundamental, pero ningún derecho puede transgredir otros derechos”, comentó el funcionario.
Gutiérrez dijo también que el paro no perjudica solamente el aspecto educativo, sino que también implica que muchos menores dejen de recibir raciones de comidas.
“Hay que tener en cuenta que hay colegios donde no solamente se da el servicio educativo, sino también la alimentación. Por lo tanto, es un tema particularmente sensible y el Gobierno regional y central no pueden permitir que esto continúe”, agregó.
A pesar de lo preocupante de la situación, ni el Ejecutivo ni los docentes parecen ceder. Cabe mencionar que los profesores en huelga piden que se haga un aumento salarial progresivo a 2021 no menor a una UIT (S/4050). Asimismo, exhortan a que el sueldo de los maestros de la primera escala remunerativa (aquellos con el piso salarial más bajo) llegue este año a los S/2000. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha dicho que eso es inviable. No obstante, aseguró que el aumento a S/2000 se realizará en 2018 y que a partir de agosto los docentes nombrados y contratados ganarán como mínimo S/1780 (hasta la fecha, el sueldo base es de S/1555). Ello regirá para la jornada laboral de 30 horas.
JORNADA DE PROTESTAS
Como en los últimos días, las manifestaciones continuaron ayer en varios puntos del país.
Una de las regiones donde la situación es especialmente crítica es Cusco. Este miércoles, los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Cusco (Sute-Cusco) tomaron la vía a Ollantaytambo, donde se toman los trenes a Machu Picchu.
En Ayacucho, las manifestaciones también se radicalizaron el día de ayer. Un gran número de docentes del SUTEP local intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte.
Los miembros del magisterio incendiaron llantas y amenazaron con lanzar piedras. Debido a ello, las operaciones aéreas se cancelaron. Inclusive los vuelos que tenían como destino Ayacucho tuvieron que retornar a Lima. Esta situación fue condenada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
“Hoy (miércoles), un grupo de maestros, si se les puede llamar de esa manera, han quemado llantas en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho. Eso está penado por la ley. Estamos tomando acciones (…) Tenemos la obligación de hacer denuncias penales”, mencionó ayer en rueda de prensa, tras la reunión de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Basombrío también señaló que detrás de la huelga hay elementos ultrarradicales e invitó a los profesores a no dejarse manipular por estas personas.
MÁS DESMANES
Las protestas no se limitaron ayer a Cusco y Ayacucho. Docentes de La Oroya (Junín) tomaron la Carretera Central y obstaculizaron el tránsito de los vehículos que se movilizaban desde la ciudad de Lima en dirección a Huancayo.
Por otro lado, en Puno, la Policía volvió a enfrentarse a los profesores, luego de que estos bloquearan carreteras. Situación similar ocurrió en Madre de Dios, donde los profesores tomaron el puente internacional Guillermo Billingurst, que conecta con Brasil.
La organización aclaró que no ha llegado a ningún acuerdo con respecto a la recuperación de las clases. La cartera reitera que, por ley, no se pueden reponer los días, domingos y festivos.
Archivo El Espectador La Asociación Distrital de Educadores (ADE) rechazó a través de un comunicado las declaraciones del viceministro de Educación, Pablo Jaramillo, en la que aseguró que la cartera había adelantado diálogos con la organización de maestros de Bogotá, dando a entender que se había llegado a un acuerdo (Vea: El lío por la reposición de clases) .
Contrario a esto, la ADE aseguró que Fecode y el Ministerio de Educación continuaban en conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el ajuste del calendario académico . Además recordaron que la asociación «emitió una declaración oportunamente e hizo una propuesta, que está vigente, la cual seguimos defendiendo y que plantea que el ajuste del calendario se desarrolle con base en lo que apruebe el Consejo Directivo previo acuerdo del Consejo Académico», informaron en el comunicado.
Todo este rifirrafe gira en torno a la propuesta de la Secretaría de Educación, aprobada por el ministerio, para recuperar los 25 días hábiles de clases, de los 37 que duró el paro nacional de maestros. La entidad hizo público el viernes pasado que las clases del segundo semestre irían del 4 de julio al 22 de diciembre, meses en los que se utilizarían algunos sábados y festivos para realizar actividades administrativas.
La ADE mostró su inconformismo frente a la decisión y William Agudelo, presidente del sindicato, aseguró que no fue tenida en cuenta su propuesta de utilizar cinco sábados y los seis festivos que restan del año para actividades pedagógicas, izadas de bandera y entrega de boletines, además de la semana de octubre, con lo que se lograría acabar las clases entre el 7 y el 15 de diciembre.
Al respecto, el viceministro de Educación anunció el pasado miércoles que a pesar de los inconformismos hay resultados satisfactorios y ya el 90% de las secretarías del país reanudaron las clases. «Nos han preguntado por qué no se pueden adelantar clases en domingos y festivos. La ley dice que tienen que ser 40 semanas lectivas para los niños y nosotros creemos que tener 6 semanas sin descanso resulta muy pesado».
En respuesta a las restricciones a los derechos de los/as trabajadores/as impuestas por el gobierno, los sindicatos de docentes de Botsuana y la Internacional de la Educación llevaron su lucha al plano mundial en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), celebrada en Ginebra (Suiza).
“La Ley de conflictos laborales convierte a los/as docentes y el personal auxiliar, y a casi toda la economía, en un servicio esencial, y por tanto les prohíbe recurrir a la huelga”, dijo Tobokani Rari, Secretario General de Botswana Sectors of Education Trade Unions(BOSETU), en referencia a la perjudicial política del gobierno. “Esto socava el poder de negociación de los/as docentes y el personal auxiliar, cuyas condiciones laborales podrían deteriorarse como consecuencia, lo cual afectaría también a su moral”.
El 14 de junio transmitió un poderoso mensaje en nombre de la Internacional de la Educación (IE) en la Comisión de Aplicación de Normas de la CIT durante el examen del caso contra Botsuana por violar el Convenio núm. 87. BOSETU está afiliado a la IE.
Además, explicó que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha manifestado en numerosas ocasiones que los/as docentes no forman parte de la definición de servicios esenciales y citó la jurisprudencia del Estudio General de la OIT sobre los convenios fundamentales de 2012.
También criticó al gobierno por la ausencia de consultas significativas al formular el proyecto de enmiendas a la Ley de servicios públicos, a pesar de las promesas hechas por el Ministro de Trabajo y otros/as funcionarios/as del gobierno, incluso a una misión técnica reciente de la OIT.
La Comisión de la CIT concluyó pidiendo al gobierno que garantice que la Ley de conflictos laborales cumple plenamente con el Convenio núm. 87 y elabore un plan de acción con plazos establecidos junto con los interlocutores sociales para aplicar sus recomendaciones. Además, la Comisión solicitó al gobierno que informe acerca de los progresos a la Comisión de Expertos antes de noviembre de 2017.
“El gobierno debería estar realmente avergonzado de haber llevado al país hasta el punto de verse presionado en la 106.a reunión de la CIT”, añadió Tobokani Rari. “Es una victoria para los/as trabajadores/as, la democracia y el estado de derecho en Botsuana”, concluyó.
La IE, con el apoyo de la OIT/ACTRAV, está colaborando con sus cinco afiliadas en Botsuana en un proyecto para apoyar un plan de acción y promoción destinado a fomentar la aplicación de los convenios fundamentales de la OIT en el país.
Por: Meritxell Freixas Martorell/El diario de la educacion/16/6/2017
Los profesores han salido a la calle para exigir mejoras salariales y derechos laborales, y cambiar un modelo que asfixia el sistema de enseñanza desde los tiempos de la dictadura de Rafael Videla.
El curso escolar argentino avanza sin que se muevan las fichas del conflicto que marcó el inicio del año lectivo en este país. El pasado mes de marzo, decenas de miles de docentes se movilizaron durante 40 días para exigir al gobierno liberal de Mauricio Macri mejoras laborales, en un intento por terminar con los severos efectos que la descentralización educativa ha dejado en el país desde que se instauró durante la dictadura.
Las y los maestros exigen al Ministerio de Educación que convoque a paritarias nacionales, un mecanismo que reúne en una mesa de negociación al Ejecutivo, las provincias y los principales sindicatos de la enseñanza, para regular el aumento salarial mínimo a partir del cual las distintas regiones establecen su propia proporción, mayor o igual a la cifra nacional según cada jurisdicción.
“El conflicto sigue abierto a pesar de que hoy no se estén desarrollando medidas de fuerza contundentes”, explica Mariano Garrido, secretario de asuntos pedagógicos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el segundo sindicato más grande de la capital federal. Según el representante, la discusión, en términos formales, no ha concluido, “aunque la pretensión del gobierno es darla por cerrada”.
Macri decidió unilateralmente, a principios de este año, no abrir el debate porque considera que la paritaria de 2016 ya estableció una actualización automática de los sueldos de los maestros en función del salario mínimo. Pero el gremio critica que el Ejecutivo no tomó en cuenta el coste que representa hoy día la inflación del país suramericano, que se ha disparado exponencialmente en los últimos dos años.
En 2016, el salario mínimo aumento solo un 18%, para una inflación del 40%. “Si este porcentaje se mantiene en 2017, con una estimación de la inflación cercana al 28%, el salario de los profesores perdería parte de su valor, de nuevo”, expone Garrido.
Los sindicatos docentes, liderados por las organizaciones de Buenos Aires, donde se concentran casi la mitad de las matrículas del país, rechazaron de inmediato la oferta del Ejecutivo y aseguran que no aceptarán otra cifra que quede por debajo del 35%. Además, según dicen, este piso ni siquiera es el ideal ya que afirman que para no tener pérdidas el aumento tendría que ser del 50%.
Más allá del ajuste salarial, los maestros acusan las duras condiciones laborales que los llevan a trabajar dobles turnos y que fomentan la sobreexplotación porque “con un solo salario no se vive”, dice el secretario sindical, quien además de trabajar en un colegio de primaria, da varias clases a la semana de Lengua y Literatura española en un instituto de secundaria. “Además de todo lo que implica prepararse las clases, corregir, asistir a capacitaciones, etc., hay que trabajar más horas y esto implica el deterioro inevitable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, sostiene.
Fotografía cedida por Ademys
Una herencia de la dictadura
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la educación se remonta a los tiempos de la dictadura. En 1978 Rafael Videla impuso por decreto la descentralización de los servicios educativos primarios, que fueron transferidos a las provincias. El proceso se agudizó durante el gobierno liberal de Carlos Menem de principios de los 90 que, siguiendo los preceptos del Fondo Monetario Internacional, transfirió a las regiones la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos técnicos y las escuelas privadas, y recortó los fondos estatales a la escuela pública. Fue el mismo período en el que se privatizaron empresas estatales, llegó la flexibilización laboral y la desinversión en políticas sociales.
Con la llegada de los gobiernos ‘kirchneristas’, los sindicatos docentes se hicieron un lugar en el diseño de las políticas educativas. Un logro que, a pesar de que no conllevó cambios estructurales en el modelo, culminó en 2006 con la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo, que significó una cierta recuperación de la inversión educativa. Se creó un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales y se habilitó la paritaria para promover la negociación colectiva del salario mínimo anual.
“Con la descentralización se crearon escuelas de primera, segunda y tercera categoría porque había provincias que podían garantizar los servicios educativos, pero muchas otras no”, señala Gabriel Castillo, miembro del comité del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la provincia bonaerense, que es el mayoritario de la región con más de 6.000 afiliados.
De hecho, las diferencias entre los salarios de los profesores de una parte u otra del país pueden llegar a ser del doble. Es el caso de la remuneración bruta de un maestro con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que es el doble de lo que ganan en las zonas del noreste del país, como Chacao o Formosa.
Castillo, que ejerce como profesor de Historia, afirma que las reformas de los 90 “ampliaron más la brecha que existía en cuanto a presupuesto, salarios, alimentación escolar, infraestructura y calidad de los servicios, entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Además de las desigualdades en las condiciones de trabajo, la ausencia del Estado en el financiamiento educativo tiene efectos que se reflejan en las diferencias de los currículos escolares, las asignaturas o los años de escolaridad porque el sistema de educación en la provincia de Buenos Aires no coincide con el de las otras regiones.
“Hasta el final”
Los docentes argentinos se unen hoy para revindicar viejos “pendientes” que nunca terminaron de concretarse. Como en marzo de 1988, cuando durante 43 días protagonizaron la Marcha Blanca que se convirtió en una fecha histórica para la lucha en defensa de la escuela pública. Los profesores reclaman que se convoque la paritaria nacional en el marco del aumento del presupuesto educativo: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”, exclama con convencimiento Gabriel Castillo.
El fin de semestre se viene intenso. Ante la pasividad del Gobierno, los sindicatos están discutiendo si convocan nuevas medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno que en poco más de un mes llegan al hemisferio sur. “Todo dependerá, en gran medida, de si se puede llegar a un grado de articulación porque el nivel de fragmentación hace que las provincias muchas veces peleen por separado, y no siempre acompañadas de la CETERA, el mayor sindicato a nivel nacional”, asegura Mariano Garrido.
Y es que lo que sí ha conseguido Mauricio Macri en estos meses es algo que hasta ahora parecía imposible: unir al movimiento sindical argentino, incluso a los trabajadores de escuelas privadas. Más allá de las tradicionales disputas por los lineamientos políticos de cada organización, los docentes quieren mantenerse cohesionados y unir a su demanda a otros colectivos. El desafío no es fácil: sólo en la jurisdicción de Buenos Aires existen 17 sindicatos de trabajadores de la educación.
El llamado, en esta ocasión, se hace extensivo también a padres, madres, estudiantes e incluso a los que no están afiliados. Los maestros no quieren dar la pelea solos y sienten que la movilización es responsabilidad de toda la comunidad educativa. “Esto va más allá de los salario, es una lucha por recuperar nuestra educación pública”, concluye Castillo.
Fotografía cedida por Ademys* Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/06/14/la-lucha-de-los-docentes-argentinos-por-el-suspenso-de-macri-en-educacion/
A la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).
Ha llamado nuestra atención que se han movilizado en las calles de Colombia por cerca de un mes, demandando un presupuesto justo para la educación pública. Es inspirador ver una huelga tan poderosa que desea asegurar una mejor educación a las generaciones por venir.
También somos conscientes que han sido duramente reprimidos/as. Les mandamos nuestra solidaridad y deseamos que mantengan la fuerza para seguir movilizándose. Si hay una cosa que nosotros/as sabemos es que ni la policía ni los ejércitos pueden terminar con el anhelo de justicia e igualdad de los pueblos.
Sabemos esto por nuestra experiencia. En la Cisjordania ocupada, muchas de nuestras escuelas han sido demolidas por el régimen israelí y muchos de nuestros/as estudiantes tienen que cruzar por retenes militares para ir a clase; en la ocupada Jerusalén, las escuelas palestinas reciben menos de la mitad del presupuesto que las escuelas israelíes; y dentro de Israel los fondos asignados para los/las estudiantes palestinos son un 16% menos que los que se asignan para sus pares israelíes.
Como ustedes saben, el el 2014 Israel asesinó a 504 de nuestros/as estudiantes en su última masacre contra la, ilegalmente sitiada, Franja de Gaza. Ni siquiera eso nos hizo rendirnos. Tal y como la poeta palestina Rafeef Ziadah lo ha dicho: “nosotros nos levantamos todos los días para enseñarle al mundo lo que significa la palabra vida”.
La educación es un arma liberadora. Las movilizaciones de profesores/as como las de ustedes son el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros/as estudiantes, especialmente en medio de restricciones y opresión. Ustedes le están enseñando a la sociedad colombiana y a nosotros/as lo que significa un real compromiso con la educación.
Puede que estemos lejos geográficamente, pero nuestras luchas nos unen. El Sindicato General de Profesores/as Palestinos se solidariza con FECODE, y especialmente con la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá ADE, donde muchas se han manifestado antes en solidaridad con nosotros/as.
Mantengamos juntas la enseñanza de lo que significa la palabra vida.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 70
Total Users : 35404693
Views Today : 88
Total views : 3334298